El gobierno de Bernardo Arévalo adoptó como tema central en su campaña el combate frontal a la corrupción y, al ser electo, prometió cerrar el flujo de fondos provenientes del Ejecutivo. Nunca debemos olvidar que el presupuesto fue el botín que alimentó la maquinaria clientelar durante largos años de gobiernos corruptos y que el propio Arévalo proclamó que había que poner un alto como medida para terminar con el reino de la corrupción en Guatemala.
No cabe duda que la ausencia de este lubricante ha hecho mella a un sistema que no se mueve si no es a partir de «incentivos» malsanos. Una de las especulaciones acerca del brutal aumento salarial fue que los diputados utilizaron el poder legislativo para tomar del erario lo que se les negaba. Pero el fastuoso aumento salarial no les basta. Muchos tienen empresas de construcción que se alimentan de las obras públicas que gestionan a través del Ejecutivo o de las municipalidades. De allí el interés personal de contar con normas flexibles que les permitan hincar el diente al presupuesto. Y, si no hay obras, tampoco hay trabajo legislativo. Esa es la dinámica de la política cuando se vuelve clientelar.
El intento de contener este flujo de fondos ha derivado en varios fenómenos. Uno de ellos es la fragmentación de las bancadas. El vaciamiento de los valores de ética política o propósito democrático de servicio al pueblo, hacen que no exista punto de adhesión, todo se trata de estímulos económicos. De allí el sopor legislativo y la ausencia de una agenda que ponga en marcha la necesaria transformación del país. Este anquilosamiento debemos leerlo como una extorsión dirigida, no solamente al gobierno que les cerró el chorro, sino al pueblo de Guatemala.
En el reino de la corrupción, ser electo a una curul es como recibir una llave mágica al dinero del Estado. No es exagerado afirmar que sobre el presupuesto gravita una maquinaria perversa de carroñeros. La complejidad y eficacia de estas redes clientelares fue expuesta por el propio Superintendente de Administración Tributaria en el caso denominado B-410 que fuera presentado como proceso insignia y del cual no volvimos a saber al ser enterrado en ese amplio camposanto de casos de corrupción que es ahora el Ministerio Público.
Es en este marco nefasto que dos diputados de la bancada Semilla, presentaron la iniciativa llamada Ley de Agilización de la inversión pública, traicionando su promesa de fortalecer los mecanismos del Estado para combatir la corrupción. El dudoso proyecto de ley se pretende justificar bajo el argumento de que «favorece» la ejecución presupuestaria.
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¿Cuáles son las objeciones ? Recurre a la noción de «urgencia nacional» para implementar un régimen de excepción con una duración de 3 años. Permite compras por excepción a la mayoría de ministerios, municipalidades, organismos autónomos y Consejos departamentales de desarrollo. Se eliminan requisitos tales como la licitación de proyectos, se aumentan las cifras para compras directas. Elimina requisitos formales, lo cual abre la puerta a una enorme discrecionalidad en la elección de los proveedores y constituye la excusa perfecta para la corrupción. Debilita mecanismos de control administrativo, como si eso fuera la medicina para un sistema cuyo principal pecado es la debilidad institucional.
Para agravar lo inaceptable de esta acción, existe la sospecha de que es regurgitación de otra, presentada en el año 2021, durante el gobierno de Alejandro Giammatei y que, después de ser aprobada por el Congreso, fue vetada. Un análisis realizado entre la iniciativa 6576 (presentada por Arévalo) y el Decreto 4-2021 (vetada por Giammatei), estima que una gran parte se trata de un «copy-paste», lo cual implica una reintroducción disimulada del decreto vetado. ¿Cómo puede el gobierno de Bernardo Arévalo explicar al pueblo de Guatemala este chapuz?
Copiar y pegar para presentar un proyecto, no solamente es antiético, también es bochornoso y penosamente haragán. Y encaja con los principales reclamos al gobernante: no está entregando al pueblo de Guatemala un trabajo estratégico y transformador que abra el camino hacia el bien común. El presidente Arévalo no ha liderado a sus ministros y secretarios para exigirles un trabajo que, bien planificado y sostenido por el conocimiento profundo y las habilidades gerenciales, induzcan el cambio de las estructuras que sostienen las precarias y dolorosas realidades socio-culturales, ambientales, económicas y político-institucionales del país. Se ha conformado con una estadía burocrática en el Palacio Nacional, plagada de ilusorios chapuces.
Quizá no se trata de un mero traspiés. El propio Bernardo Arévalo explicó «...que el aceite que lubrica la corrupción es el presupuesto de obras del Estado, porque alrededor de ese presupuesto se tejen las voluntades corruptas del Ejecutivo, de los diputados, de alcaldes, de constructores corruptos.» Con estas palabras, describió el fenómeno de política clientelar que ha destruido toda esperanza de que el Estado se enfoque en el bien común.
La compleja red de corrupción que opera a través de diputados, alcaldes, Codedes, Cocodes y empresarios corruptos ha tomado el Estado. Y, es legítimo preguntarnos si esta iniciativa es una moneda de cambio para la aprobación de leyes necesarias. Sería penoso admitir que el Ejecutivo se ha rendido y que esta propuesta constituye un soborno enmascarado.
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Alimentar al monstruo de la política clientelar para acortar el camino hacia la «eficiencia» es soslayar los problemas estructurales y doblegarse ante la dinámica destructiva de la corrupción. Es posponer, una vez más, la solución de los problemas. La vía de la excepción ha sido la salida fácil de políticos poco profesionales y desidiosos. En lugar de hacer el trabajo de fortalecer la institucionalidad, recurren a soluciones facilistas que se convierten, a la larga, en una pieza más de ese escrupuloso andamiaje de la corrupción. No olvidemos casos como la implementación del renglón 0-29 durante el gobierno de Alvaro Arzú y que hoy es una de las razones por las que resulta inoperante la Ley de Servicio Civil.
¿Qué tenemos derecho a exigir de un gobierno verdaderamente comprometido? Una bien estructurada propuesta de reforma integral a la Ley de Compras y Contrataciones, que no solamente sea eficiente, sino que refuerce la institucionalidad. Un arduo trabajo de capacitación de cuadros burocráticos y oficinas de compras, particularmente en espacios de enorme debilidad institucional como lo son las municipalidades. El fortalecimiento de todas las instancias institucionales, vinculadas no solamente a los mecanismos de adquisición, sino también a los órganos de control administrativo y los mecanismos de transparencia Esto requiere trabajo y dedicación. Requiere estrategia y voluntad política.
Los guatemaltecos hemos dejado de tener grandes expectativas de cambio con el actual gobierno, pero lo mínimo irrenunciable es exigirle acciones de fortalecimiento institucional y no chapuces legislativos que soslayan los problemas estructurales y que, al resolverse por la vía pragmática, contribuyen a devolvernos al lugar de donde partimos. El pueblo de Guatemala votó a favor de un candidato que ofreció constituirse en un cambio real y no un «copy-paste» de gobiernos corruptos.
