TRECSA y la desconexión de Río Dulce

1.  Circuito abierto

En esta historia hay dos extremos. Los dos están cortados, inconexos, separados. Dos puntos de partida, lejanos, que aunque han intentado coincidir en los límites de Río Dulce, en Livingston, Izabal, en el nororiente de Guatemala, no lo han logrado debido a sus disimiles intereses. También en esta historia –como gran telón de fondo– hay dos torres de electricidad gigantes que marcan el fin de dos caminos: es el punto exacto donde uno de los megaproyectos de electricidad más grandes del país, el PET 1-2009, se paraliza a orillas de Río Dulce. Es una interrupción eléctrica tan enorme que incluso puede ser vista desde el espacio.

Se trata de un tramo de electricidad —que estabilizaría los circuitos de energía nacional, aunque no daría servicio directamente a las comunidades cercanas— que se corta a una distancia de poco más de cuatro kilómetros.

Una separación que abarca el puente de Río Dulce y varias hectáreas del Parque Nacional y Área Protegida, de 60 años de antigüedad, que lleva el mismo nombre.

Para esta monumental desconexión hay algunas explicaciones: Las hay sociales, ambientales, jurídicas, técnicas, políticas y económicas. Cada una se yuxtapone o se solapa sobre la otra.

Pero también se puede entender desde dos fuerzas en choque, entrelazadas en un pulso de antebrazos y venas sobresaltadas. Es una lucha extraña, que se da casi entre iguales, entre decenas de empresarios unidos en contra de una sola empresa. Y el Estado como un juez inútil que, tras casi cinco años, aún no sabe qué hacer para que el proyecto quede terminado.

Y así, por un lado, se tiene a la gente que vive del turismo, alrededor del Parque Nacional de Río Dulce, en el que se incluyen propietarios de hoteles, navieras, astilleros, operadores de turismo, empresarios, y junto a ellos, lancheros, tuctuqueros y una buena parte de los pobladores de la aldea Fronteras, lugar en el que se ubica el puente de Río Dulce. Y por otro lado, el Consorcio EEB-EDM de Colombia y su contraparte en Guatemala, la Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. (TRECSA), empresa a la que el Estado le adjudicó la construcción de una “supercarretera de electricidad” que abarca más de 850 kilómetros de tendido eléctrico de alta tensión (230KV), que incluye 24 subestaciones (12 nuevas y 12 ampliaciones) y que pasará por 350 comunidades a lo largo del país.

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El PET 1-2009, es decir, estos cables y estas torres, será una inversión —inicialmente estimada en US$378 millones— que TRECSA empezará a recuperar una vez que finalice el plazo de entrega en 2018 y por el cual ha pedido prórroga en dos ocasiones. Trecsa operará por 50 años las líneas de alto voltaje. Cobrará un canon total —pago por un servicio— de US$485.2 millones (US$32.5 millones anuales) por 15 años, y posteriormente el Estado seguirá pagando a la empresa, en concepto de peaje, un monto aún no especificado, con posibilidad de ampliar la red en miles de miles de voltios en la carga de esta red eléctrica.

Pero en Río Dulce, este enorme proyecto de electricidad no ha podido completarse. Y lo que hay en este punto es un circuito abierto, el más grande de todo Centroamérica.

En electrónica básica, un “circuito abierto” es aquel en el que no fluye corriente a causa de una resistencia muy grande que crea una interrupción en algún punto. Al ser la resistencia tan grande la corriente es cero o nula ya que no es posible establecer un flujo de electrones a través de un circuito. Algo similar ocurre en Rio Dulce: una oposición muy grande que ha logrado detener una de las conexiones más importantes para el circuito que construye TRECSA en este tramo. Es lo único que falta para que el PET1-2009 empiece a funcionar en todo nororiente.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo. Eso que quede muy claro”, explica Federico Adalberto Flores, empresario local y hoy —luego de las elecciones 2015 — Concejal Tercero de la Municipalidad de Livingston, en Izabal. “Lo que buscamos es la conservación del área protegida, el Parque Nacional Río Dulce. Buscamos, a pesar de todo, una alternativa viable para el proyecto. Nunca se nos consultó, nunca. No se nos preguntó si queríamos que dos enormes torres fueran colocadas en cada extremo del río. Nunca consultaron si estábamos de acuerdo en que un montón de cables de miles y miles de voltios pasaran sobre el río”, dice.

El PET1-2009 fue pensado e imaginado siempre sobre Río Dulce, pero su ubicación en el área protegida nunca fue planificada con exactitud.

