Ricardo Sáenz de Tejada: “En el conflicto está la esencia de los movimientos sociales”

Los movimientos sociales han desempeñado un importante rol en la historia política y social de Guatemala. Desde la lucha por el respeto de los derechos humanos, la defensa del territorio, la tierra y los derechos de las mayorías desposeídas y marginadas, hasta las reivindicaciones políticas y sociales y la lucha por la democracia.

El antropólogo Ricardo Sáenz de Tejada, dice que para entender a las organizaciones como movimientos sociales u organizaciones reivindicativas, es importante identificar los “ciclos de protestas”, los períodos históricos en los que la sociedad o grupos se movilizan para obtener determinadas demandas. Eso es lo que ensaya en esta entrevista, en la que también analiza la perspectiva de los diferentes colectivos en la situación actual del país.

Doctor en Ciencias Sociales, investigador, profesor universitario, y coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos, Sáenz de Tejada ha realizado múltiples investigaciones sobre movimientos sociales, conflictos, luchas reivindicativas y democracia. Entre otras obras académicas, es autor de Oliverio, la biografía más completa sobre el mítico líder estudiantil universitario Oliverio Castañeda de León, asesinado en octubre de 1978, en la que recoge la historia del movimiento social guatemalteco de los años 70 y 80. También se ha desempeñado como consultor de agencias internacionales.

¿Cómo describiría la situación actual de los movimientos sociales en Guatemala?

La población guatemalteca se organiza para resolver las situaciones cotidianas. Las aldeas tienen comités para el mejoramiento de la vida, para el agua potable, para la escuela, para el seguro social, para lo que sea. Si no hay una organización que persista detrás de cierta demanda, el Estado no responde a las necesidades de la población. Conforme los movimientos sociales obtienen características más formales, más amplias, o sus demandas se vuelven más políticas, la respuesta Estatal tiene sentido.

Comparado con el terror que implementó Romeo Lucas García, presidente de la República de 1978 a 1982, o la represión que vive Nicaragua, la situación de los movimientos sociales guatemaltecos no es tan grave.

Hay una percepción generalizada de que los movimientos sociales surgen dentro de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, ¿a qué se debe?

A la exclusión. El sistema político está diseñado para que se mantengan los actores con mayores recursos políticos, económicos, culturales y sociales; y tienden a excluir a grupos minoritarios que luego se organizan en torno a sus demandas, las plantean y exigen su introducción al sistema que les desatiende. A través de distintos repertorios de acción política como una carta de solicitud, una protesta o la toma de un edificio público. Es una manera de lograr derechos y beneficios de forma legítima. Así es como ha cambiado la humanidad, como se logran alcanzar niveles aceptables de desarrollo.

¿Son manipulables los movimientos sociales, ya sea por partidos políticos o por otros grupos que buscan dirigirlos con fines particulares?

Puede haber intención de manipular e instrumentalizar a los movimientos, pero la tendencia en este siglo es de mucha autonomía y mucha madurez en los grupos. Los líderes y lideresas de las nuevas generaciones no responden a imposiciones, actúan con mucha autonomía. Los avances en la comunicación y la horizontalidad les obligan a responder a sus propias bases. Se vio en la movilización del 20 de septiembre, lo que hizo la Asociación de Estudiantes Universitarios fue promover asambleas en unidades académicas de la Universidad de San Carlos, luego su asamblea general y así tomaron la decisión de movilizarse. Incluso obligaron al Consejo Superior Universitario a tomar decisiones en esa línea. No fue un método vertical.

¿Cuáles son las herramientas básicas de los movimientos?

No hay un ABC. Los guatemaltecos tienen, tanto hombres y mujeres, mucha experiencia en procesos de auto organización frente a un conflicto. No solo se estructuran rápidamente sino renuevan las formas de hacerlo. Un ejemplo básico es la trayectoria de las formas de oposición comunitaria ante los proyectos extractivistas. Existe el recurso a lo ancestral, en donde las organizaciones están encabezadas por hombres, alcaldes indígenas o vinculados a los cuerpos religiosos, y también han integrado a los Consejos Comunitarios de Desarrollo, grupos ambientalistas o grupos de jóvenes. De tal manera que son capaces de alimentarse de lo tradicional y de formas más actualizadas de comunicación y formación.

