Agua: ¿insumo productivo o ser vivo?; choque de visiones alarga proceso de ley
Agua: ¿insumo productivo o ser vivo?; choque de visiones alarga proceso de ley
La tan esperada propuesta de Ley de Aguas no llegó al Congreso en 2025, como se esperaba. Tras seis meses de diálogo en 13 territorios y luego de más de 120 propuestas, el viceministro del Agua, Jaime Carrera, explica que abrir espacios de diálogo entre sectores con posturas históricamente antagónicas fue prioritario.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) tiene ya un borrador de la iniciativa de Ley de Aguas. En su contenido resalta la posible creación de una Superintendencia del Agua, con carácter descentralizado y autónomo, encargada de financiar y operar plantas de tratamiento, una obligación hasta hoy eludida por las municipalidades, aduciendo falta de recursos.
Jaime Carrera, viceministro del Agua, conversó con Plaza Pública para evaluar lo ocurrido durante el proceso de diálogo desarrollado el año pasado. La necesidad de escuchar a actores con visiones opuestas, precisó Carrera, les obligó a ser «flexibles» con el cronograma inicial y alargar para 2026 la discusión legislativa del proyecto.
―Según el cronograma inicial del MARN, el presidente presentaría al Congreso a finales del 2025 la iniciativa de Ley de Aguas, y el Congreso pasaría de inmediato a discutir su importancia y constitucionalidad. ¿En qué etapa se encuentran?
―En el diseño inicial, en efecto, estaba planeado que el presidente hubiese presentado ya al Congreso de la República una iniciativa de ley, pero el proceso nos dio la pauta de que requerimos un poco más de tiempo, sobre todo en la etapa del diálogo y recepción de propuestas territoriales y sectoriales. Eso hizo que alargáramos las rondas presenciales, pues estaban pensadas para superarse en cuatro meses y se ampliaron a seis meses.
En ese sentido, intentamos responder a los requerimientos que nos hicieron llegar desde los sectores y los territorios. Estábamos claros de que era un proceso desafiante en términos de tiempo y de intensidad de trabajo. Afortunadamente, creo que pudimos desarrollar las dos rondas en 13 puntos del país, que implicaban una reunión con el sector productivo, otro encuentro con el de pueblos indígenas y autoridades ancestrales y, en la segunda ronda, uno adicional con organizaciones sociales, incluidos también representantes de municipalidades y concejos municipales.
Implementamos todo un proceso de diálogo con diferentes espacios del sector privado y, de alguna manera, creo que fue el elemento más determinante en el atraso, como le llamaste. Yo le llamaría, más bien, flexibilidad del proceso para asegurarnos que respondemos a estas demandas ciudadanas y sectoriales. Recibimos casi 120 propuestas de contenidos de Ley de Aguas, lo cual yo creo que ilustra la importancia social que se le da a este tema.
―Como parte de la iniciativa, ustedes han dialogado con múltiples actores, a veces antagónicos, como pueden ser el sector campesino, agroindustrias e industrias extractivas, ¿hay alguna postura que les haya sorprendido en particular o que valga la pena destacar?
―Yo creo que todos son actores con intereses diversos en el agua y, en algunos casos, con visiones, si no opuestas, sí conflictivas entre sí. Construir esta ley también significa acercar dos mundos y dos visiones diferentes alrededor del agua. Hay una visión un poco más utilitarista, en donde el agua es más un insumo productivo, y otra visión donde el agua es un ser vivo, un sujeto de derechos. La ley debe, a partir de esas visiones, proveer un marco normativo que beneficie a todos desde su propia identidad y sus propios requerimientos.
En ese sentido, un punto importante de hacer notar es que, independientemente de los sectores y de los territorios, el garantizar el ejercicio del derecho humano al agua ha sido un tema prioritario. Estamos claros en que debemos asegurarnos que las condiciones están dadas para que todos los guatemaltecos y guatemaltecas, todos los hogares y comunidades puedan tener acceso al agua en términos de cantidad y de calidad adecuadas. Luego, podría resaltar también la apertura y honestidad con que los diferentes actores han delineado sus propuestas. Hay disposición, en este caso del sector privado, de pagar y establecer cánones por el uso del agua y generar condiciones de sostenibilidad financiera para tener garantizadas mejores condiciones para la provisión del recurso. Eso sí, esto ha sido condicionado a que esos fondos sean reinvertidos en las cuencas y espacios en los que ellos están funcionando.
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Otro elemento tiene que ver con la necesidad de reconocer jurídicamente los modelos de administración y gobernanza alrededor del agua que, localmente, ya están funcionando. Eso es importante porque, especialmente desde el sector social, es evidente que hay muchos suministros o sistemas de abastecimiento de agua potable, algunos para riego y mini riego, que ya tienen sus propios acuerdos, sus propias normas y formas de entendimiento., La ley busca reconocer esos modelos de gobernanza de alguna manera.
