Agua: sectores definirán ley… y futuro de estabilidad social
Agua: sectores definirán ley… y futuro de estabilidad social
Aunque saltando de septiembre a febrero, y luego a marzo, es inminente el inicio de las discusiones en busca de confeccionar una propuesta de ley hídrica que llegue al Congreso con la fuerza del consenso. Funcionarios públicos, cámaras empresariales, grupos sociales y expertos académicos, entre otros, coinciden en la necesidad de dialogar. Sin embargo, las aguas están revueltas.
Si se aprecia muy de lejos, el lago de Amatitlán parece un apacible y bello espejo azul. Pero, en la medida en que alguien se acerca, nota las aguas grisáceas y densas. Y, desde sus orillas, se ven las manchas de espuma, basura diversa que flota y hasta se percibe ese olor a podrido, propio de la descomposición y la toxicidad.
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De la mano del crecimiento industrial y urbano en las cercanías de sus cuencas, de 1970 a la fecha se intensificó la contaminación en ese atractivo turístico. ¿La razón? Se incumplieron, de forma constante e impune, varias leyes y reglamentos vinculados con aguas residuales, disposición de lodos, mejora ambiental, conservación de vida silvestre y códigos ediles, entre otros.
Municipalidades, industrias y empresas, entidades públicas y pobladores en general, por acción u omisión, permitieron que el lago ahora solo sea un presagio maloliente de lo que puede ocurrir a nivel nacional con el recurso hídrico.
Vale la pena recordarlo porque a partir de este mes, esos mismos sectores se reunirán para dialogar y ponerse de acuerdo en una propuesta de Ley de Aguas, instrumento legal del que depende no solo un lago -que también podría salvarse-, sino la seguridad hídrica del territorio, el futuro del desarrollo económico y, en buena medida, la estabilidad social del país.
La fecha exacta no es oficial, pero en la cartera de Ambiente prevén discusiones entre marzo y junio, para tener lista la iniciativa en septiembre.
El proceso arrancó en agosto pasado, cuando el gobierno de Bernardo Arévalo creó el Gabinete del Agua y convocó a un diálogo pro iniciativa de ley, no sin antes recordar que el 90 % de los cuerpos de agua del país están contaminados.
Los intentos por aprobar esta normativa vienen «desde el gobierno de Ydígoras Fuentes» (1958-1963), y se estima que más de doce propuestas fracasaron en los pasados 40 años.
La buena noticia de 2025: la mayoría quiere, por ahora, sentarse a la mesa negociadora.
Entusiasmo en el Ejecutivo y Legislativo
El sector público encabeza al grupo de los más animados y convencidos de que el diálogo abierto es posible y los acuerdos están al alcance para llevar al Congreso una propuesta consensuada.
Karin Herrera, vicepresidenta de la República y responsable del Gabinete del Agua, adelanta que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentará próximamente un plan de trabajo para cumplir con dos objetivos clave: la Política Nacional del Agua y la Estrategia Nacional de la Gestión Integrada del Agua.
La encargada del MARN, Patricia Orantes, recuerda: «Guatemala es el único país en Centroamérica sin una política hídrica, Ley de Aguas, ni un plan nacional para la gestión integral del recurso hídrico, lo que ha resultado en un marco normativo fragmentado y poco coherente».
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Ella dice ser consciente de que la escasez de líquido genera angustia en la población y amenaza los derechos fundamentales como acceso al agua y alimentación, con riesgo para la agricultura de pequeños y medianos productores.
En esa línea, la diputada Karina Paz, del partido VOS, se muestra esperanzada porque el año pasado se aprobaron tres decretos ambientales relacionados con gestión forestal sostenible, actividad chiclera y protección de la cuenca del lago Petén Itzá. Cree que se pueden aprobar otras de las 12 iniciativas ambientales que siguen en trámite, incluida la de aguas.
Fidencio Lima, presidente de la Comisión de Ambiente el año pasado y miembro de Viva, apoya estos diálogos porque recuerda las dificultades que enfrentan los agricultores y las familias que consumen agua contaminada en Chisec.
Un ambiente favorable percibe también el diputado de Semilla, Luis Ventura, pues varios legisladores actuales han sido alcaldes y, según su criterio, entienden la necesidad urgente de un instrumento de este tipo, dada la crisis de escasez y mala calidad de agua que padecen las comunidades.
Alcaldes prefieren callar
Los alcaldes del país, aglutinados en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), que preside el jefe edil de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, optaron por no referirse al tema del diálogo que está por empezar.
