Casa Icatú, el intocable condominio en Antigua Guatemala que avanza y luego pide permiso

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Los vecinos de San Cristóbal El Bajo volvieron a escuchar de Casa Icatú el año pasado. Esta vez fue de la boca de tres hombres que ofrecieron construir un complejo polideportivo. Si estaban ahí es porque necesitaban el aval de la comunidad, aunque para ese momento un listado de clientes exclusivos ya había comprado los derechos sobre ese condominio que aún no tenía licencias ambientales ni permisos municipales.

Aquel encuentro fue el inicio de una preocupación para los vecinos de San Cristóbal El Bajo; de trámites, de recursos y demandas ignoradas que continúan hasta la fecha. 

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El acta de esa reunión (puedes descargarla aquí) narra lo que ocurrió el 19 de marzo de 2024 a eso de las 19 horas en la plazuela de la comunidad San Cristóbal El Bajo. Los vecinos se reunieron frente a la fachada de una iglesia añeja conservada como muchas estructuras en Antigua Guatemala. Data del siglo XVI y si sobrevive es por una sombrilla de normativas creadas para proteger la esencia de una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

San Cristóbal El Bajo no se siente tan protegido como esa fachada, aunque debería, porque es parte del área de máxima conservación que protege a la Antigua Guatemala. Al contrario, ve cómo avanza un proyecto que no termina de cumplir los requisitos.

Allí se reunieron los vecinos con tres representantes de Terrum Desarrollos, empresa de proyectos inmobiliarios como Acantos de Cayalá y Spazio, centro comercial y residencias ubicadas en la zona 15 de la ciudad de Guatemala.

Los visitantes eran el director general de Terrum Desarrollos, Ramón Thomas; el administrador de Casa Icatú (propiedad de la familia Arimany), Luis Felipe Valdez; y Rafael Obiols, representante legal y arquitecto a cargo de la ejecución. 

Fue inusual que tres foráneos hicieran una serie de ofrecimientos a la comunidad:  8,348 varas cuadradas (equivalentes a un terreno de 90 x 90 metros cuadrados) y la construcción de un área polideportiva, con tres canchas, una de ellas adaptada como salón comunal, cerrado y con graderío.

La propuesta inicial de los visitantes era reparar la iglesia y los jardines de la plazuela. A petición de algunos líderes locales cambiaron la oferta por un complejo polideportivo.

El acta muestra que poco se habló de las implicaciones del proyecto Casa Icatú; la reunión se enfocó en los ofrecimientos. Por ejemplo, no se detalló que utilizarían grandes excavadoras para modificar una montaña susceptible a derrumbes, ni que pretendían talar parte del bosque. Tampoco mencionaron que modificarían un zanjón, que meses después despertaría el miedo de los vecinos a una inundación, pues canaliza el agua naturalmente en época de lluvia.

Cuenta el acta que mientras algunos vecinos agradecieron el proyecto del polideportivo, otros optaron por callar. «Hay personas con miedo a expresarse y que no se tomen en cuenta a los que hablan mal», dijo Tono Santos según consta en el manuscrito. Algunos vecinos no creyeron en el ofrecimiento de los desarrolladores.

«Hablaron con un idioma muy bonito», rememora Efraín Márquez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de San Cristóbal El Bajo «y a pesar de eso varios vecinos se acercaron y nos dijeron: “Tengan cuidado porque no todo lo que dicen es cierto.

Entonces, dice Márquez, les prometieron vigilar el proyecto. Firmaron el acta como constancia de la asamblea, no como aprobación. Contrariamente, así lo manejó la desarrolladora para la solicitud de licencias.

«Nosotros nos dimos por enterados (sobre el ofrecimiento de un polideportivo y el proyecto urbanístico) pero ellos se comprometieron a seguir viniendo las veces que fuera necesarias para ver cómo iba el avance del proyecto; y saber si iba cumpliendo la ley o no», recuerda Jonás López, vicepresidente del Cocode. 

