Los violentos incidentes ocurridos el viernes en la aldea La Puya [incidentes = ataque de las fuerzas estatales a los habitantes que pacíficamente resistían], situada en San José del Golfo, a menos de 20 kilómetros de la capital, y que dejaron una veintena de heridos [heridos por esas mismas fuerzas estatales], obligan a analizar y a tomar medidas para evitar la reedición de hechos de ese tipo [hechos de este tipo = represión estatal], por sus serias consecuencias para la paz social interna [¿la paz de quién? ¿de los ciudadanos de La Puya o de las empresas mineras?] y para la imagen del país en el exterior [la imagen que dio la vuelta al mundo es la de la represión estatal], sobre todo entre los inversionistas [vaya, un momento de honestidad brutal].
Pobladores de ese lugar se apostaron en el camino [no se “apostaron” o aparecieron mágicamente, ahí viven desde hace muchos años] para impedir el paso de la maquinaria que será utilizada en la mina El Tambor [o sea, el Estado ahora defiende maquinaria y no la vida, que al parecer vale mucho menos]. El uso de bombas lacrimógenas por las autoridades y de piedras, y palos por los aldeanos degeneró [no degeneró como por arte de magia, fue resultado de la represión estatal] en un enfrentamiento [es decir, ataque de las fuerzas estatales a la resistencia pacífica de los pobladores] de una hora y media de duración, que dejó heridos a tres oficiales de la Policía y a seis agentes, así como a seis habitantes del lugar [el orden lo dice todo, más importante son la policía y los agentes que lo habitantes del lugar].
El rechazo de los aldeanos se remonta a marzo del 2012 y las negociaciones han tomado varios meses, con la participación del Sistema Nacional de Diálogo [negociaciones que al parecer valen madre, si no por qué la represión]. Cuando un batallón policial se presentó el viernes al lugar para dejar libre el paso de la maquinaria [¿fue esto resultado de las negociaciones? porque si no lo fue habría que cambiar el sustantivo ‘negociación’ por el de ‘imposición’], se caldearon los ánimos, lo que originó el enfrentamiento [no, los ánimos no se caldearon mágicamente, fue consecuencia de la acción violenta de la Policía Nacional Civil, misma que atacó a mujeres, ancianos y niños que rezaban como medio de protesta].
La Prensa publicó el sábado fotografías de personas extranjeras que parecían estar a cargo de dirigir las acciones de resistencia [¿será eso cierto? y si lo es, por qué el Estado defiende entonces a los extranjeros dueños de la maquinaria y la mina—o será que, parafraseando a Orwell, todos los extranjeros son iguales pero unos son más iguales que otros; y además, ¿acaso sólo se puede actuar o luchar en el lugar de origen, como si estuviéramos en la época feudal?]. Esto obliga a pensar que existen grupos foráneos interesados en causar problemas sociales en el país [las corporaciones extranjeras, ¿acaso?], y también necesario revisar qué debe hacerse con extranjeros que se encuentran dentro de los grupos de guatemaltecos que protestan porque sienten vulnerados sus derechos [y, si eso es problema, ¿qué hacemos entonces con los extranjeros detrás de las minas—y, en todo caso, ¿por qué la necesidad de apelar a la xenofobia?, ¿por qué la necesidad perenne de asumir que los pobladores humildes de este país necesitan de extranjeros que les digan qué hacer, como si no pudieran pensar; en todo caso, es el Estado, al parecer, el que acepta que los extranjeros de estas corporaciones le diga qué tiene que hacer?, ¿por qué asumir siempre que los guatemaltecos son idiotas manipulables por extranjeros?].
Muchos países, en casos similares, expulsan del país a estas personas luego de capturarlas y encarcelarlas, porque evidentemente se trata de un abuso a lo permitido a quienes tienen visa de turista [se refiere a los accionistas y dirigentes de las empresas mineras, ¿no?]. No se trata solamente de analizar si se encuentran legalmente en territorio guatemalteco, sino si sus actividades han provocado o contribuido a la violencia que ahora es lamentada y rechazada por la generalidad de la población [¿y esto aplica a todos los extranjeros, incluso los de las corporaciones, o es sólo para algunos?]. Las pesquisas deben girar alrededor del historial de ellos en sus países de origen y eso es labor de colaboración entre los sistemas policiales [buenísima idea, ¿habrán investigado los del gobierno si estas corporaciones pagan sus impuestos y demás obligaciones en sus países de origen].
También es digno de análisis el hecho de que en algunas de esas manifestaciones de protesta participan mujeres con hijos de corta edad o en estado de gestación [claro, con la cantidad de guarderías de calidad estatales a su disposición es realmente sorprendente]. Es evidente que la medida tiene como objetivo que alguna de ellas o los niños salgan heridos o afectados [claro, es evidente que esta gente odia a sus niños] por los gases lacrimógenos, lo que provoca reacciones de protesta en algunos grupos y de rechazo en un alto porcentaje de la población, así como reportes periodísticos que se vuelven negativos para el país y las autoridades [¿es todo esto en serio o es una mega-troleada? ¿qué tipo de persona puede realmente pensar esto?].
Una vez más es necesario señalar que urge hacer los mayores esfuerzos porque el tema de la mina —cuya construcción fue autorizada por el ministerio respectivo a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala— sea explicada no solo a los pobladores de la zona donde hay autorización para construirla [¿autorización de quién? al parecer sólo del Estado porque los pobladores no muy parecen haber autorizado nada], sino a la totalidad de guatemaltecos. Es un hecho que las actividades mineras no han sido explicadas con serenidad, sino solo defendidas o atacadas con más emotividad [obviamente lo que hay que explicar son las maravillas de la degradación ambiental, la extracción de recursos como la panacea del progreso, la absoluta moralidad de las empresas privadas y los enormes beneficios que se repartirán entre la comunidad porque al parecer, por más que lo expliquen, no sabemos verle el lado amable al asunto: tan tontos, ¿no? y el Estado tan ecuánime y respetuoso de los derechos… de algunos pocos].
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