Nosotros consideramos que los meses finales de 2025 no eran el momento más propicio para llevar esta ley al Congreso porque había discusiones que acaparaban la agenda legislativa. Entonces, quizá, el primer trimestre del 2026 sea un momento más adecuado para poder ingresar esta ley.
―Hablemos de la situación que hace necesaria una Ley de Aguas: alrededor del 90 % de los cuerpos de agua están contaminados, según el gobierno. Es una vergüenza nacional, ¿es posible revertir esta situación? ¿Cuál es la ruta?
―Uno de los elementos importantes que está planteando la iniciativa de ley es la posibilidad de que haya inversión en tratamiento de aguas residuales por parte del gobierno central. La institución que se está creando es la Superintendencia del Agua porque, efectivamente, creemos que las capacidades municipales, en muchos sentidos, todavía no están desarrolladas lo suficiente para poder hacer el tratamiento de aguas residuales de origen doméstico. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, por la presencia de coliformes fecales, y es preocupante porque implica problemas para la salud. Creemos que hay que dar una respuesta bastante contundente. Concentrar ese trabajo en una institución con mayor especialización, con suficiente capacidad de inversión y capacidades técnicas, puede ser importante para darle sostenibilidad. Con los cambios de gobierno municipal hemos encontrado muchas plantas de tratamiento tiradas. Eso significa inversión que no está siendo efectiva.
―¿En qué situación quedaría la regulación que obliga a las municipalidades a crear sus plantas de tratamiento? ¿Se le seguirá apostando a esa norma, o se le apuesta a lo que se dispondrá en la Ley de Aguas?
―Estamos evaluando algunos criterios que permitan hacer inversiones desde el gobierno central. Eso no necesariamente va a aplicar para todas las municipalidades, es un poco el planteamiento que estamos intentando ajustar y delinear con mayor precisión. Hemos visto que, en la mayoría de los países, las inversiones y la construcción de infraestructura generalmente es competencia de alguna agencia del gobierno central y no de las municipalidades, pero ese es uno de los puntos que todavía estamos resolviendo dentro de la iniciativa.
―Entiendo que ustedes han encontrado razonables los argumentos que han tenido actores como la Anam, en el sentido que aducen no tener recursos suficientes para implementar plantas de tratamiento. Y, sobre esa línea, le pregunto sobre desechos sólidos. En este caso, la Anam también se opuso al reglamento que buscaba una gestión adecuada y luego la norma se declaró inconstitucional, ¿qué consecuencias tendrá este fallo?
―Aquí hay varios elementos que competen al sistema de tratamiento de aguas residuales y a la gestión de desechos sólidos. Primero está la cuestión de los fondos, y el otro es un tema de terrenos que es importante porque la infraestructura tendrá que estar construida en terrenos estatales o municipales.
También se trata de operación y mantenimiento. A nosotros nos preocupa mucho el hecho que no hemos construido un relleno. Construimos vertederos, espacios donde se va a tirar la basura, y eso genera incendios y vectores de enfermedades.
También estamos evaluando el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Muchas no están en operación, y, las que hemos evaluado recientemente en algunos territorios, no están cumpliendo con los estándares ambientales. Hay una complejidad que implica, en definitiva, trabajar de manera colectiva para asegurarnos que, por un lado, no impactemos el medio ambiente y, por otro, no generemos problemas para la salud y se facilite el bienestar, la recreación e incluso actividades económicas alrededor de los territorios.
Hemos estado promoviendo mucho el trabajo mancomunado. Gestionar un relleno sanitario de forma municipal va a ser muy costoso y difícilmente asumible por una municipalidad. Tiene más sentido si un grupo de municipalidades trabaja estratégicamente, generando economías de escala y volúmenes que permitan hacer algún tipo de negocio con empresas que quieran reciclar, pero que generalmente solicitan y demandan un cierto volumen.
Son oportunidades de negocios que necesitamos ir diseñando, pero que necesitan respuestas coordinadas.
En el caso de residuos sólidos, el primer paso fundamental, sin el cual ninguna de las estrategias que queramos nosotros empujar va a poder funcionar, es la clasificación de los desechos. Eso va a requerir un cambio de cultura que, como decimos, debía darse desde el inicio.
―Sé que han tenido dificultades para investigar la contaminación en cuerpos de agua. En una gira del Proceso Nacional del Agua, la ministra comentó que, en administraciones anteriores, no se contaba con equipo necesario para medir calidad de agua. ¿Se ha adquirido ya este equipo? ¿A cuánto asciende la inversión?
