«Ser racista es barato»: insultos que no se castigan en Guatemala
«Ser racista es barato»: insultos que no se castigan en Guatemala
En una década, la Fiscalía de Derechos Humanos registró apenas 186 denuncias por discriminación racial y étnica. Ninguna ha terminado en sentencia. Guatemala, el segundo país con la mayor presencia de población indígena de América Latina, es incapaz de sancionar los casos de racismo por un vacío normativo que arrastra desde hace 40 años. Codisra trabaja en una reforma legal que podría ser la llave que abra la puerta a la justicia.
Este reportaje contiene relatos de violencia racista denunciados ante la Codisra. Este medio accedió a ellos a través de solicitudes de acceso a la información pública.
El siguiente episodio ocurrió en 2025.
Cuando intentó ingresar a su casa, el hombre notó con asombro a cuatro perros. Los reconoció porque eran de su vecina. Los animales destruían sus pertenencias y defecaban en el patio. Trató de ahuyentarlos agitando los brazos y haciendo ruido.
La vecina, iracunda, vio cómo los perros salían corriendo de la vivienda del muchacho y comenzó a gritarle:
—¡Indio! ¿Qué le hacés a mis perros? ¡Ustedes no son de acá, no deberían vivir aquí!
—Señora, me está discriminando—, replicó él.
—¡Ustedes son indios, están acostumbrados a vivir así!
La mujer se alejó detrás de sus mascotas. Mientras las seguía, una niña se cruzó en su camino y dijo en voz alta:
—Con este tipo de gente india no hay que relacionarse.
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Esta otra escena sucedió en 2024.
Mientras la muchacha recorría las calles en su motocicleta, rumbo a la agencia bancaria donde trabajaba, una vecina salió inesperadamente a su paso y la interceptó.
Sin mediar palabra, la mujer sujetó del cabello a la joven y casi la hizo caer del vehículo.
—¡Negra horrible! ¡Lo negra nunca se te quitará!—, le gritó a la trabajadora del banco. También la amenazó con causarle problemas en su oficina.
La mujer es conocida en el vecindario por su «conducta violenta». Varios vecinos han presentado quejas contra ella en distintas ocasiones.
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Los anteriores son dos incidentes de agresiones racistas que vivieron un hombre maya q’anjob’al y una joven garífuna. Plaza Pública omitió los nombres y los lugares donde ocurrieron para proteger su identidad.
Se trata de dos entre las al menos 180 denuncias por discriminación étnico-racial que llegaron a los oídos del Estado en los últimos diez años y siguen sin obtener justicia. Ambas fueron presentadas ante la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas (Codisra), una institución creada en 2002 para promover la «convivencia sana» entre las cuatro identidades principales que integran el país: maya, xinka, garífuna y ladino o mestizo.
Encontrar un registro nacional que concentre exclusivamente las denuncias por discriminación racial y étnica es imposible. Cada institución lleva su propio conteo, y no existe un sistema que unifique los datos.
El portal informático del Ministerio Público (MP) contabiliza casos de discriminación en general, tal como está tipificada en la ley, pero no especifica si se trata de motivos raciales, étnicos, religiosos, por discapacidad u otras causas. De enero de 2016 a julio de 2025, computó 2,752 denuncias.
La Agencia de Delitos contra la Discriminación, adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos, conserva un archivo físico que sí detalla el tipo de exclusión. En un libro tamaño oficio, los fiscales escriben a mano la clase de agravios que relatan los denunciantes, ya sea por su color de piel, edad, orientación sexual u otras razones.
En la misma década, estos folios consignaron 186 casos por discriminación étnico-racial. Sin embargo, el libro omite datos como el departamento donde ocurrió el supuesto ataque, la etnia de los agraviados y su idioma. Las páginas tampoco indican el estado del expediente, es decir, si la investigación avanzó a los tribunales o quedó estancada.
Este archivo, además, solo contempla las denuncias que llegan a la sede de la Agencia, ubicada en la zona 1 capitalina. Excluye las quejas que tramitan otras fiscalías departamentales y municipales, que no están especializadas en tratar discriminación.
La Codisra cuenta con otro registro, más detallado, que sí puntualiza el sexo, la etnia, el idioma y la edad de los denunciantes, así como el lugar donde habría ocurrido la agresión. Sin embargo, está limitado a los incidentes que llegan a las seis sedes de la comisión y tampoco refleja si los reclamos llegaron ante un juez. De enero de 2016 a julio de 2025, sumó 180 reportes.
