En 2023, Scott Mainwaring y Aníbal Pérez-Liñán plantearon una pregunta crucial: ¿Por qué las democracias latinoamericanas, tras la transición democrática de finales del siglo XX, no solo se estancaron, sino que comenzaron a mostrar signos preocupantes de retroceso? A pesar de que, tras las dictaduras militares, se instauraron elecciones relativamente competitivas, los avances para profundizar la democracia fueron tan limitados que grupos autoritarios han logrado revertirlos en la última década.
Según su clasificación de 2021, Costa Rica destaca como una democracia de alta calidad —junto a Uruguay y Chile, países donde el Estado también es eficiente en la provisión de bienes públicos—. Guatemala, en cambio, se mantiene como una democracia de baja calidad, y El Salvador abandonó el club democrático bajo un régimen autoritario. Guatemala, estancada desde hace años, comenzó a retroceder a partir de 2017 con la consolidación del llamado «pacto de corruptos». Sin embargo, es posible afirmar que en 2023, tras la defensa cívica por la democracia, hubo un leve avance.
Este estancamiento democrático coincide con otro reflejado en el índice de desarrollo humano publicado recientemente por el PNUD para América Latina y el Caribe. En el informe no solo se señala la persistencia de la pobreza, sino que se enfatiza el problema de la desigualdad, una estructura «dualista», en palabras de O’Donnell, donde ricos y pobres están separados por una brecha insalvable.
En Guatemala, Enrique Naveda (2025) explica en TanGente que la Constitución de 1985 constituye un pacto que compromete a las partes con una democracia que trasciende lo electoral e incorpora obligaciones y derechos de carácter social. Sin embargo, este pacto constitucional convive con prácticas y estructuras autoritarias que lo contradicen, como señala Edgar Gutiérrez Aiza, lo que evidencia tensiones internas persistentes que obstaculizan el avance democrático.
[frasepzp1]
Ciertas élites vieron la transición como una oportunidad para aumentar o conservar su poder con bajo costo social, y algunas de estas ventajas quedaron plasmadas en la carta magna. Por ello, nuestras democracias no son populares en sentido estricto, sino elitistas, en los términos planteados por Albertus y Menaldo. El diseño institucional les otorga prerrogativas legales para controlar recursos públicos y ocupar múltiples cargos con voz y voto en el Estado, asegurando así sus intereses sin haber sido elegidos democráticamente ni estar sujetos a fiscalización pública.
No hay duda de que los retrocesos autoritarios también se alimentan de los malos resultados que la población percibe tras décadas democráticas. Qué tan democráticas sean estas, es debatible; sin embargo, el hastío es comprensible si persiste la precariedad y la injusticia. Sobran casos de corrupción donde algunos se enriquecen a costa de la salud, educación y carreteras, sin que haya mejoras reales para la vida de las personas.
Con Bernardo Arévalo hubo avances en salud, educación y economía, pero no en infraestructura ni seguridad, donde incluso se observa un retroceso preocupante. Todos estos servicios son vitales para cumplir la tarea que nos compromete: reducir la desigualdad y eliminar la pobreza en nuestros países. Estamos obligados, moral y profesionalmente, a actuar porque es inaceptable esta realidad.
O’Donnell, en su texto sobre Pobreza y desigualdad (1999), reflexiona sobre la estructura dualista de Latinoamérica. A pesar del crecimiento económico, la desigualdad y la pobreza persisten, con efectos nocivos para la sociedad, la democracia y, por supuesto, para las personas.
Es inaceptable que más de la mitad de la población viva en condiciones de pobreza; si se considera la pobreza como un fenómeno multidimensional, la cifra asciende a seis de cada diez, en su mayoría personas indígenas. Seguimos siendo uno de los países más desiguales en la región más desigual del mundo, y es necesario pensar la pobreza y la desigualdad no solo en términos económicos, sino también políticos y sociales.
Personalmente, esa sigue siendo la tarea pendiente, compartida con quienes se saben comprometidos con la gente. El autor sugiere estrategias que incluyen apelar a los intereses y miedos de la clase privilegiada para convencerlos de los beneficios que ofrece una democracia sustantiva, incluso para ellos.
Por ejemplo, siempre se ha dicho que en un régimen con Estado de derecho habría mayor estabilidad y garantías para el presente y el futuro. Hay ejemplos claros, como Chile, Uruguay y Costa Rica, donde sus buenos resultados, al menos hasta 2021, estuvieron acompañados de prácticas democráticas sólidas. No obstante, en Guatemala parece no ser así.
La élite económica tradicional guatemalteca opta por mantener sus privilegios mediante mecanismos antidemocráticos y un desdén hacia la población necesitada. No solo se resisten a modificar el diseño constitucional, sino que se han alineado con el crimen organizado, apoyan a Consuelo Porras y elogian a dictadores regionales. Frente a esta realidad, las estrategias de O’Donnell parecen insuficientes.
Recuperar las instituciones políticas y reformar el Estado es la prioridad. Un Estado fuerte que, como recuerda O’Donnell, no es necesariamente grande, sino capaz: con un servicio civil profesional, fiscalizable, transparente y abierto a la retroalimentación popular. Lo más importante es liberarlo de las mafias, incluidas las empresariales.
En cualquier caso, si la élite decide continuar por el lado oscuro, somos el resto de la población quienes debemos actuar y organizarnos, apoyándonos mutuamente. Edgar Ortiz, Goyo Saavedra y el equipo que los acompañó han dado lecciones al país entero. Ahora, a dos años del gobierno de Semilla, con sus múltiples errores, es momento de aunar fuerzas y continuar con la tarea pendiente.
Más de este autor