Un proyecto de la elite empresarial

En septiembre de 2014 los presidentes de los países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), elaboraron el documento “Lineamientos del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte”. Este plan presenta las líneas estratégicas de acción que los gobernantes suponen serán la respuesta para contener la masiva migración de indocumentados a Estados Unidos.

Ese plan es la respuesta a la reunión sostenida por los mandatarios centroamericanos con su homólogo estadounidense Barack Obama, tres meses atrás en Washington, tras la crisis desatada por los miles de menores migrantes detenidos en los centros fronterizos de migración estadounidense  en 2013 y 2014.

En ese encuentro se solicitó la cooperación estadounidense para planificar “cómo pueden trabajar juntos con otros miembros de la comunidad internacional para fomentar el desarrollo, el crecimiento económico y la seguridad en la región; y afrontar los factores que están causando que los ciudadanos centroamericanos emprendan el peligroso viaje a Estados Unidos”, según declaró el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

En noviembre de 2014 los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández; de Guatemala, Otto Pérez Molina; y El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, junto al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentaron el plan en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el financiamiento del plan participarán Estados Unidos, el BID y el Banco Mundial, entre otros actores internacionales, sumados a los recursos que los gobiernos del norte de Centroamérica se comprometen a aportar. Se espera que en los próximos días, el Congreso estadounidense apruebe US$1 mil millones, en el presupuesto del año fiscal que inicia en octubre, con lo que arrancará la participación de Estados Unidos. El plan, con una duración de cinco años, podría llegar a sumar US$15 mil millones para los tres países que integran el Triángulo Norte.

Aunque en el discurso público de las partes interesadas prevalece que el multimillonario plan es para contener la masiva migración y las causas que la provocan, en el fondo este plan no es más que un proyecto empresarial cuyos objetivos últimos son impulsar y consolidar grandes inversiones privadas con la participación de los Estados. La atracción de inversión privada extranjera y la explotación de recursos naturales, entre otros, se observa en los fines de la Alianza para la Prosperidad.

En la reunión de julio de 2014, el canciller guatemalteco Carlos Raúl Morales Moscoso, declaró: “No estamos aquí para pedir dinero. Estamos aquí para hacer una alianza con nuestros socios en Estados Unidos y crear inversiones para nuestros países”.  Y dado que el área de las inversiones que se piensa impulsar, es de interés de los grandes capitales, es fácil entender que el plan nació bajo la batuta del empresariado.

Eso explica, en el caso de Guatemala, que el papel central lo juegue la Fundación para el Desarrollo (FUNDESA), el principal centro de pensamiento (think tank) de la élite empresarial guatemalteca, y principal enlace de los “tanques de pensamiento” estadounidense. FUNDESA es el principal núcleo empresarial desde donde se define y diseñan políticas públicas, implementadas y ejecutadas por instancias estatales controladas por grupos de poder empresariales. Y esto queda reflejado plenamente en el documento presentado por los gobernantes.

El trasfondo empresarial del Plan de la Alianza para la Prosperidad y su contexto histórico, nos regresa cinco décadas atrás, cuando tras la contrarrevolución de 1954 se intentó hacer de Guatemala una vitrina anticomunista con planes inversionistas y reformas de ajuste estructural, que a partir de entonces han moldeado el modelo económico guatemalteco.

La Alianza para el Progreso de la década de los 60; el modelo de las exportaciones no tradicionales y la maquila de la década siguiente; los programas de ajuste estructural, de los 80; los procesos de privatización, de la década de los 90, y el modelo de la industria extractiva, agronegocios de exportación y competitividad de la primera década de este siglo, tan sólo ha contribuido a profundizar las desigualdades económicas y sociales, conformar poderosos grupos de poder económico, y lo más paradójico: la expulsión de miles de guatemaltecos bajo la figura del migrante indocumentado hacia Estados Unidos.

Todo lo hecho en las últimas cinco décadas refleja un claro fracaso en términos de mejorar las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población. Pero un éxito para un reducido grupo de la burguesía guatemalteca, que al amparo de políticas públicas diseñadas a su favor y un gran porcentaje de la inversión pública a su servicio, lograron acrecentar sus riquezas y su poder político y económico.