Pero una vez obtuvieron la licencia municipal, no regresaron a la aldea. 

El ofrecimiento se convirtió en una preocupación para los vecinos que presenciaron poco a poco la cimentación del proyecto urbanístico. Han visto cómo grandes excavadoras cargadas de tierra entran y salen de las fincas. Es la tierra que extraen al pie de la montaña que lleva a San Cristóbal El Alto. «Es una parte de la montaña que consideramos que no se debe tocar, han quitado árboles naturales y ahora vemos que hay un terreno sin consistencia», relatan alarmados los residentes del lugar.

Jonás insiste en que aquel documento no era un acta de aprobación, «nosotros solamente nos dimos por enterados, no tenemos la facultad de aprobar nada». 

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¿Qué es Casa Icatú y por qué despierta preocupación?

Casa Icatú se vendió a puerta cerrada, entre cercanos, como un espacio de descanso para sus propietarios. O de forma más precisa «un santuario».

En la reunión frente a la fachada no quedó claro que es un proyecto estimado en 25 millones de quetzales, conformado por 186 lotes, en un área de 280 mil 985.80 metros cuadrados. Unos 70 mil metros cuadrados más que Paseo Cayalá. Los propietarios de Casa Icatú ―legalmente nombrado como Inversiones y Estrategias de Mercadeo S.A.―, son parte de la familia Arimany.

La urbanización está a 10 minutos del centro de Antigua Guatemala, a una cuadra de la plaza comunal de San Cristóbal El Bajo. El terreno era conocido como Finca Las Ilusiones y Finca Dante, donde antes había árboles de gravilea que daban sombra a las matas de café.

El proyecto promete ser un santuario de descanso que incluye una casa club. Los planos contrastan con las condiciones de las aldeas vecinas en las que contar con drenajes y acceso a agua potable parece un lujo.

La construcción de un proyecto de esta magnitud transformará a San Cristóbal el Bajo e inevitablemente a San Cristóbal el Alto, desde donde se ve cómo Casa Icatú avanza.

Los vecinos temen que al alterar un zanjón ocurran inundaciones en el sector. En verano está seco, pero en épocas de lluvia canaliza de forma natural los excesos de agua. 

También ven cómo uno a uno caen árboles del bosque. Y, por último, les provoca nervios ver las grandes máquinas al pie de la carretera que conduce a San Cristóbal El Alto, una zona que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) catalogó en riesgo.

«La comunidad considera que el proyecto está destruyendo un bosque que ha protegido sus aguas, cultura y caminos por generaciones. Están talando árboles de forma ilegal, sin licencia del INAB (Instituto Nacional de Bosques), sin respeto a la ley, sin escuchar el clamor de quienes habitamos estas tierras», dijeron en un comunicado el 9 de junio para sintetizar sus preocupaciones.

Con una denuncia, el INAB corroboró esta preocupación.

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No avanzó en dos administraciones, Asturias lo aceptó

Intentar instalar ahí un megaproyecto no es una idea nueva; años atrás hubo otros intentos.

En una carta dirigida al alcalde Juan Manuel Asturias, con copia a la Unesco, un grupo de locales describió sus preocupaciones desde hace casi diez años. En 2016, el mismo desarrollador intentó modificar el curso natural del zanjón, pero las licencias no se concretaron bajo la administración de la entonces alcaldesa, Susana Asencio. Lo retomaron durante la gestión de Víctor Hugo del Pozo ―cuestionado por su falta de interés por el Plan de Ordenamiento Territorial―, este dio trámite pero no llegó a aprobarlo. 

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La lista de reclamos al actual alcalde y autoridades es larga, podría empezar por la licencia ambiental y la categoría que les otorgó el Ministerio de Ambiente en 2024: para los vecinos no coincide con el impacto del proyecto.

«La municipalidad ha traicionado a nuestra comunidad, ignorando las múltiples advertencias y autorizando una urbanización que viola reglamentos locales y pone en peligro la vida de quienes vivimos en San Cristóbal El Bajo», denunciaron en un comunicado.