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Sin importar si los afectados acudieron a la Fiscalía de Derechos Humanos o a la Codisra, ninguna denuncia por discriminación étnico-racial en la última década ha concluido en una sentencia penal.
Marco Tulio Escobar, jefe de la Agencia de Delitos contra la Discriminación, reconoce que la fragmentación de las bases de datos dificulta rastrear el estado de los expedientes a escala nacional.
En su unidad, la única en el país enfocada en perseguir este delito, casi todas las denuncias terminan desestimadas. De las ocho que llegaron a su escritorio de enero a julio de 2025, solo una continúa bajo investigación; las demás fueron descartadas. En 2023, todos los expedientes fueron engavetados.
Para Eva Tecún, activista maya k’iche’ del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, esto evidencia la impunidad con la que opera el racismo en Guatemala, el país con la segunda mayor proporción de personas indígenas de América Latina, solo superado por Bolivia.
«Casi treinta años después de la firma de los Acuerdos de Paz, seguimos teniendo un Estado incapacitado para castigar el racismo», señala.
¿Por qué la mayoría de casos de discriminación étnico-racial no consiguen una resolución penal? Escobar apunta a lo que él considera un problema: alrededor del 90% de los reclamos consisten en insultos racistas y esas ofensas no son delitos, según la normativa actual.
El Congreso tipificó la discriminación como acto punible en 2002, tras una denuncia pública que provocó indignación nacional: en junio de ese año, la antropóloga k’iche’ Irma Alicia Velásquez Nimatuj señaló al bar capitalino Tarro Dorado —de la familia Castillo, dueña de la Cervecería Centroamericana— de haberle impedido la entrada por vestir indumentaria maya.
El caso acaparó la cobertura mediática y, un mes después, empujó a los diputados a aprobar el artículo 202 Bis del Código Penal, que sigue vigente hoy: «Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma [...] o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia, que impidiere o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones, el ejercicio de un derecho legalmente establecido [...]».
Para el fiscal Escobar, los improperios racistas no encuadran en ese concepto de discriminación porque no necesariamente restringen algún derecho. Argumenta que, por ese límite normativo, «está amarrado de manos» para convencer a los jueces de que quienes insultan deben recibir una condena.
«El racismo es una falsa idea de superioridad de un grupo hacia otro, pero las ideas no son castigadas. Ahora, si esa idea se materializa en un acto que restringe un derecho, sí hay discriminación. […] Aquí hablo de impedir que algunas personas digan su opinión, prohibir que transiten en lugares públicos o no dejar que consigan trabajo», explica el investigador.
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La Codisra, fundada cuatro meses después del escándalo del Tarro Dorado, discrepa de la interpretación del MP. Victoria Tubín, socióloga kaqchikel y actual coordinadora de la comisión, sostiene que las burlas sí vulneran derechos, entre ellos el desarrollo integral y el bienestar emocional.
Así argumenta: «Esas palabras son mucho más dañinas porque, a diferencia de los golpes físicos, perduran en el tiempo y en la mente. En mi formación académica, entrevisté a personas que incluso llegaban a esconderse en reuniones públicas para evitar estas expresiones».
Desde la perspectiva del MP, la interpretación de la Codisra no basta para alcanzar una condena en los tribunales.
El fiscal Escobar admite que el impacto emocional de la discriminación puede reflejarse en peritajes —informes realizados por psicólogos—, pero aclara que estos solo evidencian las secuelas de una posible exclusión, sin constatar que esta realmente ocurrió ni que estuvo motivada por causas raciales y étnicas.
Probar las acciones y su intención, señala el fiscal, es otro de los principales obstáculos. «El delito está en la mente. Se logra acreditar si la persona expresa, tal cual, la razón de su acto: que lo hace porque el otro tiene tal género, tal discapacidad o habla tal idioma. También debe haber testigos», expone.
Para esclarecer estos hechos a nivel nacional, la Agencia de Delitos contra la Discriminación dispone apenas de tres investigadores. Ninguno se identifica como indígena ni habla un idioma originario, y el equipo tampoco cuenta con traductores que trabajen de oficio.
Esta deficiencia del MP desincentiva a las personas a denunciar discriminación étnico-racial, según Kimberly Baltazar, activista garífuna e integrante de la asociación de mujeres Afroamérica XXI.
«Es difícil expresarse cuando el español no es tu primer idioma. Si no hay nadie que entienda mi idioma materno, me cuesta abrirme. Y eso aumenta el riesgo de que la denuncia se minimice», subraya.
«El MP no le da importancia al problema del racismo», sentencia Tubín.
