Radiografía de la CC y cómo resuelven contra Giammattei y Arévalo

El amparo funciona como el botón de emergencia del sistema judicial: cualquiera puede activarlo cuando considera que una autoridad ha violado sus derechos. Nació como una herramienta legal para proteger a la ciudadanía, pero en la práctica también se ha convertido en una arma política capaz de presionar a funcionarios. Como un botón que los obliga a frenar una obra, revertir un programa o bloquear un nombramiento, siempre bajo el pretexto de defender libertades.

[No te pierdas cada martes en tu correo el boletín «Radar Político» donde te explicamos cómo va el país. Suscríbete aquí]

Del 14 de abril de 2021 al el 11 de julio de 2025 —cuatro años y tres meses—, llegaron 212 amparos contra los presidentes al escritorio de la actual Corte de Constitucionalidad (CC), integrada por Leyla Lemus, Néster Vásquez, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Héctor Hugo Pérez Aguilera.

Son 212 ocasiones en las que personas u organizaciones acudieron a los magistrados para denunciar que los jefes del Ejecutivo vulneraron —o podían vulnerar— derechos como la libertad de locomoción, de manifestación, de trabajo, de acceso a la salud o de participación política.

Por ley, los amparos contra los presidentes solo pueden resolverse en la CC. Los magistrados están facultados para ordenar que un funcionario actúe —o deje de actuar— en favor de quien interpuso la acción, o bien para rechazar la demanda.

Bajo esta integración de la Corte, el botón se ha pulsado una y otra vez para cuestionar decisiones u omisiones del Ejecutivo. Según los registros analizados por Plaza Pública, el ritmo de amparos contra Bernardo Arévalo entre 2021 y 2025 duplica al que recibió su antecesor, Alejandro Giammattei. En promedio, el actual mandatario ha acumulado seis reclamos mensuales, mientras que el anterior registró tres.

De los 212 expedientes, 117 —55 %— apuntan al presidente electo por el Movimiento Semilla, en apenas año y medio de gestión (enero de 2024 a julio de 2025). Los 95 restantes —45 %— se dirigieron contra Giammattei, de Vamos, durante casi tres años en el poder (abril de 2021 a enero de 2024). En otras palabras, más personas activaron el botón contra Arévalo pese a que su período evaluado es solo la mitad del de Giammattei.

«Hubo más gente que no estuvo de acuerdo con algo que Arévalo hizo o dejó de hacer y que lo expresaron a través de esta herramienta jurídica», resume Edgar Ortiz, abogado enfocado en derecho constitucional.

[embedpzp1]

¿Y qué se reclamó ante la CC? Uno de cada cinco amparos está relacionado con movilizaciones y bloqueos, es decir, personas que exigieron al presidente garantizar su derecho a circular libremente o, por el contrario, a manifestar en el espacio público sin ser dispersadas.

Cuando estos dilemas llegan a la mesa de los magistrados, la Corte suele mantener una línea constante y prioriza la locomoción. En la práctica, ordena con mayor frecuencia liberar el paso en las zonas de tránsito que proteger el derecho a protestar en esos mismos espacios. 

Entre los amparos revisados por Plaza Pública, la mayoría de las resoluciones provisionales otorgadas en estos casos favorecieron la circulación sobre la manifestación.

En este tipo de reproches, el sector empresarial es quien más presiona el interruptor del amparo. Las entidades que más recurrieron fueron la Cámara de Comercio, el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala y el Cacif.

Ortiz amplía: «La CC suele resolver igual los expedientes sobre este tema desde alrededor de 2015. Tiene un criterio definido que aplica a la mayoría de estos amparos, sin importar el presidente de turno. Por eso, se consideran cajoneros».

[embedpzp2]

Si se excluyen los amparos vinculados con protestas, el patrón se repite: Arévalo también recibe, en promedio mensual, el doble de cuestionamientos que Giammattei, según los datos procesados por Plaza Pública mediante análisis con código. También se utilizó inteligencia artificial para limpiar y clasificar ciertos archivos de forma automática.

