Un nuevo lobby en EE. UU. busca acercarse a Marco Rubio para apoyo a «partidos políticos y causas conservadoras en Guatemala»
Un nuevo lobby en EE. UU. busca acercarse a Marco Rubio para apoyo a «partidos políticos y causas conservadoras en Guatemala»
En un contexto de tensión regional que gira alrededor del presidente Trump y su influencia en Latinoamérica, un grupo de empresarios guatemaltecos pagará 420,000 dólares (aproximadamente 3 millones 150 mil quetzales) para impulsar su propia agenda conservadora. Los documentos muestran que la cara visible del cabildeo es Rodrigo Arenas, pero no revelan quiénes están detrás de todo el financiamiento.
La revista independiente El Observador publicó una investigación en la que revela la existencia de un nuevo lobby (cabildeo) en Estados Unidos para ejercer influencia entre los funcionarios de ese país sobre temas relacionados a Guatemala. En estas contrataciones los interesados pagan a intermediarios por acceso al círculo de poder en Washington, y al ser procesos regulados en EE. UU. cada acción queda en registros públicos.
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Este nuevo cabildeo fue firmado en noviembre de 2025, y aunque se sabe quién lo contrató, su fuente total de financiamiento no es pública. Lo que está claro es que apunta a un hombre de confianza del presidente Donald Trump: Marco Rubio, su Secretario de Estado y principal asesor en asuntos de América Latina.
La investigación de El Observador reveló que el contrato está vinculado a Rodrigo Arenas Echeverría, presidente de República, medio de comunicación fundado en 2013 y que centra sus pilares en el «rescate y fortalecimiento de los valores republicanos» destacando, según su sitio, la libertad individual y de empresa en una economía de mercado. En 2018 Arenas fue ligado a proceso por supuesto financiamiento electoral ilícito para el partido FCN-Nación, que llevó a Jimmy Morales a la presidencia. Su caso fue cerrado luego de que el Congreso reformó la ley con la que fue imputado.
Plaza Pública contactó a Arenas para ahondar en esta vinculación. Este aseguró que es parte del lobby, y que su objetivo es «defender y promover los valores de la libertad». Los documentos explican un poco más, indican que la finalidad del contrato es impulsar «partidos políticos y causas conservadoras en Guatemala».
La contratación de este lobby inicia en un contexto con al menos tres variables importantes en curso:
Primero, con un gesto que no hizo hacia otros países en Latinoamérica, en septiembre pasado Trump felicitó a Arévalo por la independencia de Guatemala y su combate al narcotráfico.
Segundo, en enero ambos gobiernos firmaron un acuerdo por 110 millones de dólares para que, con financiamiento del Gobierno de Guatemala, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense ejecute seis proyectos de infraestructura en diferentes puntos del país.
Y tercero, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala removió a dos piezas clave en la relación entre los gobiernos: Tobin Bradley y Patrick Ventrell, embajador y jefe de misión adjunto, salieron del cargo simultáneamente. No está claro si los nuevos delegados mantendrán la misma línea de trabajo con la administración de Bernardo Arévalo o se harán cambios.
Lobby por 420 mil dólares
El nuevo capítulo de los cabildeos alrededor de la política guatemalteca arrancó en Miami el 5 de noviembre de 2025.
Corcoran & Associates, Inc., es una firma de lobby que desde 2001 ha recaudado más 4 millones 900 mil dólares por establecer relaciones en el legislativo y el ejecutivo de EE. UU., ha trabajado en favor de empresas que operan en Florida, entre las más reconocidas Coca Cola, Verizon y Walmart. En noviembre la firma incluyó a su cartera de clientes a un grupo de empresarios con interés en Guatemala.
En documentos públicos disponibles en el Registro de Agentes Extranjeros de EE. UU., (FARA por sus siglas en inglés), aparece que Generations of Life and Liberty LLC (Generaciones de Vida y Libertad LCC) contrató el lobby de Corcoran & Associates durante un año por un costo de 420,000 dólares anuales (3 millones 150 mil quetzales), equivalentes a 35,000 dólares mensuales.
Generations of Life and Liberty es una compañía de responsabilidad limitada formada entre medios y empresarios latinoamericanos, de la que es parte Rodrigo Arenas, como gerente de República Media Group (RGM), respondió a Plaza Pública. Ambas entidades registran su dirección fiscal en una suite de un edificio en Miami.
El contrato establece que la firma hará una «consultoría en cabildeo y relaciones gubernamentales, que incluyen, entre otros, la colaboración con organismos y entidades del gobierno federal, legisladores y otros grupos de políticas públicas, y la facilitación de debates con candidatos en apoyo de los partidos políticos y causas conservadoras guatemaltecas».
Al preguntarle a Arenas cuál es el objetivo del lobby respondió: «RGM es parte de un proyecto latinoamericano que defiende y promueve los valores de la libertad», y que a su vez él integra Generations of Life and Liberty. Respecto a cómo se financia el cabildeo dijo: «La parte que me corresponde a mí lo hago con fondos propios».
Según uno de los documentos publicados, quien firmó el contrato fue Daniela Zorrilla, también parte de RGM.
El lobista asignado por Corcoran & Associates, Inc., es Carlos San Jose, ciudadano estadounidense radicado en Florida. Según su perfil en la web de la compañía, es un abogado que en 2016 trabajó como pasante en políticas e inmigración en la campaña de reelección de senador en Florida de Marco Rubio, actual Secretario de Estado de EE. UU. Una fotografía en Facebook lo presenta junto a su esposa y Rubio durante la celebración de la independencia de ese país.
