El guion que repiten las elecciones de Honduras y Guatemala
El guion que repiten las elecciones de Honduras y Guatemala
Los dos países más poblados de Centroamérica se parecen más de lo que aparentan. En sus últimas elecciones, ambos vieron cómo sus fiscalías dejaron de actuar como árbitros legales para convertirse en herramientas de presión contra rivales políticos, según observadores electorales. La consecuencia, advierten, es mayor impunidad en los dos territorios, ya golpeados por pandillas y por éxodos migrantes.
Mario Silva sigue la política hondureña con la misma atención con la que toca el cajón flamenco. Tiene 62 años y, desde hace cinco, pasa los días en el centro de Tegucigalpa, la capital de Honduras, interpretando canciones tropicales, cristianas y de rock junto con su hermano Wilfredo, de 72. Es así como se gana la vida.
Aunque disfruta tocar, no siempre fue músico de calle. Durante cuatro décadas trabajó como administrador entre escritorios y archivos. La pandemia de COVID-19 lo dejó sin empleo y lo obligó a cambiar los papeles de oficina por el cajón y el bongó.
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En los descansos, cuando guarda sus instrumentos y descansa las manos, a Mario le gusta tomar el teléfono y revisar qué dicen los políticos hondureños. A menudo busca saber qué ocurre en la Casa Presidencial, en el Congreso y en el Poder Judicial. Quiere estar al tanto, dice, de cómo la política influye en su vida.
Y en 2025 ha tenido mucho que leer. Mario afirma que la elección presidencial de este año fue diferente que las anteriores. No por los discursos ni por los candidatos, sino por algo menos visible y más inquietante: el papel que asumió la Fiscalía General.
«Uno mira que al fiscal le importan unos y otros no», comenta el músico, antes de cantar dos piezas en el parque Francisco Morazán, el equivalente hondureño de la Plaza de la Constitución en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Su percepción no es aislada. Lo que Mario opina se repite en pláticas de cafetería y mercado, y también en informes de organizaciones civiles y misiones de observación electoral. La idea es la misma, que el Ministerio Público (MP) dejó de ser árbitro y comenzó a jugar a favor del partido Libre, de la presidenta Xiomara Castro, en plena contienda.
Esa inquietud resuena al norte de Centroamérica. En Guatemala, durante los comicios de 2023 que dieron la victoria a Bernardo Arévalo, las delegaciones observadoras también advirtieron que el MP dejó de mantenerse al margen del proceso y se enfocó en actuar en contra del Movimiento Semilla cuando pasó al balotaje y resultó ganador.
En Ciudad de Guatemala, como en Tegucigalpa, la Fiscalía ya no solo vigiló el juego, también intervino para intentar mover el marcador.
Lucía Vijil, del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) de Honduras, dice que el paralelismo no es casual. A su juicio, responde a un guion que utilizan fuerzas políticas en ambos países para presionar a adversarios y moldear la voluntad popular. «Sí hay una aplicación selectiva de la justicia», resume.
Para Mario, el músico de la plaza Francisco Morazán, preocupa que una institución como la Fiscalía pueda ser instrumentalizada desde el poder. Lo ha visto mientras mira noticias en su teléfono, entre canción y canción.
«Está bien que un fiscal investigue, pero también debería hacerlo con los de su partido. No puede ser que solo vea un lado porque queda sesgado», señala luego de interpretar dos melodías, al lado de su hermano.
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Honduras y su fiscal «a favor» de Libre
Las elecciones hondureñas del 30 de noviembre cerraron una campaña reñida y tensa entre tres aspirantes: Salvador Nasralla, del Partido Liberal; Nasry «Tito» Asfura, del Partido Nacional; y Rixi Moncada, de Libre. Los dos primeros encarnaban el retorno de la derecha conservadora, mientras que la tercera representaba la continuidad del proyecto izquierdista de Xiomara Castro.
Al cierre de este reportaje, con el 75 % de las actas escrutadas —y sin segunda vuelta prevista en la ley—, el ganador era Nasralla, expresentador de televisión que intenta por cuarta ocasión llegar a la presidencia.
El candidato mantiene una ventaja sobre Asfura, empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa, quien apenas 48 horas antes de los comicios recibió un espaldarazo desde Washington.
Donald Trump publicó que, entre los tres aspirantes, solo podría trabajar con Tito, cuyo partido es el mismo que llevó al poder a Juan Orlando Hernández —conocido como JOH—, reelecto en medio de irregularidades en 2017 y condenado por narcotráfico en Estados Unidos en 2024. Un día después de la elección, Trump perdonó la condena de 45 años impuesta a JOH, quien quedó en libertad.
El mensaje de la Casa Blanca apretó una contienda ya saturada. Durante la campaña, los partidos se acusaron mutuamente de intentar fraguar un fraude, manipular juntas receptoras de votos y amañar el sistema de resultados preliminares. La desconfianza fue total: ningún bloque creía en el otro.
