#EnCorto | La confesión que delata a los acusados del último crimen de la subestación 73-15
#EnCorto | La confesión que delata a los acusados del último crimen de la subestación 73-15
Casi un año y medio después de ser señalado, un bombero municipal departamental admitió haber encubierto a los agentes que el Ministerio Público señala como responsables del asesinato de Eldin Choc y Milton Santamaría, considerado el caso más grave de abusos policiales cometidos por la subestación 73-15 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.
Cada vez se acumulan más pruebas contra los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) procesados por las ejecuciones extrajudiciales de Eldin Choc y Milton Santamaría, que habrían ocurrido en abril de 2024 en San Andrés Itzapa, Chimaltenango, y son catalogadas como un crimen de odio contra la población LGBTIQ+.
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El bombero Josué Buch admitió este martes 9 de septiembre en el Juzgado de Mayor Riesgo B que intentó hacer pasar la muerte de Milton como un accidente de tránsito, cuando en realidad lo encontró fallecido dentro de la subestación policial de San Andrés Itzapa el día del crimen.
En la audiencia, el bombero relató que la tarde del 18 de abril de 2024 recibió una llamada de un agente, quien le pidió trasladar al hospital a un hombre supuestamente accidentado cerca de la sede de la PNC. Buch y su compañero Jorge Alexander Callejas acudieron de inmediato a la subestación.
Dentro del inmueble, el bombero encontró el cadáver de Milton con heridas en la cabeza y en las muñecas, rodeado por cuatro o cinco policías. No lo halló en la calle, como había sostenido en audiencias anteriores.
«Omití esa información para no comprometer a los agentes», declaró este martes ante el juez Eduardo Orozco.
Esta confesión incrimina a los siete policías implicados en el caso y aporta nuevos elementos que podrían llevar a su condena. El Ministerio Público sostiene que los agentes torturaron a Milton y Eldin dentro de la subestación y los asesinaron por motivos homofóbicos.
Un reportaje de Plaza Pública evidencia que los uniformados ya tenían antecedentes de violencia, chantaje y abuso de autoridad en San Andrés Itzapa. En febrero de 2024, dos meses antes del deceso de ambos hombres, un grupo de vecinos pidió al alcalde Denis Azurdia actuar para remover al jefe de la subestación, Edy Vásquez Rabanales, pero nadie atendió la solicitud.
En la audiencia de este martes 7, Buch reveló que fue Vásquez Rabanales quien le pidió fingir que Milton estaba vivo y trasladarlo al Hospital Nacional de Chimaltenango, donde luego médicos reportaron su muerte.
Incluso detalló que, mientras conducía la ambulancia al centro médico, el policía lo siguió en una patrulla y le solicitó informar cuando entregara el cuerpo de Milton. «Me pidió decirle todo porque él era la autoridad», confesó Buch.
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Sobre Eldin, el bombero declaró no saber nada y que no lo vio dentro de la oficina policial. La tesis de los fiscales es que Vásquez Rabanales lo estranguló y lo arrojó a un barranco en las afueras de San Andrés Itzapa, horas después del asesinato de Milton.
Por la aceptación de cargos, el juez Orozco condenó a Buch a un año y seis meses de prisión conmutables —podía pagar 5 quetzales diarios para evitar la cárcel—, pero decidió no encerrarlo al considerar que mostró «buena conducta» durante el proceso. Este beneficio se llama «suspensión de la pena» y lo contempla la ley.
Sin embargo, el juez sí lo obligó a ofrecer una disculpa ante la prensa y publicar otra en un medio local de San Andrés Itzapa. Además, los Bomberos Municipales Departamentales de la comunidad deberán participar en un curso sobre derechos humanos.
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Hasta ahora, Buch es la única persona sentenciada de las nueve procesadas por la muerte de Eldin y Milton. La audiencia para que el otro socorrista acepte sus cargos será en enero de 2026. Estaba agendada también para este martes 7, pero el juez la suspendió porque Callejas llegó a la judicatura en estado de ebriedad.
El juicio contra los siete policías está programado para mediados de 2026. Cinco elementos —Vásquez Rabanales, Fredy Santiago Velásquez Pérez, Mauricio Abraham Contreras Salán, Yuliza Nabely Ayala Yol y Yorleni Lisbeth Macario Ramos— están acusados del delito de ejecución extrajudicial. Los otros dos —Jeremías Jacobo Rojas Rojas y Ángel Roquel Sajbochol—, de abusar de su autoridad y de no actuar para evitar el crimen.
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