En San Cristóbal El Alto también hay malestar. Según Ángel Méndez, presidente del Cocode, también fueron excluidos de la discusión. «Tenemos documentos donde hacemos ver nuestras inconformidades. No hace eco nada, todo lo omiten, buscan salida para no entrar a conocer nuestras peticiones y eso es lo que nos tiene molestos porque supuestamente había líderes comunitarios dentro del concejo que iban a defender intereses de la comunidad», protesta Méndez. 

Por último, y esto remite a aquella reunión frente a la fachada de la iglesia, les inquieta el cumplimiento real del equipamiento urbano.

Por ley, cada proyecto debe destinar un porcentaje del 15% del terreno para uso de la comunidad. «El desarrollador propuso a la comunidad la construcción de un polideportivo que cubre cierto porcentaje para equipamiento urbano; sin embargo, no cubre la totalidad», denunciaron.

El reclamo surgió al enterarse de que los desarrolladores ofrecen cubrir ese 15% distribuido así: el polideportivo valorado en 3 millones de quetzales, un terreno ubicado en la montaña que une a los dos San Cristóbal, y un aporte económico de aproximadamente 7 millones. 

La propuesta no les hace sentido, la montaña no es un área urbanizable, por tanto, no se puede considerar una compensación en esa tierra. 

La propuesta de Casa Icatú incluye la carretera que lleva a San Cristóbal el Alto. Tampoco les parece lógico. 

En ese camino se ha realizado inversión de mantenimiento por parte de la Municipalidad, así que no dan crédito a que sea un espacio privado. «Se han invertido fondos públicos en esa parte, pero fueron administraciones pasadas. Ahora (con la cesión del 15%) tenemos la certeza jurídica para mejorar ese lugar», argumenta en favor del proyecto Juan Ignacio Estrada, director de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad en una citación dirigida por la diputada Sonia Gutiérrez.

La carretera, según señalaron en esa carta, es de uso público y fue construida por los comunitarios, décadas atrás. «Es inaceptable considerar esa superficie de terreno como área privada a compensar por el desarrollador», insisten. 

La alcaldía de las puertas abiertas está cerrada

Cuatro meses después de la reunión frente a la fachada de la iglesia, el 16 de julio, y luego el 12 de noviembre de 2024, el Consejo Consultivo y el Concejo Municipal aprobaron el proyecto.

La respuesta de la comunidad fue tocar otras puertas, empezó por el Ministerio Público, pasó el INAB, el Ministerio de Ambiente (MARN), el Congreso, hasta llegar a la Corte de Constitucionalidad (CC).

Los reclamos escalaron, primero con solicitudes por escrito ―fueron 12 cartas enviadas una tras otra― hasta llegar a una denuncia penal. El Ministerio Público (MP) respondió dos veces, la primera para notificarles que su petición fue desestimada, la segunda para hacerles saber que fueron denunciados por «traficar influencias» para impedir que se lleve a cabo el proyecto.

Las autoridades municipales «nos han hecho sentir como que las comunidades somos un grupo de ignorantes que no tenemos voz ni cabida a la hora de trabajar con ellos. En las dos reuniones que tuvimos no atendieron ninguna de las inquietudes que hemos presentado», así Efraín Márquez, del Cocode, resume cómo la alcaldía que prometió puertas abiertas ha ignorado sus requerimientos. 

Márquez denunció al alcalde, Concejo Municipal y el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala (CNPAG), ante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio, por aprobar esta licencia sin cumplir con todos los requisitos. Aunque el MP desestimó la denuncia en abril de este año, la decisión fue impugnada y a la fecha está activa pues un juzgado ordenó que la investigación continúe.