Con el filtro, los reclamos contra Giammattei abarcan temas diversos, pero sobresalen los relacionados con salud pública, que representaron el 16% de las acciones contra él. La mayoría cuestionó su manejo de la pandemia: desde los estados de excepción que facilitaron compras hasta los retrasos en vacunar a los grupos de mayor riesgo. Ninguno prosperó, aunque en abril de 2024 el expresidente fue denunciado por la supuesta compra irregular de las vacunas Sputnik V.

A Arévalo, en cambio, lo criticaron sobre todo por nombramientos de funcionarios. El 37% de los amparos en su contra trata este tema, y la mayoría apunta a presuntas irregularidades en la elección de gobernadores departamentales.

Es un patrón distinto al que enfrentó Giammattei, quien recibió 83 amparos en su primer año y medio en el cargo —cuando designó a esos delegados en los departamentos y otra grupo de magistrados dirigía la CC—. Solo el 20% de esos amparos estaba relacionado con cargos, casi la mitad que en el caso de Arévalo, y apenas tres eran específicamente sobre gobernadores.

Para el politólogo Jonatán Lemus, la diferencia tiene una raíz política. Dice que Giammattei construyó una «coalición» que respaldó sus movimientos, incluidos los perfiles que colocó en puestos clave, mientras que Arévalo ha logrado articular una «mucho más débil».

«Semilla no ha podido hacer alianzas sólidas con actores de otras instituciones o sectores que están en el tablero. Surgen más reclamos en la CC porque no están alineados, como sí pasaba más con Vamos», señala.

El 14% de los expedientes contra ambos presidentes corresponde a casos cuyo contenido Plaza Pública no pudo puntualizar porque la Corte aún los tramita.

[embedpzp3]

Quiénes reclaman contra los presidentes

El botón del amparo está al alcance de cualquiera con los recursos para pagarlo, aunque el tipo de persona que lo activa cambia de un gobierno a otro. El estudio de Plaza Pública revela que, entre los accionantes contra Arévalo, la presencia de personas afines a la oposición es mayor que la que hubo entre quienes recurrieron a la CC durante el gobierno de Giammattei.

Según el análisis, el 55% de quienes demandaron al actual mandatario —con al menos dos amparos— están vinculados a adversarios políticos de Semilla. En contraste, solo el 36% de quienes cuestionaron a Giammattei tenían vínculos con opositores de Vamos.

Para establecer estas conexiones, este medio consideró únicamente a interponentes con militancia en partidos contrarios, pertenencia a agrupaciones de abogados enfrentadas a los gobiernos o un historial constante de mensajes críticos hacia el Ejecutivo en redes sociales.

Los amparos contra Giammattei vinieron de figuras como el exprocurador Jordán Rodas, el exlegislador Aldo Dávila y el abogado Pedro Maldonado. En el caso de Arévalo, aparecen juristas como Fernando Linares Beltranena, Nadia Castellanos y Ricardo Méndez Ruiz.

[embedpzp4]

Para el analista Edgar Ortiz, este cambio en el perfil de los demandantes ayuda a explicar por qué Arévalo enfrenta más cuestionamientos que su antecesor: algunos opositores, dice, perciben a la actual CC como una aliada para presionar al gobierno de Semilla, algo que no ocurría durante la gestión de Vamos.

«Esta Corte se designó bajo mayorías opuestas al gobierno de Arévalo. Ciertos actores lo saben y tienden a acudir más a una CC que consideran favorable. Hay una sensación de que se puede ganar. No garantiza una victoria, pero sí incentiva a quienes presentan amparos», sostiene.

Los magistrados actuales de la CC asumieron el 14 de abril de 2021, en el segundo año del gobierno de Giammattei. La juramentación corrió a cargo de Allan Rodríguez, entonces presidente del Congreso y nombre clave dentro de Vamos.

Después de la ceremonia, Rodríguez no ocultó su entusiasmo. Dijo esperar que la nueva integración dejara atrás «todas esas acciones que buscaban romper el orden del país», en referencia a la Corte anterior, que fue conformada por Gloria Porras, Francisco De Mata, Dina Ochoa, Boanerge Mejía y Neftalí Aldana. «Vemos con mucha alegría nuevos aires para Guatemala», añadió ante los medios.