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El dilema de cómo juzgar el lenguaje racista sigue sin resolverse, 42 años después de que Guatemala ratificó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Ese tratado podría ser la clave para despejar la ambigüedad legal que rodea las denuncias por agresiones verbales.
En su artículo 4, el documento ordena a los Estados declarar «como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial». El fiscal Marco Tulio Escobar reconoce que, si Guatemala incorporara esa figura al Código Penal, la mayoría de casos de discriminación étnico-racial podría traducirse en condenas.
«Solo con demostrar la expresión de desprecio podría haber delito, como injuria u odio racial», asegura.
De los cuatro países con mayor presencia de población indígena en América Latina —Bolivia, Guatemala, México y Perú—, Guatemala es el único que no sanciona el odio racial desde el aparato de justicia, a pesar de haberse comprometido a hacerlo desde hace más de cuatro décadas.
México establece penas de hasta cuatro años de prisión, mientras que en Bolivia pueden alcanzar los cinco. Aunque Perú no cataloga un improperio de este tipo explícitamente como delito, sí sanciona la incitación a la discriminación, y la Fiscalía investiga a quienes profieren insultos racistas en espacios públicos.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), órgano de la ONU que evalúa cómo los Estados enfrentan el racismo, ha recalcado el rezago guatemalteco.
«El Comité nota con preocupación que la legislación interna no tipifique como acto punible toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial», señala un informe de monitoreo que las Naciones Unidas hizo sobre Guatemala en 2019. La próxima revisión está prevista para agosto de 2025.
La reforma de la ley podría significar un avance en la búsqueda de justicia para las personas que recurren al Estado para denunciar mofas racistas.
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Esta ocurrió en 2022. La reportó una mujer maya q’anjob’al.
La muchacha estuvo a punto de renunciar a su trabajo. La relación con su encargada era tensa. Una vez, mientras ambas intentaban diseñar un platillo en la cocina, la jefa le dijo:
—Vos no sabés ni mierda. No aprendés nada. Ustedes, los indios, solo monte comen, y a saber qué otras cosas más.
También cuestionó su manera de hablar frente a los clientes:
—No sabés expresarte bien delante de la gente. ¿Sabés qué? ¡Mejor renunciá! No servís para ni mierda, hija de la gran puta.
Radiografía de las denuncias
Este incidente pasó en 2022. Lo narró una mujer maya mam:
Una de las implicadas aprovechó el momento para jalar el cabello de la joven y darle un puñetazo en el rostro. Entre dos la empujaron debajo de un carro negro estacionado cerca de la tortillería donde trabaja. La muchacha comenzó a gritar por su hermana, quien también laboraba en ese lugar.
Mientras la agredían, las señoras lanzaban insultos:
—¡Hoy sí la logramos agarrar, llegó tu día, porque ustedes están vendiendo tortillas viejas! ¡Sucia, cochina, india vieja, barrilete! ¡Hoy sí te vamos a matar, india cochina!
En ese instante, la hermana de la joven salió al auxilio. Ambas lograron escapar y corrieron hacia la tortillería.
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De todos los casos que la Agencia de Delitos contra la Discriminación del MP recibió de enero a julio de 2025, solo el 18 % corresponde a denuncias por exclusión racial y étnica.
Según la activista Tecún, del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, esta cifra es baja en comparación con el «nivel de racismo» que aún persiste en el país.
«Las personas no suelen reclamar actos de discriminación porque, primero, desconfían del sistema de justicia. Ya saben que probablemente les van a desestimar el caso y piensan que no vale la pena ir, a pesar de que la violencia es real», afirma.
El primer reconocimiento oficial del Estado guatemalteco sobre sus prejuicios hacia los pueblos originarios ocurrió en 1995, con la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), meses antes del fin de los 36 años de conflicto armado interno.
El documento manifiesta: «Los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que, como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social».
Aura Cumes, antropóloga maya kaqchikel, enfatiza que las mujeres indígenas enfrentan una mayor vulnerabilidad ante esas prácticas discriminatorias. De hecho, durante la década analizada para este reportaje, ellas presentaron ante la Codisra el doble de denuncias por discriminación que los hombres.
El motivo, aclara la docente, es que las mujeres indígenas suelen portar la indumentaria de sus pueblos con más frecuencia que los hombres, en especial las mayas. Esto las vuelve «más visibles» frente al ojo público.
«En el siglo XIX, cuando se crearon las municipalidades, los hombres que querían ser autoridades tenían que vestirse a la usanza española. Hubo decretos para garantizar eso. A las mujeres, como estaban en el ambiente de la comunidad o el hogar, no se les exigía», explica.
