Cargando especial Plaza Pública 2025…
En el año 2023 la ciudadanía guatemalteca dio una tremenda sorpresa a los poderes políticos y económicos que han tenido hegemonía en el manejo del país: demostró que tiene la capacidad de emitir un voto consciente y articularse de manera efectiva para defender la libertad de decidir quién gobierna. Ambos gestos, demostraron madurez política y deseo de avanzar hacia una sociedad democrática e inclusiva, gobernada por funcionarios comprometidos con el bien común.
Luego de varios gobiernos organizados alrededor del despilfarro y la corrupción, sin ningún interés por resolver los problemas del país, la elección de Bernardo Arévalo obligó al desaforado bus conducido por los corruptos, a dar un frenazo muy necesario. La organización político/criminal que fue bautizada como «pacto de corruptos» tuvo que asumir una derrota importante: la elección de una persona que no era operador del pacto, alguien sobre el cual no tenían «control».
Si algo hemos aprendido en estos años del gobierno de Arévalo es que los triunfos ciudadanos necesitan ser más contundentes para lograr las transformaciones necesarias. No basta con elegir a un presidente, pues cada una de las instituciones infectadas de corrupción tiene la capacidad de impedir el avance. Tenemos un Congreso de la República ocupado por diputados que se comportan como mercaderes, pues no cumplen con sus funciones sino a cambio de sobornos, sobre o bajo la mesa. Están allí debido a la existencia de un puñado de «partidos políticos» vacíos de ideología, sin valores y sin más propósito que la corrupción. La refundación de la política partidaria es una tarea ciudadana pendiente.
También ha sido muy frustrante constatar que el Ministerio Público tuvo la capacidad de continuar criminalizando a ciudadanos honrados en acusaciones sin fundamento, o el nefasto desvío de la Corte de Constitucionalidad. Estos fenómenos los hemos vivido de manera trágica con la prisión represiva e injusta de líderes ciudadanos o resoluciones funestas, enfocadas en el desgaste del gobierno y no en el bienestar de los guatemaltecos. Estos órganos del Estado, al operar de manera espuria, no cumplen con su función de fortalecer la institucionalidad y el Estado de derecho. Más bien se convierten en un peligro existencial para garantías ciudadanas básicas como la libertad en todas sus expresiones y la vigencia democrática. No puede generarse bienestar con un organismo vital del Estado, como el sistema de justicia y sus instituciones auxiliares, entregados a la organización criminal y sus intereses espurios.
Estas experiencias vivenciales nos han enseñado que la democracia no es solamente un conjunto de ideas plasmadas en un libro llamado Constitución. Se trata de organización ciudadana, articulación, trabajo, acción y vigilancia. Se trata de una serie de batallas que parecen interminables, se trata de bastiones que han sido tomados y que hay que, no solamente recuperar, sino desarrollar los mecanismos para no volver a perderlos. La democracia es trabajo. Y no podemos sentarnos a demandar satisfactores, sin antes haber realizado la tarea de construir la institucionalidad necesaria porque una realidad insoslayable es que el poder no se regala. Hay que ganarlo y conservarlo.
El año 2026 se nos presenta como un horizonte poblado de batallas necesarias para construir nuestra democracia. No solamente se trata de realizar un esfuerzo decidido por recuperar el control del sistema de justicia con la elección de Fiscal General y magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Se trata de recuperar la credibilidad y fortaleza del Tribunal Supremo Electoral, en preparación para esas elecciones del año 2027 en donde, nuevamente, el destino del país estará en juego.La elección de magistrados al TSE debe asegurar la legitimidad del proceso electoral y darnos certeza de los resultados. La ciudadanía no puede darse el lujo de perder ninguna de estas batallas, pues todas estas instituciones jugarán un papel crucial en la gobernanza del país en un futuro que está demasiado cerca.
Las elecciones que se avecinan son básicas para contar con autoridades confiables para que pueda desarrollarse, con garantías de legalidad y transparencia, la gran batalla a ser librada en las elecciones generales del 2027. Sobra decir que no podemos permitir una regresión. Tenemos que estar muy claros que la intención del pacto de corruptos será operar, a toda marcha y con todos sus recursos, por recuperar el terreno perdido en el 2023. Justamente por ello, querrán colocar a sus alfiles al frente del Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral.
Si la elección de Bernardo Arévalo nos dio una tregua, el tiempo de pasividad ha terminado. Nos hallamos, de nuevo, frente a un año que exigirá de la población guatemalteca determinación para defender el ideal democrático, articulación para lograr el poder que da constituirse como una mayoría, presencia en cada uno de los eventos de elección y todas las acciones necesarias que estas batallas nos planteen.
Durante 2026 Plaza Pública será un canal para ordenar la información producida por elecciones simultáneas. Este esfuerzo necesita que vayamos de la mano con una audiencia que vigile, que reporte y se apropie de nuestro contenido para discutirlo en sus comunidades. El esfuerzo por enderezar el camino de Guatemala hacia el bien común, es y debe ser, un trabajo colectivo.
Si nos desencanta comprender que la democracia implica trabajo, que se trata de un esfuerzo de largo aliento, pensemos en lo que implica perderla. Afuera de la protección que ofrece el ideal democrático nos aguarda el abuso de los poderes fácticos, el irrespeto a la vida, en todas sus formas, la ausencia de interés por construir una sociedad de bienestar e inclusión.
Luchar porque prevalezca la democracia vale el esfuerzo.