El truco del TSE para mantener con vida a seis partidos que debió cancelar
El truco del TSE para mantener con vida a seis partidos que debió cancelar
Los magistrados electorales no tienen prisa por resolver el trámite legal de algunos partidos políticos que están vigentes gracias a impugnaciones que llevan un año dormidas en el TSE. Esta anomalía tiene una fórmula: una interpretación conveniente de la Ley Electoral combinada con el retardo de los procesos en el órgano electoral.
«Pareciera que hay una resistencia a conocer y no quiero que se lleven ese tipo de impresión», dijo, el 29 de mayo pasado, el magistrado suplente Marco Antonio Cornejo a los representantes de partidos políticos que exigían esclarecer por qué se encontraban vigentes organizaciones que, por ley, debieron ser canceladas al finalizar los comicios.
Cornejo hizo creer a los representantes inconformes que los magistrados ya habían empezado a resolver estos casos: «En el pleno anterior se resolvió que se conocerían todos los recursos pendientes, dentro de estos están los que ustedes indican. En el pleno pasado se resolvieron cinco de ellos», aseguró, pero el juez electoral les ocultó información.
Para esa fecha el pleno no había conocido ninguno de los expedientes de partidos. Los cinco casos eran sobre corrimientos de cargos en concejos municipales y resoluciones sobre inscripción de comités para la formación de partidos políticos. Además, hasta ese día, ninguna de esas resoluciones había sido firmada, según la información que obtuvo Plaza Pública.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que, después de un proceso electoral, deben ser canceladas las organizaciones políticas que no obtengan, al menos, el 5% de los votos válidos en las elecciones presidenciales o de diputados por Lista Nacional, excepto cuando logren una curul en el Congreso.
En 2023, una docena de partidos no alcanzaron los sufragios para mantenerse vigentes. Pero sólo seis están cancelados en definitiva: Mi Familia, Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Partido Humanista de Guatemala (PHG), Partido Republicano (PR), Partido de Integración Nacional (PIN) y Unión Republicana (UR).
Hay otros que el TSE debió cancelar en automático, pero se mantienen con vida: Partido de Avanzada Nacional (PAN), Podemos, FCN-Nación y Partido Popular Guatemalteco (PPG). Estos seis expedientes, los magistrados los mantienen dormidos y, en consecuencia, los partidos siguen vigentes.
Una fuente del TSE aseguró a Plaza Pública que los magistrados electorales son quienes deciden su agenda y que también tienen la potestad de rechazar los asuntos que abordan, como el caso específico del Movimiento Semilla cuya cancelación está vigente, pero con una apelación pendiente.
Los casos de Prosperidad Ciudadana (PC) y el Partido de Oportunidades y Desarrollo (Poder) son particulares, aunque con irregularidades. Ambos no postularon las candidaturas que obliga la LEPP, pero se encuentran salvados, el primero por acciones legales y el segundo por decisión del pleno de magistrados.
Cómo jugarle la vuelta a una ley
El artículo 93 de la LEPP dice que, si un partido no alcanza ese mínimo de votos ni logra, al menos, una representación en el Legislativo, procede su cancelación. El apartado no establece ninguna apelación en estos casos; sin embargo, el Registro de Ciudadanos (RC) admitió tres apelaciones y, según una respuesta de acceso a la información dada a Plaza Pública, un recurso que suele usarse solo durante procesos electorales, pero que mantiene detenida otra cancelación.
Además, la norma electoral señala que las apelaciones únicamente proceden contra las resoluciones definitivas del director del RC. La ley precisa que una resolución definitiva es «aquella que pone fin a un asunto, la que resuelve un recurso de revocatoria y aquellas otras señaladas específicamente en esta ley».
En esta parte es donde empieza el truco legal ejecutado por los partidos políticos y los magistrados del TSE: aunque en diciembre de 2023, el exregistrador de ciudadanos, Ramiro Muñoz, canceló a once partidos políticos con base en el artículo 93, cinco de estos plantearon apelaciones y el TSE las admitió basado en el artículo 94, que corresponde al procedimiento utilizado cuando un partido es cancelado o suspendido por infracción a normas de la LEPP.
El procedimiento de este segundo artículo obliga al órgano electoral a correr audiencia a las organizaciones afectas y les permite aportar pruebas de descargo, pero, ¿cuáles pruebas caben en un proceso donde el incumplimiento es claro? y ¿por qué se admitieron las apelaciones?