Esa clase de mensajes contribuye a moldear la percepción pública sobre a quién podría favorecer la CC, explica el abogado e investigador en derecho constitucional Juan Pablo Gramajo. «Es razonable que estos actores tengan la expectativa de que la Corte los va a favorecer. Ellos mismos la dieron cuando los magistrados tomaron sus cargos», afirma.

La actual presidenta de la CC es Leyla Lemus, designada por Giammattei y su consejo de ministros, tras haber sido su secretaria general. El exvicepresidente Guillermo Castillo calificó el proceso de nombramiento como «poco transparente».

La magistrada Dina Ochoa fue designada por la aplanadora oficialista que controlaba el Congreso, mientras que Roberto Molina Barreto llegó con el aval de la CSJ, respaldado por el ala afín al expresidente.

Néster Vásquez, por su parte, obtuvo el apoyo del Colegio de Abogados. En 2021, tres meses después de asumir, Estados Unidos le retiró la visa por supuesta «corrupción significativa» en el sistema de justicia, señalamiento que él niega.

Para completar la Corte, la Usac nombró a Héctor Hugo Pérez Aguilera, aunque ese escaño le correspondía originalmente a Gloria Porras, quien quedó fuera tras una maniobra legal anunciada por el oficialismo de Giammattei minutos antes de su juramentación.

«Unos más y otros menos, pero todos son producto de la alianza política que se consolidó durante el gobierno anterior», señala Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro Justicia, organización que monitorea elecciones judiciales.

Plaza Pública intentó hablar con los cinco magistrados titulares para conocer su lectura sobre el aumento de amparos contra Arévalo. Molina Barreto y Vásquez declinaron, mientras que Ochoa y Pérez Aguilera no respondieron llamadas ni mensajes. 

La única que accedió a conversar fue Lemus, quien aseguró que no podía opinar sobre el incremento de objeciones legales ni sobre la relación de la Corte con el entorno político de Vamos.

«De verdad no tendría una respuesta para eso. Es una percepción. Yo nunca hago una apreciación sobre quién firma un amparo», dijo la magistrada a este medio. Aquí está la entrevista completa.

[embedpzp5]

Quienes sí dan su versión son los propios interponentes, las personas que presionaron el botón del amparo bajo alguno de los dos gobiernos.

Durante la administración de Giammattei (2020–2024), la oposición legislativa era débil y estaba integrada principalmente por Semilla, Winaq y la Urng. Aldo Dávila, quien asumió con Winaq y luego se volvió independiente, formaba parte de ese bloque.

Conocido por sus transmisiones desde el hemiciclo enfrentando a Vamos, interpuso dos amparos contra el expresidente, uno por el precio de los combustibles y otro por el aumento de extorsiones.

No presentó más, explica, porque la oposición prefería protestar en las calles en lugar de acudir a la CC, dada la «cercanía» entre la Corte y la alianza oficialista.

«Antes había temor a presentar amparos porque sabíamos que no podíamos pegarle. Ahora esto se ha vuelto el pan de todos los días», afirma Dávila, hoy asesor parlamentario de VOS.

El análisis de Plaza Pública confirma la manera de operar de aquella oposición: los amparos derivados de bloqueos y movilizaciones representaron el 35% de los casos contra Giammattei, casi el triple que en los de Arévalo —12%—. Es decir, durante el período evaluado hubo más protestas que terminaron en la Corte bajo el gobierno de Vamos que bajo el actual.

En ese tiempo, la bancada del Movimiento Semilla —entonces opositora— no colocó ningún amparo contra Giammattei. El diputado Samuel Pérez explica que desconfiaban de la imparcialidad de la CC.

[frasepzp1]

«Creemos que las disputas políticas se resuelven en la arena política, buscando apoyos legítimos, no a través del sistema de justicia. Pero aun si hubiéramos querido colocar amparos, era poco probable que la Corte nos favoreciera, porque forman parte del mismo grupo político», sostiene.