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En el mismo periodo que revisó Plaza Pública, la mayoría de las denuncias ante la Codisra provinieron de personas mayas, el pueblo originario más numeroso del país. En contraste, los xinkas —aunque constituyen el segundo grupo más grande— fueron quienes menos reportaron casos de discriminación.
Mi’nawee’ López, consultora xinka en temas de juventud y género, considera que esta baja participación responde, en parte, a que hasta hace diez años el proceso de construcción identitaria xinka era todavía incipiente. Entre los censos de 2002 y 2018, la cantidad de guatemaltecos que se identifican como miembros de este pueblo aumentó un 1,500%.
«Ha venido creciendo la conciencia dentro de la población xinka sobre lo que significa asumirse como tal. Por ejemplo, muchas personas repiten tradiciones en la cocina, en la siembra o en la pesca —como equilibrar un ingrediente frío, como el tomate, con otro caliente— sin saber que ese conocimiento es ancestralmente xinka», comenta.
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Deudas que la Codisra promete saldar
Este episodio fue en 2025. Lo denunció una mujer maya k’iche’.
Mientras la comerciante despachaba frutas dentro del estadio, su niña sufrió una amenaza por parte de la hija de otra mujer:
—Vas a ver, güira, que en bolsa vas a aparecer. Velada te voy a hacer —le dijo.
Cuando la vendedora preguntó por qué la intimidaba, la joven fue a buscar a su propia mamá. Al regresar, la señora agredió a la vendedora: la golpeó, la sujetó del pecho y del cabello. También la ofendió:
—Sos una india que no merece vivir, apestosa, orinada, enrollada. ¡Andate a tu aldea, vete a tu pueblo! No te lavás las manos, shuca, vas al baño y no te lavás las manos. Así vendés las frutas, maldita india, te voy a matar.
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Desde su fundación, la Codisra —supeditada a la Presidencia de la República— se limita a trasladar denuncias al Ministerio Público y asesorar a las personas agraviadas que lo soliciten.
Para reducir la impunidad en torno a la discriminación étnico-racial, la comisionada Tubín promete que su equipo preparará una iniciativa de ley que tipifique el odio racial como delito, aunque no se atreve a establecer cuándo estará lista.
Hasta ahora, solo una propuesta similar ha llegado al Legislativo. La presentó en 2012 el entonces diputado Selvin Boanerges García, del partido Creo, quien buscaba reformar el artículo 202 Bis del Código Penal e imponer de uno a tres años de prisión a quienes difundieran «ideas basadas en la superioridad racial o étnica».
El proyecto obtuvo dictamen favorable de una comisión legislativa en 2014, pero nunca fue debatido en el pleno. En otro informe sobre Guatemala, publicado en 2022, el CERD advirtió que se estancó por falta de un ponente, ya que García dejó de ser congresista.
La nueva reforma que pretende impulsar la Codisra será distinta porque, además de condenar el odio racial, incrementará las penas para el delito de discriminación que hoy estipula el Código Penal.
El castigo actual es de uno a tres años de cárcel y una multa de 500 a 3,000 quetzales. Se puede agravar en una tercera parte por razón idiomática, cultural o étnica, o cuando el responsable es un funcionario. Es un delito menor y conmutable, es decir, los culpables pueden pagar una cantidad de dinero para eludir la prisión si un juez les otorga ese beneficio.
«En Guatemala ser racista es muy barato. Eso también desmotiva a someterse a un proceso judicial, pues las sanciones son muy leves», declara la antropóloga Cumes.
La activista Tecún concuerda con esta opinión, pero también agrega otro motivo por el cual hay «pocas» denuncias por discriminación étnico-racial: la escasa presencia de los equipos del MP y la Codisra formados para frenar este delito a nivel nacional.
De enero de 2016 a julio de 2025, los cinco departamentos donde la Codisra anotó más casos coinciden con lugares donde tiene una oficina. En el resto del país —salvo en el territorio xinka de Santa Rosa, que sí cuenta con una sede—, la institución no tiene cobertura.
«Si hubiera más sedes, habría más denuncias», asevera Tecún.
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Abrir otras dependencias es una meta lejana para la Codisra. Con un presupuesto anual de Q10.5 millones —vigente en julio de 2025—, es la segunda comisión con menos fondos entre las siete que dependen directamente de la Presidencia, solo por encima de la de Asuntos Municipales. La cifra representa el 0.0068 % del gasto público programado para este año.
Pese a los recursos limitados, Tubín confía en que su administración logrará presentar la iniciativa de ley para punir las ofensas racistas, pues —reitera— «está comprometida» con la población indígena. Hasta julio de 2025, su equipo seguía buscando a un abogado que asesorara la redacción de la propuesta.
