Leyla Lemus: «No podemos permitir que ninguna elección se atrase»

Antes de contestar, Leyla Lemus prefiere explayarse. Sus respuestas se alargan entre tecnicismos y explicaciones jurídicas que reflejan sus tres décadas en el sector público, que incluyen señalamientos de corrupción que ella niega. 

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Llegó a la Corte de Constitucionalidad (CC) en 2021, nombrada por el entonces mandatario Alejandro Giammattei, de quien fue secretaria general. Su designación, tachada por el exvicepresidente Guillermo Castillo como un proceso «poco transparente», marcó desde el inicio el debate sobre la independencia de Lemus.

Durante su gestión, la CC ha intervenido en algunos de los momentos más delicados para la democracia guatemalteca: la transición presidencial de 2023 y las tentativas judiciales de desconocer los resultados de esas votaciones. Aunque Lemus asegura que la institución «no se dobla a percepciones», evita pronunciarse sobre los fallos más controvertidos y se escuda en que las decisiones se toman en grupo para no dar su opinión personal.

Hoy, Lemus preside la CC y será la última titular de esta magistratura, que concluye su período en abril de 2026, cuando también deberán renovarse el tribunal y las cúpulas de otras entidades clave del sistema de justicia.

En esta entrevista con Plaza Pública, realizada el 30 de octubre en la sede de la CC, dos meses antes del inicio del proceso para designar a las nuevas autoridades del TSE, Lemus advierte que ninguna elección debe retrasarse y que ningún funcionario puede aferrarse a su cargo cuando la Constitución marca el final de su mandato.

―Históricamente, a la CC se le ha visto como la institución que debe proteger el Estado de derecho, como sucedió, por ejemplo, con el Serranazo, en 1993. ¿Esta magistratura ha cumplido con esa misión?

―En efecto, la función de la Corte es la defensa del orden constitucional. Yo diría que sí. Es inspirador pensar en el fallo que se hizo cuando fue el golpe de Estado de Serrano. Fue una posición general, no unánime, pero fue una visión de respeto de esa institucionalidad.

―Y dentro de esos principios que promueven la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, ¿cuál destaca? Por ejemplo, ¿la transparencia es un principio importante para esta Corte?

―La pregunta es particular porque yo creo que eso debería ser algo importante para todo funcionamiento público. [...] Yo te diría que sí. 

Ahora bien, hay cierta tensión. Porque, al final, lo que se conoce en la Corte son procesos judiciales. Entonces eso te limita, en alguna manera, que en la tramitación, por ejemplo, salga un magistrado, con la publicidad del caso, a decir: «Bueno, hemos discutido tal cosa, tenemos pendiente tal decisión o hay división en la decisión todavía. No hay una decisión que permita una votación». Entonces, estás vulnerando derechos de quienes están sometidos a un juicio. Creo que ahí hay ciertas particularidades.

―¿Es un límite que no se debería cruzar? ¿Vulnerar derechos por ser transparentes?

―Absolutamente. Pero tú puedes ingresar a la Gaceta de la Corte y ver todo lo que la Corte resuelve. A lo interno, en nuestro trabajo en las distintas magistraturas, hay absoluta transparencia. Es decir, si yo ingreso al sistema, yo puedo ver exactamente lo mismo que ve la magistrada (Dina) Ochoa o el magistrado (Roberto) Molina Barreto. Tenemos acceso en esos términos a los procedimientos.

―Le quiero preguntar sobre la orden del juez Fredy Orellana que declara la «nulidad absoluta» del Movimiento Semilla. La CC anuló esa instrucción y blindó, otra vez, los resultados electorales de 2023. ¿Cómo fue la discusión entre los magistrados para resolver eso?

―Vamos a hacer un antecedente porque creo que es necesario. [En septiembre de 2023], surge una consulta por parte del Tribunal Supremo Electoral. Nos dice: «Mire, lo que ocurre es que el Ministerio Público está investigando circunstancias que, de una u otra manera, tienen una vinculación con el Tribunal Supremo Electoral. Y tenemos un juez que está planteando la suspensión de una organización política. Y eso es una función del Tribunal Supremo Electoral». Había un conflicto competencial.

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―Aprovechando que menciona ese conflicto competencial. Ya sabemos la posición de la Corte: el juez Orellana sí ordenó suspender al partido, pero ¿ha considerado las implicaciones de esa resolución? ¿Permitirle a un juez penal suspender a un partido que, en teoría, debe ser regulado por una ley electoral (de mayor rango)?

