Amparos en el IGSS: órdenes judiciales que garantizan negocios millonarios

*Este es el tercer y último reportaje de una serie de tres textos que abordan el uso de amparos para comprar medicamentos en el IGSS. Esta es una versión reducida del tema, si quiere leer la versión completa consulte este enlace. 

 

Nadie en Guatemala gasta más en medicamentos que el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS).  

En los últimos cinco años, la institución compró fármacos por valor de Q13 mil millones. Y en 2025 está previsto que la cifra alcance los Q4,800 millones, un récord histórico.

«El IGSS es la joya de la corona», comentó una analista del sector farmacéutico que pidió no ser identificada.

Solo unas pocas empresas consiguen vender sus productos al IGSS. En 2024, solo ocho proveedores facturaron más de Q100 millones. 

Y quienes alcanzaron este éxito, tienen algo en común: prácticamente todos se benefician de órdenes judiciales que fuerzan al Seguro Social a adquirir sus productos, como contamos en los capítulos anteriores.

Los amparos como modelo de negocio

La importancia de los amparos es tal que para muchas empresas farmacéuticas ya representan la mayoría de sus ventas al IGSS. 

Para los diez principales proveedores de la institución en 2024, en promedio, los medicamentos judicializados representaron algo más de 51% de su facturación al IGSS.

Entre los proveedores del Seguro Social, básicamente, hay dos grandes grupos.

Por una parte, están las empresas tradicionales que venden fármacos innovadores o de marcas conocidas. Entre estas destacan Cendis (Heinemann), Lanquetin (Valdés Paiz y Paiz Bonifasi), Agefinsa (Jarquín) o JI Cohen (de la familia Cohen Mory). 

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En 2024 entre las tres últimas facturaron al Seguro Social más de Q1,000 millones solo en fármacos amparados. 

Y por otra, hay empresas más emergentes que venden básicamente genéricos fabricados en países de Asia o América Latina. 

En la actualidad, las principales de este grupo son La Botica (de Jairo Ponce), Plenitud 365 (dirigida por Sandra Campo Castro), Medicamentos Avanzados (de Ronal Gaitan Wellmann) o el grupo integrado por Aviv, Aria y Resevsa (de Hugo Ligorria Sierra y Erwin Trabanino Palma). 
Entre estos, ganaron Q380 millones adicionales a través de fármacos adquiridos por orden judicial.

Así operan las empresas tradicionales como JI Cohen

Entre las empresas tradicionales, destaca JI Cohen. Esta toma el nombre de su fundador, Jack Irving Cohen, que comenzó el negocio en la década de 1950, y desde entonces, lo ha expandido hasta convertirse en la empresa más grande de su tipo en el país. 

Su éxito reside en que tiene la exclusividad en Guatemala de muchos fármacos de marca que tienen la representación en el país de productos de los laboratorios más grandes del mundo y muchos de los innovadores para enfermedades como el cáncer. 

Pero también ha sido clave la habilidad que ha demostrado JI Cohen para lograr que el IGSS o el Ministerio de Salud compre sus productos.  

En 2024, la mitad de los Q884 millones que ingresó JI Cohen por ventas al IGSS procedieron de fármacos amparados. 

En total, facturó Q447 millones por orden judicial, en su mayoría de medicamentos innovadores para enfermedades graves que el Seguro Social no cubre.

Durante años, el encargado de las ventas al Estado de la empresa fue Gustavo Alejos, un conocido empresario, operador político y financista de campañas involucrado en múltiples casos de corrupción. 

Y el propio fundador de JI Cohen, Jack Irving Cohen, fue acusado en 2016 por hacer donaciones de campañas secretas en el caso Cooptación del Estado, si bien nunca fue a juicio. 

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Lanquetin y Agefinsa y Cendis las otras tradicionales

La trayectoria de otras empresas tradicionales como Lanquetin es parecida. Esta se fundó en 1930 y ha representado en Guatemala los fármacos de transnacionales como Sanofi por décadas. 

En la actualidad es controlada por miembros de las familias Valdés Paiz (recordados por su relación con el Caso Rosenberg) y Paiz Bonifasi (Gerardo Paiz, el presidente de la Federación Fútbol es accionista).

Para Lanquetin, la importancia de la judicialización es aún mayor. 

