Entre el derroche del Ministerio Público y un sistema judicial que persigue a inocentes

El 2025 inició con la expectativa del rumbo que tomaría el poder judicial y cómo las y los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones reaccionarían frente a un Ministerio Público (MP) cuestionado por utilizar sus herramientas para perseguir periodistas, políticos, activistas y estudiantes.

Meses antes, durante las Comisiones de Postulación que eligieron a estos magistrados, en Plaza Pública estuvimos cubriendo el proceso con particular atención en cuál sería el papel del gobierno de Bernardo Arévalo, que aunque no era parte oficial de este procedimiento, sí podía tomar posturas públicas sobre la transparencia del mismo y la importancia de contar con funcionarios judiciales independientes. Algo que no pasó. Lo que sí vimos fue que la bancada Semilla, liderada por el diputado Samuel Pérez, se reunió con los candidatos en la lista final para ser parte de la CSJ, para pedirles a cambio de elegirlos el compromiso de no criminalizar a más personas ni realizar persecuciones motivadas por fines políticos. Esto tampoco pasó.

El saldo inicial, en opinión del oficialismo, fue una elección de magistrados independientes en un proceso donde los perfiles más polémicos fueron descartados. Pasaron pocos meses para evidenciar a través de sus resoluciones, que el poder judicial seguía cooptado.

Aunque la actual CSJ ha servido de escudo para proteger al presidente Bernardo Arévalo de la persecución del MP a través de rechazar darle trámite a diferentes solicitudes de antejuicio, los magistrados de apelaciones han continuado beneficiado a exfuncionarios y políticos poderosos señalados de corrupción y han mantenido en la cárcel a personas como el periodista José Rubén Zamora y los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

En diferentes momentos, en Plaza Pública entrevistamos a los tres en la prisión. A través de estas conversaciones desde sus bartolinas pudimos conocer las condiciones en las que se encuentran, los efectos reales en la vida, cuerpo y mente de las personas, de utilizar un aparato judicial para perseguir a quienes defienden derechos colectivos como la libertad de expresión y a la democracia.

A menudo en nuestras coberturas e investigaciones evidenciamos a los actores que están detrás de la manipulación de las instituciones públicas, de la justicia, y vemos que sus acciones pueden parecer abstractas para una persona de a pie, que aunque vea de lejos las noticias todavía se indigna. Pero al adentrarnos en la cárcel, en este caso Mariscal Zavala, y ver la vida de una persona inocente reducida a cuatro paredes, comida de dudosa procedencia, al silencio del aislamiento, vemos que los efectos de la corrupción llegan a lugares profundos, no solo de la persona privada de la libertad, sino en sus familias y comunidades.

En esas entrevistas siempre pregunto cómo pasan el tiempo. Una respuesta en común es la lectura. En los más de mil días que Zamora lleva encarcelado ha acumulado la lectura de novelas y de libros gruesos de todo tipo. En cambio Pacheco y Chaclán han encontrado fortaleza en su fe y en la lectura de la Biblia. Esa fortaleza lleva implícito el mensaje de sobrevivir con dignidad a la represión de un aparato judicial que en lugar de responderle a la población funciona como una maquinaria bien controlada para garantizar impunidad a los corruptos y al crimen organizado.

Pero no son sólo las Cortes y los jueces. Sin un caso, un expediente, una investigación y una acusación no puede haber fallos cuestionados o jueces salpicados de señalamientos. Tampoco criminalización. Por eso es medular prestar atención al trabajo, a las acciones y omisiones de los fiscales y abogados liderados por Consuelo Porras, quien lleva casi ocho años dirigiendo el MP y que ha transformado la institución de una forma alarmante, con casi un borrón y cuenta nueva que deshizo avances alcanzados para eficientar su función y hacerla más transparente.

Cuando Porras asumió el cargo, en 2018 una de sus primeras acciones fue anunciar el cambio del modelo de gestión fiscal que impulsó su antecesora Claudia Paz y Paz, que, en pocas palabras apostaba por investigar fenómenos criminales de una forma más amplia, de encontrar patrones entre los crímenes para develar a las estructuras que estaban detrás. Esto funcionaba a través de una trilogía metodológica en unidades especiales que incluía análisis, investigación y litigio, y que según entrevistas con ex fiscales produjo cambios visibles, especialmente el investigaciones de delitos contra la vida, como homicidios o sicariato.