«Es un derecho que a ellos les asiste. Yo emito una resolución donde digo “hay incumplimiento a esto, a esto, a esto; por lo tanto, el partido queda cancelado”. Para nosotros en el Registro, el partido está cancelado porque emitimos resolución de cancelación. Pero ellos (los partidos) acuden y la ley se los permite. Ellos tienen el derecho y la facultad de poder presentar recursos», respondió el actual director del RC, Sergio Escobar Antillón.
En este proceso, el cambio de director del RC fue clave. El registrador que canceló los partidos, Ramiro Muñoz, fue destituido y posteriormente capturado. El Ministerio Público (MP) logró que fuera condenado en dos oportunidades por anomalías en sus decisiones durante el proceso electoral 2023. El nuevo registrador, Escobar Antillón, ha sido benevolente con los partidos políticos.
Escobar Antillón indicó que mientras una apelación se encuentre pendiente de resolver, las cancelaciones no cobran firmeza. Sin embargo, su opinión es distinta en el caso del Movimiento Semilla —que también tiene un recurso pendiente contra su cancelación—. En el caso del partido oficialista, la orden provino de un juzgado de primera instancia y según el registrador «las resoluciones judiciales no se discuten, son de cumplimiento obligatorio», aseguró el registrador.
Esta es la situación de los partidos que de momento están salvados por el TSE:
PAN: dos veces cancelado y el discurso de «fraude» como defensa
Esta no es la primera vez que el PAN evade una cancelación. La primera ocurrió en 2020, cuando se confirmaron irregularidades en su financiamiento de cinco años antes. El partido no desvaneció los hallazgos de una auditoría del TSE, aún así logró revertir la anulación y correr en los pasados comicios.
El PAN fue cancelado a finales de 2023 por tres razones: no postuló dupla presidencial, no logró ninguna curul en el Congreso ni alcanzó el 5% de votos válidos.
Los motivos del PAN para apelar la cancelación del RC van en la misma línea que la del Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras sobre las elecciones de 2023: el discurso del supuesto fraude electoral, aunque sin pruebas.
«Nuestro derecho de defensa estriba en eso, en que nosotros como partido político no podemos ser cancelados dentro de un proceso en el cual cuatro de los magistrados titulares están separados de sus cargos y sujetos a proceso, el director del Registro de Ciudadanos aceptó cargos y está retirado del cargo y se han demostrado más de 1,300 irregularidades en el proceso», aseguró a Plaza Pública Manuel Conde, secretario del PAN.
Conde sostiene un dato falso: las irregularidades que señala el MP de Porras no han sido demostradas. Cuando se le cuestionó sobre esto aseguró que el caso penal contra las elecciones es «otro tema», aunque en este se basan los argumentos de su defensa para evitar la cancelación.
Podemos se aferra la solución amistosa con el Estado
El caso de esta organización es similar. Podemos tampoco logró el mínimo de votos requerido, no postuló binomio presidencial ni obtuvo ningún escaño en el Congreso. Aunque hay un elemento distinto, y es en el que se concentra su apelación: la inscripción de su dupla presidencial —Roberto Arzú y David Pineda— fue revertida por los magistrados electorales que diez días antes la había autorizado.
El secretario general de Podemos, Ronald Sierra, indicó que el amparo contra la cancelación se basa, entre otros argumentos, en las acciones legales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la violación de los derechos de Arzú y Pineda al haber sido «vetados» en las pasadas elecciones y, en consecuencia, que los derechos del partido Podemos también fueron violentados.
Sin embargo, en el Acuerdo de Solución Amistosa que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) suscribió —en nombre del Estado— con Arzú y Pineda solo se reconoce la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco en la violación de los derechos civiles y políticos de las dos personas y se establece un compromiso para promover que dichas violaciones no volverán a suceder, siempre que Arzú y Pineda cumplan los requisitos de las leyes internas.
«Están aplicando una norma que creo que es la correcta (el RC); sin embargo, nosotros no participamos en iguales condiciones que los demás porque fuimos vetados desde antes», señaló Sierra.
FCN-Nación, cómo evitar durante siete años una cancelación
Al igual que el PAN, el partido del expresidente Jimmy Morales ha sorteado la cancelación en más de una oportunidad. Durante siete años, esta organización ha logrado extender su agonía y participar en dos elecciones generales a base de recursos legales que han dilatado su muerte política.
