Con 15 actas tachadas la alianza oficialista frenó por una semana las elecciones
Con 15 actas tachadas la alianza oficialista frenó por una semana las elecciones
Según esta investigación, la orden de la CC para revisar los resultados de las elecciones se basó en pruebas sin sustento. Plaza Pública analizó las 161 actas presentadas como prueba para alegar fraude, y solo 15 eran ilegibles. Como efecto colateral, se abrió la puerta para que nueve partidos políticos llevaran las elecciones generales a un camino peligroso. El fallo de la CC no fue explícito, pero las organizaciones presionaron a las juntas electorales para que se contaran de nuevo todos los votos, aunque estas no cedieron. La repetición de las audiencias de revisión terminaron sin cambios en los resultados, pero quienes señalan fraude insisten en que «no se cumplió» el amparo de la Corte.
Héctor Aldana, fiscal nacional del partido oficialista Vamos, llegó el 4 de julio al Parque de la Industria acompañado de hombres con trajes oscuros, entre ellos Víctor Valenzuela, secretario general y diputado electo. Se dirigieron al área donde estaba la Junta Electoral Departamental (JED) de Escuintla, que recién empezaba la audiencia para revisar las actas electorales impugnadas por nueve partidos.
Aldana, ex viceministro de Comunicaciones y también diputado electo, llegó a gritar que la CC ordenó abrir las cajas que contenían todos los votos del pasado 25 de junio, el día de la primera vuelta de las elecciones.
[relacionadapzp1]
Los gritos de Aldana llegaron después de la sorpresa de la primera vuelta: Bernardo Arévalo, candidato presidencial de Semilla, contrario a lo que apuntaban las encuestas, pasó a segunda vuelta junto a Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (Une). Cinco días después, nueve partidos en alianza llevaron los resultados a la CC, que ordenó la revisión de actas y abrió el espacio para que estos partidos afines al gobierno buscaran más que eso.
El diputado electo exigía que se cumpliera la orden de la CC tal como él la interpretaba, y no como debía ser, según le demostraron las personas a cargo de las juntas electorales. «¡Por la seguridad del proceso electoral es necesario hacer un nuevo conteo de votos! ¡Seamos objetivos y coherentes!», gritó Aldana. Detrás, otro fiscal vociferaba: «Si no están escondiendo nada, ¡abramos las cajas!». «Si Semilla supuestamente ganó, ¿cuál es el miedo?», cuestionó otro, también a gritos.
«Nosotros no tocamos papeletas», dijo firme la encargada de la junta electoral, Aura Palala Zepeda.
Minutos después, Aldana caminó unos metros para repetir la escena en otro de los cubículos, esta vez subió el tono a sus gritos contra la Junta Electoral de Sacatepéquez, donde la revisión de las actas impugnadas apenas empezaba. Así, en todas las mesas hubo presiones a las juntas por parte de Vamos y otros integrantes de partidos como Valor, de Zury Ríos y Mi Familia, que este año postuló como presidenciable al ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería.
Aldana insistía en que las actas que la alianza denunció eran solo «la punta del iceberg», de muchas otras supuestas irregularidades y advirtió que los integrantes de las juntas tendrían la «responsabilidad» de no acatar la orden de la CC, o más bien, su interpretación. El fiscal del partido Valor y también diputado electo con ese partido, Elmer Palencia, pidió a los fiscales regionales de esa organización que presionaran a las juntas electorales para cotejar las actas en las que tenían dudas sobre el registro.
Esta investigación y los resultados revisados demuestran que tal iceberg no existió.
Durante la revisión de actas en Escuintla, en la que estuvo presente Plaza Pública, uno de los fiscales de Valor pidió el cotejo de cuatro documentos, la Junta aceptó la revisión, el resultado no varió. Su reclamo fue que en algunos no aparecían las firmas de los integrantes de las mesas electorales, pero todos los fiscales avalaron las actas.
La CC avaló pruebas sin sustento
Las escenas de presión por parte de los fiscales que exigían que las cajas con votos se abrieran nacen por amparo provisional que otorgó la CC a nueve organizaciones políticas. Ordenó que se repitieran las audiencias de revisión, se cotejaran las actas con los resultados preliminares y, solo en casos justificables, recontar los votos, algo que no ocurrió en ninguna junta electoral, confirmó el director de Comunicación del TSE, David De León.
