El anterior editorial de Plaza Pública puso sobre la mesa un tema de importancia: la histórica batalla de los guatemaltecos por el bien común. En dicha ocasión hicimos la relación de cómo el Estado de Guatemala ha sido fragmentado en favor de intereses corporativos que lo alejan del cumplimiento de sus obligaciones para con la población. De cómo se entregan los recursos del Estado, así como el poder de decisión política a grupos organizados en redes clientelares cuyos objetivos son los de procurar su propio beneficio.
El conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG) y el Ministerio de Educación nos devuelve a esa reflexión necesaria: alrededor de 300 mil niños guatemaltecos tienen cerca de dos meses sin recibir clases. Su derecho a la educación está siendo conculcado por las medidas que ha tomado el STEG, liderado por su secretario general Joviel Acevedo, en medio de la compleja renegociación de un pacto colectivo. Hay que resaltar que el sistema educativo no solamente provee educación. Muchos niños dependen de los alimentos que reciben en los programas de apoyo para paliar el hambre.
Al analizar cuál es el meollo del conflicto, nos topamos con que se trata de cuestiones que cruzan la frontera entre la defensa de los derechos laborales y el apuntalamiento de un sistema clientelar pernicioso. Efectivamente: hay siete incisos del anterior pacto colectivo suscrito por el presidente Alejandro Giammatei que entrega potestades ministeriales al STEG. Esto no es otra cosa más que trasladar poder político a una organización cuyos intereses son meramente corporativos y, desafortunadamente, desviados hacia lo clientelar.
¿Resulta legal entregar a la dirigencia sindical las potestades de gobierno? Y, con mayor peso aún: ¿resulta legítimo?
La Constitución Política es clara al enunciar que las potestades administrativas corresponden a los funcionarios públicos y no se pueden delegar. En términos prácticos, la intromisión del STEG en temas administrativos del ministerio, amarra las manos de los funcionarios en temas torales: contratación y despido, capacitaciones y programas de apoyo. ¿Cómo se puede ejercer la necesaria rectoría de las políticas públicas en un Ministerio si su poder se fragmenta? ¿Conviene que se definan así las políticas públicas en un tema tan estratégico como lo es la educación? Entregar el poder político tergiversa los fines del Estado. Ya no opera en función de la población, sino bajo el imperio de un grupo politizado en favor de intereses que no son, necesariamente, los del bien común.
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Recordemos que, aún cuando el bienestar de los maestros es central para impartir una buena educación, los intereses de la dirigencia sindical han sido los de preservar y aumentar su propio poder y privilegios. Estos intereses son contradictorios con la función pública. Por otra parte: que el sindicato tenga tal poder de decisión dentro del ministerio, sujeta a los empleados a un régimen de presiones, recompensas y amenazas que tergiversa el ejercicio de su trabajo. Esta cuestión ha sido denunciada en múltiples instancias.
Dicho en otras palabras: el Ministerio de Educación no puede estar al servicio de los intereses de la dirigencia sindical y, al mismo tiempo, cumplir con el pueblo de Guatemala.
En cuanto a nuestros derechos ciudadanos, resulta que no votamos por Joviel Acevedo o por el STEG para dirigir las políticas públicas. La decisión del pueblo fue la elección de un presidente y su equipo de ministros a quienes se puede pedir rendición de cuentas. Al trasladar poder político al STEG y fragmentar la acción del Estado, se desempodera al pueblo de Guatemala de su legítimo derecho a esperar y exigir del gobierno operatividad y eficiencia, así como el que todas sus acciones vayan destinadas al logro del bien común. Si un presidente electo entrega poder dentro del Estado a un operador como Joviel Acevedo, traiciona la confianza de los ciudadanos que lo eligieron.
Debemos considerar que los servicios públicos son una parte esencial de la función pública. Se trata de cuestiones vitales: salud, educación, seguridad y otros. Sirven al sostenimiento de la sociedad pues su mala gestión genera no solamente un daño inmediato, sino que se convierte en un lastre que no permite el desarrollo, ni siquiera la visión de un futuro promisorio. Son factores determinantes de la pobreza y la desesperanza.
La pregunta necesaria es ¿por qué gobiernos como el de Alvaro Colom o el de Alejandro Giammatei estuvieron dispuestos a entregar al STEG funciones que corresponden al Estado? Quizá la respuesta esté ligada a la profunda deformación que ha sufrido a manos de la política corrupta. A cambio de la entrega de esta porción de poder, el STEG se convirtió en puntal de los gobiernos con capacidad de movilizar a miles de maestros y empleados administrativos del Ministerio de Educación cada vez que ha sido necesario. Este caudal de convocatoria no es poca cosa y se pone a disposición de gobiernos afines, con los que se negocia para beneficio mutuo. El gran perdedor es el pueblo de Guatemala y sus necesidades.
Y, justamente porque se trata de intereses espurios, sus acuerdos se han mantenido en la oscuridad. De allí la exigencia de estricta confidencialidad que hoy constituye otra de las causas de conflicto. ¿Qué peticiones ha planteado Joviel Acevedo y la dirigencia del STEG al Ministerio de Educación? Necesitamos saberlo. Evitar que podamos ejercer auditoría sobre las demandas de un sindicato del Estado es ilegítimo. Los acuerdos que se suscriban se harán en nuestra representación y nos afectarán de forma directa. No solamente porque pagamos el costo económico, sino también es la población la que sufre el costo social. Además, la secretividad contraviene el artículo 30 de la Constitución Política que exige la publicidad de todo acto de la administración pública.
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¿Qué corona tiene Joviel Acevedo y el STEG para poner sus intereses por encima de las leyes de Guatemala? Se trata de privilegios que corrompen no solamente los ideales de la organización magisterial, sino la política del país. No extraña que Joviel Acevedo haya encontrado en la bancada de la UNE cobijo para presionar al gobierno en esta negociación y continuar con una dinámica clientelar que destruye el Estado desde dentro.
La educación es quizá la única esperanza de movilidad social para millones de niños y jóvenes guatemaltecos. No olvidemos que al suscribir los Acuerdos de Paz, se afincó sobre una educación de calidad la posibilidad de resolver los graves conflictos de desigualdad y pobreza. Pero, cerca de treinta años después, los resultados son un revés para aquella apuesta. Los niños y jóvenes guatemaltecos tienen graves deficiencias educativas que los colocan en desventaja. No se puede apostar a la educación como factor de cambio y, al mismo tiempo, entregarla como botín.
Encarnado en Joviel Acevedo como operador político, la red clientelar que lo apoya (dentro y fuera del STEG) y la naturaleza de sus exigencias, vemos reflejada la premisa que dio inicio a estas reflexiones: el Estado de Guatemala se ha fragmentado para operar en función de intereses particulares. Este fenómeno se apoya en privilegios inaceptables como el de la secretividad de los negocios y el de la impunidad. Son características propias de las estructuras mafiosas. Por estas razones, considerar el bien común como una guía para evaluar estos acontecimientos resulta esclarecedor. Bajo su perspectiva, resulta evidente que, como ciudadanos, debemos exigir que el Ministerio de Educación recupere la plenitud del poder político que le corresponde conforme la Constitución y las leyes. De esta manera podremos también exigirle la necesaria transformación educativa de la que depende el futuro de millones de guatemaltecos.
