De cómo los diputados favorecieron de nuevo a las maquilas y a los call centers

En medio de las olas desatadas por las reformas políticas en marcha en el Congreso, como la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Legislativo y la discusión por la reforma a la Ley Electoral; en silencio, de manera solapada y expedita, los diputados de las bancadas mayoritarias aprobaron la semana pasada la “Ley Emergente para la Conservación del Empleo”. La reencarnación de diversas iniciativas para prorrogar las exoneraciones a las empresas ensambladoras, maquilas, una propuesta que data al menos desde abril de 2013, donde se añadieron a los call centers, luego de vencido, el 31 de diciembre de 2015, el plazo otorgado al país por la Organización Mundial de Comercio (OMC) para restringir las subvenciones, encubiertas exoneraciones fiscales, a las maquilas.

La ruta seguida para aprobar la nueva ley, tiene su origen en la legislatura pasada. El penúltimo intento de impulsar esta normativa, y su más directo antecedente, fue presentado en el Parlamento con el número de iniciativa 5007, el 26 de noviembre de 2015. Esta era una versión reducida, menos ambiciosa en los privilegios para las maquilas de exoneración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), que las promovidas antes por el Gobierno del Partido Patriota (PP), que ampliaba a casi todos los sectores; o que la presentada por Libertad Democrática Renovada (Lider), que introducía nuevas exenciones a sectores como hoteles y centros turísticos.

Entre los beneficios otorgados a maquilas textiles y call centers están: exoneración total del ISR por 10 años, la suspensión temporal del cobro de aranceles e impuestos a la importación, incluyendo el IVA, sobre materias primas ingresadas para su manufactura por un año. Sin embargo, las empresas extranjeras con sucursales en Guatemala no gozarán de la exoneración del ISR, si en su país de origen reciben crédito por este impuesto.

La 5007 tenía por ponentes a diputados de diferente pelaje, color e ideología: fue presentada por el exdiputado Gudy Rivera (PP), y respaldada por los legisladores Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Juan José Porras, de Visión con Valores (Viva); Felipe Alejos, del partido Todos; Carlos Fión, de Compromiso Renovación y Orden (CREO); Jaime Martínez Loayza, de la Gran Alianza Nacional (Gana), y los independientes Luis José Fernández Chenal, ex PP, y Edgar Ajcip, ex Lider. Prácticamente la totalidad de los bloques mayoritarios, con la excepción de Lider que en ese entonces se encontraba en proceso de desintegración, y con las bancadas de talla media.

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Aunque la aprobación de la ley estaba pactada desde diciembre pasado, algunos de los congresistas no reelectos o reelectos pero con impedimentos legales para asumir el cargo, se retractaron a última hora. “Ya no había el interés, ya todo el mundo estaba pensando en su futuro, algunos incluso enfrentando antejuicios”, cuenta uno de los diputados ponentes de la iniciativa.

Por esta razón, en la sesión extraordinaria que celebró el Congreso el 9 de diciembre de 2015, los 83 diputados que participaron en ella no la aprobaron, sino que optaron por enviarla a la comisión de Economía. Esa sala de trabajo emitió dictamen favorable el 22 de diciembre, pero para entonces ya era demasiado tarde para aprobarla.

La mano que mece la cuna

La nueva legislatura, dominada por una alianza pactada entre las bancadas de la UNE, MR, Todos, Creo y otras fuerzas minoritarias recibió presiones del sector empresarial favorecido con la propuesta, dos días después de iniciar su período. A la misión se sumó luego la bancada oficial FCN-Nación la cual creció a partir de disidentes del PP y Líder. El 16 de enero, representantes de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), la cual aglutina a las maquilas del país, llamó a sus afiliados a no pagar el ISR —del que hasta entonces estaban exentos— hasta que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) les exija el pago y los lleve a juicio.

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De inmediato se reiniciaron los cabildeos para revivir la iniciativa 5007. La propuesta fue incluida en la agenda de discusión del pleno por el presidente del Congreso, Mario Taracena de la UNE, quien en reunión de jefes de bloque, el 1 de febrero, defendió su inclusión. “Si los diputados quieren modificaciones (a la iniciativa), las pueden hacer en el pleno; no podemos seguir evitando esta discusión. Incluso mi partido, la UNE, estaría dispuesto a esa discusión”, argumentó Taracena. Días más tarde, los votos de la UNE serían claves para aprobar la ley. Desde un inicio, esta iniciativa había sido bendecida por la secretaria general de este partido, Sandra Torres.