La Corte se basó en pruebas sin sustento, según constató Plaza Pública, para resolver que había dudas e incertidumbre en los resultados de las votaciones. Sobre esos documentos, que la Corte aseguró que analizó, los magistrados indicaron en su fallo que la desconfianza en los resultados electorales podría «atentar contra el sistema democrático representativo».
El amparo provisional lo solicitaron en conjunto los partidos Vamos, Valor, Creo, Une, Cabal, Cambio, Mi Familia, Podemos y Azul. Los últimos tres no superaron ni el 2% de los votos válidos en la primera ronda de votaciones. Estos acusaron a los integrantes de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) —integradas por ciudadanos voluntarios que reciben y cuentan los votos— de haber «alterado» las actas de cierre de escrutinio y de generar un «indebido e ilegal cómputo».
Posteriormente, el partido Podemos desistió del amparo.
Los documentos que presentaron los partidos políticos allegados al oficialismo no probaban nada fraudulento. Se presentaron 161 copias de actas finales generadas por las JRV. Pero de estas, solo 18 tienen inconsistencias notables como varios tachones que las hacen incomprensibles, o cantidades de votos que no cuadran con el padrón.
De esas 18 actas con inconsistencias, 15 son ilegibles, pero ninguna de la información de estas últimas se ve reflejada en los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En consecuencia, el argumento de los oficialistas de que esas supuestas anomalías pudieron beneficiar a un partido político, tampoco tiene sustento.
Además, la cantidad de documentos con inconsistencias representa el 0.01% del total de actas en las que se sostiene la primera vuelta electoral.
La verificación de Plaza Pública también determinó que la mayoría de estas tenía errores de forma, no alteraciones de fondo. Por ejemplo, tachas y correcciones hechas en los renglones de registro de votos que, posteriormente, fueron corregidas en ese mismo documento. También hubo sumas equivocadas que se rectificaron bajo la vigilancia de fiscales de partidos políticos en cada mesa electoral.
Otro dato obtenido con la revisión de las pruebas en el amparo de la CC es que, de las 161 actas adjuntas, solo cinco fueron impugnadas el día de la elección, en las que se refutaron solo nueve votos. Todas recibieron el aval de los representantes de las organizaciones políticas, entre ellos de los partidos que en alianza firmaron el amparo que pidieron a la Corte.
Solo 84 de las actas corresponden a la elección de Presidente y Vicepresidente, cuatro son de Chinautla, donde la Junta Electoral Departamental de Guatemala pidió que se anularan los comicios por quema de papeletas y cajas electorales debido a la inconformidad de una parte de los vecinos por la reelección de la alcaldesa Elizabeth Del Cid Medrano, del partido de gobierno. Las otras 77 actas corresponden a la elección de la Municipalidad capitalina, donde finalmente se confirmó la estrecha ventaja del alcalde Ricardo Quiñónez, de la coalición Valor-Unionista.
[embedpzp1]
¿Quiénes reclamaban el fraude?
El amparo lo presentaron los nueve partidos con el auxilio del abogado Eskevin Noé Castellanos Mérida, sobrino del diputado Lecsan Mérida, quien se postuló este año como candidato presidencial del Partido Humanista.
Según Guatecompras, a Castellanos Mérida se le han adjudicado, desde 2013, 4.3 millones de quetzales por sus servicios profesionales en diversas instituciones públicas, entre estas la Secretaría General de la Presidencia de Alejandro Giammattei.
Además, Jorge Baldizón Vargas, secretario general en funciones del partido Cambio es el representante común de las organizaciones políticas que accionaron para suspender la oficialización de los resultados electorales de la primera vuelta.
[relacionadapzp2]
Baldizón Vargas es hijo de Manuel Baldizón Méndez, excandidato presidencial que retornó a Guatemala en 2022 deportado de Estados Unidos, donde cumplió una condena después de aceptar que recibió dinero del narcotráfico para su campaña política —de 2011— con su anterior partido, Lider.
El rol de la familia Baldizón resalta en el amparo que abrió el camino para poner en peligro las elecciones. Primero porque el 5 de julio, en medio del cotejo de las actas electorales, el juez de Mayor Riesgo D, Juan José Jiménez Tejax, resolvió que Manuel Baldizón se mantuviera libre de prisión, aunque el proceso en su contra por el caso Odebrecht continúa.
