García García, al igual que otros representantes del CSU, es cercano al rector Walter Mazariegos Biolis. Aunque su nombramiento debía ser temporal, continúa en el cargo debido a la ausencia de elecciones. Actualmente, también figura como director de otros centros universitarios.
Esta intervención, que contraviene la normativa electoral establecida en los estatutos y reglamentos universitarios, ha provocado una crisis institucional que afecta distintos aspectos del funcionamiento de la Escuela de Psicología. Ante esta situación, la comunidad educativa —tanto estudiantes como docentes— ha expresado su rechazo de manera firme y sostenida.
Los orígenes de la intervención
La crisis institucional en Psicología no puede desligarse del contexto más amplio de la Usac y de la propia institucionalidad del país. Por ejemplo, una de las últimas acciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) fue la investigación en contra de Murphy Paiz (rector en ese momento) y Estuardo Gálvez (exrector) por el caso Comisiones paralelas. Ambos fueron capturados y luego excarcelados.
Ahora bien, ¿cuáles son las raíces de esta crisis y descomposición política que atraviesa la universidad estatal? Es posible que una de las causas más importantes sea la influencia que tiene la Usac para elegir representantes en diversas instituciones como la Corte de Constitucionalidad, Banco de Guatemala, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre muchas otras, lo que la ha convertido en un botín político. Cargos como rector o decano son disputados por grupos que tienen influencias políticas extrauniversitarias. Es innegable que en los últimos años estos factores se han alineado y forman parte del llamado pacto de corruptos.
Las elecciones a rectoría de 2022, con la sorpresiva participación de Jordán Rodas y el grupo SOS, representan un punto de inflexión. Lo que sería tan solo otro proceso de elección de autoridades (con eventos en los que abunda el licor y las fiestas) desembocó en una grave crisis de legitimidad. Existieron múltiples señalamientos de fraude y se ha cuestionado la llegada a rectoría de Mazariegos Biolis. De hecho, todavía en 2025, es muy difícil que aparezca en eventos públicos o que ponga pie tranquilo en las instalaciones universitarias, debido al rechazo que causa. Es un rectorado a distancia, lleno de acusaciones.
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Luego de esas elecciones viciadas, la oposición estudiantil y docente tomó la mayoría de las instalaciones universitarias. Esto incluyó el Campus central y el Centro Universitario Metropolitano (CUM), donde se encuentra la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Ciencias Psicológicas. La toma se extendió por varios meses, ahora tanto el Ministerio Público como los altos cargos de la Usac han perseguido a dirigentes universitarios. Se han tomado medidas administrativas como expulsión de estudiantes, despido de docentes y medidas penales como captura y persecución de varias personas.
En ese contexto, la Escuela de Psicología se mantuvo independiente de la política de rectoría y del CSU. El consejo directivo de Psicología, elegido para el período 2021-2025, operó exclusivamente con el presupuesto ordinario asignado. Esto significó que no tuvo que pedir favores políticos y que mantuvo la estabilidad financiera. Logró procesos exitosos, como la ampliación del departamento de posgrado, generando recursos reinvertidos en la institución. Otros avances incluyeron la reglamentación del funcionamiento de distintas unidades, la estabilidad de docentes, un mejor clima de relaciones con estudiantes y la creación de una unidad de investigación que ha publicado varios libros y revistas.
El movimiento estudiantil se desarrolló al no enfrentar el clima represivo que ha marcado a otras unidades académicas. En el CUM, las autoridades no lograron imponer su control, manteniéndose al margen de algunos vicios del Campus central.
Sin embargo, el costo de la independencia ejercida por la Escuela llegó en forma de intervención. Desde el mes de febrero, el consejo directivo solicitó la convocatoria a elecciones para renovar a las autoridades, conforme a los procedimientos establecidos en la normativa universitaria. A pesar de enviar múltiples peticiones, lo único que se recibió fueron dos acuses de recibido, sin respuesta de fondo.
Dado que, como ya se dijo, en la Escuela de Psicología no existían conflictos internos graves ni otras circunstancias que justificaran una medida tan drástica, se esperaba que el CSU respetara su propia legalidad. No obstante, en lugar de atender la solicitud de elecciones, el Consejo optó por asumir el control de manera directa, actuando en contra tanto de la legalidad como de la legitimidad institucional.
La intervención
Aquel 11 de agosto, el interventor Berner García se presentó a la toma de posesión del cargo. El consejo directivo saliente se reunió y solicitó incluir un punto en el que se señalaba la ilegalidad del nombramiento. Sin embargo la sesión fue interrumpida por las y los estudiantes de la Escuela e impidieron la toma de posesión. El hecho fue difundido en redes sociales y medios de comunicación.
Desde entonces, las autoridades interventoras han recurrido a medidas administrativas y financieras para intentar controlar la Escuela. Al momento de escribir estas líneas, los docentes interinos y varios trabajadores administrativos y de servicios aún no han firmado los contratos respectivos. El consejo directivo saliente no pudo dejarlos en firme, ya que la Dirección de Recursos Humanos de la universidad indicó que solo podían firmarse entre el 1 de julio y el 8 de agosto, en lugar del período semestral habitual.
Otra de las estrategias de la intervención ha sido buscar aliados dentro de la propia Escuela para asegurar la gestión cotidiana. En ese marco, se sostuvo diálogo con la Mtra. María Lourdes Hun Cacao y el Dr. Jorge Arturo Abril Toledo, quienes aceptaron los cargos de secretaria académica y coordinador general académico. Poco después, Abril Toledo también fue designado como director del departamento de posgrado.
