El dilema del Mintrab: ser un ente regulador o una reclutadora estatal de empleados para empresas en el extranjero

Al Ministerio de Trabajo no le corresponde reclutar sino intermediar en el funcionamiento de las reclutadoras privadas. Eso opina Miriam Roquel, la titular de dicha cartera. Pero se inclina porque continúe el Programa de Movilidad Laboral, al menos durante este año (2025) y se manifiesta a favor de superar sus numerosas limitaciones.

«Es un programa bondadoso», así lo describe. Sustenta su afirmación con las cifras de los guatemaltecos que han podido viajar y laborar en el extranjero los últimos seis años. «Cada vez viajan más mujeres y personas de pueblos indígenas», añade. Según datos de 2019 a junio de 2025, el Ministerio de Trabajo gestionó 15,597 guatemaltecos colocados en empleos temporales en el extranjero. Detrás de estos números también hay hallazgos preocupantes que las autoridades tratan de atender.

Por ejemplo, los casos de abusos laborales fuera del país. Plaza Pública documentó algunos de ellos, pero hay más. Las autoridades reconocen que tienen grandes desafíos para garantizar que esto no vuelva a suceder.

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Al asumir el cargo, Roquel encontró un programa salpicado de corrupción. Hay denuncias de que trabajadores del ministerio, ahora a su cargo, realizaban cobros a los guatemaltecos que aplicaban al programa. Aunque se reestructuró y se hicieron cambios importantes, los desafíos continúan. La pérdida de apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID sus siglas en inglés) es uno de ellos.

El escenario es complejo, lo que no le quita el optimismo a la ministra: “yo siento que ya avanzamos, vamos caminando”.

—El Programa de Movilidad Laboral es herencia de la gestión anterior. Al asumir, ¿qué arrojó la evaluación realizada, con qué se encontraron?

—Este es un programa muy codiciado y cotizado porque detrás hay muchos componentes de estafas. Es bondadoso, según lo veo, porque busca regularizar la migración para que las personas tengan la oportunidad de viajar en un contexto ordenado, seguro y no se expongan. La población guatemalteca lo busca, pero hay muchas estafas (...) por el ofrecimiento de visas de trabajo. También a lo interno, a nuestra llegada encontramos trabajadores del Ministerio de Trabajo que se prestaban a cobrar a las personas. Se rescindieron tres contratos porque identificamos a quienes cobraban. Fue una acción importante que realizamos.

También encontramos que el programa se dirigía a los departamentos de Chimaltenango, Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez. Según las estadísticas del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) (la población migrante) proviene de Huehuetenango, San Marcos, Sololá y Quiché. El presidente (Bernardo Arévalo) nos pidió a todos los ministros territorializar los servicios, significaba entonces llevar ferias de empleo a los territorios.

La apuesta nos traía retos y desafíos importantes para vincular a la empresa extranjera con los trabajadores guatemaltecos. Los empleadores piden personas con idioma inglés y determinadas capacidades. Identificamos que muchos jóvenes y mujeres no las tienen. Como parte de nuestros servicios, llevamos la sección de formación y capacitación. Por ejemplo, nos piden agricultura, hotelería, paisajismo, carnavales, procesadoras de mariscos, construcción y cocina. Y no cualquier cocina, sino cocina internacional.

Como Ministerio tenemos el mandato de hacer la intermediación laboral entre la oferta y la demanda. Nos obligó a tener esa vinculación con el INTECAP (Instituto Técnico de Capacitación y Productividad) para formación y capacitación.

Hicimos cambios sustanciales que llegaron hasta la jefatura (del programa). Nuestro diagnóstico interno arrojó que el programa era muy discrecional, las personas tomadas en cuenta no pasaban los filtros correspondientes. Se implementó un sistema con el apoyo de la OIM (Organización Internacional para la Migración) para evitar esa discrecionalidad.

Tenemos varios convenios con países como Belice, México, Estados Unidos, Costa Rica y España. A través de las embajadas pedimos que las empresas que vengan a Guatemala, cumplan la legalidad y que el trabajador guatemalteco vaya cargado con la mochila de sus derechos laborales.

