El presupuesto no llega a tiempo para atender a mujeres víctimas de violencia
El presupuesto no llega a tiempo para atender a mujeres víctimas de violencia
Cada año, las organizaciones a cargo de los Caimus luchan para recibir los fondos que el gobierno les asigna. El año pasado en Xela no recibieron presupuesto y esto deja en vulnerabilidad y riesgo a más de 260 mujeres víctimas de violencia.
Es 19 de diciembre de 2022. El presidente Alejandro Giammattei llega a Quetzaltenango para un acto protocolario en el Centro de Emisión de Pasaportes. Mientras camina de regreso a los vehículos, le acompañan al menos cuatro hombres de la Secretaría de Asuntos Administrativos (SAAS), que le rodean y cuidan que la prensa o las personas no se le acerquen. Otros agentes permanecen cerca del presidente.
Una caravana de cuatro vehículos aguarda, cada una con chofer y más integrantes de la SAAS. La actividad duró al menos 20 minutos y luego se dirigió al aeropuerto Los Altos para abordar una avioneta y regresar a la capital.
Tres semanas después, Angélica, una mujer de 35 años, llegó desde San Marcos a Quetzaltenango. Usó dos buses del transporte público. Uno interdepartamental y otro desde el ingreso a Xela hasta su destino. El gasto de traslado le costó 30 quetzales. Angélica sintió miedo, pero no tiene un vehículo propio. Viaja con su hija de siete años, no puede dejarla sola en casa, además no han empezado las clases en la escuela de la localidad. Este viaje lo hace constantemente para recibir apoyo en la asociación Nuevos Horizontes en Xela, que se dedica a la atención a víctimas y sobrevivientes de violencia.
Angélica fue víctima de violencia por cinco años, su esposo es el perpetrador. El miedo porque la persiguiera fue constante, incluso cuando ya recibía apoyo de la asociación.
Según los datos de la SAAS, la seguridad perimetral y el apoyo logístico para el presidente Giammattei en su visita a Xela costó 7,824.25 quetzales e incluyó a 15 personas. Esa cantidad es casi el 40 % de lo que en el albergue Nuevos Horizontes se necesita mensualmente para la compra de alimentos, medicamentos e insumos de higiene personal y doméstica. Son 19,000 quetzales mensuales que no recibieron durante todo el 2022.
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El presupuesto que no llega
Los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus), son espacios para dar atención gratuita a mujeres sobrevivientes de violencia física, sexual, psicológica o económica.
La Red Nacional de Caimus fue una estrategia que impulsaron varias organizaciones de mujeres para tener a su cargo los Caimus en diferentes puntos del país y así atender a las que lo requerían, principalmente para no centralizar en la capital esta asistencia. La misma iniciativa buscó crear alianza entre oenegés y el Estado para que se asignara presupuesto, pero en el transcurso de los años luchan constantemente para obtener los recursos que se asignan en el Presupuesto General de la Nación.
El 2022 fue complicado para algunas de estas organizaciones porque el presupuesto asignado para todo el año lo entregaron hasta el 30 de diciembre y no en su totalidad.
Lili Wuj, es la coordinadora de Nuevos Horizontes, la organización a cargo del Caimus en Quetzaltenango que atiende a mujeres de la región de occidente. El año pasado no les entregaron el presupuesto que necesitaban para sostener el proyecto. Lili dice que ingresaron la solicitud y expediente en abril de 2022 y en diciembre les indicaron que no fue aceptado por unos cambios a las partidas presupuestarias.
El Ministerio de Gobernación debe ejecutar este dinero a través de la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (Conaprevi).
El Caimus en Quetzaltenango siguió funcionando y atendiendo a las mujeres que llegaron a pesar de la falta de recursos, porque la violencia persiste. Las 28 trabajadoras no recibieron su salario por varios meses y con algunas donaciones de cooperantes internacionales sostuvieron la alimentación, pago de servicios y algunos pagos de personal. Solo para el pago de la planilla se requieren de Q1. 5 millones anuales, pero al tener detenido el presupuesto que asigna el Estado, no puede ser ejecutado.
Wuj dice que es difícil mantener a personal experto en la atención de violencia contra las mujeres porque no se les está pagando. Por esta razón el año pasado perdieron a seis integrantes del equipo.
En el centro trabajan actualmente cuatro abogadas, una médica y una enfermera, además de tres psicólogas, cinco trabajadoras sociales y 12 personas que trabajan para atender a las mujeres y sus hijos e hijas. Este equipo atiende entre 50 a 60 casos nuevos al mes y el seguimiento de más de 200.
Angélica cuenta que el año pasado pidió asesoría legal para su caso, además requirió del uso del albergue con el que cuenta Nuevos Horizontes, el más grande que tiene el país.
«En ningún momento recibí un no como respuesta, la atención siempre fue amable y obviamente cuando una llega a pedir este tipo de apoyo no se percata de las necesidades que también pueden tener las instituciones. En el albergue estuve con mi hija varios días y siempre tuvimos alimento, un lugar donde dormir y bañarnos. En mi caso fue como un respiro de tranquilidad el que me proporcionaron», recuerda.
