Los beneficiarios de la destrucción
Los beneficiarios de la destrucción
A finales de abril de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una cuarta parte de las plantas extractoras de aceite de palma en México por incumplir las leyes ambientales para este sector. Desde hace varias décadas, el periodismo y la academia han advertido que la producción de aceite de palma contamina aguas, suelos y aire, además de estimular la deforestación e impactar gravemente la biodiversidad. Lo que poco se menciona es quiénes obtienen beneficios económicos de tal devastación.
Una semana después de haber sido clausuradas, representantes de once empresas —es decir, el equivalente al 55% de las plantas extractoras del país— reconocieron lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había documentado desde 2019: quienes siembran palma africana (Elaeis guineensis) han invadido el Área Natural Protegida (ANP) conocida como Reserva de la Biosfera La Encrucijada (Rebien) y se comprometieron, como en 2022, a solucionarlo.
El de la Rebien no es el único caso. Con el apoyo de tecnología satelital, un grupo interdisciplinario de investigación académica dejó en evidencia que entre 2014 y 2022 los cultivos de palma aceitera invadieron más de 7,500 hectáreas de zonas de conservación. Eso sin contar aquellas palmeras africanas que la naturaleza ha esparcido en el nuevo territorio. Todo un problema ambiental para las zonas de conservación que colindan con su área de influencia, que afecta manglares, selvas y dunas entre otros ecosistemas ricos en agua y en biodiversidad.
Entre 2018 y 2024 murieron ciento setenta y seis manatíes en Tabasco. La primera señalada fue la petrolera estatal Pemex como única responsable, pero el informe final señaló que, además de la altas concentraciones de metales pesados, existió intoxicación por exceso de nutrientes en el agua debido al uso de plaguicidas y altas concentraciones de fertilizantes en el sector agrícola «y en plantaciones de palma de aceite que contribuyen a la eutrofización y proliferación de cianobacterias».
Consume mucho produce poco
Después de Colombia y Brasil, México ocupa el tercer lugar en América Latina como consumidor de aceite de palma. Sin embargo, como importador se lleva el primer lugar gracias a su enorme industria de alimentos ultraprocesados que requiere de este insumo para casi todas sus recetas.
El «lejano» sexto lugar en la producción regional de aceite de palma deja a la industria mexicana en situación de dependencia de las importaciones, principalmente aquellas procedentes de Guatemala, Costa Rica, Honduras y Colombia. Una tendencia que el gobierno mexicano ha intentado revertir para, por un lado, garantizar el autoabastecimiento con una agroindustria propia y por otro, para reducir los costos de producción de la industria local.
Esto se traduce en que el campo paga las facturas y el empresariado de las zonas urbanas cobra los cheques. Las cifras de la secretaría de economía permiten verlo. En 2024 el estado que más aceite de palma importó fue la Ciudad de México con 42,6%, seguido de Jalisco con 39,5% y el Estado de México con 15,9%. Mientras que la producción nacional de palma solo existe en Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco. Estados que tienen del 45% al 67% de población en situación de pobreza, mientras que los grandes grupos importadores están localizados en los cuatro estados más ricos del país.
De acuerdo con el gigante hondureño de producción de aceite de palma GK Global, el 50% de los productos manufacturados de los supermercados contienen este ingrediente y según la «Planeación Agrícola Nacional 2017-2030» México tiene el potencial agrícola para competirle directamente a Colombia en superficie sembrada —lo que sería lamentable en términos ambientales—.
Para obtener el aceite de palma se requieren de plantas extractoras que por lo general se ubican cerca a las zonas de siembra y garantizan la transformación del cultivo antes de que su alto contenido oleaginoso se vuelva rancio y se pudra. Esto hace que las plantas extractoras sean un punto neurálgico en todo este entramado agroindustrial, pues por más cultivos que haya, sin plantas extractoras el negocio no existe.
