#EnCorto: la contradictoria posición del gobierno de Arévalo sobre Perenco
#EnCorto: la contradictoria posición del gobierno de Arévalo sobre Perenco
La producción petrolera de Guatemala desaparecería a partir del 12 de agosto, pero depende de que el gobierno termine el contrato con la compañía francobritánica Perenco, que le permite explotar —sin Estudio de Impacto Ambiental— el campo Xan, situado en el área protegida Laguna del Tigre, en San Andrés, Petén.
Los efectos de la decisión serán relevantes porque pondría fin a 40 años de explotación de 60 pozos petroleros en el campo Xan y porque de ese lugar se extrae cerca del 90% de toda la producción del país, que principalmente se usa para fabricar asfalto.
En 1985, la explotación la inició Basic Resources, que fue absorbida por Perenco en 2001.
La posición del gobierno de Bernardo Arévalo respecto del contrato con Perenco ha sido ambigua. Aunque existen señales que apuntan hacia la terminación de este negocio en el que el Estado de Guatemala ha actuado como el «socio tonto», según documentó una investigación de Plaza Pública en 2016, en el Congreso persiste el recelo ante una posible prórroga encubierta.
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En 2024, Arévalo aseguró que no habría prórroga del contrato. Pero a principios de este año, los ministerios de Energía y Ambiente discutían con diputados el diseño de una iniciativa de ley para el cierre del campo petrolero, lo cual implicaba prolongar de nuevo el permiso a la compañía franco británica y suponía una contradicción para el actual gobierno.
Además, las futuras administraciones tendrían en sus manos darle más beneficios a Perenco.
La iniciativa 6575 cuyos términos provienen del Ejecutivo y que habían sido inicialmente acordados con diputados de la Comisión de Energía para ampliar de nuevo el contrato con Perenco, la presentaron los diputados oficialistas Victoria Godoy Palala y José Carlos Sanabria. Pero lo hicieron el 14 de julio pasado, a menos de un mes de la terminación del contrato y sin divulgar sus acciones.
Aunque para una parte del oficialismo esta propuesta, que propone prórroga de ocho años, estaba dirigida a Perenco, Godoy Palala lo niega, dice que no es una «Ley Perenco» y que se elaboró con el fin de que los contratos petroleros próximos a vencer o que hayan sido ampliados sin definir un cierre de operaciones, tengan un proceso de conclusión técnica.
Además, Godoy Palala asegura que «Perenco tuvo comunicación con el gobierno anunciando la finalización de su operación en Guatemala» y aunque dice que a inicios de 2025 se había sopesado una nueva prórroga para el cierre técnico de los pozos petroleros, el Ejecutivo optó por una ruta distinta, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) convocó a la prensa para este 30 de julio, para explicar la terminación del contrato en el campo Xan, pero dos días antes canceló la actividad sin que se haya definido una nueva fecha.
Sin embargo, las declaraciones del ministro de Energía, Víctor Ventura, dadas al programa Con Criterio, el 18 de julio, desdicen a la diputada Godoy Palala.
Ventura explicó que el Ejecutivo está frente a dos escenarios: uno con la aprobación de la iniciativa 6575 que tardaría hasta ocho años y otro sin esta, que tomaría tres. Es decir, la propuesta sí fue elaborada con motivo del contrato de Perenco.
«Un escenario de tres años es sin utilizar una gota más de petróleo, el Estado tiene que financiar el cierre de operaciones y recibir los activos de la refinería y el oleoducto, y mantenerlo. Además de invitar a empresas para que se encarguen de las tres operaciones [...], el segundo, con modificación a la legislación, ese escenario le llamamos que tendría impacto económico cero, pienso que podría ser de seis a ocho años», dijo Ventura.
Samuel Pérez, el diputado que comanda el bloque disidente en el oficialismo, ofrece otra perspectiva del asunto. Confirma que la propuesta que firmaron Godoy Palala y Sanabria sí tenía intenciones de ampliar el contrato con Perenco, pero esta no ha reunido el apoyo suficiente entre diputados. Ante esto, de nuevo salió a relucir la iniciativa 6021 que a finales de 2023 se intentó aprobar para ampliar por otros 25 años el contrato con Perenco.
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«Se ingresó una iniciativa que propuso el Ejecutivo (6575) para darle un cierre responsable (operaciones de Perenco). Si no mal recuerdo, es un periodo de ocho años el que se negoció para poder cerrar todos los pozos, pero sin que deje un daño fuerte en términos ambientales. Lo que yo veo es que no hay consensos en el Congreso para pasar esa iniciativa y lo que escuché es que Perenco sí se estaba moviendo, no sé con qué métodos, para intentar mantenerse todavía vigente, tratar de revivir la iniciativa del gobierno anterior», dijo Pérez a Plaza Pública.