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Algo que deben evitar es que sus dirigentes duren 40 años al frente. La dificultad para renovar a sus líderes es un problema para las organizaciones. Deben crear mecanismos de sucesión, principalmente los grupos que van surgiendo. Para el rescate de la Asociación de Estudiantes Universitarios en la Universidad de San Carlos, se hizo un diseño institucional que evita la perpetuación. Si alguien ya cerró su carrera no puede ser parte del secretariado, lo que les obliga a salir. Esto evita las dobles representaciones y los conflictos de intereses. Con diseños institucionales se posibilita la renovación.

¿Qué significa estar organizado en Guatemala?

En los años 70 y 80, estar organizado era una forma en clave de pertenecer a un grupo insurgente. A partir de los 90 se crea una pluralidad en los espacios de organización. En el mundo comunitario hay infinidad de espacios de organización. Los más tradicionales son la cofradía, la hermandad, la iglesia, la denominación protestante, la organización campesina o el comité de desarrollo. Y están también las estructuras más complejas de carácter nacional.

Dependiendo del tipo de organización existen estigmas y beneficios alrededor. Ser miembro de un sindicato en Europa Occidental no solo es algo común y motivo de orgullo, sino que tienen capacidad de impactar en las condiciones de vida y en los contextos nacionales, en las políticas públicas como sus salarios y condiciones de trabajo.

En Guatemala, a partir de los años 80, pero sobre todo en el siglo XXI, ser parte de un sindicato es un estigma por ciertas negociaciones opacas que algunos han hecho con entidades de Gobierno. La mayoría de los sindicatos actuales pertenecen al sector público, quizá como consecuencia de este estigma. Claro, para muchos sigue siendo un honor.

En el movimiento estudiantil de la Universidad de San Carlos me parece que ser parte de los grupos políticos es un aspecto positivo donde aprenden de múltiples experiencias. En la Universidad Rafael Landívar fue lo mismo hace unos años que los estudiantes se organizaron. También sucedió en otras instituciones universitarias. Se crearon colectivos positivos.

¿En la historia, cómo surgen las organizaciones del movimiento social?

Existe una densidad histórica. Alrededor de las luchas comunitarias que responden a formas del movimiento, se han reproducido formas de vida. Este tipo de organización se puede rastrear desde hace 2,500 años.

Para entender a las organizaciones como movimientos sociales u organizaciones reivindicativas, desde las ciencias sociales resulta útil el concepto de “ciclo de protesta”, que son períodos en los que la sociedad o grupos humanos se movilizan por determinadas demandas.

En Guatemala, en la segunda mitad del siglo XX, el ciclo de protesta más importante fue entre 1973 y 1980 cuando surge el gremio de maestros que logró el aumento salarial y el escalafón magisterial en el periodo del general Carlos Arana Osorio. Ese periodo concluyó con la huelga de los trabajadores de la zafra de azúcar en enero de 1980, cuando consiguieron triplicar el salario mínimo en el campo.

En ese ciclo de protesta se puede identificar a organizaciones como el Comité de Unidad Campesina que sigue vigente desde que surge a la luz pública en mayo de 1978, luego de procesos organizativos y movilización previa por el conflicto de tierras. Grupos como el Comité Campesino del Altiplano y el Comité de Desarrollo Campesino surgen por el mismo conflicto.

El siguiente ciclo se dio desde 1984 hasta la firma de los acuerdos de paz (1996), donde se movilizaron madres, hermanas y esposas de desaparecidos del conflicto armado interno. Aquí surgen el Grupo de Apoyo Mutuo, Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala.

Después de los acuerdos, el siguiente gran ciclo de protestas fue en torno a la oposición al Tratado de Libre Comercio (firmado con Estados Unidos en 2005). Y recientemente el ciclo perseverante de lucha comunitaria contra los proyectos extractivistas.

¿Las manifestaciones de 2015 constituyen un nuevo ciclo de protestas y reivindicaciones?

Son parte de la irrupción de una nueva generación, de una nueva forma de organización. En los periodos anteriores la forma de organizarse era la tradicional: la organización campesina, la asociación estudiantil, la sindical. En 2015 lo que observamos fue la irrupción de colectivos. Formas de organización mucho más volátiles, flexibles y horizontales. El que no fueran estructuras jerárquicas permitió que no existieran líderes reconocidos, aceptados o indiscutibles como en otros modelos de organización. El 2015 marca un momento de ruptura en las luchas sociales en Guatemala porque se vio un fenómeno nuevo.

