Mientras tanto, con el poder de rectoría y del Consejo Superior Universitario (CSU), las autoridades —que han llegado al cargo con señalamientos de fraude y se han mantenido en funciones más allá de lo que establecen estatutos, leyes y reglamentos— intervienen unidades académicas con el objetivo de mantener el control interno y debilitar a las oposiciones. Por ello, diversos miembros del CSU son designados para intervenir y ocupar puestos directivos en unidades académicas, lo que violenta el ánimo democrático contenido en sus procedimientos y estatutos. Esta práctica se ha implementado en las escuelas de Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación, así como en las facultades de Agronomía y Arquitectura. La nueva unidad intervenida es la Escuela de Ciencias Psicológicas.
[frasepzp1]
En sesión del jueves 31 de julio, se presentó ante el CSU la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre “cómo proceder al momento de vencer los cargos de quienes conforman el Consejo Directivo” de dicha escuela. Esto, a pesar de que el período de las autoridades va de agosto de 2021 a agosto de 2025, según un proceso previamente establecido. El dictamen argumenta que, debido a los “principios de unidad e indivisibilidad”, todas las autoridades electas deben entregar el cargo, y no, como se ha hecho en otros casos, permitir que el vocal I asuma las funciones de decanatura o dirección.
El CSU conoció el dictamen jurídico y votó a favor de intervenir la Escuela de Psicología y nombrar nuevas autoridades.
Lo que parece una decisión administrativa presenta varios problemas. En primer lugar, desde el mes de febrero, las autoridades de Psicología solicitaron en repetidas ocasiones la autorización para convocar a elecciones, sin obtener respuesta, pese a que ya existe un precedente de la Corte de Constitucionalidad sobre la realización de elecciones en la universidad. En segundo lugar, el propio CSU autorizó recientemente un cambio en el procedimiento electoral que indica que las autoridades no dejarán sus cargos hasta que las nuevas autoridades electas asuman los puestos.
Es evidente que existe una aleatoriedad en la aplicación de normas y reglamentos por parte de rectoría y del CSU. En otras palabras, no existe un actuar conforme a la ley, sino conforme a intereses particulares y relaciones de poder efectivas.
En algún momento se deberá hacer un análisis a fondo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Será necesario estudiar el proceso histórico que, después de la represión del conflicto armado, permitió el deterioro institucional, el entramado de poder que conecta intereses políticos corruptos y la acción delincuencial producida en su seno.
Más de este autor