Paralelamente, las autoridades intentaron conformar un equipo docente dispuesto a mantenerse en sus funciones o asumir nuevas coordinaciones. El 28 de agosto se emitió un memorando con un listado de nombramientos académicos y administrativos. No obstante, varias personas renunciaron a los cargos propuestos y señalaron que no aceptarían ninguno más.
El 3 de septiembre se publicó un nuevo listado de coordinadores, según el memorando 15-2025. En él se repiten algunos nombres y se suman otros, como el de la abogada Angie Susana Morales Huertas, quien en su tesis de graduación de 2024 dedicó el acto a su novio Oscar Eduardo García Orantes, casualmente uno de los representantes estudiantiles nombrados por el CSU. Sin embargo, pocos días después, Morales Huertas renunció, lo que obligó a un tercer reajuste en las coordinaciones. Estos cambios constantes reflejan las dificultades de la intervención para lograr operar en la Escuela.
La medida de regresar a la virtualidad se acompañó de una nota dirigida a estudiantes, docentes y trabajadores, en la que se emplea la primera persona del plural «nuestra Escuela» y el eslogan «Dejemos la Universidad, mejor de como la encontramos». La página oficial de la Escuela ha transmitido varios mensajes de la intervención, sin permitir respuesta, con cientos de likes de usuarios con nombres indios o asiáticos, lo que añade un componente controvertido a la comunicación oficial.
La resistencia
Desde la jornada de más de cinco horas en agosto, la comunidad académica de la Escuela de Psicología ha manifestado su oposición a las medidas del CSU. También se opone al consejo directivo interventor y a las coordinaciones nombradas. Entre sus acciones destacan la interposición de amparos ante la Corte de Constitucionalidad para garantizar el derecho a elegir y ser electos, y dejar sin efecto las disposiciones del CSU. El primer amparo fue presentado por el docente Pablo Andrés Ojeda Lepe; el segundo, por dos estudiantes con el apoyo del abogado Erick Castillo. Posteriormente, el diputado José Chic presentó otros dos recursos, y un estudiante de psicología y abogado anunció un último amparo relacionado con el regreso a la virtualidad.
El primer amparo fue rechazado por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, pero se planteó una apelación que la Corte de Constitucionalidad aceptó, trasladándola a otra sala. Hasta el momento, los amparos se encuentran detenidos. En teoría, si se aplicara estrictamente la ley, la Corte debería resolver a favor de estos recursos, ya que la intervención del CSU viola los estatutos y normativas vigentes. Cabe recordar que en 2024 la CC falló a favor de un amparo para convocar elecciones y cargos vencidos de representantes del CSU.
El sistema de justicia parece operar más por presiones e intereses de funcionarios y grupos de poder que por la ley. No obstante, el estudiante y abogado Walter Brenner presentó un amparo contra la virtualidad que fue concedido por el Juzgado Sexto Pluripersonal de Primera Instancia del Ramo Civil del Departamento de Guatemala, lo que permitió que las actividades académicas y administrativas volvieran a la presencialidad.
Además de los amparos, el claustro de docentes buscó asesoría laboral con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad (STUSC). Varios docentes se afiliaron al sindicato y se presentó un recurso ante la Inspectoría General de Trabajo sobre las contrataciones. Otro grupo presentó denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos por violaciones a los derechos a elegir y ser electos, así como vulneraciones laborales y educativas provocadas por la crisis del CSU.
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En el plano mediático y simbólico, los estudiantes han llevado a cabo diversas acciones de protesta: empapelaron el edificio A con carteles críticos, comunicaron su exigencia de elecciones a través de las páginas de la Asociación de Estudiantes de Psicología y el Consejo General de Representantes, y rechazaron públicamente el nombramiento de las coordinaciones propuestas mediante memes y carteles. Esta presión ha desalentado la cooperación con la administración impuesta.
Frente a la medida de regresar a la virtualidad, informada un domingo a las 11 de la noche, los estudiantes de las tres jornadas llamaron a asistir a clases presenciales al día siguiente. Las actividades se retomaron presencialmente, y junto al claustro docente hicieron un llamado a desconocer a las autoridades designadas por el CSU.
Estudiantes y docentes del departamento de Posgrado también han rechazado la intervención. Emitieron un comunicado desconociendo el nombramiento de Abril Toledo como director y amenazaron con dejar de pagar las cuotas de este programa autofinanciable. Por primera vez en la historia de la Escuela, tres coordinadoras de maestría y las docentes de la maestría en Análisis Social de la Discapacidad presentaron su renuncia, rechazando el nombramiento de Abril Toledo.
Diversos medios de comunicación han hecho pública esta situación. Así, contribuyen a transmitir la perspectiva estudiantil y a cuestionar la legitimidad de las actuales autoridades.
Un panorama incierto
La salida de la crisis institucional depende de que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie sobre los amparos presentados, lo que podría revertir la intervención del CSU y permitir la convocatoria a elecciones. Sin embargo, esta decisión podría estar influida por factores externos, como las elecciones de autoridades del próximo año en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral.
Mientras tanto, el interventor García García permanece como un director lejano, sin poder ejercer funciones dentro de la Escuela. La oposición que ha generado no parece haber sido considerada por él, el CSU ni el rector.
La comunidad educativa, por su parte, sigue aprendiendo el arte de la resistencia. A cada medida de las autoridades impuestas, responde con acciones ingeniosas que dificultan el funcionamiento de la intervención. Aunque se desconoce la duración o los resultados de estas acciones, la indignación y la organización se mantienen firmes.
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