#EnCorto | Gobierno obtuvo indicios sobre intención de fuga de pandilleros desde enero 2025
#EnCorto | Gobierno obtuvo indicios sobre intención de fuga de pandilleros desde enero 2025
La fuga de los cabecillas del Barrio 18 se confirma en el contexto de la declaración de esta estructura criminal como terrorista, por parte de Estados Unidos, así como una intensa presión política al gobierno de Bernardo Arévalo quien, como en otras crisis internas, se encuentra fuera de Guatemala.
¿Cómo pudo escaparse de una prisión un pandillero con el rostro tatuado, sin una pierna y sin que las máximas autoridades de seguridad se percataran pronto?
Este es el caso de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, apodado Black Demon, uno de los 20 integrantes de esa pandilla de cuyas fugas el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, no tiene certeza sobre cuándo ocurrieron, pero asegura que se enteró hace dos días.
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Black Demon fue recapturado la madrugada de este 13 de octubre, informó la PNC. Los otros 19 pandilleros permanecen fugados. Además, el ministro de seguridad reveló las debilidades del Sistema Penitenciario (SP) que permitieron que los prisioneros evadieran la cárcel y que pasaran desapercibidos.
El funcionario aseguró que la información sobre la fuga es reservada; no obstante, el diario Prensa Libre reportó que los pandilleros pudieron haber salido de la cárcel Fraijanes II, vestidos con uniformes de la PNC, durante requisas y motines realizados entre julio y agosto de este año. Las evasiones habrían ocurrido durante una escalada de violencia, que el MP asocia a la disputa de territorios entre maras.
«Son varios meses en los que empezamos a tener esa información (posible fuga). Si se dan cuenta, hemos explicado el aumento de los homicidios, en enero nos hizo subrayar el trabajo de inteligencia sobre maras y pandillas, y fue en esa misión de inteligencia que obtuvimos esta información sobre intención de evadirse», dijo Jiménez en rueda de prensa.
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La forma cómo se confirmó la fuga pone en evidencia las debilidades del anacrónico sistema de presidios guatemalteco: la primera es que el ministro de Gobernación admitió una «falla gravísima» a lo interno de las cárceles y que, aunque obtuvieron informes previos de una posible fuga, estos solo constituían «información de inteligencia parcial».
El segundo elemento que evidencia lo endeble de las cárceles guatemaltecas es que el conteo de los prisioneros regularmente se hace a mano, sin la ayuda de aparatos tecnológicos para comprobar que quienes están recluidas son las personas procesadas o condenadas, y que no fueron reemplazadas por otras para evadirse.
De hecho, fue de esta forma como el Ministerio se dio cuenta de la fuga, según Jiménez: «sabemos que hay 20 o 100 (reos) y contamos en la mañana y cuando faltan —de 100 hay 98, hay dos ausencias— generamos el procedimiento de mayor análisis. En ese sentido, nos percatamos de la ausencia de un privado de libertad y fue cuando se estableció».
El viernes 10 de octubre se realizó el conteo a mano en Fraijanes II y fue entonces que se estableció la ausencia de uno de los prisioneros. El sábado 11 se inició la requisa para identificar a todos los reos con tecnología MI3 y así se comprobó que hacían falta 20 pandilleros, aseguró el ministro. Un día después, Presidios confirmó la noticia de la fuga.
Otra debilidad que admitió Jiménez es que se carece de un censo confiable de la población reclusa. De muchos de los prisioneros, incluso, no hay fotografías para cotejarlas con su identidad. El ministro aseguró que la construcción del censo se había iniciado en 2024, pero este proceso se detuvo porque estaba financiado por fondos de la cooperación internacional que fueron suspendidos este año.
Este no es un tema nuevo. El mismo Jiménez aseguró en 2024, cuando recién asumió el cargo, que tenían indicios de que varios de los prisioneros en realidad no eran las personas procesadas o condenadas. En septiembre del año pasado, Gobernación también confirmó la fuga de otros cuatro pandilleros semanas antes, dos de ellos fueron recapturados, pero de los restantes dos no se actualizó la información.
La corrupción en el SP es otro elemento que admitió Jiménez que no se ha logrado disminuir: «El SP tiene un mal estructural, son 35 o 40 años que no se construye un nuevo centro carcelario. La corrupción implica que al haber mucho hacinamiento hay demasiado contacto de los guardias con privados de libertad; particularmente con privados vinculados a maras y pandillas circula mucho dinero, por eso estamos solicitando que haya un bloqueo de los productos financieros de las personas que están siendo investigadas por extorsión».
Mientras el presidente Arévalo sigue fuera de Guatemala, Jiménez se mantiene en el cargo, aunque a lo interno del oficialismo se exige su destitución. Quien sí fue removido fue el director de Presidios, Ludin Godínez, quien tomó posesión hace cuatro meses. El ministro dijo que el despido de Godínez no es por su posible responsabilidad con la reciente fuga, sino porque es necesario «cambiar el abordaje de la gestión penitenciaria».
Otros ocho funcionarios también fueron destituidos tras la fuga y los reiterados motines en los últimos meses, ellos son los directores y subdirectores de las prisiones Fraijanes II, Mariscal Zavala, Renovación I y Puerto Barrios.
El ministro Francisco Jiménez pidió al Congreso que se apruebe la iniciativa de ley «antipandillas» que presentó la semana pasada el Ejecutivo. En esta se propone la construcción de una prisión de máxima seguridad exclusiva para pandilleros; no obstante, en el Legislativo ya existe una propuesta parecida y hay diputados con interés de declarar terroristas a las pandillas, como lo hizo Estados Unidos, aunque ese simple hecho no resuelva de fondo el problema del crimen y la inseguridad.
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