La urgencia de actuar para evitar el punto de no retorno

Veinte años bastan para que ocurran transformaciones radicales y la historia así lo demuestra. Desde inicios de siglo, por ejemplo, Costa Rica alcanzó a tener una producción energética de más del 90 por ciento proveniente de fuentes renovables y, en un período similar, casi el 68 por ciento de la población mundial comenzó a usar internet, con los retos que ello implicó para la sociedad contemporánea.

Estos hitos surgen de procesos que comenzaron varios años atrás, pero sirven para concientizarnos de cuán estáticos hemos permanecido frente al deterioro ambiental en Guatemala.

Comenzamos el siglo hablando de la pestilencia del vertedero de la zona 3; de las toneladas de desechos que arrastran ríos como Las Vacas o el Motagua; de la muerte progresiva del lago de Amatitlán y del humo negro grisáceo de escapes de buses y vehículos obsoletos que inhalamos cada vez que nos desplazamos por zonas urbanas.

El problema no es solo que nada cambia, sino que pasan distintas administraciones de gobierno y pareciera que ni siquiera se inician procesos encaminados a sanear nuestro entorno. Al contrario, quienes dirigen las instituciones conducen en retroceso.

Un ejemplo de ello es la resolución de la Corte de Constitucionalidad que, haciendo alarde de la autonomía municipal, truncó el reglamento que obligaba a los municipios a gestionar adecuadamente sus desechos. En Plaza Pública contamos cómo, después de 42 meses de que el reglamento había entrado en vigor, la municipalidad de Guatemala omitió su obligación de capacitar a recicladores y recolectores para evitar que fueran excluidos ante la nueva clasificación de desechos sólidos.

Por dicha, siempre hay ventanas de oportunidad. En noviembre pasado, movimientos sociales liderados por organizaciones indígenas demostraron que aún existe capacidad de veto ante actores político-económicos que buscan llegar al poder para servirse a sí mismos y a sus pares por medio de proyectos donde las mayorías históricamente excluidas no tienen un lugar y sus necesidades no están en consideración.

Pero para este momento debemos tener claro que una agenda de anti-corrupción es necesaria, pero por sí sola no basta para construir un país digno. La participación ciudadana en la reflexión de rutas y soluciones es impostergable. Más del 90 por ciento de ríos, lagos y cuerpos de agua superficiales están contaminados. Estudios advierten que la Ciudad de Guatemala es una de las capitales con peor calidad del aire de Guatemala y en nuestras zonas marino-costeras hay esteros y pozos de agua con material fecal y desechos provenientes de las urbes.

Son realidades vergonzosas que lesionan gravemente nuestra autoestima como sociedad. Paradójicamente, en una década el Estado no ha llegado a invertir ni siquiera el uno por ciento del total del gasto público en las instituciones facultadas para la protección de los ecosistemas.

Hay procesos a los que debemos apostar sin peros. La Ley de Aguas es prioritaria. Este gobierno asumió el rol de formular una nueva iniciativa, aunque a la fecha la misma no se ha presentado al Congreso. La madurez política de los actores involucrados en su aprobación debe estar bajo escrutinio en los meses siguientes.

Quienes se dedican al estudio socioambiental advierten que aún no estamos en un punto de no retorno, aunque cada vez nos acercamos más. No podemos permitirlo. Que el despertar no sea demasiado tarde.