Este caso se encuentra bajo reserva judicial, pero cuando se presentó la investigación, en 2018, el Ministerio Público (MP) y la Cicig revelaron que el excandidato recibió sobornos por 1.3 millones de dólares, de parte de Odebrecht. En 2012, cuando el Congreso aprobó los préstamos para construir la carretera que se adjudicó a la constructora brasileña, la bancada Lider salió del hemiciclo, esa actitud facilitó la votación.
Hay un segundo punto que contextualiza el papel de los Baldizón: una cercanía entre el círculo de confianza del excandidato presidencial y el actual presidente, Alejandro Giammattei. En noviembre de 2019, Jorge Baldizón participó en reuniones junto al equipo de trabajo de Giammattei, en ese momento presidente electo de Guatemala, y el entonces mandatario de República Dominicana, Danilo Medina.
Con la llegada de Vamos a la Presidencia, las sociedades anónimas Arehu y Constructora del Norte, vinculadas con los Baldizón y el exmandatario Medina obtuvieron 64 millones de quetzales en contratos con el Estado, de acuerdo con una investigación de Plaza Pública.
El medio Con Criterio y diversas fuentes políticas, sostienen que Jorge Baldizón es el «testigo A», quien según una investigación del medio salvadoreño El Faro, en 2019 presenció una reunión entre Giammattei, el entonces diputado Raúl Romero, Miguel Martínez —la persona de mayor confianza del presidente— y Giorgio Bruni, el exsecretario privado del presidente.
En dicha reunión, los presentes sostuvieron una conversación telefónica con el ministro de Comunicaciones de ese momento, José Luis Benito Ruiz, para pactar financiamiento a la campaña de segunda vuelta de Giammattei —competía contra Sandra Torres—, supuestamente proveniente de sobornos de constructoras contratistas del gobierno de Jimmy Morales.
[relacionadapzp3]
El 5 de febrero de 2023, cuando Manuel Baldizón fue postulado como candidato a diputado con el partido Cambio, dijo esto sobre los últimos dos presidentes de la República: «A Jimmy (Morales) le correspondió gobernar y debemos dar gracias porque él expulsó a la Cicig. En el caso del doctor Giammattei, que tiene todo mi respeto, él aún no ha concluido su mandato, tiene la oportunidad de seguir luchando y seguir haciendo cosas buenas».
A Manuel Baldizón lo inscribió el TSE como candidato a diputado, el 11 de marzo, pero las presiones públicas tres días después el tribunal lo dejó fuera de la contienda porque consideró que no cumplía los requisitos de «honradez» por su condena en EE. UU.
Su nuevo partido, Cambio, se salvó de la cancelación gracias a que Esduin Javier Javier, alias «Tres Quiebres», el alcalde de Ipala acusado de narcotráfico, ganó una curul en el Congreso como representante de Chiquimula.
[embedpzp2]
Un error común para exigir el «fraude»
Una de las «pruebas» de las supuestas anomalías que presentó la alianza de partidos políticos, en el amparo otorgado el 1 de julio, fue el acta correspondiente a la elección de Presidente y Vicepresidente de la mesa 628, del Distrito Central.
Aunque en esa acta se incluyó la nota «alteración de votantes», lo cierto es que se testaron tres cantidades y también se observan en casi todo el documento varias marcas y rayones que hacen difícil leer los datos, aunque estos son legibles.
Lo anterior ocurre en todos los procesos electorales porque las actas que se publican en el sistema de datos preliminares del TSE están hechas de un papel sensible y son un triplicado del documento original (conocida como acta 4).
Lo mismo que ocurrió con este documento se observa en casi todas las 161 actas que se incluyeron en el amparo. Además, se hicieron testados con lapicero, otras que aparecieron con todas las cantidades de sufragios tachadas, pero corregidas dentro de cada acta. En algunas no aparecen los nombres o firmas de los fiscales que presenciaron y avalaron los escrutinios de votos el 25 de junio, pero sí sus números de Documento Personal de Identificación (DPI).
Pese a lo anterior, las cantidades de votos son legibles. Solo en tres de las 161 actas que presentaron los nueve partidos políticos como pruebas de las supuestas alteraciones de resultados, los datos de los documentos no coinciden con los del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).
Los tachones y el desconocimiento de cómo corregir adecuadamente las actas finales de escrutinio no son un elemento nuevo en las elecciones de Guatemala, tampoco constituyen el delito de alteración de documentos, como lo señalaron los partidos políticos en el amparo que pidieron a la CC.
