Ley de aguas: La autogestión comunitaria marca primer mes de diálogos
Ley de aguas: La autogestión comunitaria marca primer mes de diálogos
Finalizó la primera ronda del «Proceso Nacional del Agua», que busca aprovechar la experiencia colectiva en poblados indígenas. De 12,640 sistemas de suministros identificados, el 75 % fueron logrados por las comunidades. El caso de “Agua para mi pueblo”, en Santa Rosa, ilustra la filosofía y esfuerzo que conllevan.
Juan Antonio Rodríguez se para frente al tanque del proyecto comunitario «Agua para mi pueblo» y enfatiza: «El agua es para quien la necesite». La máxima en su comunidad es clara: el agua no se vende, ni es un recurso para el lucro.
«Quien pase por acá y quiera bañarse, tomar o llevar agua para sus cultivos o ganado, lo puede hacer», asegura el presidente de la organización xinka Guardianes de la Selva.
«Agua para mi pueblo» es un proyecto financiado y gestionado desde 2015 por las comunidades El Bejucal y Volcancitos, situados en la aldea Corralitos, en el municipio de Casillas, Santa Rosa, y provee a unas 150 familias.
Es un área rural en la parte alta de la montaña. Sus caminos son de terracería y solo se ingresa con vehículos de doble tracción. Aunque no se advierte presencia estatal, la organización comunitaria es notable.
«Nosotros hicimos un análisis en la cuenca de abajo y vimos que caía agua de la zona alta (de la montaña). Fuimos a ver dónde nacía y pedimos permiso a los dueños de las parcelas para entrar y ver si encontrábamos agua. Antes no teníamos esperanza de tenela, más que andar pidiendo en otras comunidades», relata.
Cuando encontraron agua, el reto fue financiero.
«Hubo una unión de comunidades y una organización nos donó 80,000 quetzales. Solo el nacimiento costó 40,000 quetzales. Hicimos colectas y la gente nos ayudó. Tenemos un libro especial donde consignamos el nombre de la persona, su cantidad y la comunidad de donde es él o ella», apunta el líder xinka.
El día que Plaza Pública visitó el proyecto, un grupo de comunitarios coincidieron en el punto para limpiar la basura que transeúntes dejaron a los costados del tanque. Discutieron cómo evitarlo. «Rotulemos: Agua para mi pueblo, prohibido tirar basura», propusieron.
Están comprometidos con la conservación del lugar por los beneficios que «Agua para mi pueblo» ha significado. Cuando no existía, los habitantes de Volcancitos y El Bejucal se veían obligados a consumir agua del río que, según ellos, está contaminada con arsénico, producto de extracciones mineras y descargas domiciliares de otras comunidades.
La otra opción era traer agua de zonas aledañas, donde los vecinos los veían con recelo.
«Allá arriba casi no hay agua, a nosotros nos llega cada 15 días. Antes de que existiera (el proyecto), íbamos a los zanjones o a otras comunidades a sufrir regañadas por querer conseguir un tinaquito de agua porque no había para dónde. Ahora estamos bendecidos», subraya, agradecido, Ismael Quinteros, un vecino de El Bejucal que llega en un picop a traer el líquido vital.
[frasepzp1]
El terreno donde se sitúa el tanque principal fue donado por una persona, quien, a cambio, recibe una cantidad de agua pactada cada mes. No hubo financiamiento municipal o gubernamental.
«No hemos recibido ayuda de la municipalidad, sino más que todo ha sido la fortaleza y capacidad de la gente de las comunidades. Con el gobierno es difícil… En la municipalidad se tiene que presentar una solicitud, la avala el concejo y si el concejo no la avala hay que ver qué pasa. Luego cambian Cocodes y los nuevos ya no tienen capacidad, los proyectos municipales no avanzan», lamenta Rodríguez.
Este modelo es un reflejo de cómo comunidades rurales y urbanas logran satisfacer sus necesidades básicas ante la inacción estatal. Los datos demuestran que no se trata de una excepción, sino de una realidad generalizada.
Según el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Siviagua) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a nivel nacional hay identificados 12,640 sistemas de suministro de agua para consumo humano. De estos, el 75 por ciento fueron implementados por las propias comunidades, sin la intervención a la que están obligadas las comunas, según el Código Municipal.
La encargada del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), Patricia Orantes, asegura tenerlo claro.
«(Los proyectos) no llegaron de los gobiernos municipales, no llegaron del gobierno central, no llegaron del Instituto de Fomento Municipal. Llegaron de esfuerzos e inversiones comunitarias», reconoce.
Recién en mayo y principios de junio, las autoridades del Marn hicieron una gira por 13 regiones a nivel nacional para dialogar en torno al Proceso Nacional del Agua, cuyo producto final será una iniciativa de ley que se presentará al Congreso de la República a finales de año.
La ministra sostiene que la iniciativa parte del reconocimiento de los modelos de gestión comunitaria ya existentes, de los cuales «Agua para mi pueblo» es un ejemplo. La meta, con esta normativa en ciernes, es fortalecerlos y no torpedearlos.
«La visión del gobierno sobre la institucionalidad que debe tener esta ley es de una institución descentralizada que reconozca, respete y valore los sistemas colectivos de manejo del agua. Que los apoye y apuntale. Esas son las grandes raíces de la institución que debemos montar», advierte Orantes.