Esos conflictos alcanzaron también a los funcionarios a cargo del proceso. A diferencia de Guatemala, en Honduras los comicios están bajo responsabilidad de dos instituciones —el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE)—, ambas con representación directa de los tres partidos dominantes. Allí también hubo fricciones.
Las discrepancias dentro del CNE —sobre logística, contratos y presuntos favoritismos hacia candidatos— estallaron en público. A inicios de noviembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que esas diferencias no debían paralizar el proceso ni «erosionar la confianza de los votantes».
En medio de ese ambiente fue que la Fiscalía General entró en escena. Según Ismael Moreno, director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (Eric-SJ), un centro de investigación social y de defensa de derechos humanos, el Ministerio Público priorizó investigaciones contra el Partido Liberal y el Partido Nacional, mientras dejó en pausa expedientes que involucraban a figuras cercanas a Libre.
«Persigue casos que, aunque sean reales, son utilizados para debilitar a la oposición y, a su vez, fortalecer la propuesta del oficialismo. Está subordinado a intereses partidistas», sentencia Moreno.
Desde 2023, el MP hondureño está dirigido por Johel Zelaya, quien llegó al puesto sin experiencia previa en derecho penal. Su nombramiento, aprobado por una comisión legislativa dominada por Libre, fue calificado como anómalo por las demás bancadas.
En el período electoral, la investigación más polémica a su cargo surgió a partir de unas grabaciones enviadas por el delegado de Libre en el CNE. En esos audios —según la denuncia— se escucha a una consejera del Partido Nacional, junto con otras dos personas, hablar de un presunto plan para alterar el conteo de votos de Rixi Moncada.
Zelaya presentó el caso en cadena televisiva a finales de octubre, sin detallar acciones concretas para llevarlo ante un juez. Para Lucía Vijil, del Cespad, esa movida desnuda su intención política: «Él sabe que no puede llevar nada a corte porque expuso las evidencias antes de terminar la investigación. Pero aun así lo hizo, lo cual muestra que no es un proceso real».
El problema, advierten otras organizaciones, no se limita a ese caso. Juan Carlos Aguilar, coordinador de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) de Honduras, sostiene que el «sesgo» del MP también se confirma en otros expedientes. Dice que las investigaciones en las que la Fiscalía presentó solicitudes formales —como requerir información o pedir capturas— se dirigieron únicamente contra rivales del oficialismo.
Un ejemplo es el caso que Zelaya abrió tras las primarias de marzo, cuando los partidos seleccionan a sus candidatos para noviembre. Ese mes, el fiscal pidió al CNE datos sobre el contrato de los buses que transportaron el material electoral. Aquel día, parte de las urnas llegó tarde a los centros y algunos conductores denunciaron que habían recibido instrucciones de los militares que los acompañaban. Sin embargo, el fiscal no accionó contra el Ejército, controlado por el gobierno de Castro.
Además, en otros dos expedientes, la Fiscalía también tomó medidas concretas contra voces opuestas a Libre. En uno, iniciado en noviembre, Zelaya solicitó retirar la inmunidad de dos magistrados del TJE por haber permitido, según el MP, la inscripción «irregular» de dos candidatos rivales.
En el otro, divulgado en agosto, los fiscales lograron la captura de tres hombres que —pese a no tener vínculos claros entre sí— fueron acusados de conspirar para asesinar al expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro y derrocado en 2009, además de intentar desestabilizar las elecciones.
De acuerdo con Aguilar, coordinador RDD, el patrón es inequívoco: el ritmo de estos expedientes evidencia que la Fiscalía es parcial.
Lo mismo afirma el Instituto de la Justicia, parte de una de las 17 organizaciones que integran la Red. «(El MP) ha actuado con selectividad» y «ha instrumentalizado la acción penal pública para incidir en los procesos electorales», dice uno de sus estudios, publicado en noviembre y firmado por 14 abogados.
Pese a estos señalamientos, el fiscal Johel Zelaya niega cualquier persecución indebida. En su cuenta oficial de X, un día después de los comicios, escribió: «El Ministerio Público siempre fue garante de que en el país se desarrollaran las elecciones generales. La voluntad del pueblo hondureño debe respetarse».
Guatemala y su fiscal «en contra» de Semilla
Lo que Honduras vive hoy, Guatemala ya lo experimentó en 2023, subraya Lucía Vijil, del Cespad. En junio de ese año, Bernardo Arévalo sorprendió al país al pasar a la segunda vuelta presidencial. Antes de que ganara el balotaje en agosto, el MP dirigido por Consuelo Porras activó su maquinaria contra él y contra el Movimiento Semilla, el partido que lo encaminó al Ejecutivo.
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Porras llegó a su puesto en 2018, designada por el entonces presidente Jimmy Morales. En 2021 la reeligió Alejandro Giammattei, quien no ocultó su cercanía. Un año antes llegó a referirse a ella como su «amiga» en un acto público. Era un vínculo que no pasaba desapercibido, dado que Arévalo formaba parte de un proyecto político opositor al de Giammattei.