Nuestra esfera (de acción) finaliza en el aeropuerto La Aurora, aunque también damos seguimiento, pero los consulados tienen otra función importante para darles seguimiento a esos trabajadores. Hemos trabajado en coordinación con el Ministerio Relaciones Exteriores.

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–Las certificaciones laborales son indispensables para colocar a trabajadores guatemaltecos en el extranjero. ¿Están entre las limitaciones que enfrentan?

–Esas limitaciones son muy evidentes. Al desconcentrar los servicios del Ministerio, al territorializar, vemos que todos quieren salir porque implica mejores salarios. Eso es importante decirlo porque los salarios mínimos nuestros son bajos. Sin embargo, las competencias son el reto que tenemos.

Hemos conversado con autoridades indígenas, organizaciones y les decimos que nos ayudemos porque un trabajador con conocimiento de sus derechos, formación, capacitación y certificación tiene mejores competencias. Y son muy buscados. Muchos de estos guatemaltecos retornan de forma circular porque el empleador pide llevárselo de nuevo por ser buen trabajador. Lo que se nos ha dicho en el extranjero es que los guatemaltecos somos buenos trabajadores. Pero un reto es la formación y un factor importante es el idioma inglés, porque los empleadores buscan un mínimo del 50 por ciento del inglés.

—Mencionaba que la “esfera” de ustedes termina al llegar al aeropuerto. Sin embargo, ¿qué controles hay desde el Ministerio que ejerce una función reclutadora para garantizar que el vínculo entre la empresa y el guatemalteco sea seguro, y que no se asocie a empresas que no van a respetar sus derechos laborales?

—Este programa inició con USAID. Lamentablemente, también nos quedamos en un impasse porque todo el programa había sido sustentado económicamente a través de ellos, pero lo absorbimos y hemos hecho los controles. En reuniones con la OIM, con las embajadas, siempre recomendamos que las empresas que cotizan trabajadores sean certificadas.

Pero hay otras cuestiones. Hay más de 53 (empresas) reclutadoras, 11 de ellas están asociadas a GAREX (Gremial de Agencias de Reclutamiento y Empleo en el Extranjero). Son reclutadoras privadas que tienen un código de ética. Pero hay 53 más que ni siquiera están en el Ministerio de Trabajo, ya que cruzamos información con el IGM. Por eso, queremos hacer un cambio de reglamento para las reclutadoras. Aquí hago un llamado para que todas cumplan con su obligación de inscribirse en el Ministerio, reportar la cantidad de guatemaltecos que salen del país para que nosotros, como ente, conozcamos cuántos guatemaltecos están fuera para dar seguimiento a través de los consulados. Esta es una responsabilidad de Estado, de Gobierno, porque la migración es de todos.

Otro desafío es que los guatemaltecos también pongan a disposición sus denuncias, que nos hagan saber. Cuando ellos salen les damos una orientación previa, de a qué se pueden enfrentar, que nos informen, el mecanismo está abierto. Si ven nuestra plataforma tenemos una gran cantidad de guatemaltecos que quieren una oportunidad. Los países nos dan una cuota de cuántos guatemaltecos pueden salir, pero no todos tienen la suerte de viajar por los componentes de certificación, cualificación, idioma inglés.

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—¿Cómo garantiza el Ministerio de Trabajo que las empresas sean confiables? ¿En caso de abusos laborales considera que la respuesta ha sido eficiente?

—En la autoevaluación, casos determinados nos llevan a lecciones aprendidas, sin duda. Hasta en la vida aprendemos de nuestros errores, aprendemos de las caídas, pero lo más importante es levantarnos. Nos hemos sentado con los equipos para abordar cuáles son esas esas brechas que todavía tenemos que corregir. Por ejemplo, en cuanto a las reclutadoras privadas, recaía en una persona la responsabilidad de aprobarlas, sin pasar por la dirección, un vicedespacho. Era muy discrecional.

El anterior jefe de Movilidad Laboral era el responsable de inscribir y aprobar. La autoridad en una misma persona e inscribía a cualquier empresa. Respecto a la respuesta que damos al guatemalteco, nos preocupa que sí se vaya en condiciones dignas.