Plaza Pública realizó diversos intentos por conocer la postura de esa organización, pero su Junta Directiva se limitó a decir que su prioridad actual es el manejo adecuado de la basura.
En el tema de los desechos, con Siero a la cabeza, la Anam accionó en contra en la Corte de Constitucionalidad (CC), aunque sin éxito. Sin embargo, el recurso que también interpuso en el caso de las aguas residuales frenó las medidas del MARN que buscaban la puesta en marcha de plantas de tratamiento.
La CC, al dar la razón a Siero, consideró necesario evaluar la proporcionalidad de las obligaciones con las posibilidades económicas de las comunas, el derecho al desarrollo de las municipalidades, la viabilidad de las obras y la protección de los derechos colectivos.
La falta de compromiso de la dirigencia de la Anam es advertida por los empresarios, pueblos mayas y académicos, que piden involucrar a las alcaldías como primeras responsables de cumplir los reglamentos ambientales y las señalan de no involucrarse oportunamente en temas como el del agua.
Además, centros especializados como el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar, aseguran que incumplen normativas ediles, como el Código Municipal (2002), un reglamento de aguas residuales (2006), un manual general para descargas (2008), un reglamento de normas sanitarias (2009) y un manual de vigilancia y control de calidad (2013).
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El propio Ministerio de Ambiente equipara a la Anam con el Ministerio Público, pues no atienden las denuncias interpuestas en el tema hídrico, lo cual abona en la anarquía que prevalece.
Empresarios, al diálogo con peros
El sector empresarial es como aquel que aprecia el lago, pero no a tanta distancia. Así, valora su belleza, pero puede ver las «aguas grisáceas».
La postura gremial es clara y unificada, como lo prueba el hecho de que dicen a coro que no quieren comentar mucho del tema porque aún no arrancan los diálogos. Pero no desaprovechan la ocasión para marcar el terreno.
Al Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) le preocupa quién administrará o regulará el uso y tenencia del agua y las fuentes hídricas. También subraya que debe respetarse la propiedad privada.
Las cámaras empresariales más vinculadas con el tema, como la de Industria, del Agro y de la Construcción, apuntan observaciones como que la aplicación de los reglamentos se dirija a todos los involucrados; que si bien las actividades agroindustriales tienen un alto consumo de agua también aportan el 30 % del PIB al país, y que la Ley de Aguas es de sumo interés para los constructores.
¿Quién consume y contamina más?
Ese “alto consumo” al que se refieren los agroindustriales adquiere mayor relevancia cuando los científicos advierten que la disponibilidad del agua en Guatemala, en apariencia suficiente, se reduce a la mitad en temporada seca.
El gobierno actual adelanta que no negará el derecho al agua a las distintas cadenas de valor, y reconoce que los pueblos originarios han conservados bosques y agua. Pero también advierte que debe terminarse con los privilegios y la exclusión.
La industria manufacturera, particularmente la agroindustria, encabeza la lista de consumidores, utilizando el 37.5 % del agua (con datos de 2010), y le sigue el riego agrícola, con 29.4 % (caña de azúcar, palma africana y banano). Los hogares, a la cola, representan solo el 2.3 % del uso.
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Y de la mano del alto consumo también llega la alta contaminación. Una de las principales fuentes es la descarga de aguas residuales sin tratamiento en cuerpos de agua (comunas sin plantas de tratamiento o con plantas obsoletas, o industrias que por falta de control o negligencia descargan sus aguas con químicos tóxicos y metales pesados).
Alrededor de dos tercios del agua utilizada en procesos productivos y consumo retorna al sistema natural, pero a menudo en forma contaminada.
De este retorno contaminado, el 62.8 % proviene de la agroindustria y solo el 3.3 % viene de los hogares. En este último porcentaje se sabe que el 53 % de la población está conectada a una red de drenaje, pero apenas el 5 % de estas aguas recibe algún tipo de tratamiento antes de ser vertidas en cuerpos de agua, y la responsabilidad, de nuevo, es de las municipalidades.
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Academia, cautelosa, espera más que una ley
Los investigadores ambientales son parecidos a quienes se acercan a las orillas del lago de Amatitlán. No se conforman con el paisaje y ahondan en las razones científicas por las que surgen la espuma y los desechos flotando.
Con las nuevas autoridades del Ejecutivo, el Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA), de la Universidad Rafael Landívar, percibe «una chispa de esperanza» al mostrar un interés por priorizar el tema hídrico, pero advierte que consensuar una propuesta y aprobar una Ley de Aguas no es la única solución.