Entre la primera y la segunda ronda de las votaciones, la Fiscalía aceleró una investigación contra Semilla por supuestamente haberse inscrito con firmas falsas. Ese expediente derivó luego en otro por un presunto fraude electoral, que el fiscal Rafael Curruchiche llegó a presentar públicamente como argumento suficiente para anular los resultados.
La OEA —al igual que varias misiones de observación— calificó estas actuaciones como «persecución política» y, en términos incluso más duros que los usados para Honduras, sostuvo que el MP estaba impulsando «intentos de golpe de Estado». «(Sus acciones son) la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo», señaló el organismo en uno de sus comunicados.
A diferencia de lo que sucedió en Tegucigalpa, todos los casos contra Semilla sí derivaron en pedidos formales de información, capturas e incluso condenas judiciales. El MP siempre negó que existiera interferencia política y defendió sus expedientes como estrictamente técnicos y legales.
Sin embargo, dos años después, la crítica internacional se hizo aún más severa. En diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un documento que fue más allá del episodio electoral: concluyó que la Fiscalía guatemalteca operaba bajo un patrón de «persecución selectiva», dirigido contra opositores políticos, operadores de justicia, periodistas y organizaciones sociales.
Ismael Moreno, del Eric-SJ, cree que esa conducta tiene su espejo hoy en Honduras. Señala que, cuando una Fiscalía busca favorecer o perjudicar a una fuerza política en plenas elecciones, la competencia deja de ser pareja. «Se aniquila la igualdad de oportunidades en ambos países», resume.
Más impunidad en democracias frágiles
En la plaza Francisco Morazán, Mario admite que los tres partidos principales de Honduras lo decepcionan. Cree que unos son menos malos que otros, pero ninguno le genera plena confianza, y menos cuando la Fiscalía parece jugar a favor de alguno.
Lucía Vijil, del Cespad, explica que el problema de un MP parcializado no solo está en los casos que impulsa, sino en la otra cara de la moneda: los expedientes que no avanzan con la misma velocidad ni con la misma severidad.
Mario tiene claro cuáles son esas carpetas en Honduras. Recuerda, por ejemplo, el escándalo que sacudió a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en junio de 2025. Un video reveló que funcionarios habrían desviado alrededor de 4.7 millones de lempiras —unos 1.4 millones de quetzales— de fondos públicos para financiar la campaña del partido Libre.
El fiscal Zelaya aseguró que había abierto una investigación, pero desde entonces no ha reportado avances. El Tribunal Superior de Cuentas —equivalente a la Contraloría General de Cuentas en Guatemala— incluso entregó una auditoría con evidencias de las supuestas irregularidades, pero el MP respondió que era un documento «superfluo».
Su forma de tramitar el caso recuerda a su homóloga Consuelo Porras en Guatemala, quien tampoco ha logrado capturas en la investigación por la compra irregular de vacunas anticovid durante el gobierno de Alejandro Giammattei. Aunque el expediente es uno de los más grandes contra esa administración y sigue abierto, el MP no ha procedido contra el exmandatario ni su círculo. Sin embargo, Estados Unidos sancionó a Miguel Martínez —el funcionario más cercano a Giammattei— por su presunta participación en esas adquisiciones anómalas.
De acuerdo con Lucía Vijil, dejar este tipo de procesos en el limbo solo incrementa la impunidad en países ya golpeados por la falta de justicia en otros delitos graves, como la violencia de pandillas o los crímenes contra personas migrantes.
Son delitos que afectan a la mayoría de la población en ambos países. Mario, por ejemplo, cuenta que no toca en las calles de Tegucigalpa por las noches. La capital, que Plaza Pública recorrió para este reportaje, luce deshabitada a esas horas: casi no hay transeúntes en sus calles y cuestas, y el silencio solo confirma el temor a la delincuencia.
Para romper los patrones de justicia selectiva, Daniel Vásquez, investigador hondureño asociado al Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Cemca), considera que es clave que la ciudadanía supervise los procesos de nombramiento de quienes encabezan las Fiscalías.
En Guatemala, el relevo de la jefatura del MP será en mayo de 2026. El nuevo fiscal será escogido por el presidente Arévalo a partir de una terna de seis aspirantes definida por una comisión postuladora, ante la cual cualquier persona podrá presentar tachas contra candidatos por señalamientos de corrupción, falta de experiencia u otras razones.
Honduras, por su parte, tendrá nuevo fiscal general en 2028. Según los resultados preliminares de los últimos comicios generales, la designación estará en manos de un Congreso dominado por los partidos Nacional y Liberal. La lista de aspirantes también será definida por una junta.
Mientras no lleguen fiscales independientes, advierte Vásquez, el riesgo para Centroamérica seguirá siendo alto. Instituciones usadas como brazos de campaña pueden multiplicarse. «Cuando se demuestra que controlar la persecución penal rinde dividendos, como imponer agenda, presionar adversarios o blindar aliados, otros actores tienden a imitarlo», concluye.
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