―Nosotros lo que planteamos en estas resoluciones es que cada uno tiene un ámbito de competencia. ¿Cómo se defiende alguien en un caso penal? Eso no lo podemos hacer nosotros. Porque te podría decir que en algunos de los casos que nosotros tenemos lo que se advierte son problemas en la defensa. Y nosotros no podemos invadir esa esfera. Cada ámbito del derecho tiene una vía específica. Y es un poco lo que ha pasado en estos casos.

―Yo le hago la consulta porque, cuando ustedes decidieron eso, varios constitucionalistas argumentaron que la CC abría la puerta a que cualquier juez penal pueda suspender la personalidad jurídica de cualquier tipo de asociación.

―Creo que no leíste bien la resolución y estás haciendo conclusiones que no están en la resolución.

―Mi duda es: ¿se abre la puerta o no?

―No, la ley electoral es clarísima y te señala que es el Ministerio Público el competente para investigar delitos que se cometan en el marco electoral. Y hay delitos específicos que se cometen en el ámbito electoral. Pero la resolución no le dice al juez: «Usted puede cancelar, usted puede suspender». En ninguno de sus enunciados se señala eso. Lo que se expresa es: «Usted en su competencia penal. Y usted en su competencia electoral». Que un juez resuelva algo y tú utilices recursos que no son idóneos, no es competencia de la CC.

―Pero eso fue lo que sucedió en la vida real. Esa resolución de la Corte fue el sustento que el juez Orellana utilizó para finalmente suspender al partido.

―En esa parte específica, no te sabría decir. Tendría que revisar bien en cuál de las resoluciones. Ahora, tu pregunta iba por esta resolución [la de blindar los resultados electorales de 2023]. El planteamiento que nosotros hacemos es que el MP puede hacer su proceso investigativo y sus requerimientos a un juez, pero un juez penal no puede invalidar un proceso electoral.

―Cuénteme, ¿estaban los cinco magistrados alineados con ese pensamiento?

―Totalmente. Es que eso lo hemos tenido claro todo el tiempo. 

―En esa resolución, ustedes le advierten al juez Orellana para que se abstenga de emitir órdenes que contravengan el ordenamiento legal. ¿Por qué solo advertir y no certificar lo conducente [es decir, ordenar al MP que investigue a Orellana]?

―Porque no hubo acuerdo entre los magistrados. De hecho, hay un voto concurrente de la magistrada Ochoa, donde ella dice que no se le puede certificar lo conducente porque eso es violentar la independencia judicial.

―Y usted, ¿qué piensa? ¿Usted sí estaba de acuerdo en certificar lo conducente o no?

―Yo te diría que, en ese punto, no me puedo pronunciar. No me puedo pronunciar porque, al final, hay una decisión de un cuerpo colegiado. Y esa es la que nosotros firmamos. Yo dirijo el cuerpo colegiado y asumimos las decisiones en mayoría. La mayoría se respetó y estuvo de acuerdo en hacer ese señalamiento.

―En otras ocasiones, la CC sí ha dicho, por ejemplo, cuestiones específicas de la política exterior del Organismo Ejecutivo, cuando se discutió el amparo del artículo 27 de la Convención de Viena. ¿Por qué ahí no se consideró lo de la independencia de poderes?

―Yo no te podría dar una opinión. Creo que son temas más que importantes para el desarrollo del país, pero no te podría dar una opinión porque ese caso está en trámite. No tenemos una posición final, se está analizando y tiene aristas totalmente distintas.

―Le pregunto lo del juez Orellana, porque (y esta es una crítica ciudadana que usted puede revisar en medios y en redes) pareciera que el mensaje es que un juez puede intentar desconocer unas elecciones sin mayores consecuencias que una advertencia.

―¿Qué te puedo decir? Yo creo que la ciudadanía tiene no solo la capacidad sino el derecho de hacer crítica y autocrítica de lo que ocurre. Pero el conocimiento profesional lo tienen que tener las cortes. Ese es un tema de percepción. La función constitucional no se puede doblar a una percepción.

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―Regresemos a algunos casos puntuales. Esta magistratura suspendió el acuerdo con el que el Ministerio de Finanzas iba a conocer a los accionistas o las personas que toman las decisiones detrás de los proveedores públicos. ¿Por qué lo suspendieron si la transparencia, como comentamos antes, es un principio que toda la institucionalidad debe defender?

―Lamentablemente, vamos a tener que caer en lo mismo otra vez, no te podría dar detalles porque está en análisis. El caso está en trámite. No se ha decidido en sentencia. Creo que parte del problema de la publicidad es dónde está el límite entre la publicidad de un acto público y una vida privada. La discusión que tendrá que tener la Corte es hasta dónde puedes tú, desde la función pública, invadir ese límite.

