La preocupación de la SAT en el Caso B410: no hay capturas
La preocupación de la SAT en el Caso B410: no hay capturas
Casi dos meses pasaron desde que la Superintendencia de Administración Tributaria puso en evidencia una mega estructura de evasión de impuestos que nació en el gobierno de Alejandro Giammattei. El Ministerio Público no ha logrado la aprehensión de ningún sospechoso. El fisco se siente «limitado» para investigar el caso mientras engrosa la lista de empresas denunciadas.
«Si eso no sucede, tenemos limitado nuestro campo de acción», declaró este martes 8 de octubre Marco Livio Díaz, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en una conferencia de prensa sobre la red B410.
El recaudador de impuestos se refirió a que el Ministerio Público (MP) aún no ha conseguido la captura de ninguno de los integrantes de la supuesta estructura de evasión fiscal, formada por unas 410 compañías que habrían hecho perder al Estado más de 300 millones de quetzales en impuestos durante los últimos tres años del mandato de Alejandro Giammattei.
El fisco reveló la existencia de este entramado el 14 de agosto. El caso despertó la indignación de la sociedad civil, las organizaciones empresariales y el propio presidente Bernardo Arévalo, que lo considera como la trama de defraudación tributaria más grande de la historia de Guatemala.
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El expediente de B410 está en manos del Juzgado de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera del Departamento de Guatemala. El Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras asignó la investigación a la Fiscalía de Delitos Económicos, con la que la SAT colabora.
«Creo que es urgente tener las órdenes de captura y entrevistar a esas personas para que digan la veracidad de los hechos», subrayó el superintendente Díaz en la reunión con los periodistas este 8 de octubre.
Hasta esta fecha, el MP sólo ha coordinado una docena de allanamientos en oficinas relacionadas con las empresas de B410. Según la Fiscalía, estos cateos le han permitido obtener indicios para hallar a los culpables. Plaza Pública consultó al Departamento de Prensa del MP por qué en ningún cateo ha habido detenciones y si los fiscales han solicitado al juzgado los permisos para realizarlas, pero no hubo respuesta al cierre de la nota.
En el edificio central de la SAT, el superintendente Díaz reconoció que sus recaudadores sí intentaron pedir las autorizaciones al Organismo Judicial. Sin embargo, se limitó a decir que los tribunales «no las han entregado». Este medio preguntó las razones a la Unidad de Comunicación Social de la Superintendencia, que tampoco contestó al cierre de este trabajo periodístico.
Mientras las aprehensiones llegan, el fisco utiliza las herramientas que tiene al alcance para castigar a los responsables de la presunta estructura de defraudación de impuestos.
El 10 de septiembre, después de completar nuevas auditorías contra los involucrados, la Superintendencia incluyó en la denuncia penal de B410 a otras 206 empresas, cuyos nombres permanecen en secreto. En agosto, solo había contemplado a 35 firmas, cuyos representantes legales y contadores están arraigados, según anunció Díaz.
El equipo de la SAT dijo en la actividad que auditar a los miembros de la estructura B410 ha sido cuesta arriba. Muchos de ellos, detalló Díaz, se resistieron a entregar su documentación contable y se excusaron con que extraviaron sus registros.
«Se ha vuelto una práctica para que no los fiscalicemos», aseguró el superintendente.
Para evitar que los denunciados consigan más negocios entre sí y con oficinas estatales, la SAT embargó 106 millones de quetzales depositados en las cuentas bancarias de los denunciados.
Además, desactivó la facturación de 30 de las compañías implicadas e inhabilitó a 32 del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), que autoriza qué proveedores pueden venderle a entidades públicas.
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Estos últimos esfuerzos de los cobradores de impuestos encontraron un tope en las cortes: 21 de los empresarios sancionados interpusieron amparos ante salas judiciales para reactivar su actividad económica. De ese total, diez aún esperan una resolución, solo uno fue rechazado y otros diez fueron favorecidos por magistrados.
En la conferencia con los periodistas, el superintendente Díaz mostró su descontento con esas diez resoluciones que benefician a la red. Informó que su equipo apeló ante la Corte de Constitucionalidad, que aún no ha decidido sobre cada acción legal.
A criterio del funcionario, hay suficientes motivos para congelar las operaciones comerciales de los implicados en el entramado B410. De acuerdo con la SAT, varias de las firmas carecen de activos para vender y registraron domicilios inexistentes, que también están controlados por cámaras de seguridad y vigilantes que impiden visitas.
«Tenemos una discrepancia muy seria con la sala sobre las facultades que tiene la SAT para deshabilitar a los contribuyentes», opinó Díaz.
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Según el funcionario, la judicatura argumentó, entre otras razones, que hay que esperar a que culmine el proceso penal para aplicar medidas como esas a los contribuyentes.
Conforme pasan las semanas, algunos de los salpicados por B410 intentan limpiar su reputación ante la Superintendencia. Diez empresas denunciadas, cuyos nombres no fueron detallados por los recaudadores en la conferencia, han devuelto a las arcas del Estado alrededor de 24 millones de quetzales, es decir, el 8 % de los 300 millones que la red B410 habría robado de 2021 a 2023 ―de acuerdo con estimaciones preliminares―.
Para el fisco, urge recuperar el dinero perdido sin importar que pasen dos, tres o más meses. El monto de la supuesta defraudación supera el de otras tramas que estremecieron la opinión pública en la última década, como la de La Línea y la de Aceros de Guatemala.
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Actualización, 10/10/2024: Luego de la publicación de esta nota, el MP explicó a Plaza Pública en un mensaje telefónico que aún no ha solicitado detener a los involucrados en el caso B410 porque la SAT todavía no ha concluido las auditorías en contra de todas las empresas denunciadas.
«No es posible establecer un monto presumiblemente defraudado, debidamente determinado, por lo que es necesario concluir con el trabajo de auditoría que realiza SAT. No obstante, el MP recopila información financiera que permita fortalecer la investigación y presentar un caso sólido ante los órganos jurisdiccionales competentes», afirmó Juan Luis Pantaleón, vocero de la Fiscalía.
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