Juan Pablo Castañeda, su director, pide que leyes y reglamentos que ya existen se cumplan. Dicho esto, cree que hay una oportunidad para mejorar la gestión hídrica en un contexto de cambio climático, en el que se proyectan más reducciones de disponibilidad del agua en un inexorable camino «a un punto de no retorno».
El IARNA sugiere establecer una priorización de los usos del agua a nivel territorial, para planificar y regular su aprovechamiento, promover el uso más eficiente y reducir la contaminación.
Darío Monterroso, del Instituto de Investigación y Desarrollo Rural de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), es de la misma opinión de la ministra Orantes acerca de que la Ley de Aguas es un compromiso constitucional intencionalmente olvidado.
«El pueblo de Guatemala cree que las entidades estatales relacionadas con el agua han conspirado con empresas e individuos que utilizan este recurso sin costo, ni regulaciones», subraya.
El académico cree que no se trata solo de la falta de progreso en gobiernos anteriores para aprobar la ley citada, sino de la percepción de que no ha existido voluntad y la sugerencia de complicidad con quienes buscan reducir sus gastos de producción y aumentar sus utilidades mediante la sobreexplotación del agua.
Como lo hace Castañeda, la investigadora Melany Ramírez, de la Universidad del Valle de Guatemala, considera importante resaltar el interés del gobierno actual en el tema.
Añade que el Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad y el Observatorio Económico Sostenible, ambos de esa casa de estudios, han tenido reuniones en la plataforma de Alianza por el Agua, un espacio interinstitucional en el que participan diversas organizaciones, incluida la cartera de Ambiente.
Pueblos mayas desconfían y advierten
Sentir de frente el olor de las aguas podridas del espejo amatitlaneco y entender que en sus profundidades la falta de oxígeno es sinónimo de muerte, deja poco espacio para el optimismo.
Esa sensación de desesperanza también envuelve a los pueblos originarios de cara al inicio del diálogo en busca de una Ley de Aguas. No descartan participar, pero su desconfianza con las contrapartes es marcada.
Francisco Mateo, vocero del Consejo de Pueblos Mayas (CPO), que integra a más de 20 comunidades del país, recuerda que en la Cumbre Plurinacional del Agua de 2023 acordaron que se necesita un mandato legal sobre el agua, pero las cámaras empresariales han frenado la discusión entre presiones internas y externas que procurar la mercantilización.
Una Ley de Aguas ayudaría, pero lo ideal es una solución de largo alcance, como el proyecto político plurinacional que ellos promueven.
Además, advierte que, si bien hay voluntad política en este Gobierno, necesitan conocer el primer borrador de la ley, porque solo así sabrán si recoge sus demandas. Y el Congreso deberá respetar los acuerdos, o bien accionarán para impedir que se apruebe la herramienta legal.
La ministra de Ambiente ha reconocido que el 76 % del agua domiciliar en el país es autogestionada por modelos colectivos, especialmente indígenas, y que ese porcentaje sube a 85 % en el área rural. También adelantó que el objetivo es que la institucionalidad que se cree con la Ley de Aguas respete esos derechos.
Fabricio Norato, comunicador de los 48 Cantones de Totonicapán, expresa una postura más radical que la del CPO, pues asegura saber que el sector privado del país ha tenido conversaciones con el Legislativo y la cartera de Ambiente, pero ellos no han sido tomados en cuenta.
Asegura que han entregado a los diputados sus posturas de rechazo a iniciativas de este tipo que solo buscan privatizar el derecho del agua. «Queremos presupuesto para acceso equitativo al agua, restauración del paisaje y medidas de uso sostenible. Queremos que nos escuchen», enfatiza.
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Con la excepción de la Anam, que prefirió quedar al margen en este reportaje, los poderes del Estado, las cámaras empresariales, los centros de investigación y los dirigentes comunitarios podrían recibir el Día Internacional del Agua, este 22 de marzo, sentados en la mesa de diálogo, paso ineludible si se quieren firmar consensos.
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Fertilizantes agrícolas, heces, detergentes, desechos industriales, nutrientes en exceso, algas descontroladas, cianobacterias, aguas sin oxígeno, muerte de peces y organismos acuáticos, olores fétidos, gases, toxinas…
Esas palabras identifican ahora mismo la realidad del lago de Amatitlán, pero también se extienden a la mayoría de cuerpos de agua del país. Ante ello, los expertos advierten que aprobar y hacer cumplir una Ley de Aguas puede ser la diferencia entre desarrollo y estabilidad social o una crisis humanitaria de consecuencias catastróficas.
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