Gasto público en ambiente: cifra no llega ni a uno de cada cien quetzales

El estado de situación del gasto ambiental en Guatemala es el nombre de un estudio que se publicará en 2026, pero del que su autor, Juan José Narciso, experto del IARNA, de la Universidad Rafael Landívar, revela importantes conclusiones. Por ejemplo, que ni siquiera uno de cada cien quetzales erogados por el Estado se destinó a la protección de los ecosistemas y ambiente en el país (promedio de asignaciones 2014-2024). 

En esta entrevista, el investigador también critica el enfoque actual del programa Probosque, señala la falta de acción de las municipalidades y advierte que, en el actual gobierno, son más las buenas intenciones que los resultados. 

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—Era necesario medir con rigor académico el gasto ambiental en Guatemala, y más en tiempos de cambio climático. ¿Puede resumir los puntos más importantes del estudio? 

—La investigación busca medir las cuentas ambientales. El ambiente, en sí mismo, no se mide, pero hay elementos que permiten establecer el gasto e ingreso público. En Guatemala, el gasto ambiental es muy bajo y eso tiene que ver con la crisis civilizatoria que hay en el mundo. El gasto en medio ambiente es un poco intangible comparado con salud y educación, pero es relevante porque, en el largo plazo, lo que está en juego es la vida de una civilización entera. 

Entre los hallazgos más importantes figura que el gasto ambiental no representa más allá del uno por ciento (del gasto público total). Eso es bajísimo y las instituciones ambientales existen desde hace ya muchos años. El Conap (Consejo Nacional de Áreas Protegidas) es del 89 y el Inab (Instituto Nacional de Bosques) del 98. Tienen un trayecto de vida largo, pero nunca se ha revisado eso.

(Las otras tres instituciones ambientales son el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN; la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán, AMSA, y la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno, AMSCLAE).

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—¿Hay algún parámetro para establecer si es insuficiente ese uno por ciento? 

—Es muy poco. Al compararlo con el PIB, ya ni siquiera se menciona porque sería 0.00... Es decir, no es relevante. 

Los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, tienen un gasto ambiental más elevado comparado con el PIB. Se habla del 2, 4 y hasta 5 por ciento. No es tan alto en comparación, pero ya es una cantidad de plata que significa el compromiso político de atender la cuestión ambiental de una forma distinta.

—¿De qué depende incrementar ese gasto ambiental?  

—De una voluntad política. Los gobernantes tienen la responsabilidad de cambiar la inercia de las cosas. Pasamos de los gobiernos militares a los civiles, pero la distribución de los gastos es prácticamente la misma. Ha habido incrementos, pero tampoco se hacen evaluaciones de desempeño. ¿Qué han significado los incrementos en educación o salud? Todos sabemos que la corrupción es un elemento que distorsiona el gasto público. 

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—¿Cuáles pueden ser las consecuencias si eso no cambia? 

—Si no se hace nada, creo que, en el largo plazo, la situación va a ser muy complicada. Se considera que Guatemala tiene un nivel de contaminación del aire 10 veces superior a lo que acepta la OMS y no nos damos cuenta. Por eso hablo de la intangibilidad del ambiente. Todos los días estamos respirando, pero hay partículas que nos están contaminando y no nos damos cuenta. Por otro lado, a nivel mundial, el cambio climático es un hecho y las irregularidades del clima son evidentes. 

—Hay una frase en el estudio que dice: “el que contamina, paga”. ¿Puede elaborar un poco más al respecto? 

—La idea es similar a un proceso de redistribución donde el que gana más, paga más impuestos para que puedan redistribuirse a las personas que más necesitan. En el caso del medio ambiente es similar. Es decir, el que contamina, paga y debe asumir que está dañando el ambiente. Pero el problema es que nadie se lo explica (a quien contamina) y, además, no lo quiere entender. Hay planteamientos teóricos acerca de invertir y depredar porque después eso se va a revertir, pero el deterioro no se recupera rápidamente. Un ecosistema no se recupera de un día para otro; es más, puede que no se recupere nunca. 

—¿Quiénes deberían pagar en Guatemala?  

—Los principales actores están en el ámbito de la explotación agrícola y minera. Y cuando hablo de explotación agrícola no me refiero a los pequeños productores. Se reconoce que los que contaminan más son los productos extensivos, como la caña de azúcar, palma africana o café, aunque el café ha mejorado.   

Pero también tienen un papel esencial las municipalidades. Si ves el basurero municipal que tenemos en la zona 3 es una vergüenza. Este contamina toda la cuenca del río Las Vacas, uno de los afluentes del río Motagua. Hay que entrarle a este problema con planteamientos fuertes e integrales que permitan quebrar esa inercia. 