Como muestra de ese «compromiso», la comisionada destaca que, en 2025, la Codisra ha recibido más denuncias por discriminación étnico-racial que en cualquier otro año de la última década: 29 hasta julio, 12 más que en todo 2024.
El aumento de casos, de acuerdo con Cumes, responde a que el gobierno de Bernardo Arévalo despertó «la expectativa» de los pueblos originarios. Sin embargo, advierte que a la Codisra aún le falta contundencia para cumplir con su mandato.
Un ejemplo de esa tibieza, precisa la docente, fue el incidente de junio de 2025 entre Bertha Zapeta, viceministra del Ministerio de Desarrollo (Mides), y Sergio Enríquez Garzaro, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Durante una citación en el Congreso, el parlamentario le exigió a Zapeta hablar en español cuando ella usó el k’iche’ para dirigirse a los habitantes de Sololá. Tras el episodio, la Codisra emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por las «reiteradas acciones de discriminación y racismo» por parte de funcionarios, pero evitó mencionar a los involucrados.
«No es eso lo que se espera de una instancia que necesita ser enérgica y mandar un mensaje condenatorio para que la gente no proteja a diputados racistas. [...] Esta tibieza, a la larga, es otro de los factores que desalienta las denuncias, pues se percibe que las instituciones no se toman en serio el tema», complementa la académica.
La comisionada Tubín, por su lado, justifica la postura: «Pudimos ser muy duros, pero las agresiones pueden pasarle a cualquiera. Pensamos que nuestro aporte debería contribuir no solo a esta situación de la viceministra, sino a cualquier persona en el Congreso».
Aunque no lo hizo con el parlamentario de la UNE —quien negó haber discriminado a Zapeta—, en otras ocasiones la Codisra sí ha conseguido que personas acusadas por expresiones racistas en las redes sociales asuman públicamente su responsabilidad. No ha sido a través de sanciones penales, sino mediante gestos simbólicos.
En 2017, María Andrea Flores, propietaria del entonces comercio María Chula, ofreció disculpas públicas luego de que la comisión la denunciara por utilizar ese nombre para promocionar ropa con tejidos mayas. La entidad presidencial argumentó que «María» operaba como un término peyorativo que generalizaba a las mujeres indígenas y anulaba su identidad individual.
A criterio de López, consultora xinka, omitir reportes y registros formales de discriminación contribuye a normalizar el racismo. «Aunque el Estado no garantiza las condiciones para denunciar, parece que lo que no se nombra simplemente no existe. El efecto es perpetuar la desigualdad entre los pueblos», sostiene.
Estudios recientes reflejan la desigualdad que subraya López. El Índice de Pobreza Multidimensional de 2023, que el Mides presentó semanas antes del incidente entre Zapeta y Enríquez, muestra que las personas mayas enfrentan un nivel de pobreza 30% superior al de la población mestiza o ladina. El parámetro mide carencias simultáneas —más allá del ingreso económico— como el acceso limitado a salud, educación y vivienda digna.
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Esta denuncia corresponde a una mujer maya awakateka. Es de 2023.
Cuando la madre llegó a recoger a su hijo a la escuela, notó de inmediato un golpe visible en su ojo izquierdo. Alarmada, se acercó a la maestra para pedir explicaciones. La docente le pidió que tuviera paciencia, pero ella, preocupada, insistió en que se contactara a los padres de los niños que habían agredido a su hijo.
La maestra le contestó:
—Mire, lo que pasa es que usted no entiende. Es igual que su hijo, porque usted es una india enrollada que no comprende lo que le explico. No entienden ustedes, indios. […] Yo ya no puedo hacer nada. Si usted viniera un día a cuidar en mi lugar… estoy cansada de cuidar a esos niños.
Sin recibir una solución ni apoyo, a la madre no le quedó más opción que retirarse de la escuela con su hijo, aún lastimado.
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A ojos de Baltazar, lideresa garífuna, relatos como los que la Codisra dejó ver a Plaza Pública persisten porque los insultos no se penalizan, los castigos actuales son irrisorios y el sistema de justicia no garantiza reparación. Por estas historias, exige que las autoridades actúen con firmeza y resuelvan los casos de discriminación.
Aunque tome diez, 50 o 100 años, confía en que el país puede crecer con todos y no a costa de algunos.
«Los pueblos originarios no pedimos favores, exigimos el reconocimiento y el respeto que nos corresponde como parte fundamental de este país», concluye.
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