En 2024, el 90% de su facturación al Seguro Social –que ascendió en total a Q591 millones– se compuso de medicamentos comprados por orden judicial. 

Estos ingresos procedieron, sobre todo, de fármacos para enfermedades crónicas que el IGSS sí cubre, pero que se adquirieron de las marcas que controla Lanquetin, por orden judicial. 

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Agefinsa, otra tradicional, tiene una historia más reciente. La fundaron Fernando Jarquin Pira (ya fallecido) y su esposa, Ileana Morales Ponce, a comienzos de los años 90. Pero pronto hicieron despegar el negocio, gracias a que cuentan con la representación de algunos fármacos de transnacionales como Amgen o Novartis.

Jarquín fue el objetivo de varias investigaciones periodísticas, sobre todo durante el gobierno de Otto Pérez Molina, cuando se señaló su influencia en el IGSS bajo la presidencia de Juan de Dios Rodríguez. 

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Aunque con ventas inferiores al IGSS a las tres empresas anteriores, otra de las tradicionales es Cendis, que en 2024 proveyó de Q138 millones al IGSS, de los cuales más de un 25 por cierto fue a través de amparos. 

El socio más conocido de Cendis es Edgar Heinemann Nathusius, un empresario con una larga trayectoria en el sector privado organizado y quien a finales de los años 80 presidió el CACIF.

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Las empresas emergentes hacen su negocio con los genéricos de China o India

Estas grandes empresas, que facturan al IGSS cientos de millones en el IGSS de manera constante, conviven con multitud de otras más emergentes. 

Estas tienen acuerdos con fabricantes de China, India, Colombia o Argentina y suelen enfocarse en productos más baratos para las enfermedades más comunes. 

Estos normalmente son genéricos; es decir, fármacos que han perdido sus patentes y pueden ser fabricados por cualquier laboratorio.

Las emergentes suelen llevar menos tiempo en el mercado y, a veces, no está muy claro quiénes son sus propietarios reales.

Además, son más susceptibles a altibajos en sus ingresos por ventas al Estado o a depender mucho de la venta de solo unos pocos productos. Por todo ello, es común que les rodee la sospecha de tener vínculos políticos. 

La Botica: fármacos contra el VIH fabricados en China

En la actualidad entre las principales emergentes, destaca La Botica, que en 2024 le vendió al IGSS casi Q250 millones, en su mayor parte de fármacos genéricos contra el VIH fabricados en India. 

Esta empresa tiene vínculos con accionistas de Lanquetin y la cadena de farmacias Batres. Pero su cara principal es Jairo Ponce, quien fue señalado en investigaciones periodísticas de ser cercano al gobierno de Alejandro Giammattei.

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Aviv, Aria y Resevsa: genéricos indios y argentinos a la sombra de Gustavo Alejos

Otro poderoso grupo emergente es el compuesto por las empresas Aviv, Aria y Resevsa, que también vende principalmente genéricos indios y argentinos. 

Como muestran datos del Registro Mercantil, estas tres distribuidoras tienen socios o representantes legales en común, en particular a Hugo Ligorria Sierra y Erwin Trabanino Palma. 

Un empresario que conoce el sector y pidió no ser nombrado, confirmó que las tres empresas operan como un grupo y tienen como socios o directivos a Ligorria y Trabanino. 

Algunas investigaciones periodísticas han ligado a estas empresas al ya mencionado Gustavo Alejos. 

Alejos comenzó en JI Cohen, pero después, hizo una fortuna como agente independiente, consiguiendo ventas para sí mismo y cualquier distribuidora farmacéutica interesada en ganar contratos públicos. 

Alejos ha sido condenado por amañar concursos en el IGSS en el caso conocido como Negociantes de la Salud. Además, acumula un largo listado de acusaciones y sanciones internacionales.

Durante un tiempo, Alejos incursionó en la construcción, pero su posible relación con empresas como las de Trabanino y Ligorria, muestra cómo su influencia en el IGSS pervive. 

El grupo Ligorria Trabanino, de hecho, facturó en 2024 unos Q290 millones al IGSS y se situó como cuarto proveedor más importante de la institución. 

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Plenitud 365, 94 % de venta por amparo

Otra de las empresas emergentes es Plenitud 365. Esta empresa se fundó en 2020 pero pronto se ha situado entre los principales proveedores del Seguro Social, gracias a los amparos. De hecho, en 2024, el 94% de su facturación al IGSS fueron medicamentos amparados.

