Y es que si creemos en la democracia como un mandato en el que el pueblo, mandante, convierte a sus autoridades en mandatarios por la vía de las elecciones, es fundamental medir el comportamiento que han tenido para ejecutar esa orden recibida en las urnas.
Es cierto que nuestras elecciones se deciden más por canciones, por propaganda y por compra de votos que por convencimiento del ciudadano, pero aun así, las promesas de campaña son el parámetro para medir el...
Y es que si creemos en la democracia como un mandato en el que el pueblo, mandante, convierte a sus autoridades en mandatarios por la vía de las elecciones, es fundamental medir el comportamiento que han tenido para ejecutar esa orden recibida en las urnas.
Es cierto que nuestras elecciones se deciden más por canciones, por propaganda y por compra de votos que por convencimiento del ciudadano, pero aun así, las promesas de campaña son el parámetro para medir el cumplimiento de los mandatos.
Y si nos atenemos a la tónica de la última campaña hay que decir que dos fueron los temas fundamentales que enarboló el Partido Patriota, ambos para atacar de manera dura y persistente al oficialismo de los Colom. En primer lugar se ratificó el caballito de batalla del partido desde su fundación con la propuesta de mano dura contra el crimen y la promesa de resolver los problemas de inseguridad en poco tiempo. Hasta se fijaron optimistas plazos (de sobra vencidos ya) anunciando la buena nueva del orden y seguridad.
El otro tema fue el del combate directo a la corrupción encarnada por el gobierno anterior y sobre todo en el manejo de los programas sociales. Durante los cuatro años en el Congreso los patriotas se encargaron de señalar los malos manejos del gobierno de la UNE y durante la campaña se encargaron de recordar los trinquetes y de advertir sobre las medidas que se tomarían no sólo para transparentar el manejo de los fondos públicos, sino para meter al bote a los sinvergüenzas y se anunciaron acciones firmes en contra de los señalados de actos corruptos.
Pues bien, a la hora de hacer el balance lo que más cuenta es que ni en seguridad ni en transparencia han cumplido. Para ser objetivos, en ambos casos estamos peor ahora que antes, puesto que en el tema de la violencia los indicadores se mantienen y la ausencia de una política para enfrentar los hechos de criminalidad es evidente. A pesar de que tuvieron abundante tiempo para prepararse y de que dijeron tener la experiencia necesaria para asumir esa responsabilidad, la verdad es que no hay logros significativos que nos devuelvan a los guatemaltecos la confianza y la seguridad. Lo que han hecho es trasladarle al Ejército más funciones de patrullaje (mediante pagos sustantivos), pero sin que haya una estrategia clara, una política definida, que nos permita suponer que saben a dónde van y lo que desean lograr.
En el tema de la corrupción estamos frente a un problema que se mide en espiral. Cada gobierno es peor que el anterior porque cada elección es más cara y por lo tanto es mayor la dependencia de los financistas que son, al final de cuentas, los que se terminan llevando el erario nacional para su propio beneficio. Yo sostengo que en Guatemala no hay inversión planificada con visión de Estado o de servicio público; toda inversión se hace con visión de la mordida, de la comisión y de la ganancia que dejará al financista y lo que éste salpicará a los funcionarios que autorizan los contratos.
Aparte hay que decir que en la campaña pasada se ofreció un liderazgo firme de mano dura en contraste con el de Colom, despectivamente llamado de mano aguada. Pero el gobierno actual ha dado tantos o más bandazos que Colom, reculando en muchas decisiones que se tomaron y que luego quedan en el aire.
En resumidas cuentas, son 18 meses para el olvido desde el punto de vista del pueblo. Pero 18 meses muy lucrativos desde el punto de vista de los funcionarios y de sus financistas.
* Publicado en La Hora, 15 de julio.
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