2.  Sin mapas ni exactitud

A principios de 2009, la Comisión Nacional de Energía Electrica (CNEE) publicó en el portal de Guatecompras la oferta del Estado para construir seis enormes circuitos, segmentados por lotes (A,B,C,D,E,F), que abarcarían todo el territorio nacional en forma de anillos. El fin era dar inicio al Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2008-2018, que busca, mejorar y hacer más estable el servicio de electricidad en toda Guatemala.

Sin embargo, la CNEE en la planificación del proyecto —que tomó 20 años—, obvió detalles, ignoró contextos, pequeñas cosas que a lo mejor eran irrelevantes para los técnicos. Fue casi como que la CNEE tomara el mapa de Guatemala, ubicara las carreteras principales, y dijera: “Acá pueden pasar todos nuestros poderosos cables de alta tensión sin problemas”. Y en consecuencia cables, torres, circuitos, mega voltajes, pasarían encima de áreas protegidas, sitios arqueológicos, lugares sagrados, parques nacionales, ríos, cuencas, manglares, lagos, aldeas, bosques nacionales y comunitarios, cultivos, montañas, fincas…

La CNEE decía (en una primera licitación): “Todas las longitudes, trayectoria, ubicación de las Líneas de Transmisión Nuevas y Subestaciones Nuevas de cada uno de los lotes especificados, son referenciales, y están basadas en consideraciones preliminares, por lo que los cálculos que el oferente realice para efectos de la presentación y preparación de la oferta deberán basarse en sus propios estudios, análisis, investigaciones o exámenes”.

Las preguntas, ante algo tan general, no se hicieron esperar. La CNEE no había sido muy clara. Las dudas las plantearon sobre todo empresas grandes que podían construir este megaproyecto eléctrico para el Estado. Uno de los cuestionamientos, el más obvio de todos, era: ¿qué hacer con las áreas protegidas, con los permisos ambientales? Porque nada de eso estaba previsto.

Cinco meses más tarde, la CNEE empezó a dibujar un PET 1-2009 sobre Guatemala pero tomando en cuenta las áreas de conservación y protección de la diversidad biológica que administra el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). La CNEE ahora decía (en una modificación de la licitación original): “considerar, en la medida de los posible, evitar el paso sobre áreas protegidas”.

Pero el trazo del PET 1-009 era un hecho ubicaba torres y cables sobre el Parque Nacional y Área Protegida Río Dulce. El megaproyecto pasaría entre el Castillo de San Felipe y el puente de Río Dulce sin que se especificara exactamente su ubicación. La única certeza era que dos enormes Torres, de 230KV, una a cada orilla del río, con sus respectivos cables, formarían parte del paisaje.

“Nos dimos cuenta de lo que significaba para Río Dulce hasta después de que el megaproyecto obtuvo el aval de la municipalidad de Livingston en 2011”, indica Flores.

Las torres, una tras otra, avanzaban poco a poco y se veían desde la carretera. Atravesaban montañas, puentes, fincas privadas. Por un lado, desde Morales, municipio de Izabal. Por el otro, desde Panzós, en Alta Verapaz, hacia El Estor, colindante con Río Dulce. Cada vez más cerca del área protegida.

“Entendimos entonces que los cables pasarían por algún punto en el río. Y empezamos a preguntar, a averiguar, a reunirnos”. Federico Flores, en aquel momento era presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de Segundo Nivel (Cocode), integrado en su mayoría por fuertes empresarios del sector hotelero, astilleros, marinas y turismo de Río Dulce. El siguiente paso fue presentar un primer amparo en contra del PET 1-2009, para detener o reubicar el paso de las torres sobre el Área Protegida de Río Dulce.

Lo legal, explica el abogado Álvaro del Cid, contratado por el Cocode, se centró en cuestionar, hasta las últimas consecuencias, hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), el hecho de que el PET 1-2009 no tenía un mapa exacto que expusiera que 230 mil voltios pasarían sobre Río Dulce. “Un peligro”, dice. Pero para entonces, TRECSA ya había presentado el principal requisito para construir: el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). “Entonces nos fuimos contra eso. Era un EIA muy, muy general. Sin mapas claros de lo que se pensaba hacer en Río Dulce, en un área protegida, no era posible”, resalta del Cid.

Así empezó la pelea legal. La lucha que aún hoy tiene al PET 1-2009 como un circuito abierto en el nororiente del país. Para que un ciudadano pueda quejarse de un EIA se cuenta con un plazo de 30 días. El Cocode de Livingston lo cuestionaba dos años después de su aprobación por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Sin embargo, desde 2013, tras la decisión del juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo al amparar al Cocode de Livingston, hay dos enormes torres sitiando los extremos de Río Dulce. Una en cada borde del área protegida; ambas listas para conectarse.