El actual Secretario de Estado ha sido clave en otros momentos de la política guatemalteca: en 2019, durante el primer mandato del presidente Trump y cuando él era senador, su país detuvo el financiamiento y apoyo político a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la iniciativa anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que durante las anteriores jefaturas del Ministerio Público sacó a la luz hasta 120 investigaciones de corrupción.
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En ese contexto el entonces senador y presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores de Asuntos del Hemisferio Occidental, escuchó el caso de la familia Bitkov, que fue procesada en el país por supuesto uso de pasaportes falsificados, pero utilizó su historia para promover una narrativa en contra de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Rubio dijo estar preocupado por que la Cicig fuera manipulada y suspendió la liberación de 6 millones de dólares para su financiamiento.
Esa medida llegó luego de varios cabildeos impulsados por empresarios, políticos y personas afectadas con la lucha contra la impunidad, incluido el entonces presidente Jimmy Morales, quien para ganarse la simpatía de Trump fue el primer país en trasladar su embajada en Israel a Jerusalén. Meses después, Rubio llamó a Morales «su amigo» en una publicación en redes sociales donde denunció supuestas presiones para que el entonces presidente de Guatemala rompiera relaciones con Taiwán.
Aunque no es posible medir hasta qué punto los contratos influyeron en la postura de Estados Unidos en dejar de apoyar a la Cicig, el cierre de esta iniciativa pavimentó el camino para que el poder judicial diera un giro de 180 grados. A partir de ese momento la gestión de la fiscal general Consuelo Porras despidió y persiguió a los jueces, fiscales e investigadores, cerró casos y no se opuso a la liberación de personas señaladas de corrupción a gran escala ni a que estos recuperaran bienes y dinero incautado durante las pesquisas.
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En este 2026 el acercamiento a Rubio vuelve a ser clave, es uno de los tres principales asesores para darle forma a las acciones políticas, migratorias, antinarcóticas y militares de Trump en el mundo.
En cuanto a Guatemala, el nuevo lobby ocurre mientras inicia una batalla por el control de las instituciones de contrapeso.
La elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, así como de jefe del Ministerio Público, definirán el escenario para las elecciones presidenciales de 2027. En ese año el presidente Bernardo Arévalo terminará su gestión al tiempo que el mundo se inclina a gobiernos conservadores y en Centroamérica crecen las denuncias de organizaciones internacionales sobre el incremento de la fuerza de gobiernos autoritarios, como en El Salvador y Nicaragua.
Un lobby en 2026: «No existen almuerzos gratis»
Mientras los cabildeos hacen efecto (o no) en los países de los contratantes, los acercamientos representan un negocio para las agencias de lobby en EE. UU.
Desde que Trump ganó su segunda presidencia, los países de la región negocian individualmente los términos de las relaciones diplomáticas con base en los intereses de Estados Unidos.
Lucas Perelló, profesor de Ciencia Política en la Florida Atlantic University, señala que Guatemala y Centroamérica, aunque no son la prioridad de EE. UU. son aliados estratégicos para que Trump cumpla sus promesas de campaña alrededor de la migración y lucha contra el narcotráfico.
«(El presidente) Arévalo representa una alternativa social-demócrata que si bien no está alineada (ideológicamente) con Trump, que es más conservador, no lo ve como una amenaza o enemigo. Además, el tono y las políticas hacia Guatemala han sido notoriamente distintas a Nicaragua u Honduras donde los gobiernos han antagonizado a EE. UU.», explica.
En ese sentido, la existencia de un nuevo lobby para buscar acercamientos que impulsen una agenda conservadora en Guatemala, vista desde un contexto regional no es algo nuevo, sino es la manifestación de una serie de acontecimientos internacionales que orbitan alrededor de la influencia de Trump.
«Con (el expresidente) Biden vimos mayor relación diplomática, en el caso de Trump vemos que hay un giro más hacia la intervención y eso se ha visto de distintas formas, el caso más notorio es Venezuela, pero también ha sido manifestado en otras formas, como en Honduras», señala Perelló, en referencia al indulto al expresidente Juan Orlando Hernández y al mismo tiempo su petición para que los hondureños votaran por el candidato Nasry Asfura, ganador de la presidencia de ese país aunque las encuestas apuntaban a un resultado diferente.
«En el caso de Honduras hay muchas interrogantes y las respuestas las veremos eventualmente, pero la impresión es que hubo un lobby detrás de esto. No olvidemos que la política de Trump en Latinoamérica es escuchar voces conservadoras», explica, y señala como ejemplo sus postura a favor de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, y Javier Milei, gobernante de Argentina.
«En Guatemala quizás el lobby puede ser exitoso para que EE. UU. apoye alguna candidatura presidencial, o para que si existe algún tipo de problema EE. UU. omita cualquier tipo de declaración y eso podría favorecer a ciertos intereses en comparación a otros», puntualiza el profesor.
Mientras tanto, los primeros ganadores en estos contratos son las firmas de cabildeo y sus intermediarios, ya que como señala Perelló «no existe almuerzo gratis. Uno podría esperar que para apoyar esas causas tiene que haber algo que reciban las personas que se vinculan a estos contratos».
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