La viceministra de Previsión Social fue a España para verificar las condiciones de más de 350 trabajadoras del sector agrícola para corte de frutos rojos. A través de la OIM viajó a España. Esa es la idea, ir hacia a donde van los guatemaltecos para que ellos sepan que no están olvidados, que el Ministerio de Trabajo está al pendiente de ellos, la coordinación con el Minex (Ministerio de Relaciones Exteriores) ha sido muy importante.

Incluso ahora, logramos lanzar un protocolo para identificar trata de personas porque se puede prestar también para eso. La explotación laboral es una de sus formas. El mecanismo es dar seguimiento, escucharlos cuando retornan para saber cuáles fueron sus experiencias para decidir “con esta empresa no volvemos a vincular a los trabajadores”. Son muchas cuestiones. Retos y desafíos tenemos.

El guatemalteco que sufrió una vulneración de sus derechos humanos y laborales –que lea este texto–, sería oportuno que nos haga llegar su experiencia, para que no nos vinculemos con las empresas que no respetan los derechos laborales.

–¿El protocolo es reciente?

–Se lanzó recientemente. Es una herramienta que se entrega a inspectores generales de trabajo, porque la víctima de trata no se autodenomina como tal. Hay que identificarlo a través de los actores de primera línea. La inspección se encarga de eso al momento de las entrevistas. El protocolo es una herramienta para ellos y no solo opera a lo interno, sino también para coordinar con Minex e identificar si los guatemaltecos están en condiciones de trata de personas. Es muy delicado tener un programa de esa naturaleza. Conlleva mucha responsabilidad y que el guatemalteco no salga en condición de vulnerabilidad de sus derechos.

El llamado también es a las reclutadoras a que sean responsables y que los guatemaltecos no vayan con vulneración de sus derechos.

–De hecho GAREX no trabaja con empresas de carnaval porque se caracterizan por explotar a los trabajadores e incumplir las condiciones laborales. Sin embargo, es uno de los rubros a donde más guatemaltecos envía el Programa de Movilidad Laboral. La gremial enfatiza en que todo guatemalteco lea su contrato en su idioma, pero hemos documentado casos de personas que han firmado contratos en inglés. ¿Qué responde a esto? 

–Nosotros tenemos reuniones de autoevaluación con el personal. Es muy grave que un guatemalteco se vaya sin leer su contrato y que no sea en su idioma. Lo que hacemos es identificar a través de los empleadores, incluso con la embajada, que se vayan con conocimiento. Es un desafío que nos toca superar porque muchos se están yendo todavía con contratos en inglés. Obviamente, por la prisa , por el interés de salir del país lo firman.

La orientación es importante. Para nosotros los retos y desafíos están latentes.

En el tema del carnaval, a veces pasa que no nos lo denuncian a nosotros. Las reclutadoras llevan más de 14 mil guatemaltecos fuera del país en 2025, según nos reportan. Hay guatemaltecos en Etiopía, Estados Unidos, Camerún… Si las personas nos dijeran “ese sector no debería estar en las reclutadoras porque es donde hay más explotación laboral…” pero no se nos han advertido esa parte. En las reclutadoras comprendo que sí, en el carnaval hay mucha explotación que puede ser un componente de trata de personas.

–Pero sigue siendo parte del Programa de Movilidad. 

–Sí, creo que es el tipo de empresa. La empresa tiene que ser evaluada también en el país que le autoriza su forma de trabajar. Al momento de abrir un convenio con un país debemos dialogar, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que las empresas respeten los derechos laborales. Este componente se ha dejado claro con los países con los que tenemos convenios.

–Tenemos documentados más de 10 casos del Programa de Movilidad Laboral y sufrieron abusos laborales e incluso agresiones físicas y sexuales. ¿Qué medidas tomaron para evitar experiencias de este tipo en el futuro y garantizar experiencias seguras para los guatemaltecos? 

–Actualmente se finalizó una auditoría interna al Programa donde vemos que hay vacíos todavía y que como Ministerio debemos retomar. Vamos a tomar esas recomendaciones y el equipo tiene la instrucción de ir cerrando esas ventanas donde se vulnera al trabajador que busca ir al extranjero. A ustedes como periodistas seguramente se les acercan los guatemaltecos y qué bueno que les han dado seguimiento. La migración regular es un tema de país, creo que ustedes han publicado temas que nos servirán a nosotros también como un indicador para ir poniendo los correctivos respectivos.