Los abogados que hoy se oponen al gobierno de Semilla discrepan. Melkin Amílcar Escobar, exfiscal de Vamos en Jalapa, presentó tres reclamos contra Arévalo. Dos por supuestas irregularidades en la designación de gobernadores y uno por un cambio en la política exterior relacionada con la Convención de Viena. 

Señala que fue la pandemia de COVID-19 la que redujo el ritmo de amparos contra Giammattei. «Ahora hay más porque estamos en libertad, no vivimos encerrados como en esa época. Se cuestionaba menos porque pasaba menos en los ministerios y en los tribunales; todo giraba alrededor de la crisis sanitaria», comenta.

El abogado Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), adopta una postura más confrontativa. Refiere que se han presentado más amparos porque Arévalo «ha cometido más errores de administración pública» que Giammattei.

«Hemos visto error tras error. Hemos tratado de enderezarle la plana a Semilla por medio de la CC», dice. Su organización es conocida por impulsar denuncias contra jueces, fiscales, activistas y funcionarios que investigaron corrupción en la última década.

Aunque asegura que son «varios» los fallos del gobierno actual, Méndez Ruiz solo interpuso cuatro amparos en el período estudiado: para frenar la destitución de la fiscal general Consuelo Porras, para objetar las designaciones de gobernadores, por un aporte al presupuesto de 2024 y por el mismo ajuste en la política exterior que impugnó Escobar. 

De todas las acciones, la CC solo le dio la razón a Escobar y a Méndez Ruiz en una, cuando ambos desafiaron la disposición diplomática de Arévalo sobre la Convención de Viena. Para la FCT, eso prueba que los magistrados «no son afines».

A Giammattei, distinto de lo que plantea con Arévalo, el líder de la FCT no le encontró motivos relevantes para cuestionar. Salvo la influencia de Miguel Martínez en el Ejecutivo, asegura que no observó irregularidades.

«No tengo presente motivo alguno que me impulsara a presentar un amparo en contra de él […] Hasta el día de hoy no tengo pruebas que demuestren que hubo corrupción», subraya.

Estados Unidos, no obstante, sí reportó indicios. Tres días después de que Giammattei dejara el cargo, lo acusó de aceptar sobornos y le prohibió ingresar a su territorio. El exmandatario rechaza esos señalamientos.

En el período examinado, el abogado que más amparos presentó contra ambos gobernantes fue Erick Castillo, con seis contra Giammattei y seis contra Arévalo. Se limitó a comentar a este medio que ambas gestiones tuvieron «deficiencias».

A Arévalo le impugnó, entre otros temas, la implementación del seguro obligatorio para vehículos; y a Giammattei, los estados de excepción decretados por la pandemia. Su acción más conocida fue la que posibilitó que Giammattei reeligiera a Consuelo Porras como fiscal general. Ahora busca ser magistrado de la CC.

Más allá de la percepción: cómo la Corte resuelve demandas

En la CC, el amparo funciona como un botón que nunca deja de sonar. Siempre hay alguien dispuesto a tocarlo y siempre hay expedientes entrando. Solo entre enero y noviembre de 2025 ingresaron casi 9,000 casos de todo tipo. Si ese volumen se repartiera entre los diez magistrados —cinco titulares y cinco suplentes—, cada uno tendría que atender alrededor de 900 reclamos.

Debido a esa saturación, la Corte recurre con frecuencia a los amparos provisionales: decisiones rápidas y temporales pensadas para evitar que los solicitantes esperen meses o años por una resolución definitiva. El criterio para decidir qué expedientes reciben trato urgente es, en buena parte, discrecional.

Solo una fracción mínima llega a sentencia final. Según los registros evaluados por Plaza Pública, únicamente el 2% de los amparos contra Giammattei y el 3% de los que se plantearon contra Arévalo obtuvieron un fallo definitivo.

Por eso, como sostiene el abogado Juan Pablo Gramajo, la mejor manera de comprender cómo responde la CC ante los reproches dirigidos a los presidentes es estudiar las resoluciones provisionales.

Cuando se cuentan todos estos amparos —incluidos aquellos sobre bloqueos y movilizaciones—, los magistrados no favorecen a un gobernante más que al otro. Otorgaron medidas temporales en proporciones casi idénticas, 25% en los casos contra Giammattei y 23% en los de Arévalo. Además, la mayoría de estas disposiciones fueron unánimes.