Por ejemplo, en 2019 un informe del consorcio de organizaciones de observación de los comicios, Mirador Electoral, explicó que estas acciones simplemente son errores, muchas veces por falta de capacitación de las Juntas Receptoras de Votos.
[embedpzp3]
Otra muestra de lo común que son estos errores es otro documento incluido en el amparo, se trata del acta que corresponde a la elección de Presidente y Vicepresidente de la mesa 1,304, del Distrito Central. En esta se le asignaron 467 votos al partido Movimiento Semilla, pero los datos no cuadran porque solo acudieron a votar 199 personas. No obstante, estas cantidades quedaron descartadas del sistema Trep y por tanto no influyeron en que ese partido haya ocupado el segundo lugar de la elección.
En el distrito de Suchitepéquez, el documento de la elección presidencial de la mesa 12,060 también incluye datos que no cuadran: todos los partidos políticos aparecen sin sufragios, aunque en el acta se consignó que los votos válidos fueron 140.
En el amparo también se agregó la anotación «acta nula», pese a que el día de las elecciones ningún fiscal impugnó. Estuvieron presentes representantes de los partidos Cambio, Cabal, Podemos, MLP, Vamos, Todos y Valor.
Además, dentro de las pruebas utilizadas para lograr el amparo en la CC también se encuentra el acta de la elección municipal de la Ciudad de Guatemala, de la mesa 571, en la que el total de votos válidos no cuadra con los que están consignados a cada organización política. En el sistema de datos preliminares del TSE no se registraron 79 votos a favor de la coalición Semilla/URNG-Maíz/Winaq que se les asignó por medio de un testado de datos.
Igual ocurrió en el mismo distrito y tipo de elección, pero de la mesa 1,095, en la que la junta receptora corrigió en el acta de escrutinio que la misma planilla obtuvo 20 sufragios, no «000» como se escribió al inicio. Pero en el sistema electrónico le asignaron esos 20 votos al comité cívico La Gotita de Agua.
Es decir que, entre las pruebas que presentaron los partidos, hubo 99 votos que correspondían a Semilla/URNG-Maíz/Winaq, pero que no se vieron reflejados en el Trep. Sin embargo, lo anterior se podrá corregir cuando se trasladen los datos oficiales a los magistrados del TSE.
Una «criminalización» al trabajo de las mesas electorales
El abogado Julio Saavedra, quien en 2019 integró la Junta Electoral del Distrito Central, explica esta situación desde dos ángulos: el primero es que el sistema electoral guatemalteco se basa en las actas físicas; es decir, que los datos del sistema electrónico del TSE solo son una referencia para informar de manera pronta los datos que son considerados preliminares, hasta que los resultados los oficializa el tribunal electoral y las JED después de cotejar la información que incluyen las actas de papel.
Lo segundo es que, la actitud de los nueve partidos políticos que pidieron el amparo en la CC constituye una «criminalización» hacia el trabajo de los integrantes de mesas electorales, quienes son voluntarios el día de las votaciones.
Según Saavedra, las Juntas Receptoras de Votos cometieron errores de forma que ocurren en todas las elecciones y que la mayoría son subsanables, excepto las actas consideradas ilegibles, sobre las cuales cada junta electoral decidirá si las anula o las da por válidas en el acta final (acta 8) que las JED trasladan a los magistrados del TSE para oficializar los resultados.
«Habría que investigar muy bien qué fue lo que pasó porque criminalizar el funcionamiento de las Juntas Receptoras de Votos constituye una afrenta y un golpe muy bajo para la entrega de los ciudadanos que, de forma voluntaria, honesta e independiente dieron su tiempo para incorporarse como miembros, y que de repente un error de forma pueda ser calificado por algún fiscal como acto delictivo que lo que buscaba era burlar y engañar al pueblo de Guatemala justificando un resultado, eso ya es atentatorio. Es un golpe muy bajo para la democracia», señaló Saavedra.
El abogado hace otra excepción. Sobre los señalamientos de una posible alteración de un acta electoral después de ser firmada en presencia de los fiscales de mesas, y que esta acción cambie de manera significativa la elección, debe ser investigada por el Ministerio Público (MP). Sin embargo, cada acción debe analizarse basada en la responsabilidad personal de cada persona. Es decir, por un hecho aislado no se pueden calificar las elecciones generales como fraudulentas.