Plenitud 365 vende sobre todo genéricos argentinos del laboratorio Tuteur. Sus socios conocidos no tienen una trayectoria pública, pero la gerente y cara principal es Sandra Campo Castro, quien trabajó por décadas  en la industria farmacéutica para trasnacionales como Eli Lilly.

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Viejas y nuevas empresas conviven con los amparos

En otros ámbitos, lo más común es que las empresas tradicionales y emergentes vivan enzarzadas en peleas por el mercado. 

Desde 2011, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, establece que ante dos fármacos iguales el Estado siempre debe inclinarse por el más barato. 

Sin embargo, en este sector parecen convivir. 

A esto ha contribuido el constante crecimiento del presupuesto de medicamentos que experimentó el IGSS. Este creció un 111% entre 2021 y 2024 y sigue al alza. 

Pero también juegan un papel crucial los amparos. 

Vender por amparo es vender caro

La judicialización crea oportunidades para todos por un motivo principal: permite evitar la competencia y vender caro. 

Cuando un paciente presenta un amparo contra el IGSS, la institución debe comprar un fármaco concreto, de una marca determinada, y hacerlo en un plazo casi inmediato. 

Normalmente, solo hay una empresa que lo vende, así que esta puede fijar el precio que desee. 

Un ejemplo es el de la enzalutamida, un medicamento para el cáncer de próstata que el IGSS financia desde hace años y que tiene varias opciones: la original y las genéricas. 

La original, Xtandi, del laboratorio japonés Astellas, es distribuida por JI Cohen.

Cuando el IGSS compra enzalutamida en un proceso abierto, JI Cohen oferta Xtandi, a Q195 la unidad, como sucedió en 2024. 

Sin embargo, cuando el Seguro Social se ve forzado a comprar por orden judicial la marca Xtandi, JI Cohen vende cada pastilla a más del doble: Q413, por unidad.

Cuando el medicamento pierde la patente surgen los amparos

Los amparos también son útiles para las empresas tradicionales porque les permiten seguir vendiendo sus medicamentos «de marca» a precios altos.

Es común que los amparos se multipliquen en los mercados en los un fármaco original pierde la patente empieza a enfrentarse a los genéricos. 

Este es el caso de dos de los amparos más onerosos que pagó el IGSS el año pasado: el del irbesartan marca Aprovel y el clopidogrel marca Plavix, como te contamos en el reportaje anterior. 

En ambos, el Seguro Social gastó unos Q425 millones, que beneficiaron al vendedor de ambos: Lanquetin. 

(En la actualidad, estos amparos han generado una disputa que ha cuestionado su vigencia) 

Aprovel y Plavix previenen de la hipertensión y los ataques cardíacos respectivamente y fueron patentados en la década de 1990 por el laboratorio francés Sanofi. 

Para finales de los 2010, ambos habían perdido ya la exclusividad y ya tenían múltiples alternativas genéricas más baratas. 

Pero, desde entonces, han surgido amparos de individuos y supuestas asociaciones de pacientes que han exigido al IGSS recibir las marcas originales. 

Esto ha permitido a Lanquetin seguir vendiendo un fármaco que ya es antiguo al mismo precio que cuando era innovador.

Así, el Ministerio de Salud adquirió en 2024 clopidogrel genérico a Q 0.68 céntimos la unidad. Mientras que el IGSS se vio forzado a comprar el mismo fármaco, marca Plavix, por amparo, a Q18.99, un precio 28 veces superior.

Medicamentos innovadores que son lo mismo

La judicialización tiene otra ventaja para las empresas tradicionales: les permite asegurarse ventas para los medicamentos cada vez más nuevos y caros que van sacando al mercado los laboratorios. 

Estos fármacos no siempre ofrecen ventajas terapéuticas que compensen su costo. Pero, al ser nuevos, pueden renovar sus patentes y seguir vendiéndose en condiciones de monopolio. 

«Las casas farmacéuticas tienen un medicamento bueno, digamos. Entonces cuando pierde el monopolio que le da la patente, lo que hace el laboratorio es crear otro parecido, pero con alguna modificación. Y lo patentan y venden como algo innovador. Esto fomenta el fenómeno del “me too”, el “yo también quiero ese medicamento”», dijo Gustavo Estrada, un médico que ocupó cargos en el IGSS y que ahora coordina el área de salud del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, de la Universidad Rafael Landívar (URL).  