Pero si se excluyen los amparos «cajoneros» relacionados con protestas, sí surge un contraste: la Corte fue más estricta con el actual presidente. En los expedientes contra Arévalo, concedió amparos provisionales a los demandantes en 17% de las ocasiones. En los de Giammattei, la cifra cae al 6%, casi la tercera parte.

[embedpzp6]

Con este filtro, en cuatro expedientes la Corte concluyó, de forma provisional, que Giammattei había vulnerado —o podía vulnerar— derechos ciudadanos.

El primero estuvo vinculado al proceso electoral de 2023. Un grupo de abogados sostuvo que Giammattei podía poner en riesgo la transición tras la victoria de Arévalo. No obstante, en la sentencia final, la CC descartó responsabilidad del mandatario.

El segundo advertía que el gobernante podía sancionar una ley sin respetar el procedimiento. El tercero señalaba algo similar: que no había seguido los pasos legales para rechazar a tiempo una solicitud de exoneración de impuestos.

Por último, el cuarto expediente provisional no apuntaba realmente contra Giammattei. Fue la acción presentada por el abogado Erick Castillo a inicios de 2022 para obligar a la postuladora a incluir a Consuelo Porras en la lista final de candidatos a fiscal general.

De acuerdo con Andrea Rabanales, abogada de Be Just —organización que monitorea justicia en Centroamérica—, estos amparos contra Giammattei tienen un rasgo común: ninguno buscaba detener decisiones tomadas formalmente por él como jefe del Ejecutivo. No frenaron contrataciones, ni convenios, ni reglamentos, por ejemplo.

«Más bien parecían herramientas para obtener pronunciamientos políticos, no para fiscalizar el poder», resume.

Con Arévalo, la dinámica cambió. Para bien o para mal, las medidas provisionales de la actual CC sí interfirieron con decisiones concretas del Ejecutivo. De 17 resoluciones temporales, seis —el 36%— congelaron acciones de gobierno: remociones en el Banco de los Trabajadores (Bantrab), ajustes en la política exterior y el uso de un inmueble público, entre otras. 

Otros seis no bloquearon decisiones, pero señalaron falta de respuesta estatal frente a problemas públicos —tres amparos por infraestructura pobre, dos por falta de medicamentos y uno por la poca seguridad en un hospital— y forzaron al Ejecutivo a mover fichas.

Un caso adicional fue impulsado por Consuelo Porras, quien alegó que Arévalo pretendía destituirla; la Corte admitió su argumento. El 24% restante quedó sin identificar porque todavía estaba en trámite cuando se hizo el análisis.

De estos 17 amparos provisionales, los magistrados confirmaron cuatro en sentencias definitivas. Uno por deterioro de la red vial, otro por retrasos en el puente Belice II, un tercero por desabastecimiento de medicamentos y uno más para obligar al Ejecutivo a seguir prestando a la MuniGuate el edificio de Correos. Los otros dos que habían impedido remociones en el Bantrab se cayeron. La Corte terminó autorizando al presidente a despedir a funcionarios.

A juicio del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, los expedientes sobre el Bantrab ejemplifican un «litigio malicioso» contra Arévalo: acciones encaminadas, dice, a erosionar legitimidad, no a corregir políticas públicas. 

«Muchos actores estaban cómodos con el gobierno anterior y hoy buscan minar la credibilidad del presidente», considera.

Más allá de si los amparos operan como estrategia política o como verdaderos intentos de fiscalización, el politólogo Jonatán Lemus ve dos escenas separadas por una línea clara: con Giammattei, el «botón» del amparo sonó menos; con Arévalo, es un timbre más constante. La próxima integración de la CC definirá si el patrón continúa o cambia.

El relevo llegará en abril de 2026, cuando se nombren a los magistrados para el período 2026–2031. Arévalo solo podrá influir en las designaciones del Ejecutivo y del Colegio de Abogados, hoy cercano a Semilla. Las otras tres —a cargo del Congreso, la CSJ y la Usac— seguirán, por ahora, fuera de su control.