Su primera cancelación ocurrió a finales de 2019, después de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), dirigida por Juan Francisco Sandoval, solicitó al TSE la cancelación del partido por haber recibido aportes de los empresarios más poderosos del país, por al menos 8 millones de quetzales, que no fueron reportados al órgano electoral.
Con todo eso, la organización logró competir en las elecciones de 2019 y de 2023, en esta última obtuvo sus peores resultados, pues no logró ninguna diputación y en la elección presidencial solo alcanzó el 0.41% de los votos emitidos. Por estas razones fue cancelado por el RC.
Pese a eso, el partido del expresidente Morales se mantiene vigente por un recurso de aclaración, también sin resolver por los magistrados del TSE. Sin embargo, esta acción solo procede cuando las resoluciones sean «obscuras, ambiguas o contradictorias».
Javier Hernández Franco, secretario del FCN-Nación, no respondió a la solicitud de entrevista para esta nota.
Prosperidad Ciudadana, una cadena de anomalías
El partido Prosperidad Ciudadana (PC) debió ser cancelado desde 2022 por mantener desintegrado, por más de un año, su Comité Ejecutivo Nacional (CEN). A finales de ese año, cuando la organización cambió de manos por segunda vez, el TSE pasó por alto anomalías durante la asamblea nacional para nombrar a un nuevo CEN.
Pero las consecuencias llegaron meses después, cuando el partido Cambio, de Manuel Baldizón, logró botar esa asamblea y así también todas las candidaturas de PC para las elecciones de 2023, incluida la del sorpresivo candidato a la Presidencia que lideraba las encuestas, Carlos Pineda Sosa.
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Las irregularidades no se quedaron ahí. De acuerdo con el director del RC, Sergio Escobar Antillón, este partido debería estar cancelado pero en 2024 obtuvo un nuevo amparo que obligó al TSE a revivirlo. Pese a que, en 2023, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al MP investigar las actividades ilícitas cometidas al inscribir la asamblea del partido, por lo que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) inició un proceso penal contra el anterior registrador de ciudadanos, Ramiro Muñoz.
«Lo revivieron (a PC) a través de un amparo, sin Comité Ejecutivo integrado con un montón de limitaciones [...], los ampararon y nos obligaron, nos dieron plazo para que les entregáramos libros para celebrar asambleas y que nosotros acatáramos esa disposición», aseguró Escobar Antillón a este medio.
Lilian García, secretaria de PC, negó que la organización haya obtenido un nuevo recurso legal. Dijo que, basados en el amparo provisional de la CC que en 2023 anuló las candidaturas, solicitaron hacer una nueva asamblea.
«Solicitamos se nos autorizaran hacer nuevamente la asamblea nacional que era la que no teníamos vigente y el TSE nos autorizó, el año pasado, hacer nuestra asamblea nacional para elegir nuevamente a un Comité Ejecutivo Nacional. Logramos hacer nuestra asamblea nacional donde nos constituimos nuevamente como Comité Ejecutivo Nacional; a partir de ahí, el TSE nos resuelve favorablemente y nos deja vigentes», dijo García a Plaza Pública.
García agregó que, en 2023, solo anularon las candidaturas del partido, pero los órganos legales quedaron vigentes. Aseguró que la cancelación no le aplica a PC porque este sí postuló candidatos, aunque admitió que esas postulaciones fueron anuladas por orden de la CC.
El partido de Neto Bran sigue con vida
El Partido Popular Guatemalteco (PPG) es otro ejemplo de cómo el TSE aplicó el artículo de la Ley Electoral más conveniente para los intereses de los partidos políticos. Esta organización debió ser cancelada en automático por incurrir en dos de las causales que establece el artículo 93 de la LEPP: no postuló binomio presidencial, en la elección de diputados por Lista Nacional obtuvo el 0.44% de los votos válidos; además, no logró ninguna curul en el Congreso.
Pero el TSE decidió que para defenderse, a la organización le aplica el artículo 94 de la Ley Electoral. Según una publicación del diario La Hora, esta interpretación fue por decisión de la magistrada Blanca Alfaro y se derivó de la apelación que presentó el PPG. De acuerdo con la información proporcionada por el RC a Plaza Pública, el recurso de este partido está pendiente de resolverse en el pleno de magistrados.
La figura más visible de esta organización es el alcalde de Mixco, Neto Bran, quien en varias oportunidades aseguró que este es «su partido». Fue el vehículo con el que Bran logró su segunda reelección, en 2023.