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La siguiente puerta fue la de la diputada Gutiérrez, del partido Winaq. Respondió con dos citaciones y una reunión con el conservador de la ciudad de Antigua Guatemala, Javier Quiñónez. «Él nunca negó que sí conocieron el proceso de solicitud del proyecto, pero ni él ni los informes reflejan que hayan emitido un dictamen favorable para proceder con la autorización de las licencias de cambio de uso de suelo», recuerda Gutiérrez. La conjetura es cierta, el proyecto no cuenta con dictamen del CNPAG, según confirmó el conservador a Plaza Pública.

También exigieron acciones al INAB y el MARN al advertir sobre la tala ilegal de una parte del bosque natural y sobre posibles anomalías e incumplimientos ambientales. 

A finales del año pasado, Márquez interpuso dos recursos contra la aprobación de Casa Icatú. La alcaldía rechazó in limine (ni siquiera lo conoció) el primer recurso por «ser extemporáneo y prematuro», y el segundo por «uso reiterado y abusivo de los recursos administrativos».

La amenaza de una denuncia en el MP no los frenó. Apelaron la resolución en la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones, aunque esta le dio la razón a las autoridades municipales.

Tampoco pararon.

Por último, llegaron a la Corte de Constitucionalidad que está pendiente de dar una resolución final. Mientras tanto la insistencia de los comunitarios empezó a destapar irregularidades. El MARN y el INAB las validaron. 

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Tres denuncias penales y sigue en pie

Las sospechas de los vecinos fueron confirmadas por informes de instituciones públicas y funcionarios fiscalizadores. Hasta la fecha, tres denuncias penales han sido presentadas en el MP.

La primera de estas irregularidades fue un escándalo mediático: la compra de vehículos y motocicletas BMW bajo un mecanismo completamente anómalo.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció a la Municipalidad ante la Fiscalía Contra la Corrupción. Cuestiona cómo manejó el pago de licencia hecho por Casa Icatú, valorado en 17 millones 916 mil 137.84 quetzales. 

La anomalía empieza cuando Casa Icatú pagó la licencia, pero luego la comuna dió a la empresa un cheque por 8 millones de quetzales «por concepto de devolución», según al acta del concejo municipal número 126-2024.

A petición de la Municipalidad ―evadiendo los tiempos que lleva una licitación y los mecanismos de transparencia―, los desarrolladores de Casa Icatú usaron el mismo dinero que habían pagado, ahora para comprar 12 vehículos tipo pick up doble cabina, 3 camionetas doble tracción, 38 motocicletas, 2 vehículos utilitarios, y un camión de carga ligera con capacidad hasta de tres toneladas. Uno de esos vehículos es el que actualmente utiliza Asturias, confirmó Juan Manuel Rodríguez, secretario municipal de Antigua, en una entrevista concedida a ConCriterio, en la que inicialmente iba a participar el alcalde pero declinó a último momento. 

La devolución del dinero y compra de vehículos, según la CGC, no tiene sustento legal. Es una evasión de la Ley de Contrataciones por parte de la municipalidad, ya que al no hacer una licitación pública no puede ser transparente, ni fiscalizada.

En respuesta, la Municipalidad señala que si se tuvo que corregir es porque el proceso administrativo no se cumplió de la forma en que lo dictó el Concejo Municipal y que «se rectificó para no incurrir en una ilegalidad». El desarrollador, asegura la comuna, debió hacer el pago en especie desde el principio.

Una segunda denuncia fue la que interpuso el INAB, en junio de este año, tras corroborar que los desarrolladores incurrieron en tala ilícita del bosque natural en un área de 0.80 hectáreas (8 mil metros cuadrados). Precisamente lo que advirtieron los pobladores.

Por solicitud de la población, la Conred también inspeccionó la obra y señaló que, por la magnitud de la misma y las características del terreno «particularmente las pendientes pronunciadas de la ladera, pueden generar condiciones de riesgo, al no implementar adecuadamente obras de mitigación».

El Ministerio de Ambiente también hizo eco a la insistencia de los vecinos. En un primer intento de evaluación no les permitieron el acceso. La segunda vez, el 12 de febrero, verificaron el cumplimiento de los compromisos ambientales.