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—La investigación revela que los impuestos que se recaudan en Guatemala destinados a la protección ambiental apenas representan un ocho por ciento de los ingresos tributarios brutos. Es decir, solo ocho de cada cien quetzales van para la protección ambiental. Pensé en las regalías que pagan las petroleras, que no superan siquiera el cinco por ciento. ¿Qué tan urgente es incrementarlas? 

—Las regalías son solo un elemento y una buena discusión, pero debieran ser el último elemento, pues primero tienes que resolver varias cosas fundamentales. Cuando autorizas los proyectos, tiene que ser en franca connivencia con las localidades afectadas. Porque lo que pasa es que, de repente, las localidades ven que hay un camión sacando tierra y se preguntan por qué... Nunca se les consulta previamente y el problema es que con la ley lograron que no fueran vinculantes las consultas y así evitaron que tuvieran peso.  

Por otro lado, los recursos naturales son del Estado. Si hay un negocio, el inversionista y el Estado deben estar a mano, como socios. Y la sociedad debería verse reflejada en términos de acciones a favor de las comunidades para que se sientan beneficiarias de esos proyectos.  

Y las regalías son lo último, que realmente son muy bajas. Son miserables. Encima, hay costos recuperables (a favor de las empresas) y prácticamente se subsidia (la extracción petrolera). 

—El estudio menciona al programa Probosque, del Inab. Cuestiona que, si bien busca la reforestación, su sentido es ampliar la cobertura forestal para luego ser rentabilizada por la industria. ¿Cómo reenfocar estos programas? 

—El Inab se creó justamente para reforestar, pero reforestan en términos productivos. La idea era tener una masa forestal que tuviera la posibilidad de generar insumos a una industria forestal que iba a escalar. El Inab casi no habla de ello, pero en realidad su junta directiva está controlada por la gente del sector privado y hay un problema en esa conformación. 

El problema es que no se ha logrado articular una industria forestal importante. Es de bajo nivel agregado. Si ves las exportaciones que hace esta industria, de Guatemala hacia el exterior, son ataúdes, zócalos o palets. Los datos demuestran que la industria forestal no ha crecido y la deforestación sigue. 

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Además, la mayoría de madera que producen las industrias es ilegal. Ni siquiera vienen de ahí. Yo hice un estudio donde se ve que, por cada hectárea reforestada, la palma africana crece tres o cuatro veces más. Como estos son cultivos extensivos, muchos de estos bosques que se logran por medio de los incentivos del Inab están en peligro.  

—En el Estado, parte de la institucionalidad que también genera críticas incluye a las municipalidades, a las que se cuestiona por no tratar sus aguas. ¿Cómo evalúa el cumplimiento de sus responsabilidades en materia ambiental? 

—Generalmente lo que más crece (en gasto municipal) es el alcantarillado. Pero el tratamiento de aguas residuales o la gestión de basureros es bajísimo. En agua potable es nada... Hay un desbalance total. En Guatemala ya no se habla de agua potable, se habla de agua entubada. En los países desarrollados, uno se sirve agua del chorro (para beber). Entonces,creo yo que las municipalidades no han asumido con seriedad el tema. 

—¿Qué sectores deberían leer el estudio de las cuentas ambientales y tomar acciones a partir de ello? 

—Primero, el gobierno. Esto lo debe saber el Ministerio de Ambiente. La ministra (Patricia Orantes), que es conocida nuestra aquí (en el IARNA), debería ser la primera en reconocer este tipo de cosas y hablarlo con el ministro de Finanzas, junto al presidente de la República. El sector privado también debería reconocer que estamos caminando hacia una crisis civilizatoria en donde nadie quiere cambiar nada. Eso tiene una relación con las posibilidades de vida de las personas. 

—¿Ha cambiado algo con este gobierno o solo seguimos viendo buenas intenciones, pero sin resultados? 

—Creo que es más lo segundo. Tienen buenas intenciones y no lo dudo. Soy columnista de Plaza Pública como de La Hora y peleé palmo a palmo para que asumiera Bernardo Arévalo. Todos estábamos convencidos de la necesidad de un cambio en este país y creo que tienen las intenciones, pero están amarrados por todos lados. Pero creo que faltaron también decisiones que debían haber sido, tal vez, difíciles, pero hubieran permitido dar un salto cualitativo. Habrá que ver qué pasa con todas las elecciones venideras, pero ya es tarde. El gobierno ya espera su tercer año. Si logran tener una composición positiva en la Corte de Constitucionalidad y se recupera la decencia en el Tribunal Suprema Electoral, será un logro importante.  

Muchos amigos y colegas están en el gobierno, tratando de hacer las cosas bien. Creo que no hay que perder la esperanza del cambio.