―Las capacidades del ministerio estaban concentradas, sobre todo, en poder analizar los 21 parámetros del reglamento de aguas residuales. Son parámetros muy específicos para el tema de vertidos y se nos escapaba la posibilidad de poder hacer otros análisis de contaminación o de calidad de agua en general. Hemos ido generando los procesos para adquirir equipos nuevos, de alta tecnología, que nos permita hacer algunos análisis adicionales que nos parecen importantísimos en la coyuntura actual. Estamos hablando de equipo para hacer análisis de microplásticos, pues los ríos han sido muchas veces utilizados como vertederos. En otros países, se ha identificado que los microplásticos están llegando a mucha biodiversidad como peces, tortugas y aves, pero también hay indicios de que está llegando a incorporarse a los seres humanos y eso tiene implicaciones importantes.
El otro tiene que ver con lo que llamamos contaminantes persistentes en el agua, muchos de estos provenientes del uso de agroquímicos, pesticidas, herbicidas, fertilizantes y vertidos industriales. En los próximos meses, estaremos alcanzando una inversión de alrededor de 10 o 12 millones de quetzales en equipo.
―Si históricamente no se contaba con este equipo para hacer análisis indispensables, ¿no estaba el ministerio incumpliendo sus obligaciones básicas? ¿Hay una omisión de responsabilidades?
―Sí, tiene que ver con la parte de visión. Los esfuerzos de medición de calidad de agua se habían centrado en el acuerdo gubernativo 236-2006, que es el que norma los estándares de vertidos, pero se había descuidado el análisis de calidad de agua. No voy a decir que fue equivocado, pero sí muy limitado.
―Con el tiempo que llevan ya en la cartera, ¿quiénes consideran que son los actores con la mayor cuota de responsabilidad en la degradación de cuerpos de agua? ¿Pueden nombrarlos a estas alturas?
―Con datos todavía no, porque no hemos hecho los monitoreos. Hemos adquirido algún equipo, pero lleva todo un proceso de calibración, de métodos, que nos va a permitir asegurar que, finalmente, el monitoreo y el análisis que estamos haciendo es adecuado. Pero los contaminantes a los cuerpos de agua suelen ser diferentes en todos los territorios. Por ejemplo, hay cuencas, sin generalidades, con mucha presencia de monocultivos de exportación que tienen sus implicaciones. Otras, que tienen más una producción agrícola. Recuerdo algunos estudios en Atitlán, cuando la cianobacteria apareció, y se vinculó el aporte de nutrientes de productos de subsistencia al lago, que implican condiciones habilitantes para que la cianobacteria pudiera reproducirse. En algunas otras, hemos encontrado mucha presencia de industria pequeña y artesanal de vestimenta, en donde hemos tenido que lidiar con el tema de la conflictividad, incluso a veces entre comunidades o entre municipios.
Si uno piensa en el Motagua, toda la parte norte metropolitana es de los grandes aportadores de contaminantes de tipo doméstico e industrial, dada la conexión de la industria al alcantarillado y los drenajes. Entonces, sí creo que es diferenciado.
―¿Más o menos cuándo podrían tenerse resultados y datos concretos que permitan plantear denuncias?
―Yo creo que a finales del próximo año ya vamos a estar en esa capacidad. Otro elemento importante que no se había desarrollado en el ministerio son los índices de calidad de agua de los diferentes cuerpos de agua. Es la línea base que permite entender cómo se encuentra un río, para luego determinar en qué medida existen, o no, variaciones en la calidad. Hemos trabajado todo este año en la metodología de cálculo de estos índices. Hemos tenido apoyo de diferentes instituciones y de expertos internacionales. En este momento ya estamos calibrando un primer índice para un cuerpo de agua, dentro del área metropolitana, y esperamos el próximo año trabajarlo, por lo menos, para otros cinco cuerpos de agua.
―Usted proviene de la academia, específicamente del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar. ¿Qué lecciones le ha dejado el salto de lo académico a lo gubernamental?
―Una primera lección es que la complejidad de la función pública es grandísima. Lo voy a poner en estas palabras: es más fácil hacer propuesta desde afuera que mover propuesta desde adentro. Desde adentro, implica someterse de manera directa a la necesidad de articularnos con los actores. Creo que es importante hacer notar que las propuestas técnicas no necesariamente son las mejores soluciones políticas, hablando desde la posibilidad de llegar a acuerdos con los diferentes sectores.
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Y en ese sentido, yo resaltaría que, desde la función pública, es importante ser puente, permitir que visiones se vayan acercando, que las posturas puedan movilizarse, quizá desde puntos polarizados o radicales, hacia un centro que permita avanzar a todos.
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