En 17 páginas confirma que no hay un dictamen emitido por el CNPAG, ni licencia para la administración de hidrocarburos para un tanque de más de 1 mil galones que no declararon en el proyecto original. 
Hay otras modificaciones importantes no mencionadas cuando tramitaron la licencia, como que ya no construirán 240 pozos de absorción que deberían mitigar el agua acumulada. El informe concluye que Casa Icatú incumple con varios de los compromisos ambientales establecidos, por tanto, debe gestionar un nuevo instrumento ambiental ya que «está sufriendo modificaciones». Para los vecinos el proyecto debería estar suspendido. 

Luego de esta verificación e informe, Casa Icatú no logró desvanecer estos hallazgos y su licencia ambiental quedó suspendida (descarga aquí la resolución). 

Al tener conocimiento de Casa Icatú, el conservador de la Antigua Guatemala, Javier Quiñónez, también tuvo algunas preocupaciones en torno al impacto ambiental, visual y vial del proyecto. Estas inquietudes las comunicó a la Junta Directiva del CNPAG, presidido por el alcalde. Ahí toman las decisiones finales. 

«La posición que tengo es difícil porque soy el representante legal de la institución (CNPAG), soy el secretario de la Junta Directiva, pero no tengo voto en la toma de decisiones y eso hace que el puesto sea complejo», declaró en una entrevista a Plaza Pública. 

Como único requisito al proyecto el CNPAG solicitó a los desarrolladores establecer un convenio arqueológico para evaluar si en el terreno había algún tipo de vestigios importantes. La investigación sigue vigente y hasta el momento «han aparecido restos de utensilios prehispánicos, de cerámica, principalmente. Desde el punto de vista arqueológico, no hay nada de relevancia como para decir que debemos parar el proyecto», asegura Quiñónez. 

Mientras esa exploración arqueológica no concluya, el CNPAG no puede emitir un dictamen. Sin embargo, la construcción arrancó desde inicios de este año y lleva meses en ejecución. 

Si el proyecto cambia, todo cambia

En la normativa de protección ambiental, todo proyecto que pretenda ejecutarse necesita un Estudio de Impacto Ambiental. En el proceso debe obtener el aval de la comunidad, explica Raúl Maas, Ingeniero Agrónomo en Recursos Naturales del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar. 

La aprobación debe venir de las comunidades que serán afectadas, tras una consulta previa, libre e informada sobre las características del desarrollo. Así lo establece la normativa. Sin embargo, según Maas, en la práctica son tergiversadas. 

De ser así, lo que ocurrió aquella tarde frente a la fachada de la iglesia en San Cristobal El Bajo pierde sentido. «Si hay un cambio y es sustancial, deben presentar otro estudio», recalca Maas.

El día que los representantes de Casa Icatú llegaron a la comunidad de San Cristóbal El Bajo, lograron obtener de los vecinos un acta firmada que posteriormente la empresa utilizó como argumento ante las autoridades municipales para obtener la licencia de cambio de uso de suelo. El documento «detalla la aceptación de lo expuesto por los desarrolladores del proyecto Casa Icatú, razón por la cual el acta está firmada por la mayoría de vecinos», señaló el arquitecto Obiols en un documento dirigido a la Oficina de Control Urbano de la Municipalidad de Antigua. 

La reunión es recordada como un breve acercamiento, pero los vecinos aseguran que no le dieron un aval al proyecto sino que vieron con buenos ojos el ofrecimiento de una cancha para uso de la comunidad. En ese momento, insisten, la información era escasa y no estaba claro el costo de ese polideportivo. 

Los reclamos tuvieron eco, pero también consecuencias

La mañana del 31 de octubre del año pasado, autoridades comunitarias de San Cristóbal El Bajo interrumpieron una reunión del Concejo Municipal en la que se pretendía aprobar el proyecto Casa Icatú. Tras los cuestionamientos y molestia de los vecinos, ese punto ya no se abordó. 