Por lo tanto, se puede concluir que el Plan de la Alianza para la Prosperidad tiende a convertirse en un nuevo proyecto inversionista de carácter privado, que consolidará a los grupos económicos más fuertes, y que puede conducir a nuevas oleadas de migrantes, tal como ha ocurriendo de manera creciente en los últimos 40 años.

Lo que subyace en las líneas estratégicas del plan

El documento firmado por los mandatarios del Triángulo Norte parte de una valoración de la situación de los tres países e identificación de los desafíos que se les presentan. Desde su inicio se pone de manifiesto que todo lo pregonado durante décadas de medidas económicas, planes inversionistas y reformas estructurales no ha cumplido con el discurso social con el que iban arropadas, es decir, mejorar las condiciones de vida de la población.

“Aunque hemos logrado cierto avance en mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes nuestros esfuerzos han sido insuficientes para generar un cambio sustancial en la oferta de oportunidades y de progreso para nuestra población y ofrecerles una mejor calidad de vida que permita revertir el patrón demográfico de migración”, señala en su parte introductoria. Las desigualdades sociales se ponen de manifiesto cuando se indica que “el bajo y poco inclusivo crecimiento económico no ha generado el empleo necesario para absorber a nuestra creciente población”.

Luego da paso hacia lo que sustentará el Plan de la Alianza para la Prosperidad: “Los bajos niveles de inversión, los elevados costos de energía eléctrica y de logística, los problemas de conectividad son parte de los apremiantes desafíos al desarrollo que afectan nuestra competitividad y las posibilidades de aumentar el ritmo de crecimiento de nuestras economías”. Con esto se replantea el modelo económico, y se anuncia desde ya la base del discurso oficial que supone un modelo inversionista que resolverá la crisis migratoria de menores de edad, y la avalancha de migrantes indocumentados, que en el caso de Guatemala, ha llevado a Estados Unidos al 6% de la población actual, equivalente a casi un millón de personas.

Sin mencionar en absoluto la poca inversión pública en el llamado capital social básico, tan sólo se limita a señalar “la limitada oferta y calidad de servicios de educación, salud, nutrición y desarrollo infantil que está colocando en riesgo a nuestros niños y jóvenes coartando sus posibilidades de prosperar. Esta falta de oportunidades para las generaciones presentes y futuras no ha dejado otras alternativas a nuestra población que migrar, continuar sumidos en los círculos de pobreza o vincularse, en el peor de los casos, a actividades ilícitas”.

El documento traza líneas estratégicas de acción que “guiarán las acciones prioritarias de mediano plazo que acometeremos para crear las condiciones de desarrollo que permitan el arraigo de nuestra población en nuestros países”.

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Estas líneas estratégicas, cuatro en total, dado el orden en que se presentan, dejan claro las prioridades y la parte núcleo del plan de la alianza. De las cuatro, la contenida en el inciso A es la parte medular del modelo inversionista a impulsar: Dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas.

En el cuadro siguiente, se muestran las cuatro líneas estratégicas de acción.

El documento enfatiza en que un mayor crecimiento de las economías del Triángulo Norte, “requiere atraer la inversión privada, promoviendo sectores y la concentración de actividades en áreas geográficas estratégicas. Esto sólo será posible si al mismo tiempo emprendemos acciones y ejecutamos proyectos para reducir los costos de energía, realizamos las inversiones esenciales para mejorar la infraestructura y la logística y facilitar el comercio de manera más integral y si se concentran y focalizan estas inversiones y acciones en zonas y regiones que puedan convertirse en futuros centros dinamizadores de desarrollo”.

Faltó agregar que esa migración igualmente ha sido una válvula de escape para la frágil estabilidad del Estado y los modelos económicos excluyentes que prevalecen en lo que se considera la zona más violenta del planeta: el Triángulo Norte. Es más, en el caso de Guatemala, esa migración representó en 2014, US$5.5 mil millones en remesas, y que según el presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, fue determinante para que el crecimiento económico alcanzara una tasa de 4%.

De la mano del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, el principal socio del Triángulo Norte, el Plan Prosperidad busca tomar vuelo. Biden ha tenido la voz cantante de lo que su país persigue y le exige a los gobernantes centroamericanos para aprobar y desembolsar los US$1 mil millones ofrecidos para 2016.

