Cuando Alcázar fue diputado, sus medios comenzaron a ganar contratos públicos (4/9)

El grupo Radio Corporación Nacional (RCN) está integrado por al menos once sociedades anónimas pertenecientes a la familia Alcázar Solís. Las 11 empresas son propietarias de radiofrecuencias y también están perfiladas como las administradoras de radios. El grupo es propietario de 38 frecuencias del espectro radioeléctrico, según el listado de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) actualizado hasta junio de 2017, equivalentes al 3.26% de las frecuencias de FM y el 1.72% del AM. El grupo RCN demuestra la misma lógica que el grupo Emisoras Unidas: propiedad de títulos de usufructo a través de distintas empresas y no una sola compañía matriz, pese a que se dedican al mismo rubro, la radiodifusión.

De las 38 frecuencias, apenas cuatro tienen un título de usufructo emitido en 2007. El resto tiene fechas desde 2011, es decir, este grupo se beneficiaron con la ampliación del tiempo de usufructo de casi todas sus frecuencias que aprobó el Congreso en 2012, cuando Alcázar era diputado.

Según el investigador y periodista Gustavo Berganza, el caso del Grupo RCN podría calificarse de “emprendedurismo”. “Ellos comenzaron con una emisora en Mazatenango, y de ahí fueron comprando y alquilando frecuencias hasta que armaron la cadena”, aseguró. Otros documentos coinciden con tal versión: el patriarca del consorcio fue Guillermo Alcázar Flores.

En su página de internet oficial aseguran estar vinculados a la radiodifusión desde hace 60 años. Algunos de los nombres comerciales del grupo son Radio Globo, La Red, Coqueta, Clásica, entre otras.

RCN ganó unos Q 24,230,199.90 hasta marzo de 2017 en contratos con el Estado. Lo pagado por los títulos de usufructo de radiofrecuencias y cargos administrativos, a nombre de sus empresas o de sus representantes legales, fue Q 3,582,859, entre 1996 y 2017. Uno de sus miembros estuvo vinculado al gobierno del Partido Patriota (PP), y en la actualidad forma parte de la lista de los integrantes de ese partido que es procesado por delitos de corrupción. Se trata de Juan David Alfredo Alcázar Solís (ver ficha), quien hasta 2005 se desempeñó como el gerente general de RCN S.A. Posteriormente, quedó como accionista. Según su currículo es miembro fundador del PP, en 2002.

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Al igual que el caso de la familia Archila (Grupo Emisoras Unidas), el Grupo RCN está constituido por miembros de la misma familia, según datos del Registro Mercantil y del Registro Natural de las Personas (RENAP). En las distintas sociedades anónimas los nombres que se repiten son Fernando Guillermo Alcázar Solís, Gerardo Rolando Alcázar Solís, Sergio Alcázar Solís, Irma Rosario Alcázar Solís, Zoila Minerva Alcázar Solís, entre otros.

Juan David Alfredo Alcázar Solís fue elegido diputado del PP en las elecciones de 2008, y reelegido cuatro años después. Está señalado en el caso conocido como “Plazas fantasma”, del Congreso de la República. Antes de que Alcázar Solís llegara al Legislativo, RCN no había ganado ni un solo contrato con el Estado. Según los registros de Guatecompras, las empresas de esa familia empezaron a tener contratos desde 2009 y el mayor pico los obtuvo en 2011 –año de la campaña electoral previo a la victoria presidencial del PP– con 107 contratos.

El diputado de Winaq, Amílcar Pop, promotor de la iniciativa para legalizar las radios comunitarias, asegura que Juan Alcázar Solís “era un representante de los intereses de la Cámara de Radiodifusión”. La entidad está definida como “no lucrativa” y ha estado conformada a lo largo de los años por representantes de los grupos que poseen la mayor porción de radiofrecuencias.

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Hasta 2016 RCN obtuvo un total de 498 contratos con el Estado. Más de la mitad fueron otorgados a RCN, Sociedad Anónima: un total de 296. El resto –que en su mayor parte se trató de contrataciones directas– están repartidas entre las demás sociedades. Los contratos fueron para transmitir publicidad gubernamental de parte de 23 entidades públicas, que incluyen cuatro municipalidades. La entidad que más contrató a una de las empresas del grupo –RCN, Sociedad Anónima– fue la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para publicidad de sus actividades como el impuesto a la circulación vehicular. En 2015, año de la debacle política del PP, el grupo RCN solo logró 28 contratos con el Estado. Y en 2016, bajó a 12. Hasta marzo de este año no había ganado ni uno solo.

Un dato curioso lo constituye la sociedad anónima ALDELA, cuyo giro comercial según la información inscrita en Guatecompras es “venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero”. La empresa únicamente recibió seis contratos, pero cuatro de ellos son una intermediación para otras compañías del grupo para la transmisión de publicidad gubernamental.

Laberinto del Poder buscó entrevistar a miembros del grupo RCN para consultarles acerca de estos aspectos, pero hicieron saber que no darían la entrevista.

Esta publicación forma parte de una investigación periodística sobre la propiedad de los medios de comunicación en Guatemala, realizada por Laberinto del Poder, una plataforma diseñada para conocer las relaciones de poder en Centroamérica a partir de redes, personajes, datos y contratos. La metodología sobre este especial puede ser consultada aquí.