En el IGSS, esto puede verse en enfermedades poco comunes, como las autoinmunes (esclerosis múltiple, artritis reumatoide etc.), en las que proliferan los tratamientos y estos son cada vez más caros, aunque no esté tan claro si costo compensa su eficacia. 

En otros países, las autoridades sanitarias tratan de frenar esta lógica. 

En Europa, por ejemplo, los sistemas de seguridad social hacen estudios de costo efectividad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) hace un trabajo similar, al publicar un listado de medicamentos esenciales que actualiza regularmente. 

Sin embargo, la judicialización permite omitir estas consideraciones técnicas y que prevalezcan los intereses comerciales. 

Los amparos forzaron a gastar un 70% más en un medicamento sin mayor eficacia 

Esto ha sucedido, por ejemplo, con la artritis reumatoide y otros trastornos similares.

Para estas enfermedades, una de las primeras opciones que recomienda la OMS es un medicamento llamado adalimumab.

Este fármaco tiene varios proveedores en Guatemala y un costo que ronda los Q100 mil al año para pacientes con artritis reumatoide, según los precios que pagó el IGSS en 2024.

Sin embargo, en vez de este fármaco, el Seguro Social adquirió el año pasado el doble de unidades de otro medicamento similar. Se trata de uno llamado golimumab que tiene un único proveedor: JI Cohen, que distribuye la marca Simponi, del laboratorio Janssen.

El precio del tratamiento con Simponi que pagó el IGSS en 2024, fue de unos Q170 mil por paciente con artritis reumatoide al año.

Es decir, entre el adalimumab y el golimumaba hay una diferencia de precio de alrededor del 70%, sin que los estudios científicos concluyan que uno es claramente mejor que el otro.

Sin embargo, los amparos presionaron para que el golimumab se incluyera en la cobertura del IGSS y desplazara al adalimumab. 

Esto garantizó un ingresos de Q56 millones para JI Cohen, una de las ventas principales en el año 2024 para la empresa. 

Empresas que casi solo venden por amparo  

Estos fenómenos explican cómo los amparos permiten a las empresas tradicionales mantener su dominancia en el IGSS.

Así, en 2024, los tres principales proveedores de la entidad fueron: JI Cohen, Lanquetin y Agefinsa. Todas estas empresas se vieron favorecidas en mayor o menor grado por la judicialización. Desde el 90% de ventas por amparo de Lanquetin, al 51% de JI Cohen o el 21% de Agefinsa.

Pero los amparos también benefician a las empresas emergentes. De hecho, han facilitado el auge de una serie de negocios que básicamente solo venden al Seguro Social gracias a la judicialización. 

Para Plenitud 365, en 2024, el 94% de su facturación al IGSS fue de fármacos amparados.

Para Aviv y Resevsa (ambas del grupo Ligorria-Trabanino), este porcentaje fue del 75% y el 95%, respectivamente, en su mayor parte genéricos indios u argentinos. 

Para estas empresas, los amparos se han convertido en un modelo de negocio que les permite vender medicamentos genéricos a precios casi tan altos como los originales.

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Esto puede verse claramente en el caso de la insulina glargina. 

Este es un fármaco más eficaz para la diabetes que otras formas de insulina y uno de los medicamentos en los que más dinero gasta el IGSS. En total, casi Q178 millones en 2024.

La insulina glargina original, de la marca Lantus, fabricada por Sanofi, la distribuye Lanquetin. 

También hay varias genéricas, entre ellas una llamada Semglee, del laboratorio indio Biocon. En Guatemala la representa Aria, del grupo Ligorria-Trabanino.

Lantus y Semglee acaparan el mercado a través de amparos y se venden a precios casi idénticos. El año pasado, la diferencia de precios que se pagó entre Lantus y Semglee fue de solo el 1%.

Así, debido a la judicialización, el IGSS no se está beneficiando de la reducción sustancial de precios que debería acompañar a la entrada de genéricos en un mercado.

JI Cohen responde: Los pacientes son los responsables

Para este reportaje contactamos a los diez principales proveedores de medicamentos del IGSS en 2024. Al cierre de esta edición, dos de ellos habían contestado: JI Cohen y Plenitud 365.