El 16 de julio, dos días antes de la declaración de Ventura, el MEM publicó en el diario oficial el acuerdo 207-2025/SG con el que declaró de «carácter urgente» la contratación de servicios petroleros de emergencia para cerrar y desmantelar las instalaciones del campo Xan. Es decir, buscará un nuevo contrato para cerrar los pozos petroleros.
Esta disposición significa que el gobierno, según su criterio y dependiendo de la emergencia, podrá contratar de manera directa a una empresa o invitar a compañías para que presenten sus ofertas.
El ministro Ventura ya adelantó los planes sobre uno de los escenarios que tiene frente a sí el Ejecutivo: Dice que la cartera se encuentra lista para convocar a empresas especializadas con la idea de que una de ellas cierre el campo Xan, se ocupe de la refinería de asfalto y del oleoducto que transporta el petróleo. Todo se haría con la «supervisión» de dos empresas estatales de «países amigos», aseguró el funcionario.
Pero la falta de claridad del gobierno sobre este proceso ha levantado alertas sobre el peligro de los activos en poder de la empresa y quién se hará cargo de estos: «Se ponen en riesgo las instalaciones porque sin operación puede pasar lo que con Fegua, se van a “pepenar” todo el oleoducto. Hay más de 300 millones de dólares en activos del Estado ahí, cuidados por 20 soldados y 1,200 hectáreas de selva también cuidadas por 20 soldados», cuestionó el diputado de Cabal, Julio Héctor Estrada.
Estrada, uno de los diputados que promovía extender el contrato con Perenco para un cierre técnico, cuestionó la tardanza del Ejecutivo para presentar la iniciativa 6575 que se había acordado llevarla al Congreso a más tardar en abril. Aseguró que en este momento no da tiempo para extender la explotación por medio de ninguna de las dos propuestas que hay en el Legislativo.
Fuentes que hablaron con Plaza Pública señalan que ya hay empresas extranjeras que cabildean para ganar el contrato para cerrar el campo Xan y la propia Perenco también estaría interesada en ese nuevo negocio. Cuando en Con Criterio le preguntaron a Ventura sobre una posible nueva contratación de Perenco, respondió: «Considero que, si esta empresa (Perenco) ofrece las mejores condiciones, pudiera ser. Ojalá pudiera ser otra empresa».
La compañía Perenco ha sido muy cuestionada en Guatemala. Primero porque obtiene ganancias en detrimento del Estado: solo entre 2010 y 2023, pagó al Estado 713.6 millones de dólares en regalías, pero el Estado le devolvió 900.1 millones de dólares por los gastos de la echmpresa para la explotación, un mecanismo perjudicial para los intereses de Guatemala, llamado devolución de costos recuperables, según un análisis de diputados del bloque Vos.
Una iniciativa que no llega al fondo del problema
El investigador Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, explica que la reciente iniciativa del oficialismo no aborda el problema de fondo e implica «extender un contrato que se renovó en condiciones ilegales».
En 2012, el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) solicitó la lesividad del contrato porque la actividad afectaba un área de protección ambiental. Sin embargo, el MEM archivó el expediente y dejó pasar el plazo máximo de tres años que la legislación otorgaba para poder rescindirlo.
Maas añade que el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) dispuso que varios rubros de la actividad petrolera fueran subsidiados por el Estado, como salarios, prestaciones laborales, geología, geofísica y logística. Prorrogar el contrato sin cambiar estas condiciones es contraproducente, advierte.
«Se quiere asegurar recursos para la restauración con el mismo procedimiento que se demostró que no genera ningún beneficio para el Estado. Es incompatible con la conservación del entorno natural», precisa Maas.
Además, sobre Perenco hay una enorme sombra por un caso penal que señala entrega sobornos a diputados para extender sus negocios. El cuestionamiento más contundente apunta a una entrega de 4.5 millones de dólares, presuntamente dada al político Alejandro Sinibaldi, en 2010, a cambio de que este lograra operar para que en esa fecha se ampliara el contrato a la petrolera, según una declaración de Juan Arturo Jegerlenhner (quien fue concuño de Sinibaldi) que ofreció en calidad de colaborador eficaz del MP, publicada por Prensa Comunitaria.
Plaza Pública llamó al asesor legal en Guatemala de Perenco, Fredy Gudiel, para preguntarle si aún buscan una nueva prórroga. Pero se limitó a contestar que el actual contrato finaliza el próximo 12 de agosto e indicó: «No tenemos nada que comentar, caballero».
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