―Pero el hecho es que la norma ya está suspendida provisionalmente. Entonces, mientras ustedes deciden, varios de esos proveedores van a poder seguir siendo opacos. ¿Eso se alínea con el principio de transparencia que debe promover toda la institucionalidad?

―El principio que respeta la Corte es de defensa del orden constitucional. Y si tú tienes en la Constitución Política de la República el derecho a tu privacidad y tienes el derecho también a tu propiedad en esos términos, eso es lo que la Corte tiene que defender.

―Cuéntenme, ¿cuál es su relación actual con Alejandro Giammattei y Miguel Martínez?

―Ninguna.

―¿Ninguna?

―No, ninguna.

―¿Y cómo pasó de acompañar a Miguel Martínez en citaciones en el Congreso, o de ser la abogada del presidente Giammattei, a ninguna relación?

―Lo miro también como una falacia por asociación. Yo tuve una invitación del doctor Giammattei más o menos en agosto del 2019. Él no me invita a participar dentro del Gobierno, sino a hacer análisis de algunas de las propuestas que él llevaba en su mente para desarrollar una agenda legislativa. En el transcurso de ese tiempo, me invita a que trabaje con él en la Secretaría General. 

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Yo nunca trabajé con Miguel Martínez. Ellos tenían una comisión [el Centro de Gobierno] que funcionaba dentro de la Secretaría General. Esto fue una idea administrativa para no crear una dependencia. ¿Qué implicaba eso? Que [la comisión] no tuviera recursos humanos, que no tuviera financieros, que no tuviera administrativos, o sea, que fuera la Secretaría la que absorbiera las funciones eminentemente administrativas.

―Pero, ¿cómo es que pasaron a no tener ninguna relación? Le pregunto porque el secretario general sí es un puesto de confianza del presidente. Tenía que haber un vínculo, ¿no?

―Había un trabajo excepcional, excepcional, porque de hecho la gente que trabaja en la Secretaría General es gente de larga data, o sea, ahí puedes encontrar personas con capacidad de conocimiento impresionante. Y trabajamos muy bien, pero una vez me fui de ahí, no me voy a quedar en relación. Y a nivel personal, tampoco.

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―En 2026 habrá elecciones para conformar la CC, el TSE, el MP y la Contraloría. ¿Qué espera para el próximo año?

―¿Qué espero? ¡Uy! Primero, que todas las instituciones que están involucradas actúen en el marco de la legalidad. 

Yo creo que esta Corte sentó un precedente muy interesante. [...] Fue cuando se prorrogó [la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2019-2024]. Y mea culpa, creo que uno también como funcionario tiene que hacer ese proceso de autoevaluación. Creo que lo debimos de haber resuelto el primer año. No tenía que extenderse tanto tiempo la elección de los magistrados. [...] No puede ser posible.

El segundo precedente es el de las elecciones presidenciales [de 2023]. Eso, desde mi perspectiva, no era solo la transición del Ejecutivo. Si tú dices, estas elecciones están mal, ¿qué pasa con los alcaldes? ¿Qué pasa con los diputados? O sea, era toda la transición en general.

―Con el tema de los magistrados que se extendieron en su período, los de las CSJ, ¿entonces espera que eso no vuelva a ocurrir?

―No, para mí, no. Yo te diría de una manera tajante, no. Eso es incumplir la Constitución.

―¿Y por qué cree que ocurrió? ¿En qué falló el Estado para que ellos prolongaran sus funciones?

―¡Ay, ay, ay! Es que es una resolución de esta Corte. Esta Corte plantea en una resolución algo que es matemáticamente imposible de hacer. No es viable hacerlo. El cálculo que yo hice en un tema académico, me daba que si el Congreso de la República se reuniera los ocho días de la semana, los 365 días del año, sin almorzar, y haciendo solo la elección de los magistrados, se tardaba tres años. Pero si tú ves la resolución, eso es lo que la resolución pide. La misma Corte generó el problema, pero yo te digo que tenemos que ser excesivamente cuidadosos y que se respeten esas premisas constitucionales. No podemos permitir que se atrase.

―¿Entonces, en mayo de 2026 debe haber un nuevo fiscal general?

―Sí. Y no se puede prolongar quien está ahorita.

―¿Y usted busca una reelección en la CC?

―Eventualmente, creo que sería interesante.

―¿En esta Corte? ¿O en otra institución? 

―No, en otra institución no.

―¿Tiene pensado por qué vía? ¿La Presidencia, la Usac, …?

―No, te digo que no.

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