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–¿Qué cambios en concreto? 

–Un cambio puntual es que ya tenemos un sistema que nos ayuda a que las personas que se van, tengan las habilidades correspondientes. En segundo punto, vemos que no haya acciones de corrupción y de estafa porque también muchos guatemaltecos están bajo esa línea. Otro de los componentes es que llevamos registros, a través de los sistemas, para saber qué guatemalteco está fuera del país. Eso nos ayuda a determinar qué empresas caen en explotación laboral.

La instrucción es que los equipos cumplan con las recomendaciones de la auditoría realizada. Lo que buscamos es garantizar la seguridad de los guatemaltecos, no lanzarlos a otro tipo de vulneración de sus derechos laborales, humanos, sino que el programa funcione y garantice al trabajador. Los correctivos los estamos implementando.

–Estados Unidos es el principal destino, pero este y los próximos cuatro años serán duros en términos migratorios. ¿Buscarán otros países donde iniciar gestiones para que los guatemaltecos vayan a trabajar? 

–Actualmente trabajamos con España, abriendo otros espacios donde los países buscan trabajadores guatemaltecos. Firmamos con Costa Rica y vemos que ellos identifican sus necesidades de mano de obra para hacer ese intercambio de trabajadores. Lo ideal es que los guatemaltecos se queden aquí, pero ante las necesidades de otros países podemos hacer esas vinculaciones para que los guatemaltecos puedan viajar.

–Las reclutadoras de trabajadores temporales en el extranjero consideran competencia desleal la labor que realizan. De ustedes quisieran más verlos como un ente rector del programa y no como reclutadores. ¿Lo han considerado? 

–Esa pregunta la vemos desde dos enfoques. Punto uno, en efecto, el mandato del Ministerio es verificar que se cumplan las normativas laborales en Guatemala y ahí entrarían las reclutadoras. Debemos tener el diente específico a través de la Inspección General de Trabajo para que ellos cumplan con sus obligaciones, ese es el mandato del Ministerio.

A nuestra llegada, encontramos (ya establecido) el Programa de Movilidad Laboral. Dos, obviamente con una empresa pública frente a una privada, el servicio que podemos ofrecer es que la persona no pague más de lo debido, ya que las reclutadoras privadas son eminentemente lucrativas. Es una oportunidad para el guatemalteco de ir a un espacio de movilidad regular. Para unos, no debería haber un programa de movilidad en el Ministerio de Trabajo porque es una reclutadora pública. Pero es un programa bondadoso.

Tenemos aproximadamente 14 mil personas que han salido a través del Ministerio de Trabajo que, sin duda, en una reclutadora privada no tendrían esa oportunidad por los pagos que implica. Aunque esto no debería ser porque la empresa reclutadora es la que paga.

Si ponderamos entre sí o no (mantener el programa), debemos ver qué beneficios ha tenido: que más guatemaltecos han salido del país.

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–¿La postura es continuar con el programa? 

–Es mejorar, seguiremos. Sin duda, también está sobre la mesa evaluar si corresponde al Ministerio de Trabajo esa intermediación laboral con empresas extranjeras. Créame que se evalúa si nos corresponde o debemos enfocarnos a lo que le corresponde al Ministerio de Trabajo desde la previsión social y la inspección de trabajo.

–¿Entonces existe la posibilidad de no continuar con este programa? 

–De hecho, lo conversamos en algún momento con la presidencia. Yo era la que veía que es una reclutadora pública. Incluso nos reunimos con reclutadoras, abordamos sus obligaciones y lo que me respondieron fue que les hacemos competencia. Pero viendo las cifras, de mujeres, de pueblos indígenas, viendo que les facilita a los guatemaltecos, creo que vale la pena el programa, porque abre la posibilidad a todos los guatemaltecos de viajar con una migración regular. En cambio, una empresa privada tiene sus clientes y el que paga más, viaja.

En este año continúa el programa. Seguimos apostando y trabajando, obviamente con los correctivos mencionados. Se hizo una evaluación en esta gestión y se hicieron cambios en el programa. Hay muchas aristas que hay que ir viendo respecto a este programa que es tan codiciado porque saca provecho de las necesidades de las personas.