Designado por el mandatario Barack Obama para las reuniones y cumbres oficiales con los homólogos centroamericanos, Biden expuso en una columna opinión en el influyente diario estadounidense The New York Times, las exigencias de la administración de Obama para aportar la millonaria ayuda. En su reciente visita a Guatemala, condicionó el aporte con el que se dé continuidad a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Dice Biden, en referencia al estancamiento de las economías del Triángulo Norte, “una educación deficiente, la corrupción institucional, la delincuencia descontrolada y la falta de inversión hacen que estos países estén estancados”. Y casi de manera dramática, expone lo que ello puede costar, sobre todo para Estados Unidos: “si no encuentran oportunidades en este, todo el hemisferio occidental sufrirá las consecuencias”.

Biden supone que la ayuda del millardo de dólares ofrecido, contribuirá a realizar las “difíciles reformas e inversiones” requeridas para enfrentar la crisis de seguridad y retos económicos en el Triángulo Norte. Esa millonaria ayuda, dice Biden, “es casi tres veces lo que generalmente hemos dado a Centroamérica”. Por cierto, Biden no dice nada del impacto que ha tenido lo que en el pasado se ha otorgado en ayuda económica.

Pero la ayuda no llegará así de fácil. Estados Unidos la ofrece siempre y cuando el Triángulo Norte se haga cargo del problema. “Obama enfatizó este punto cuando los presidentes visitaron Washington en julio”, escribe Biden. Y sin profundizar cómo ocurrió, Biden indica: “Y ellos aceptaron. Honduras firmó un acuerdo con Transparencia Internacional para combatir la corrupción. Guatemala ha destituido a altos funcionarios sospechosos de corrupción y de ayudar al tráfico de personas. El Salvador aprobó una ley que brinda nueva protección a los inversionistas. Trabajando con el BID, estos tres países crearon un plan conjunto de reformas económicas y políticas, una alianza para la prosperidad”.

El esfuerzo que hay que realizar de manera conjunta, indica  Biden, va dirigido a mejorar la seguridad con énfasis en el combate al narcotráfico, trata de personas y delitos financieros; mejorar la recaudación fiscal, combatir la corrupción, modernizar los sistemas judiciales con el fin de atraer inversión internacional.

Biden concluye, tal como se hiciera hace 50 años, que la ayuda estadounidense haría de Guatemala una “vitrina” para el mundo, que “el costo de invertir ahora en una Centroamérica segura y próspera es modesto comparado con los costos de dejar que la violencia y la pobreza se intensifiquen… Es por eso que estamos pidiendo al Congreso que trabaje con nosotros. Juntos podemos ayudar a que Centroamérica se convierta en una manifestación de asombroso surgimiento del hemisferio occidental y no en una excepción de este”.

El escrito de Biden pone el dedo en parte de la llaga. Es ampliamente conocida la crisis de seguridad existente en el Triángulo Norte, que le hace la región más violenta del planeta. El narcotráfico y los grupos que lo controlan, se han entronizado en el poder local y estatal, haciendo alianzas con grupos de poder económico. La corrupción está profundamente arraigada. Persisten bajas tasas de tributación construidas después de años de prevalencia de las medidas y programas de corte neoliberal que han privilegiado subsidios y exenciones fiscales para los grupos de poder que concentran la mayor parte de la riqueza del país.

Biden, la voz del gobierno de Estados Unidos, lo que en el fondo solicita es la garantía legal y de seguridad para las inversiones venideras, sobre todo las estadounidenses, de las cuales supone, saldrá el famoso derrame que el crecimiento económico derrochará sobre los desposeídos. La ayuda estadounidense es clave. Pero no llegará así de fácil si persiste la corrupción y la entronización de los grupos de poder paralelos, que según los críticos, están a la espera de “aprovechar” esa ayuda.

A lo expuesto por Biden se suma lo expresado por el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien en una audiencia ante el Senado estadounidense para defender la aprobación de la ayuda de US$1 mil millones, reconoció que el dinero “no es la única respuesta” y que es necesario que la ayuda se gestione “de forma cuidadosa y adecuada”.

Sin interpretarlo de esa manera, el “efecto boomerang” de la influencia estadounidense en las economías centroamericanas, se percibe cuando Kerry explicó la situación en la región que hay que enfrentar: “Pero si no hacemos esto, habrá mayores niveles de violencia, mayores niveles de agitación, mayores oportunidades para que los grupos radicales recluten gente, la violencia aumentará. Y Estados Unidos sentirá ese impacto”, advirtió.