3.  Impacto de un gigante con anillos

Un estudio de impacto ambiental (EIA) es el documento en el que una empresa indica cuáles serán los posibles efectos de su actividad sobre el ambiente, y cómo piensa prevenirlos o minimizarlos. Desde luego, el PET 1-2009 al ser un monstruo, compuesto por varios anillos (lotes) de electricidad, resultaba muy difícil de medir su impacto a menos de que fuera diseccionado, cortado en pedacitos.

Rodrigo Ronquillo, jefe ambiental de TRECSA, explica que una vez adjudicado el proyecto, lo inmediato fue preguntar al Estado qué quería y cómo necesitaba que fueran presentados los impactos ambientales del PET 1-2009. “El país, como nos dimos cuenta, no estaba preparado para un EIA de esta magnitud”, dice Ronquillo. El MARN lo clasificó como un proyecto Tipo A y solicitó a la empresa dividir el EIA por lotes, los seis que la CNEE había contemplado. Río Dulce, el área protegida, se encontraba dentro del Lote D o Anillo Atlántico. La presentación de su EIA fue general, tanto que Río Dulce aparecía en un par de páginas, indicando que su impacto sería mínimo debido a que se ubicaría dentro del “uso intensivo” del área protegida, un lugar densamente poblado, a orillas del río.

“Pedimos cuál era el proceso para un proyecto de este tipo y no tenían. Los términos de referencia (entidades estatales a consultar) se pidieron a Luis Ferraté (exministro de Ambiente) en su momento por la vía legal. La respuesta fue una especie de índice: capítulo uno: introducción; capítulo dos: socialización; etcétera”, explica Ronquillo. El EIA, de hecho todos los del PET 1-2009, fueron generales, no por cada torre, no por subestación, ni por tramo, sino por compendios y concentraciones de circuitos enormes. “Es por facilidad también para la revisión del Ministerio. En lugar de revisar mil sólo se tenían que revisar seis (de mil páginas). Esto marcó un precedente para el país. Un estándar de calidad. A partir de los EIA, se ubicaron especies animales, fauna, se hicieron estudios arqueológicos, se entablaron mesas de diálogo con muchas comunidades”, señala Andrea Bolaños, gerente interina de TRECSA.

Pero el problema de fondo era cómo construir el PET 1-2009 en el Parque Nacional de Río Dulce, sobre el río. Ronquillo dice que “las coordenadas exactas” de las torres y cables están en el EIA del Anillo Atlántico. Insiste también en que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el MARN, y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) evaluaron distintas alternativas, como por ejemplo: pasar los cables adheridos al puente de Río Dulce, o ubicarlos en el fondo del río, incluso construir torres en medio del agua. De estas propuestas no hay documentos que acrediten su discusión, ni de TRECSA ni del Estado. “Conap evaluó que el menor impacto era la colocación de los cables aéreos”, dice Ronquillo.

Pero es a eso a lo que se oponen los empresarios de turismo en Río Dulce.

4.  “Godzilla contra King Kong”: ¿la resistencia diferente?

“Lo que vemos acá es una lucha entre Titanes: Godzilla contra King Kong”, ríe Walter Morales, líder de los lancheros en Río Dulce. “Sin la oposición de los hoteleros y las navieras contra TRECSA, ¡Ay Dios!, esto no hubiera caminado nada. Los cables ya estuvieran ahí, zumbando sobre el río, entre el Castillo de San Felipe y el Puente”, añade.

Por lo regular, a la oposición que los pobladores hacen de los megaproyectos que afectan a sus comunidades y que les despojan de sus recursos naturales, ya sean mineros o hidroeléctricos, las autoridades la denominan “conflictividad”. Estados de Sitio o de Excepción han sido decretados en varios lugares por el Gobierno, en aras de mantener la “gobernabilidad”. En la mayoría de los casos, los protagonistas de estos “conflictos” son comunitarios pobres, indígenas o campesinos, enfrentados en contra de multinacionales con muchos recursos. David contra Goliat, o David contra Leviatán (el Estado).