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Debido al desconocimiento que los nuevos diputados tenían sobre la iniciativa, el pleno decidió el 2 de febrero enviarla además de a la comisión de Economía a la sala de Trabajo, y darles 10 días hábiles para su análisis. Ambas comisiones, la primera presidida por Ovidio Monzón, de Todos, y la segunda por Arístides Crespo, del nuevo bloque Movimiento Reformador (ex PP), se pronunciaron a favor de la misma.

La estrategia para la aprobación exprés de la normativa, ya estaba en marcha. El 1 de febrero, durante una reunión de la Comisión de Economía con representantes del sector exportador, Fanny de Estrada, directora de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), expuso la necesidad de las maquilas de la pronta aprobación de las exoneraciones fiscales, bajo el reiterado argumento de que de lo contrario las empresas guatemaltecas no podrán competir en Centroamérica, y bajo la advertencia de que algunas habían comenzado a trasladarse a Honduras y Nicaragua.

De inmediato llegaron los razonamientos de los legisladores integrantes de esa sala de trabajo. “Hay que cerrarle la puerta a otras empresas que no sean maquilas, pero tenemos que cumplir con nuestro mandato y tener el dictamen en 10 días”, argumentó el diputado Carlos Fión, de Creo; “el plazo es más que suficiente para un dictamen”, agregó Porras, de Viva; ya se ha consultado con los ministerios de Economía y Finanzas, y a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y sus opiniones han sido favorables a la aprobación, añadió Crespo. Ya todo estaba acordado.

Discrepó el diputado Álvaro Velásquez, de Convergencia CPO, quién argumentó que la medida extendía privilegios fiscales a un sector favorecido desde hace 25 años, así como el diputado Rudy Castañeda de la UCN, y exsuperintendente de la SAT, quien señaló que “deberían existir registro de la generación de empleo”, para decidir con base en criterios técnicos, pero recordó que no existe tal en el Ministerio de Economía.

El 16 de febrero, los integrantes de las comisiones de Economía y Trabajo, se reunieron en una sala de la bancada de MR. Crespo y Monzón entregaron a los diputados copia del dictamen favorable y pidieron firmarla a los diputados. “Sólo ha habido dos reuniones, la anterior y en esta ya traen el dictamen, no hemos podido estudiarla”, protestó Velásquez. Tienen 20 minutos para leerla y firmarla, luego se discutirá, respondió Crespo.

Luis Fernando Montenegro, de Encuentro por Guatemala (EG), Leocadio Juracán y Velásquez, de CPO, protestaron por el poco tiempo para estudiar la iniciativa, y por no contar con elementos técnicos para medir el impacto de la ley en la conservación de empleos, o la generación de nuevos, así como dudas sobre los efectos en las finanzas públicas. Esos recursos nunca han ingresado al Estado, les rebatieron Porras y María Eugenia Tabush, ambos de Viva. “Esta ley sólo es un refresh de las leyes de maquilas de finales de los 80”, argumentó Porras.

Un asesor de la sala de Economía leyó los principales ajustes en el dictamen: nueve cambios menores a la iniciativa 5007, incluyendo algunos controles para que empresas no amparadas por la ley simulen ser maquilas; los principales ajustes incluyen dejar claro que sólo podrán aplicar a los beneficios, como exoneraciones de ISR por 10 años e IVA a la importación de insumos por un año, a las empresas textiles y los call centers.

Velásquez insistió en que no había indicadores seguros para medir el impacto y rechazó firmar el dictamen si no se aclaraba cuáles serían los beneficios para el sector y se incluían compensadores (como el pago de alimentos a trabajadores de maquilas por los empresarios). “Este dictamen es solo para cumplir con nuestra obligación, la discusión seguirá en el pleno y deberá pasar por un proceso de análisis en su aprobación por tres lecturas”, trató de calmarlo Crespo.

El 25 de febrero, tras una sorpresiva moción privilegiada, la iniciativa 5007 fue incluida en la agenda de la sesión ordinaria del Congreso, y aprobada de urgencia nacional con 112 votos a favor, 14 en contra y 32 ausencias. La discusión prometida por Crespo nunca se llevó a cabo. Los diputados de la UNE, Frente de Convergencia Nacional FCN-Nación, Todos, MR, Encuentro por Guatemala, Viva, Creo, Unionistas, PP, Alianza Ciudadana, concedieron exoneraciones fiscales a las maquilas y los call center, en nombre de la creación y mantenimiento de los empleos. Se opusieron —o ausentaron— los bloques de Convergencia, Winaq, URNG, y algunos independientes.