Ese día por la tarde, ocho vecinos fueron denunciados ante la Fiscalía de Sacatepéquez del MP por el delito de tráfico de influencias. El denunciante es un abogado al que no conocían, Jorge Alejandro Pinto Ruiz.

Según Pinto Ruíz, los denunciados «cometen delito de tráfico de influencias de manera personal». La denuncia señala que «valiéndose de los cargos que poseen al amparo de la Ley de Consejos de desarrollo Urbano y Rural influyen en los funcionarios municipales, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad y en especial con su amistad con el alcalde municipal Juan Manuel Asturias Sueiras». 

El argumento es inverosímil, el alcalde no ha atendido a los comunitarios y tampoco ha respondido los requerimientos enviados por escrito.

«Sabemos el riesgo que conlleva hacer oposición pero es lo que la ley nos demanda, no podemos omitir los daños que están haciendo», insiste Jonás. 

La empresa también tomó acciones legales contra Sonia Gutiérrez, la diputada que fiscalizó el proyecto y presentó una denuncia contra el alcalde y autoridades municipales. Solicitar información sobre el desarrollo y citar a las autoridades implicadas en la aprobación le trajo una querella interpuesta por la representante legal de Casa Icatú, Gloria Morales Aguilar. La acusan de calumnia, injuria, difamación, desprestigio comercial, abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la constitución. 

«Según ellos todo este proceso se hizo abusando, yo como diputada, de esa investidura política que tengo y para ellos son falsos los argumentos que he presentado y esto ha generado pérdidas económicas por ese desprestigio», explica. 

Aunque la diputada no se ha reunido con representantes de la empresa, ni presentó acciones legales contra el proyecto, sino contra las autoridades municipales, fueron ellos los que respondieron con una demanda que, en palabras de Gutiérrez, pone en riesgo la función fiscalizadora que tienen todos los diputados. «Sería un precedente garrafal… quieren demostrar el poder que ellos tienen, que es económico y generar algún nivel de intimidación o pretender callar a los que hemos alzado la voz», concluye.

«El proyecto está vendido»

Después de aquella reunión en la que tres representantes de Casa Icatú se reunieron con la comunidad de San Cristóbal El Bajo, frente a la fachada de la iglesia, vecinos y desarrolladores se volvieron a encontrar el 10 de junio de este año, 15 meses después. 

Ocurrió en la sede de la gobernación departamental de Sacatepéquez. Por mediación de la gobernadora Angelina Aspuac, se sentaron frente a frente para discutir las preocupaciones y señalamientos al proyecto. 

Rafael Obiols y Luis Felipe Valdéz acudieron a la reunión.

«Creo que hay mucha malinformación», aseguró Obiols al escuchar los desacuerdos de los vecinos. El arquitecto señaló que todos los trabajos se basaban en estudios y análisis técnicos (estudio de suelos e hidrología). «Nosotros no vamos a hacer un proyecto aquí que representa un riesgo para nosotros mismos, el proyecto está vendido», dijo Obiols.

«No es el primer proyecto que hacemos, tenemos una larga historia en proyectos de desarrollo tanto en la capital como afuera y gracias a Dios nos caracterizamos por hacer las cosas bien», agregó el arquitecto a cargo. También sostienen que no han incumplido normativas.

A finales de 2023, Casa Icatú vendió la totalidad de sus lotes en tres meses. La venta se realizó de forma confidencial y hasta la fecha toda información relacionada con precios, tamaño y características de las propiedades, fecha de entrega y demás detalles son confidenciales. 

Desde el 11 de agosto, Plaza Pública solicitó vía correo electrónico, telefónica y por medio de una carta entregada a Terrum Desarrollos un espacio para atender cuestionamientos en torno a este proyecto. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta. 

La promesa incumplida del POT

Antes de tomar posesión, Juan Manuel Asturias  concedió una entrevista a Plaza Pública en la que dijo que aprobar un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el primer año de su gestión era una de sus metas. Sin embargo, para la realización de este reportaje canceló la entrevista 24 horas antes y la delegó.