Kerry fue muy claro al exponer el interés tácito de Estados Unidos en ese compromiso de ayudar al Triángulo Norte, en función de los propios intereses estadounidenses: “Esto no es sólo una estrategia basada en ayudarles y hacer lo correcto. Esto está en nuestro interés de seguridad, en nuestro interés a largo plazo, y encaja con nuestros valores”.

En esa misma audiencia, el senador demócrata Patrick Leahy, puso el dedo en otra parte de la llaga, al recordar que “décadas de oligarquías corruptas, guerras civiles, cuadrillas de la muerte” y donde ahora persiste “el crimen organizado y una corrupción profundamente enraizada y extendida”.

Leahy concluyó diciendo: “Doy la bienvenida a un nuevo enfoque en esa región, pero quiero asegurarme de que los miles de millones que hemos solicitado van a gastarse de forma diferente que en el pasado”.

Analistas conservadores han expresado estar en contra de la ayuda de Washington a Centroamérica. Este es el caso de Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute, quien recientemente escribió un artículo en España en relación con el tema. En este expuso la crítica situación en materia de violencia, inseguridad, narcotráfico y corrupción que se experimenta en los países del Triángulo Norte. En ese contexto, afirma que la ayuda ofrecida por el gobierno de Obama, puede más bien agravar los problemas: “La evidencia empírica muestra que cuando se brinda ayuda externa a países con problemas institucionales, estos pueden agravarse”.  Y concluye planteando dos escenarios: “En el mejor escenario, la propuesta de Washington es un desperdicio de dinero. En el peor, dar mil millones a gobiernos con lúgubres historiales de transparencia y derechos humanos empoderará a políticos corruptos en detrimento de los centroamericanos a los que se pretende ayudar”.

Parece una contradicción que Aspen Institute, con grandes influencias en sectores que en Guatemala mueven los hilos del Plan de la Alianza para la Prosperidad, se oponga a mismo. Pero es de suponer que, el trasfondo del planteamiento, más bien tiene que ver en que esos fondos sólo deben llegar a Centroamérica si son manejados desde el empresariado con nexos a esos centros de pensamiento estadounidense, como el caso de Aspen Institute, aunque esto no se señala en el artículo.

Por eso es importante observar que al Primer Encuentro Alianza para la Prosperidad, celebrado en Honduras el 26 de febrero, asistieron los presidentes Juan Orlando Hernández de Honduras; Otto Pérez Molina, de Guatemala y el vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz. A ellos se sumó el canciller mexicano, José Antonio Meade Kuribeña, y la gerente del BID para México, República Dominicana y Centroamérica, Gina Montiel. Entre los participantes sobresalió el representante especial para Asuntos Comerciales y Empresariales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Scott Nathan, así como directivos del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).[3]

De la mano de FUNDESA y la élite empresarial

Como se observa en el caso de Guatemala, la incidencia empresarial en la conducción del Plan Alianza para la Prosperidad, bajo la influencia de centros de pensamiento de Estados Unidos y Guatemala, es determinante.

Ello explica por qué el gobierno de Guatemala designó como delegado para el Plan Prosperidad a Juan Carlos Paiz, Comisionado Presidencial para la Competitividad y presidente de la industria panificado Panifresh (anteriormente Panifica), uno de los principales proveedores de pan para la cadena de hamburguesas de Estados Unidos, McDonald´s.

En declaraciones recientes, Paiz señaló que “aún no puede dar a conocer la propuesta concreta al país, pues todavía no tienen claro el financiamiento de los programas”. Sin embargo, en un acto concelebrado entre el principal centro de pensamiento del empresariado más fuerte de Guatemala, FUNDESA y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), fue evidente que los empresarios tienen la sartén por el mango.

FUNDESA es dirigido por tres de los ocho grupos económicos (G8) más fuerte de Guatemala: Corporación Multi Inversiones, Cementos Progreso y la familia Paiz.