En un escrito, JI Cohen aseguró que no otorgan incentivos económicos a los médicos que recetan sus fármacos. Además, informó que no tienen contacto con los pacientes que presentan amparos, tampoco realizan donaciones a asociaciones de pacientes y tienen prohibido financiar la judicialización de fármacos. 

Esto ocurre, según explicaron, porque representan a casas farmacéuticas internacionales que les imponen códigos de comportamiento que deben cumplir. 

«Ante todo, es una respuesta humana al deseo de vivir: cuando el acceso no llega por la vía ordinaria, los pacientes buscan una alternativa. En ese sentido, es un síntoma de una brecha entre necesidad clínica y disponibilidad institucional. La salida es compasiva y racional a la vez», afirmó JI Cohen.
Sin embargo, sí comentaron que sería deseable que la judicialización no fuera necesaria. 

Plenitud 365: Ni financian ni incentivan los amparos

En una línea similar se expresó Plenitud 365. En una entrevista, la gerente y representante legal de la empresa, Sandra Campo Castro, aseguró que ni financian amparos ni los incentivan. 

Según explicó la directiva, Plenitud 365 se limita a importar y distribuir medicamentos de laboratorios extranjeros, pero no los mercadea. 

«Los laboratorios son ajenos al distribuidor y son ellos quienes seguramente hacen su promoción, con doctores, que son los que recomiendan las marcas», dijo Campo Castro.

De hecho, según describió la directiva, los amparos son principalmente una fuente de «desorden» para las distribuidoras porque les impiden tener una previsión precisa de cuánto van a vender.

La gremial no tiene postura sobre los amparos   

El director ejecutivo de la gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Cogrefarma), Rubén Morales Monroy, expuso que como organización no tienen una postura definida sobre la judicialización. Pero sí están al tanto del fenómeno y consideran que debería abordarse.

Morales Monroy dijo que en algunos casos los amparos se han «desvirtuado» y han conducido a un cierto «desorden en la compra de medicamentos». Por ello, piensa que el tema debería enfrentarse de una manera «integral» con la participación del gobierno y el IGSS. 

En su opinión, el objetivo debería ser promover un mercado de «medicamentos competitivos»que el gasto del IGSS «sea eficiente» y que la población «tenga acceso a los fármacos más efectivos» pero preservando el derecho de los afiliados a acudir a los tribunales si lo estiman necesario. 

«Es la libertad de los pacientes», dijo Morales Monroy. 

El dirigente (y también exministro de Economía) negó que la industria fomente los amparos y los atribuyó principalmente al comportamiento de los médicos, que deciden recetar ciertos fármacos, y al deseo de los afiliados del IGSS acceder al mejor tratamiento posible. 

«Por qué un paciente se ampara por una marca? Por los médicos», comentó el dirigente gremial.

Los amparos son el sistema

Las empresas, especialmente las tradicionales, también se benefician de los amparos que usa el IGSS para justificar compras repetitivas de menos de Q90 mil, saltándose los límites establecidos en la Ley de Compras.

Este tipo de amparos, como ya se explicó en el primer reportaje, son muy útiles para fármacos con un único proveedor. 

Esto tiene que ver con cómo en el pasado algunas empresas lograron influir en el listado básico del IGSS para que éste incluyera productos que solo ellas vendían.Solo en 2024, según encontró esta investigación, el IGSS citó amparos como justificación para adquirir, al menos, 194 fármacos diferentes que costaron alrededor de Q1,000 millones. Esto equivale a un 28% del presupuesto de medicamentos de la entidad el año pasado.

Si se suman estas compras, a las que se realizaron por amparos presentados a iniciativa de pacientes, el resultado es que la judicialización, en una forma u otra, influye sobre casi el 75% de las compras que realiza el IGSS.

Esto pone de relieve cómo los amparos han dejado de ser algo marginal. Son el sistema. 

Se han convertido en una herramienta que decide fortunas y drena los recursos del Seguro Social, una institución que se financia con las cuotas que los trabajadores del sector formal y sus empleadores pagan todos los meses.

«Todo esto es muy grave»– dijo Edgar Balsells, un economista y exministro de Finanzas, que también formó parte de la Junta Directiva del IGSS entre 2015 y 2021.

«Estamos drenando la hacienda pública, afectando los derechos de una mayoría para proteger a una minoría. Es un retrato del Estado de Derecho que tenemos», añadió.