¿A qué se debe lo efímero de algunos grupos que pasada la efervescencia coyuntural desaparecen o se diluyen en otros sectores?

Porque es justamente una de las características de los colectivos. La volatilidad, la fluidez y la vida efímera que les permite responder a una coyuntura concreta. También hay otras organizaciones que deciden “institucionalizarse”, aunque no sería la palabra más adecuada.

Justicia Ya, por ejemplo, se convirtió en un grupo estable al colocar líneas de trabajo y guías de acción concretas. Semilla pasó de ser un colectivo a un comité para la formación de partido. Codeca (Comité de Desarrollo Campesino), más o menos en el mismo período, tomó la decisión de crear su brazo político: el Movimiento por la Liberación de los Pueblos, una acción que a mi parecer los convierte en un caso inédito. Una organización campesina que decide por sí misma construir un partido político a través de asambleas municipales y departamentales en un par de fines de semana. Demostraron mucho músculo organizativo. Ya veremos cuál será su desempeño en el contexto electoral, pero sin duda es una innovación en las luchas sociales.

¿Existen luchas en común para los diferentes movimientos sociales en el país?

Depende. En la lucha contra proyectos extractivistas se tienen decenas de consultas comunitarias y hay decenas de actos de protesta. Aunque no estén conectados entre sí o existan grupos que coordinen todas las resistencias, existen lazos comunicantes. Alrededor de La Puya se generó mucho movimiento de solidaridad. Llegaron delegaciones de otros municipios y otros departamentos a apoyarles. También en los procesos de criminalización contra líderes sociales en Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal, se han visto gestos de solidaridad. Hay comunicación, niveles de coordinación.

En los años 70 existió el Comité Nacional de Unidad Sindical, que articuló asociaciones estudiantiles, sindicatos y organizaciones campesinas. En la década de los años 90 tomó el papel la Unidad de Acción Sindical y Popular. Hubo organizaciones que respondían a proyectos políticos mayores. Pero después de la firma de la paz, los grupos del movimiento revolucionario se desvincularon para dedicarse a ser partidos políticos, lo que repercutió en la articulación del movimiento.

A principios de siglo, el Frente Nacional de Lucha para la Defensa de los Recursos Nacionales y la actual Asamblea Social y Popular han hecho grandes intentos por coordinar entre organizaciones campesinas, colectivos urbanos y movimientos comunitarios. Pero hasta el momento no se observa un actor o un espacio que verdaderamente unifique. No significa que no pueda surgir eventualmente.

¿A qué se debe la dispersión que se dio en el movimiento social después de la firma de los acuerdos de paz?

Entre 1994 y 1996 se creó la Asamblea de la Sociedad Civil donde se integró el sector de mujeres, el sector campesino y el sector indígena, entre otros. Se unificaron y llegaron a consensos en torno a la paz, pero en su cumplimiento los acuerdos los sectorizaron. Las mujeres le dieron seguimiento a los temas en materia de derechos de la mujer, los indígenas a lo referente al acuerdo sobre identidad de los pueblos indígenas y los campesinos a la problemática agraria. Se dispersaron en aras de su cumplimiento y desapareció el proyecto político que hasta ese momento estaba unificado.

No fue una trampa porque no fue pensado en esos términos, fue un proceso que ocurrió simultáneamente. Decidieron terminar la relación para que cada quien trabajara por su lado. Dejó de existir un ente de cohesión, y en lugar de plantear un futuro se confió en el Gobierno, erróneamente. Las autoridades no han logrado una ejecución integral. La sociedad guatemalteca se ha pluralizado y por lo tanto las organizaciones y las demandas se han diversificado.

Lo rural y lo urbano mantienen una quebrada. ¿Por qué pareciera ser difícil que las organizaciones “conecten”?

Veamos el discurso de Codeca. Han tenido la lucidez de plantear dos demandas concretas: la creación de una Asamblea Nacional Popular y Plurinacional que permita descentralización y el reconocimiento a una democracia más participativa para los indígenas, y la nacionalización de la electricidad frente a una serie de abusos de los que han sido foco. Este segundo tema les ha permitido crear organización en departamentos y municipios donde la izquierda no había podido entrar, como Zacapa y Jalapa. El abuso de las empresas ha logrado que se integre población urbana a su movimiento. Además, han tenido acercamientos con académicos e intelectuales, lo cual permite que la brecha sea cada vez más angosta.