Directorio FUNDESA

En un acto celebrado por FUNDESA y CACIF, el 24 de febrero, el cual contó con la presencia destacada de altas figuras empresariales y funcionarios internacionales, destacó el espaldarazo de ambas instancias empresariales a la propuesta gubernamental, el cual tuvo como acto central, la presentación electrónica del gobierno de Guatemala. A esta se sumó la presentación del embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, quien en su presentación electrónica, destacó lo siguiente: “Queda claro que para los Estados Unidos y para nosotros, desde diferentes perspectivas, la crisis representa un desafio a la seguridad nacional”.

Por parte del empresariado, el presidente el CACIF, subrayó que es una alianza que tiene como fin “convertir a la región en un polo de desarrollo, que incentive las mejores potencialidades que tiene cada país en particular”.

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El pleno respaldo del empresariado guatemalteco y su incidencia en la formulación de los lineamientos estratégicos, ya había sido puesto en evidencia por el director ejecutivo de FUNDESA, Juan Carlos Zapata, en uno de los artículos de opinión que elabora para el diario elPeriódico. En su columna Zapata dio a conocer una reunión que se dio en la base del Comando Sur de Estados Unidos, en Miami, Florida, en el contexto de la preparación del Plan de la Alianza para la Prosperidad: “…durante una reunión en la base del Comando Sur de Estados Unidos, tuve la oportunidad de participar junto a un grupo de guatemaltecos y centroamericanos, así como representantes de México y Colombia, en la preparación de los detalles de las prioridades que deben focalizarse en el desarrollo del plan y sobre cómo poder apoyarlo de la mejor manera, para que los recursos que ahora deben ser aprobados por el Congreso de Estados Unidos, ayuden a potencializar la productividad y disminuir la inseguridad. Como lo mencionó el general Kelly durante su intervención en el foro, ‘el desarrollo económico necesita potencializarse en la región y generar condiciones que ayuden a fortalecer las instituciones y generar Estado de Derecho’. El sector privado guatemalteco ha invertido millones ya en programas que han ayudado a fortalecer la institucionalidad del Estado y ahora se necesita que más actores se sumen a ese mismo esfuerzo, de reducir la pobreza y generar oportunidades que permitan mayor inversión y generación de empleos”.

Siendo así, la mano del empresariado guatemalteco en el diseño, conducción y futura ejecución del Plan se deriva de la presentación misma que hizo el representante del gobierno, Juan Carlos Paiz. En una de las gráficas presentadas, destaca la dinamización del llamado “sector productivo”, donde se proyecta las áreas de mayor interés para focalizar la multimillonaria inversión, de la mano de las instituciones gubernamentales que tradicionalmente son controladas por el empresariado, como se muestra a continuación: 

De acuerdo con la presentación gubernamental, en Guatemala el Plan se enfoca en 51 municipios y su selección se hizo a partir del diagnóstico que proporciona el Plan Nacional de Desarrollo Katún 2032, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), un plan desarrollado con enfoque netamente empresarial. Estos 51 municipios están focalizado en seis regiones de incidencia, tal como se muestra en el mapa siguiente:

Los criterios de selección de las regiones y municipios, si bien suponen alta concentración de la pobreza, en realidad más bien parece que lo que prevaleció es la posibilidad de que los negocios que ahí se impulsen tienen una lógica de mercado y ganancias, y donde resolver el problema estructural de la pobreza no es la guía en sí.

En las gráficas siguientes, contenidas en el Plan para la Prosperidad, se observa claramente: 

Finalmente, y a manera de conclusión, el Plan identifica los sectores productivos alrededor de los cuales girará la multimillonaria inversión. De ello se pueden derivar cuáles serán los capitales privados nacionales e internacionales que serán los mayores beneficiados de este proyecto.

Uno de los elementos más perversos que contiene el Plan, para el caso de Guatemala, es la constitución de las llamadas circunscripciones económicas, que son áreas geográficas que concentran altos niveles de desempleo y pobreza. En ella se espera atraer capitales que inviertan a partir de un elemento central: bajos salarios, por debajo del salario mínimo, lo cual es inconstitucional. Aunque de manera cínica, se advierta de parte de funcionarios públicos que es mejor tener esos salarios que no tener nada, tal como lo afirmara la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Si ese es uno de los principios que rige el Plan, hay que dar por sentado que las causas que originan la migración hacia Estados Unidos, seguirán presentes y la constante salida de miles de guatemaltecos persistirá.