Porras deshizo ese modelo y regresó a la institución a cómo estaba en 2009, cuando un mismo fiscal investiga, arma el caso y lo lleva a tribunales. Esto bajo la presión de entregar resultados mensuales a como dé lugar, lo que puede llevar al cierre prematuro de un caso para registrarlo como un expediente resuelto, aunque la víctima no alcanzó justicia.

Un reflejo de esto es el trabajo de las agencias fiscales, las pequeñas oficinas que Porras instaló en todos los municipios para poder decir que su gestión llevó al MP a todo el territorio nacional. Estas unidades tienen como propósito recibir denuncias por delitos menores y resolverlas en un máximo de 30 días. Esto no ha mejorado el acceso a la justicia, en cambio Plaza Pública demostró a través de análisis, entrevistas y estadísticas que los casos se desestiman en mayor volumen. También documentamos que entre 2019 y 2023 el MP desestimó 153,133 casos y archivó otros 761,892. Esto es publicitado por la institución como un hito histórico que redujo la mora, pero no es algo que cale entre la población ni entre la comunidad internacional; una encuesta evidenció que Porras tiene un 59% de opinión desfavorable mientras que 29 países alrededor del mundo le prohibieron la entrada a su territorio.

Mientras eso pasaba Porras también tomó decisiones para bloquear a la prensa de investigar su gestión. Por ejemplo, poco después de asumir el cargo por primera vez ordenó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del MP a negar la información sobre actores políticos bajo investigación, algo que antes era posible hacer. De forma más reciente, también ha negado revelar la información pública sobre el salario que devenga ella y su círculo cercano bajo el argumento, sin sustento, de que pondría en riesgo la labor investigativa de la institución. Al mismo tiempo Porras se niega a dar entrevistas a periodistas independientes (hicimos la solicitud por las vías formales y nunca respondieron) y se encuentra en un gran esfuerzo por cambiar su imagen y de acercarse a Trump.

A inicios de noviembre revelamos algo que pasó a lo largo de 2025. Porras hizo un cambio en su estrategia de comunicación para intentar darle un giro a su imagen pública. Creó perfiles públicos en las redes sociales más conocidas y adoptó el eslogan “Consuelo para los niños, terror para los corruptos”, al mismo tiempo que pagó contratos para monitorear a todos los medios de comunicación y cuentas en redes sociales que la mencionan para analizar si los mensajes sobre ella son positivos, negativos o neutros.

Con la ayuda de Ángel Pineda, Secretario General del MP, también empezó a tratar de acercarse al gobierno del presidente de Estados Unidos Donald Trump y a funcionarios republicanos. Esto a través de un youtuber estadounidense que le hizo un documental donde la alaba y presenta como una justiciera que lucha por los niños migrantes. En medio de esta campaña dos de sus funcionarios viajaron a la toma de posesión del presidente Trump para tomarse fotografías con quien fuera posible y tratar de presentar un plan de trabajo en temas migratorios, una labor que le compete al gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El plan se llamaba “Las Tres F, Fronteras Fuertes y Firmes”, pero no tuvo eco. El MP también negó informar cómo se financió ese viaje.

El esfuerzo de tratar de presentarse como aliada de Estados Unidos y destronar al gobierno de Arévalo fue tan amplio que Pineda dijo a una youtuber y periodista estadounidense que Tom Homan, el zar de la frontera de Trump, visitaría Guatemala para reunirse con Porras a inicios de 2025, algo que nunca ocurrió. Lo que sí pasó fue que el Secretario de Estado Marco Rubio visitó Guatemala en su primera gira internacional y se reunió con Arévalo, un espaldarazo que confirmó quién es el verdadero aliado.

Los intentos de Porras de ocupar los espacios del gobierno continúan mientras que la institución difunde mensajes de transparencia, independencia y justicia que son fáciles de cuestionar. Las contradicciones entre el mensaje y las acciones están a la luz del día.

Con este panorama empezaremos el año 2026. Con Porras utilizando los recursos del MP para cambiar su imagen, presionar a sus adversarios, beneficiar a sus allegados y seguir teniendo poder en el aparato judicial; mientras que una Comisión de Postulación trabajará bajo el escrutinio público y la presión de los grupos de poder corruptos para evaluar a los aspirantes a dirigir la institución.

Nuestra cobertura seguirá para explicar lo que está en juego, quiénes son los actores detrás y cómo sus decisiones impactarán en el futuro cercano de Guatemala.