En Río Dulce, en cambio, la resistencia, esa oposición tan grande que no ha permitido que el PET 1-2009, uno de los circuitos eléctricos decretado en dos ocasiones –primero Álvaro Colom en 2011 y luego Otto Pérez Molina en 2013– como “Urgencia Nacional y Necesidad Pública”, es diferente. La resistencia en Río Dulce tiene recursos económicos, políticos, estratégicos. De hecho, en los últimos 20 años los empresarios y operadores de turismo de este lugar han tenido diversas batallas en contra de otras empresas. Batallas casi siempre jurídicas. Y todas, en oposición, con el fin de proteger el Parque Nacional de Río Dulce, y por ende defender sus intereses económicos (la fantasía del turismo, el paisaje). Y han resultado victoriosos.

A principios de los años 90, el sector hotelero de Río Dulce se opuso a que la Reforestadora Simpson Lmtd., utilizara la cuenca de Río Dulce para transportar la cosecha de madera de melina por medio de lanchones hasta el Atlántico. A mediados de los 90, también, lograron diálogos con Shell Exploradora y Productora de Guatemala, para que desistiera de la búsqueda de petróleo en el lecho del Río Dulce y el Lago de Izabal. Ambas empresas, fiscal y jurídicamente, hoy están deshabilitadas.

Ahora se enfrentan a TRECSA, filial de la poderosa colombiana Grupo Energía de Bogotá.

“No podemos considerarnos una resistencia como tal. Nuestras condiciones son distintas. No hay una posición política clara. La mayoría de nosotros somos empresarios”, aclara Eugenio Gobatto, propietario de Hacienda Tijax y presidente de Eco Río, una asociación de marinas y hoteles que busca proteger el área de Río Dulce como un atractivo turístico, de sostenibilidad ecológica.

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De otras resistencias —como la Puya, en San José del Golfo; o el Nuevo Amanecer, en Huehuetenango— Gobatto dice que “ellos defienden cuestiones más graves, en términos de la moral, a ellos les están quitando el agua, le están quitando sus derechos más fundamentales, les están quitando su vida digna”. Explica que junto a sus otros compañeros de Eco Río su nivel económico es bueno y aunque pongan las torres y los cables de TRECSA sobre Río Dulce, bien se puede ir a vivir a otro lado, lejos. “Otros no tienen opción: morir o defender la vida”, indica.

De esta cuenta, los empresarios organizados contra la instalación del PET 1-2009 en Río Dulce recuerdan algunos acercamientos con la empresa encargada del proyecto. Rolando Pineda Lam, propietario del Hotel Mansión del Río y presidente de Mercadeo Inmobiliario S.A. tiene claro el día que llegaron a hablar con TRECSA. “Les dijimos que no queríamos arruinarles el negocio, pero que entendieran también que nos afectan. Llegamos a hablar como sus iguales. Y eso talvez los sorprendió”. Pineda Lam concede la entrevista en una lujosa, amplia y bien iluminada oficina de la zona 13. No obstante, cuando habla de cómo el Estado impone sin preguntar, abusa sin consultar a los vecinos, crea megaproyectos enormes que benefician a consorcios extranjeros, su voz suena similar a la voz de un campesino de La Puya, o muy parecida a la de un indígena Q’anjobal de Santa Cruz Barillas. “¡El Estado debe consultarnos!”, se queja. Y hace una pequeña mueca, además de un pequeño silencio al hablarle de la existencia de otras resistencias organizadas en contra de megaproyectos.

Para Rafael Maldonado, abogado del Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS), como una de las partes interesadas en este caso, y como acompañante y asesor de distintas resistencias dice que fundamentalmente la oposición de Río Dulce puede entenderse desde “la perspectiva de violaciones a los derechos humanos. Y sí, sí es una resistencia pacífica, una lucha de años, pero con recursos: un caso interesante”, dice.

5.  Interés social sobre lo social a la espera del Estado

“Lo que hay que entender es que se trata de un proyecto en beneficio de todos los guatemaltecos”, dice, recalca y repite varias veces Andrea Bolaños, Gerente Interina de TRECSA. Pero la pregunta que queda en el ambiente es una cuestión de pesos y contrapesos:

—¿Es el interés social del PET 1-2009 sobre lo particular, o bien, es el interés también social de conservar un área protegida sobre lo particular?

La respuesta tarda en llegar. Hay palabras que rebotan, pero no logran aterrizar hasta que Bolaños dice: “El tema más importante es la interpretación integral. El hecho de que sea un área protegida no es que no puedan pasar las torres. El Parque Nacional de Río Dulce tiene un plan maestro que específica zonas y usos. El proyecto está ubicado en la zona de uso intensivo, donde están los hoteles, la carretera, el puente…”.

Ronquillo, jefe ambiental, secunda la lógica de Bolaños: “Ya hay varias torres que atraviesan el río. Tienen años de estar ahí. Y claro, tienen efectos sobre el paisaje. No podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que las torres tienen efecto, que es sobre todo en el paisaje, pero es lo más viable”, dice.