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En el presupuesto nacional se priorizan otros gastos. El mismo año en que el presupuesto de los Caimus se retrasó y no fue entregado en totalidad, el Congreso de la República se auto destinó un presupuesto de Q980,645,000. Cada uno de los congresistas gana un promedio de 29,000 quetzales, es decir, 10,000 más del presupuesto que necesitan para insumos y alimentos en el Caimus al mes.
El pago de los servicios básicos para las instalaciones de Nuevos Horizontes y del albergue en Xela se cubre en parte con aporte municipal. La comuna a través de un acuerdo decidió suprimir la deuda de más de 8,000 quetzales que tenían por servicio de agua potable y energía eléctrica.
Según los datos públicos del Organismo Legislativo, sólo la presidenta del Congreso tiene un salario de Q9,550 más 9,600 quetzales por llegar a las reuniones plenarias. Se le agregan Q5,000 de gastos de representación y otros Q20,000 adicionales, también de representación por ser la presidenta del Congreso, haciendo un total de Q44,150 al mes y Q529,800 anuales, para una sola persona. Con esta cantidad se cubriría la mitad de los salarios para las profesionales que atienden el Caimus en Xela.
El Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM), tiene a su cargo la administración de cuatro Caimus, uno que está en la capital y es el más antiguo, tiene 32 años de funcionamiento. Otro en Rabinal, Baja Verapaz, también en Escuintla y Suchitepéquez.
Implementaron la atención móvil en Cobán, Izabal y la frontera con México, para así atender y llegar a los lugares del territorio en donde no hay Caimus.
GGM logró conseguir solo el 54 % del presupuesto de Q12 millones que pidieron para los centros que atienden. Este dinero fue entregado hasta el 30 de diciembre de 2022, es decir con 11 meses de atraso. Durante el año recibieron apoyo de la cooperación internacional en algunos rubros como el transporte, el Caimus de Suchitepéquez fue sostenible gracias al aporte de la Unión Europea.
Para este año, el presupuesto asignado es de Q23 millones para repartirlos en al menos 12 organizaciones que atienden el tema de prevención de violencia contra mujeres en toda Guatemala. Con esto atenderán a más de 12,000 mujeres en diferentes procesos, tanto legal como psicológico y atención inmediata en los albergues.
La falta de presupuesto es sinónimo de muertes violentas contra mujeres
Sin un lugar seguro a donde acudir, las mujeres víctimas de violencia se encuentran en riesgo.
«El riesgo de perder la vida, el riesgo de aumentar la violencia económica en la que viven las mujeres. Pueden morirse por la falta de atención de cualquier tipo de violencia tanto física, como económica y psicológica. Su seguridad se complicaría mucho más y llegaría a la muerte violenta porque este es nuestro trabajo, la prevención de la muerte violenta”, explica Lili Wuj.
«Hay mucha solidaridad, pero esto debe tener sostenibilidad porque no podemos tener servicios las 24 horas todos los días y sin ni un centavo. Tenemos una demanda a nivel nacional y a veces hasta internacional», dice Giovana Lemus, Coordinadora Ejecutiva de GGM.
Según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público, el año pasado recibieron denuncias diarias, siendo la violencia física la que más se reportó. Al 21 de marzo de 2023 son 220 denuncias cada día las que recibe el MP a nivel nacional. Alrededor de un 60 % de estas llegan a tribunales, pero en su mayoría con asesoría legal de instituciones como los Caimus.
La diputada Ligia Hernández da acompañamiento al tema y explica que en el transcurso de los años es evidente la reducción del presupuesto a los Caimus, cuando estos son de las pocas herramientas que tiene el país para la atención de la violencia contra las mujeres.
Hay una política para la prevención de la violencia desde 2008 para garantizar recursos que respalden y apoyen a mujeres en esa situación, pero «los últimos gobiernos se han encargado de no entregar los fondos, aunque estén aprobados y también de recortarlos», asegura.
El 5 de enero de este año hubo una reunión convocada por la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar contra las Mujeres (Conaprevi). Giammattei estuvo presente y pidió que el Ministerio de Gobernación se encargue de emitir un Acuerdo Gubernativo para tener claridad en los requisitos para solicitar el dinero, la segunda fase sería la asignación del presupuesto y una tercera el seguimiento a la ejecución de los proyectos.
Wuj de Nuevos Horizontes, como Lemus de GGM, tienen la esperanza en que los recursos sean asignados en el primer cuatrimestre de este 2023.
Hasta ahora, las organizaciones que atienden estos centros recibieron los lineamientos para reunir la papelería con la que deben solicitar el presupuesto. Hasta la fecha ninguna ha recibido el recurso económico que requieren para el funcionamiento de este año.
Angélica recuerda que se enteró de la existencia de Nuevos Horizontes porque una amiga le contó del apoyo que daban y buscó apoyo para resguardar a su hija. Cada vez que viaja, vuelve a casa alrededor de las cuatro de la tarde, aún con temor por la violencia de la que ha sido víctima, no lleva ningún séquito de guardaespaldas como lo hace Giammattei y este es el mismo caso de miles de mujeres en el país. Angélica ahora ya no se queda en el albergue, porque es una atención transitoria y su esposo ya no vive con ella, pero regresa a Nuevos Horizontes para seguir el caso legal en contra de él.
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