Los migrantes según Trump

La llegada de Donald Trump a su segundo mandato presidencial anticipó un ambiente poco favorable para la población migrante en Estados Unidos. Todo pronóstico de hostilidad quedó corto. Horas después de asumir, firmó la Declaratoria de Emergencia Nacional de Militarización que caracterizó a la migración como una invasión y por lo tanto requirió del despliegue inmediato de las fuerzas militares para reforzar la seguridad en la frontera sur.

En sus primeros 100 días emitió más de 135 órdenes ejecutivas orientadas hacia una reforma migratoria basada en perseguir y expulsar del país a las personas migrantes. Cada fin de semana traía nuevas disposiciones, una más dura que la anterior: la imposición de un gravamen a las remesas; la luz verde al perfilamiento racial y la reactivación de redadas masivas; amenazas contra estudiantes extranjeros y universidades; el aumento a los costos de las visas; el uso de tobilleras con GPS; la creación de una cárcel en condiciones infrahumanas rodeada de caimanes.

Y las deportaciones. Aviones con cientos de hombres y mujeres retornados después de meses o décadas fuera de sus municipios.

Ariel Ruiz, investigador del Instituto de Política Migratoria, describe las estrategias para atemorizar y hacer aún más difícil la vida de las personas migrantes en condición irregular en Estados Unidos.

Para Guatemala, el punto álgido de estas medidas fue el intento de retornar a más de 600 niños y adolescentes guatemaltecos que se encontraban bajo el resguardo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). Es una dependencia encargada de salvaguardar la integridad de los menores de edad que llegan solos a Estados Unidos. La mayoría huye de alguna situación de violencia, maltrato o vulnerabilidad en sus países de origen.

«Tenemos una declaración jurada de los padres de una adolescente que dicen que ella está amenazada de muerte, que si el gobierno de Estados Unidos la regresa a Guatemala, ellos harán lo posible para que vuelva a escapar porque ahí no puede estar a salvo», relató Efrén Olivares, abogado del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) que detuvo la repatriación de estos niños y adolescentes ante un juez.

El propio presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, reconoció que el país estaba listo para recibirlos en grupos de 150, no más. Pero esa cifra no dependía de las capacidades locales. La Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Secretaría de Bienestar Social (SBS) esperaban este retorno en medio de incertidumbre, poca información y recursos limitados.

La decisión del juez detuvo la deportación de los menores, por ahora. El gobierno estadounidense aún podría apelar este fallo. Pero el mensaje fue claro: la determinación del gobierno estadounidense de expulsar, no reunificar, a niños y adolescentes guatemaltecos.

Las historias de terror del Programa de Movilidad Laboral

A la redacción de Plaza Pública llegó una denuncia, el testimonio que reveló un problema no abordado, otra cara de la migración. Una historia se multiplicó en más de una decena de relatos de terror de hombres y mujeres guatemaltecos que sufrieron experiencias traumáticas al participar en el Programa de Movilidad Laboral del Ministerio de Trabajo. Una opción que el gobierno promociona como una alternativa segura de migración laboral.

Personas que compartieron su experiencia –su muy mala experiencia– entre lágrimas y conversaciones que duraron horas para contar los abusos, maltratos, humillaciones y dificultades en Estados Unidos entre 2022 y 2024. Ninguna autoridad guatemalteca acudió para apoyarlos. Confiaron en Plaza Pública para contar algo que, por vergüenza o por miedo a perder oportunidades de trabajo, callaron por meses e incluso años.

A pesar de la coyuntura no se agota la capacidad de asombro. Tenemos la mirada puesta en las decisiones que en el norte se tomen y los sobresaltos que acá provocan. ¿Qué sigue? Reportar para ustedes los efectos en las personas retornadas y cómo intentan reinsertarse al país que un día los expulsó.