[embedpzp4]
Las reacciones
Las 22 horas que pasaron entre la interposición del amparo por parte de la alianza de partidos y la resolución de la CC, se convirtieron en cuatro días consecutivos de pronunciamientos en contra de suspender la oficialización de los resultados de la primera vuelta y de revisar de nuevo las impugnaciones de votos.
Uno de los últimos fue de Los 48 Cantones de Totonicapán, una de las organizaciones indígenas más antiguas y grandes de Guatemala, que enviaron una advertencia al Tribunal Supremo Electoral: que si en tres días no se oficializa la segunda vuelta, saldrán a las calles a manifestar de manera masiva. Esta organización declaró «persona no grata» al presidente Alejandro Giammattei y le pidió su renuncia.
La crisis provocó posturas encontradas entre la iglesia católica y la evangélica. La Conferencia Episcopal, que aglutina a los obispos del país, llamó al TSE a actuar apegado a la ley y que mantenga en pie la fecha de la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto. Mientras que líderes de iglesias evangélicas como Carlos «Cash» Luna, Sergio Enríquez y Jorge H. López, han dicho en diferentes espacios que están en contra del «comunismo» en alusión al partido Semilla, que según los resultados preliminares del 25 de junio, disputará el balotaje contra el partido Une.
A nivel internacional, 196 organizaciones llamaron a respetar la integridad del proceso electoral; mientras que el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo estar preocupado por «las acciones para interferir en el resultado de las elecciones».
El gobierno de Brasil expresó en un comunicado que toma nota sobre las conclusiones de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que señalan que las supuestas irregularidades en las actas electorales «son casos aislados, incapaces de alterar los resultados de los comicios».
En el plano local, asociaciones estudiantiles de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) convocaron a una marcha pacífica para el sábado 8 de julio para manifestar que se respeten los resultados de la primera vuelta.
En cuanto al sector empresarial, la Cámara del Agro, Cámara de Industria, y luego CACIF, se pronunciaron a favor de garantizar los resultados y asegurar que la segunda vuelta se llevaría a cabo el 20 de agosto tal como está programada.
[relacionadapzp4]
La «misión» de una alianza con intereses comunes
«El acuerdo fue bien fácil. Simplemente vimos los partidos que teníamos una misma visión, un mismo problema, una misma inconsistencia y encontramos diferentes actas y simplemente decidimos convocar esa acción entre varios partidos (...) Estamos unidos en una misma misión, generar elecciones transparentes», respondió el secretario general de Vamos, Víctor Valenzuela, cuando Plaza Pública le preguntó cómo se había conformado el equipo que accionó contra los resultados de la primera vuelta.
Sin embargo, como quedó demostrado con el análisis de este medio a las pruebas de los partidos políticos sobre supuestas alteraciones de actas de escrutinio, estas únicamente contenían errores que en esos mismos documentos fueron corregidos. Los documentos cuyos datos eran incomprensibles no se ingresaron al sistema de transmisión de resultados preliminares.
El TSE confirmó el 7 de julio, un día después de que concluyeron las nuevas audiencias de revisión, que de las 122,293 actas, 339 eran ilegibles, 71 excedían el padrón y 12 estaban en blanco. En total, fueron 422 documentos con inconsistencias que corresponden al 0.35% del total de actas, explicó el encargado de Informática del tribunal, Jorge Santos.
Ninguna de las actas con inconsistencias se publicó en el Trep y serán las juntas electorales las que decidan si se anulan o no, lo cual se verá reflejado en las actas finales que deberán trasladar a los magistrados del TSE.
Mientras eso ocurre, los partidos encabezados por Cambio, de la familia Baldizón, insisten en que se debe cumplir el amparo que otorgó la CC y que, de ser necesario, se debe repetir el conteo de cada voto emitido en la primera vuelta. Esto mantiene en riesgo la elección porque, mientras no se confirmen los resultados, el proceso electoral queda abierto a más acciones legales y en seis semanas debe llevarse a cabo el balotaje.
Valenzuela dijo que él no puede juzgar al partido Cambio y los vínculos con el narcotráfico de su principal figura, Manuel Baldizón, sino que es el pueblo el que debe cuestionarlo.
Sobre el peligro de que no se lleve a cabo la segunda vuelta en la fecha prevista, el secretario de Vamos solo responde que esa es responsabilidad del órgano electoral: «La CC ordenó que el 14 (de enero de 2024) tome posesión el nuevo presidente, sea quien sea. ¿Cómo se elige el nuevo presidente? Con segunda vuelta… lo que no sé es cuándo».
Más de este autor