El ofrecimiento fue determinante para ganar el voto de los antigüeños, según Suzanne Brichaux, vecina de Antigua Guatemala. «Ganó porque una de sus promesas era justamente el compromiso que había con defender el territorio y el bienestar de los vecinos actuales y con ello echar a andar el POT», recuerda. A la fecha, no sólo no ha sido aprobado, sino que se han otorgado licencias y permisos a proyectos como Casa Icatú, que implican un impacto grande a nivel ambiental, social, vial, entre otros.

El 8 de agosto de 2024, vecinos y líderes locales de Antigua Guatemala presentaron una petición a la corporación municipal en la que solicitaron «suspender temporalmente las aprobaciones de toda nueva licencia de cambio de uso de suelo y/o proyecto urbanístico de alto impacto conocidos como -PROUS- por el período de tiempo que considere pertinente para la implementación y publicación en el diario oficial, del Plan de Ordenamiento Territorial». 

Esto no sucedió.

Plaza Pública solicitó una entrevista con el alcalde Juan Manuel Asturias. Sin embargo, declinó y designó al secretario municipal, Juan Manuel Rodríguez, quien a último momento no se presentó a la entrevista. Ángel Ramírez, en calidad de secretario de Gestión Estratégica, atendió las consultas.

«Tenemos un marco normativo vigente y es la norma que tenemos que cumplir, no podría negarse la administración a aprobar un proyecto porque no existe el POT. Ahora seguimos los reglamentos que la ley establece», explicó sobre la aprobación de proyectos de gran impacto.

La municipalidad sostiene que Casa Icatú cumplió con los requisitos en ley. «No podría calificarlo como una anomalía (que no haya dictamen favorable del CNPAG), tenemos claro el rol de la municipalidad en la licencia de cambio de uso de suelo. Así es como se maneja en el resto de proyectos. El CNPAG emite licencias sobre el proceso de construcción de viviendas, no sobre el proceso de licencia de cambio de uso de suelo», aseguró. 

El 8 de julio, el MARN emitió una resolución a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales mediante la cual suspendió la licencia ambiental al proyecto Casa Icatú, tras confirmar una serie de incumplimientos ambientales en la ejecución del proyecto. 

En respuesta, a través del Juzgado de Asuntos Municipales, la Municipalidad le dio un plazo de cinco días a la empresa para pronunciarse por escrito y ejercer su derecho de defensa. Al no contar con licencia por parte del MARN, la municipalidad podría proceder con la suspensión de las licencias otorgadas.

Sobre la carretera que lleva a San Cristóbal El Alto, el paisaje es abrumador para los vecinos. Sus acciones siguen, pero el proyecto también. Juan Domingo Pérez, residente de Antigua, observa desde las alturas y señala el terreno que ocupa Casa Icatú. 

Sus palabras resumen el sentir de gran parte de la población de Antigua que desde hace casi 10 años ha exigido la aprobación de un POT para garantizar que la ciudad siga creciendo sin generar más desigualdad y contrastes sociales.

«Todo esto, queramos o no, se va llenar de viviendas, no hay nada que lo vaya a detener». Dentro de 10 años, continúa, «ya no va haber un espacio que no tenga vivienda. Lo que pediría a las autoridades es que eso lo hiciéramos de forma ordenada, que no sea un crecimiento desordenado, sino que traiga bienestar». 

Lo que dice Pérez es cierto. Incluso si llegaran a frenar Casa Icatú, allá en El Bajo ya inició el trámite para construir un McDonald’s, la antesala de otro proyecto urbanístico en la aldea. Efraín Márquez, el presidente del Cocode, anuncia que también estarán muy al tanto de que cumplan la ley. Quizás también los denuncien ―otra vez―, de cualquier forma «tenemos un compromiso, un alto aprecio al territorio», dice.