Diálogos cautelosos
En el salón de un hotel en la cabecera de Jutiapa, se sientan en un círculo de diálogo autoridades indígenas y líderes comunitarios de ese departamento. Es una de las últimas giras en las que el gobierno comunica el proyecto de elaborar una propuesta de ley de aguas.
Al centro está Orantes, quien escucha las preocupaciones de uno de los asistentes sobre la contaminación y desviación de ríos por parte de empresas cañeras. Solo pierde la atención al ver entrar a periodistas de este medio al salón.
Se levanta, habla con sus asistentes y, de forma inmediata, piden al equipo abandonar el lugar.
«No es un diálogo abierto a la Prensa porque ustedes, mejor que nadie, saben que cuando la gente se siente vista por los medios informativos no se expresa con la misma libertad. Hay áreas donde hay mucha criminalización por lo que se dice. No estamos escondiendo nada, simplemente son diálogos fuera de los ojos de la Prensa», justifica Orantes al ser cuestionada.
A la cita también asistieron representantes de organizaciones comunitarias de Santa Rosa y Jalapa.
Las visitas se realizaron entre mayo y principios de junio. En cada región, las reuniones duraron dos días. Primero se escucharon autoridades indígenas y luego a organizaciones sociales y del sector privado. En este último grupo se cuentan gremiales como la Cámara de Industria, Agexport, Grepalma, Cámara del Agro y Corporación Multi Inversiones, entre otras.
«Muchas de las preocupaciones incluyen la contaminación de ríos por la basura, falta de tratamiento de aguas negras y la deforestación. Pero, extrañamente, es un momento importante en Guatemala porque la gente reconoce la necesidad de una ley. No he visto sectores que digan: ‘Me da desconfianza lo que se está proponiendo’. Hay claridad de que la ley tiene que servir a todos», revela la funcionaria.
Aunque la reserva en las mesas de diálogo busca proteger a los asistentes, las quejas que se expresan contra las actividades agroindustriales no son un secreto para este sector corporativo. Es más, los reclamos han sido “en presencia de ellos mismos”, reconoce Orantes.
[relacionadapzp1]
«Tuvimos dos diálogos muy importantes de una semana solo para las dos verapaces, en donde resulta evidente que la presencia del cultivo de la palma ha impactado en cómo la gente antes tenía acceso a los ríos y en la contaminación de las aguas... Es una percepción de las personas, nosotros no lo hemos podido comprobar. Ahí ha estado Grepalma y otras empresas, creo que no es algo nuevo para ellos», explica la ministra.
Entre recelo y esperanza
Entre las organizaciones participantes en la gira se encuentra el Consejo del Pueblo Maya, una organización fundada en 2005 con la finalidad de proteger los territorios y recursos naturales de comunidades indígenas.
Francisco Mateo, uno de sus representantes, explica que han participado en los diálogos de Cobán, Quetzaltenango, Huehuetenango y Sololá. Ven con buenos ojos que el gobierno esté dispuesto a dialogar sobre el tema, aunque considera que el período de discusión ha sido corto.
«El problema del agua es muy complejo y es urgente buscar solución al desvío de ríos, privatización arbitraria y falta de acceso al agua. Pero vemos con preocupación que es un período muy corto para recoger la voz y las demandas de los diferentes sectores y pueblos», dice.
Al término del primer mes de gira, Mateo tiene la percepción de que hay una disputa entre los intereses del sector popular, comunidades y pueblos indígenas que demandan una ley de aguas basada sobre la experiencia de la gestión colectiva, y por otro, los sectores corporativos que tienen una visión distinta.
«Hay mucha experiencia desde la autonomía y la libre determinación de los pueblos que se han organizado en comités, asociaciones y cooperativas para gestionar el acceso, la protección y la sostenibilidad del agua a nivel nacional. Pensamos que se debe priorizar en la ley el consumo humano, por encima del uso industrial o intereses mercantilistas», opina.
[frasepzp2]
Por su parte, la ministra confía en que habrá puntos de encuentro entre todos los sectores. Respecto al sector privado, comentó: «Ellos nos han dicho que se sienten identificados con algunos de nuestros planteamientos. Por ejemplo, parece que ninguna de las iniciativas pasadas había incorporado el tema del desarrollo de infraestructura para captar, almacenar y distribuir agua. Como ellos piensan en grande, esto es algo importante», señala Orantes.
La primera ronda de los diálogos, que recién finalizó, tuvo como finalidad dar a conocer la situación del agua a nivel nacional. Hasta agosto, se prevé realizar una segunda gira, cuyo propósito será discutir contenidos estratégicos de la ley.
Luego, se hará un documento con las propuestas principales y se someterá a una discusión digital. Finalmente, se espera elaborar una iniciativa formal que el presidente Bernardo Arévalo trasladaría al Congreso de la República a finales de año.
La expectativa es que este intercambio resulte en la aprobación de una ley consensuada, que ofrezca solución a los problemas nacionales de gestión de agua y no sea una más de las más de 10 iniciativas que, actualmente, están engavetadas en archivos legislativos.
Más de este autor