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Estos grupos son conscientes de las dificultades de darse a conocer y comunicarse con el área urbana, porque esa quebrada existe a causa de los prejuicios, sobre todo desde el área metropolitana.

Las movilizaciones de 2015 mostraron una alta confluencia para la renuncia y captura de las más altas autoridades del Ejecutivo, que unió diferentes sectores. También cuando se intentó aprobar la Ley Monsanto hubo acuerdos para buscar la derogación y se obligó a las autoridades a tomar acciones. Hay demandas compartidas y demandas específicas de cada sector, por allí puede ser complicado coordinar. Las primeras son las que permiten, poco a poco, un acercamiento.

¿Qué hace que las organizaciones acudan a las medidas de hecho?

Existen determinados problemas que no son atendidos por el Estado, que para la sociedad se vuelven motivo de conflicto. Alrededor de ellos se genera movimiento y cuando esto sucede las personas se organizan con posibilidad a estructurar su futuro para convertirse en actores constantes.

Los sindicatos o los grupos en contra de la implantación de los proyectos extractivistas son un ejemplo. La forma en que se han querido imponer estos, produjo formas de organización y de protesta renovadas. También considero que las condiciones de miseria en el campo pueden producir un nuevo ciclo de conflictos y movilización.

¿La personería jurídica ayuda a la estabilidad de las organizaciones?

Existen normativas que dictan la participación de estos grupos en el país. Los sindicatos tienen que inscribirse en el Ministerio de Trabajo y cumplir una serie de requisitos. Las organizaciones campesinas no necesariamente. Es un arma de doble filo, como lo fue para de la UASP, que de ser una organización sindical y popular donde se participaba de manera voluntaria, pasó a ser asociación civil con intereses económicos de sus líderes.

La oenegización ha sido criticada en el debate de movimientos sociales en Guatemala y en América Latina, porque de una organización donde las personas participan de forma voluntaria y tras ideales en común, pasan a ser asalariadas. Con esto se corre el riesgo de no privilegiar las demandas de la población a la que representan, sino la mera sobrevivencia de la institución.

Los teóricos definen el foco de un movimiento a partir del “conflicto”. El movimiento social se identifica cuando hay conflicto con sus autoridades o con el Estado; cuando hay protestas sistemáticas. Generalmente, después de los ciclos de protesta se crean organizaciones más estables, pero son cosas distintas, dos momentos diferenciados. En el conflicto está la esencia de los movimientos sociales.

Hay grupos campesinos que mantienen demandas al Estado con mayor constancia. Estos, en su mayoría, se han inclinado a tener personería jurídica, lo que les permite obtener recursos financieros o asociarse con el Estado, que no precisamente tiene fines legítimos. Un ejemplo es la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic) aliada del gobierno de Otto Pérez Molina, que se convirtió en un grupo ilegítimo a cambio de prebendas para sus dirigentes y algunos de sus asociados. No digamos el papel que juega el sindicato magisterial, que en los últimos cinco Gobiernos ha funcionado como una falsa oposición.

¿Qué rol ejerce la cooperación internacional?

Es complicado porque, aunque la cooperación internacional busca el bien común a través del apoyo, también busca definir agendas estratégicas y temas prioritarios en las organizaciones que financia, que es un riesgo para el movimiento al tener que responder por ciertas poblaciones.

El principal donante ha sido la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos de América. La agenda que cubren tiene que ver con la seguridad nacional, que, por ejemplo, podría contrarrestar la migración. Si una organización quiere optar a fondos, debe crecer en esas líneas de trabajo. Otras organizaciones tienen una variedad de temas más amplia y hay mayor probabilidad de coincidir. Y también hay organizaciones que logran escapar de esa “presión temática”. Lastimosamente los grupos jóvenes son más vulnerables a estas prácticas por su inexperiencia.

Los movimientos sociales siguen siendo considerados como una “amenaza” por parte del Estado y ciertos grupos de poder, ¿se puede atribuir a ello la criminalización de sus líderes?