Esta organización, al igual que PC, también fue identificada como «satélite» del partido Vamos en los pasados comicios, al situar entre sus filas a aliados del oficialismo, como el exdiputado Jorge de Jesús García Silva, inscrito como candidato a diputado en la segunda casilla del Distrito Central. García Silva está implicado en el caso «Clima, corrupción y poder» en el cual se señala la presunta sobrevaloración de estaciones de monitoreo adjudicadas por el Insivumeh, en 2020, a Outsourcing Total, S.A.
El exdiputado Jorge Arévalo Canales, secretario del PPG, no atendió a las solicitudes de entrevista con este medio para preguntarle por los argumentos de la apelación. Daniela Álvarez Vega, secretaria de actas del partido y pareja de Arévalo, ofreció trasladar a Plaza Pública la información requerida, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Los magistrados salvaron a Poder
El caso del Partido de Oportunidades y Desarrollo (Poder) es similar al del PC. A finales de 2023, el anterior jefe del RC, Ramiro Muñoz, lo canceló con base en el artículo 93 y literal «d» de la LEPP, es decir, por no postular candidatos a binomio presidencial ni a diputados en más de la mitad de distritos.
Sin embargo, Poder apeló la cancelación al argumentar que el Registro no cumplió con el debido proceso, pues este debió iniciarse como lo señala el artículo 94 que permite a las organizaciones presentar pruebas de descargo, con el fin de revertir la penalización, aseguró a este medio el secretario del partido, Walfre Lara Matute.
El secretario consideró que a Poder no le aplicaba el artículo 93 de la LEPP porque la falta de postulaciones de candidatos se debió a que a la organización la dejaron fuera de las elecciones «de forma ilegal». Lara Matute indicó que, en 2024, el actual pleno de magistrados —al aplicar el artículo 94— revirtió la cancelación ordenada por el RC.
«El Registro no aplicó el debido proceso que establece el artículo 94 de la LEPP y nosotros, basados en ese artículo, presentamos nuestras pruebas y tenemos una resolución donde no nos podían cancelar y estamos vigentes con resolución formal y vigencia como partido», explicó el secretario de Poder a Plaza Pública.
Sin embargo, Lara Matute omitió que su partido sí inscribió candidatos en 30 corporaciones municipales, según los registros del TSE y que estos figuraron en las papeletas electorales del 25 de junio en municipios como Malacatán, Nuevo Progreso y Tajumulco (San Marcos), Santa Lucía Cotzumalguapa, San José e Iztapa (Escuintla), Mixco (Guatemala), San Juan Ixcoy (Huehuetenango) y Totonicapán (Totonicapán), de acuerdo con las actas de cierre de escrutinios de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) disponibles en el sistema Trep.
Es decir, el partido sí participó en las elecciones 2023, aunque de manera limitada, y por lo tanto le aplicaba el artículo 93 de la Ley Electoral.
También evitó mencionar que el TSE señaló irregularidades en la asamblea nacional extraordinaria de Poder, en la que postuló binomio presidencial, así como candidatos a diputados y a corporaciones municipales.
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Un elemento clave que corre a favor de los partidos que mantienen congelada su cancelación es el tiempo. Además de que estos casos llevan un año en el TSE, en el sistema de justicia guatemalteco, usualmente, estos procesos se extienden por varios meses en las cortes de justicia, una batalla legal que ya anunciaron las organizaciones.
La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, además de asegurar que los magistrados no están para agilizar los procesos, adelantó una opinión sobre las apelaciones pendientes de resolver: tomar en cuenta a los afiliados de los partidos políticos al momento de emitir las resoluciones.
«Un partido político se forma por más de 20,000 personas y también hay que respetar esa coherencia a esas personas que se les ha invisibilizado, pero también están dentro de su expediente. Por eso, cada expediente debe analizarse y dadas las condiciones del tribunal que ustedes perfectamente conocen, tampoco estamos nosotros en condiciones para correr, cuando se trata de resoluciones que conllevan una responsabilidad y que pueden beneficiar o afectar también a estas personas, ciudadanos y ciudadanas», declaró Alfaro cuando en una conferencia de prensa se le preguntó por el retardo de los expedientes.
El argumento de que la cancelación de un partido político «vulnera» a sus afiliados ya lo usó este TSE cuando, en 2022, salvó de la cancelación —por tercera vez— al partido UNE de Sandra Torres.
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