Las torres que hoy están al lado del puente de Río Dulce pertenecen a la empresa de energía Power Lmtd, antes Deocsa/Deorsa. Y claro: se ven horribles. Walter Morales, del sector de lanchas, dice que eso no vuelve a pasar, que una vez los engañaron y que las torres que eran de Deocsa/Deorsa son ejemplo de lo que no se quiere en el lugar.

En Livingston, TRECSA sin duda lo ha tenido complicado. La empresa tuvo que pedir autorización a la municipalidad en dos ocasiones antes de comenzar e intentar construir. Una en 2011 y otra en 2014. Bolaños se queja porque este tipo de dinámicas han ocurrido en casi todo el país: “las municipalidades no tienen reglamentos claros para autorizar este tipo de proyectos. Todo es muy desordenado”, lamenta.

En Río Dulce, la municipalidad de Livingston cobró Q10 mil en 2011 para autorizar el paso de las torres sobre el área protegida. En 2012, con el nuevo alcalde, Vicente Interiano, TRECSA pagó una nueva autorización municipal de Q85 mil.

Interiano, hoy dedicado a su negocio de ferretería en la aldea Sija, recuerda que para la municipalidad simplemente era un “ajuste justo”. “TRECSA había pagado Q100 mil a la municipalidad de Morales, también a la municipalidad del Estor. Livingston no podía quedarse atrás. Por el paso en el área protegida pedimos a la empresa lo faltante”, recuerda.

TRECSA pagó. Pero la oposición logró mantener la desconexión de las torres por un tiempo más, a raya, en los límites del Río Dulce, justo donde aún las torres permanecen desconectadas. “Buscamos otra alternativa. Buscamos ganar tiempo”, rememora Gobatto al hablar de los procesos legales que se han llevado desde los Cocodes de segundo nivel.

Lo que vino después al aval municipal de Livingston fue un proceso legal largo, tedioso y complicado. Pero que se puede resumir así: 1) La resistencia de los empresarios logra crear un reglamento desde el Consejo Municipal para construcción de torres en Río Dulce en 2013. 2) TRECSA busca amparo y la CC invalida la acción de los Cocodes. 3) La resistencia vuelve a oponerse al flujo eléctrico en 2014 con un nuevo reglamento, más general, y logra un amparo provisional, que detiene las operaciones de TRECSA en el lugar. 4) Los grandes hoteleros organizan una manifestación acuática en 2014 en la que incluyen a todo el pueblo de Río Dulce. 5) TRECSA pide protección ante la CC para que los Cocodes de segundo nivel no puedan impugnar el EIA del proyecto. 6) Desde entonces todo ha caído en un impasse… 7) El sistema de justicia tiene aún pendiente de resolver dos amparos constitucionales. 8) La inversión aproximada a la fecha por parte de TRECSA roza ya el estimado de la inversión inicial de US$378 y hoy es de US$365 millones, con tan sólo el 40 % del PET 1-2009 concluido.8) Desde 2015 corre el rumor de que TRECSA ha dado su brazo a torcer en Río Dulce y ya no pasará el tendido eléctrico por vía aérea sino debajo del subsuelo, debajo del agua, debajo, muy por debajo de la tierra, en un túnel. Pero TRECSA aclara que eso sería muy caro. “Tendría un costo equivalente de entre cinco y diez veces más de la inversión que hemos hecho en la totalidad del circuito de nororiente. Y eso se vería reflejado en la factura mensual de los guatemaltecos”, indica Bolaños.

No obstante, TRECSA, como lo confirma Bolaños, sí ha presentado la propuesta del paso sub-subacuático de los cables en Río Dulce al MARN. “Queremos que sea el Estado el que nos diga al final de cuentas qué es lo más correcto, y cómo realizarlo. Las alternativas están ahí. Pero necesitamos términos de referencia para poder terminar el proyecto”, dice Rodrigo Ronquillo. El tiempo corre, el plazo fijado es 2018. La oficina de comunicación del MARN se limitó a comentar que “el PET 1-2009 y su paso por Río Dulce está en proceso de análisis”.

“Vamos a agotar hasta el último recurso”, dice Pineda Lam de Eco Río. “Esperamos llegar a un acuerdo. Pero también necesitamos del apoyo de las instituciones de gobierno”.

Los cables, dos torres –como dos enormes titanes de la mitología griega–, en tanto, flanquean el área protegida de Río Dulce a la espera de una respuesta por parte del Estado.