Son vistos como amenaza ante el poder que ciertas élites resguardan. La estrategia del Estado y la de algunas empresas extractivistas ha sido criminalizar a los líderes sociales y utilizar recursos legales en el Ministerio Público y Organismo Judicial para provocar temor. La captura y la persecución de dirigentes paraliza a los movimientos y disminuye la participación. El esfuerzo por sacar a alguien de la cárcel o que los líderes deban ocultarse, no solo en términos financieros y administrativos, tiene costos altos.

Hay una línea común de asesinato a líderes, también. Generalmente en sitios donde hay conflicto, de manera que se complique a las investigaciones del Ministerio Público para dar con el hilo conductor que guíe hacia los autores intelectuales. Estos actos lo que consiguen es infundir miedo en la organización social, inmovilizan a algunas comunidades. Otros aun así no se detienen, perseveran en sus demandas y denuncian la coacción que reciben. Si los movimientos afectan a intereses concretos de algún actor de poder, las respuestas son contundentes.

Ahora mismo se da un fenómeno contradictorio en el Estado, que se ha convertido en arena de disputa. El Ejecutivo posee como planteamiento la represión a los proyectos de oposición y grupos sociales, pero entidades del propio Estado como el Procurador de Derechos Humanos o la Corte de Constitucionalidad funcionan como apoyo. Es un fenómeno interesante que podría originar cambios.

¿Qué actitud debe tener el Estado frente a los movimientos en una sociedad democrática?

La Constitución garantiza la organización social y gremial. Desde que se estableció la Misión de Naciones Unidas en Guatemala, en los años 90, no ha existido una política sistemática de represión violenta. El Estado debe ser capaz de mantener un orden sin acciones represivas, pero con este Gobierno se observa un cambio.

La situación actual hace pensar a los de arriba sus respuestas, según el grado de amenazas por parte de la población. Si la acción es fuerte y es posible reprimirla sin consecuencias a la coyuntura lo van a hacer, pero si estiman que la respuesta va a agravar una crisis, se abstienen.

Hace cuatro o cinco años existió un espacio de diálogo entre organizaciones sociales y autoridades del alto mando militar para discutir ciertas condiciones de protocolo en la intervención de conflictos socioambientales. El Ejército comunicó cero intereses en el actuar represivo porque mantenían consciencia de que eventos como la masacre de Alaska, Totonicapán, o el Estado de Sitio impuesto en el suroriente del país, tuvieron costos adicionales a la institución. La propuesta era cambiar la Ley de Orden Público para que el Ejército no interviniera en situaciones de crisis interna, y evitar que la institución se viera en miras de desaparecer, como sucedió en Costa Rica. Ojalá que este Gobierno no se arriesgue a correr con ese costo.

Las organizaciones de la derecha política, que plantean reivindicaciones más ideológicas que reivindicativas, ¿también forman parte de los movimientos sociales?

Desde finales de los años 80, y sobre todo en los 90, hubo movimiento en el campo de los libertarios. Tuvieron acceso a la radio y a columnas de opinión para divulgar su discurso ideológico. Uno antiestatal y perseguidor de la línea progresista. Hay otras corrientes menos visibles como el conservadurismo de origen cristiano, expresado en denominaciones protestantes y en ciertas tradiciones del catolicismo. Se vio claro en la manifestación de hace unas semanas por la defensa de las dos vidas, la consigna en contra del aborto que está presente en el ámbito social. También están las expresiones “anticomunistas” que reposicionan mediáticamente un discurso en defensa del alto mando militar, donde existe una coalición a favor de la impunidad y la corrupción. Distintas tradiciones que, paradójicamente, se han posicionado con manipulación discursiva.

Un movimiento fuerte de la derecha surgió del caso Rosenberg, en 2009. Allí emergió el movimiento de camisas blancas, que dio lugar al Movimiento Cívico Nacional, arrastrado por la vorágine de la corrupción.

Hay otras organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo que ha logrado ocupar un espacio mediático como los voceros de la derecha más anticomunista y primitiva que podamos imaginar. Alrededor de esta coalición han emergido grupos que son cuantitativamente pequeños, que tienen que recurrir a pagar y engañar a personas para armar sus movilizaciones, que han construido un aparato de resonancia en los medios y en las redes. Allí hay que reconocer que han logrado crear, artificialmente, una corriente de opinión.