En sus últimos días de gestión, el MP de Porras va contra trabajadores que se postularon a Fiscal General
En sus últimos días de gestión, el MP de Porras va contra trabajadores que se postularon a Fiscal General
La gestión de Consuelo Porras y su círculo de autoridades en el Ministerio Público (MP) utilizó traslados, destituciones y otras medidas laborales en contra de trabajadores que critiquen sus decisiones. Ante su inminente salida, movió piezas clave en la institución.
«Yo fui trasladado a más de 300 kilómetros de distancia en represalia por decir la verdad», dijo Francisco Eliseo Quiñónez, agente fiscal del MP desde el año 2002 y quien hasta el 28 de abril estaba asignado en la Fiscalía Metropolitana.
Quiñónez fue aspirante a Fiscal General en el proceso de 2026 y se presentó en la Comisión de Postulación para ser entrevistado y presentar su plan de trabajo. En esa exposición criticó la forma en la que la gestión de Consuelo Porras al frente del MP ha ganado certificaciones ISO (sobre estándares de calidad), amarrada a la evaluación de desempeño de los trabajadores, hizo que los auxiliares fiscales pasaran de ser investigadores «a digitalizadores de información para fortalecer el sistema ISO».
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La represalia en contra del abogado llegó a través de una notificación firmada por Dimas Jiménez y Jiménez. Fue el 28 de abril, el mismo día en que fungió como Fiscal General en funciones durante la jornada en que Porras estuvo ausente.
Plaza Pública confirmó que la situación de Quiñóñez no fue un hecho aislado, ya que el mismo día otro trabajador del MP que se postuló al proceso de elección de Fiscal General, Marco Antonio Cortéz Sis, también fue trasladado a kilómetros de distancia, un hecho que calificó como un «despido forzado» y un «castigo» por criticar a Porras y a su administración.
Tanto Cortéz Sis, como Quiñónez y otras tres personas entrevistadas confirman que el ambiente dentro del MP a días de que Porras y su cúpula dejen el cargo, es de temor, incertidumbre e incredulidad. Ángel Pineda, Secretario General de la institución y Jiménez y Jiménez dirigen los cambios de última hora, en los que no solo se busca afectar a quienes critican la entidad sino beneficiar a otros que obedecieron y han sido leales.
Esto ocurre cuando Porras está a pocos días de entregar el cargo, luego de ocho años en el MP, y que asuma Gabriel García Luna, fiscal general electo por el presidente Bernardo Arévalo, quien propuso en su plan de trabajo que el sistema de ascensos y traslados debe «ser transparente con reglas claras y utilizando cada una de las unidades de forma adecuada, cumpliendo con normas en el tratamiento del recurso humano».
A lo alto de una cordillera y a la orilla de un río
Marco Antonio Cortéz Sis tiene 71 años, 23 de ellos trabajando en el MP. En sus primeros cargos estuvo como agente fiscal de la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas y hasta hace una semana estaba asignado en la Fiscalía Metropolitana. El pasado 28 de abril, el día que Dimas Jiménez y Jiménez fungió como Fiscal General Adjunto, Cortéz fue citado a la oficina de Recursos Humanos del MP.
«Cuando me llamaron yo esperaba un despido», contó a Plaza Pública. «(En la entrevista ante la Comisión de Postulación) hice un diagnóstico de cómo se encuentra la institución y si lo interpretaron como un ataque, los datos allí están».
El abogado contó que al llegar a Recursos Humanos le notificaron que sería trasladado a la fiscalía en el municipio de Río Bravo, Suchitepéquez, ubicada a 131 kilómetros del edificio central del MP, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala. Para él más allá de un movimiento normal de personal esto fue «un despido indirecto». Actualmente el fiscal está suspendido por el IGSS y no ha asumido el nuevo cargo.
Así como con Cortéz, el abogado Quiñónez fue trasladado a Todos Santos Cuchumatán, un municipio ubicado en la Sierra de los Cuchumatanes en Huehuetenango.
«El traslado es fruto de actitudes abusivas de quienes detentan autoridad y no aceptan crítica constructiva, que se oponen al progreso y a un verdadero estado de derecho en nuestro país», dijo Quiñónez a Plaza Pública.
Similar al caso anterior, en la entrevista ante la Comisión de Postulación que evaluó a los aspirantes a Fiscal General, Quiñónez expuso lo que considera son malas gestiones en el MP, algo que le provocó «represalias para enviarme lejos y dejar claro el mensaje en el personal fiscal que quien sea digno y exponga la realidad nacional será removido del cargo o trasladado a lugares inhóspitos para procurar su renuncia».
En su crítica a la gestión del MP, Quiñonez dijo que «la justicia selectiva es una aberración jurídica porque perseguir penalmente a una persona solo porque opina, piensa o se opone públicamente a las incursiones del crimen organizado en las instituciones públicas es parte del crimen organizado y de la ausencia de un Estado de Derecho».
Un ambiente de miedo e incertidumbre
Fuentes a lo interno del MP consultadas por Plaza Pública señalan que desde que Porras empezó a ver cerrados sus caminos para ganar una magistratura en la Corte de Constitucionalidad y de reelegirse en un tercer período como Fiscal General, su cúpula de secretarios y asesores ha infundido un ambiente de miedo, incertidumbre e incredulidad.
«No se cree que esta gente abandone todo tan fácil», dijo uno de los consultados de forma anónima por temor a ser perseguido.
Desde que la Comisión de Postulación dejó a Porras fuera de la lista final de seis candidatos al cargo, han habido destituciones, nuevos nombramientos, traslados e incluso revocación de designaciones, un instrumento utilizado para mover a personal de confianza de la cúpula del MP en puestos clave.
«Dentro (de la institución) a que se cometan más abusos, como lo que hicieron conmigo, yo lo puedo vivir ahora porque estoy en la tercera edad, no tengo obligaciones económicas como otros que tienen que mantenerse para vivir», relató Cortéz Sis. El abogado habló específicamente de los traslados, pero también han ocurrido despidos injustificados y hasta persecución penal.
El pacto que utilizó Porras para amenazar
Aunque la situación no es nueva, sí ha escalado. Desde el año 2023 Plaza Pública reportó como Porras utilizó un Pacto Colectivo para amenazar a los trabajadores críticos de su gestión y acciones, entre ellas, el descontento interno entre una parte del personal que no estuvo de acuerdo con los intentos de anular las elecciones presidenciales que le dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo.
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En ese momento la administración de Porras monitoreaba las redes sociales de los trabajadores del MP y se mantenía un silencio interno. El Pacto Colectivo que si bien otorgó un bono adicional para el personal de la institución, también convirtió a todos en «personal de confianza», lo que implica que puedan ser despedidos sin tener que pasar por el proceso establecido para una destitución. Esto provocó demandas laborales individuales y colectivas en juzgados laborales, donde los afectados piden su reinstalación e indemnización.
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