Con la finalidad de conocer qué empresas se benefician de la siembra de la palma de aceite en México, en esta investigación se realizó un mapeo de las plantas extractoras que funcionan en el país: encontramos un total de veinte en estado activo, una desmantelada (por supuesta quiebra) y, aunque en su informe de 2024 la Femexpalma anunció que hay tres más en construcción, fue imposible localizar su ubicación o a qué grupo empresarial pertenecen.
Luego cruzamos los datos con los reportes de compra que hacen las empresas ante la Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) —una organización creada por la propia industria con el discurso de transparentar la cadena de suministros y mantener la trazabilidad del aceite de palma en el mundo—. Esto arrojó una lista de veinticinco empresas que reportan haber comprado aceite de palma a las extractoras mexicanas, al menos una vez en los últimos quince años.
Dicha lista es un primer indicador pero está lejos de considerarse una enumeración exhaustiva, pues excluye a todas aquellas empresas que utilizan aceite de palma pero no forman parte del RSPO, ni les interesa el greenwashing que proveé. Ejemplo de ello es la marca de botanas Totis hoy propiedad del grupo La Costeña que si bien usa aceite de palma, no aparece en el listado de compras de la RSPO.
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El inicio fue en la guerra
En el documental Fog of War, Robert Strange McNamara declaró que si Estados Unidos hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial a él lo hubieran juzgado como criminal de guerra. Nadie —que conozca la historia— se atrevería a contradecirlo. Aun así, o quizá por ello, John F. Kennedy lo nombró Secretario de Defensa durante la Guerra de Vietnam y permaneció en el cargo hasta que McNamara opinó que era una guerra imposible de ganar, entonces el presidente Johnson —quien sucedió a Kennedy tras su asesinato— lo nominó «abruptamente» para ser el quinto presidente del Banco Mundial.
Era 1968, un año bisiesto comenzado en lunes que la Organización de las Naciones Unidas declaró Año Internacional de los Derechos Humanos. Fue el año de la Primavera de Praga, del Mayo Francés, del asesinato de Kennedy y de la masacre estudiantil de Tlatelolco en Ciudad de México, previa a los juegos olímpicos que tuvieron lugar en ese país. Desde su nueva trinchera en la banca internacional, McNamara peleó la Guerra Fría a punta de préstamos millonarios bajo la premisa de alejar al «mundo subdesarrollado» (Sur Global) del comunismo soviético, al tiempo que convencía a China para sumarse al Banco Mundial.
En 1973, McNamara lanzó en Nairobi su proyecto de «lucha contra la pobreza» en los sectores rurales, coincidiendo con la expansión de la mal llamada Revolución Verde que comenzó a manera de experimento en México. Este proceso consistió en la mecanización e industrialización del campo, en la utilización de semillas mejoradas y manipuladas genéticamente y la aplicación intensiva de agroquímicos —muchos de ellos tóxicos— para el desarrollo de monocultivos. Todo bajo el pretexto de acabar con el hambre en el planeta, cuando, en realidad, el objetivo era la estabilización de los precios de las materias primas de origen agrícola, entre los que se encuentra el aceite de palma.
La llegada de este monocultivo a América Latina «fue algo creado por los gringos porque estaban perdiendo el sureste asiático y tenían el riesgo de quedarse sin los aceites para sus aviones» y, en general para la industria bélica, explica León Enrique Ávila, investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas.
Ya durante la Segunda Guerra Mundial el Imperio Británico había usado el aceite de palma para producir diversos productos: jabón, margarinas, velas, lubricantes y quizá lo más importante, explosivos como la nitroglicerina. Por su parte, los Estados Unidos lo usaron, además, en la sintetización de ácido palmítico, ingrediente indispensable del napalm con el que el ejército estadounidense —bajo el mando de McNamara, calcinó a miles de personas y devastó enormes extensiones de selva y tierras de cultivo en las guerras de Corea y Vietnam.
De acuerdo con documentos desclasificados del Banco Mundial (World Bank Group) esta instancia participó entre 1965 y 1975 en veintidós proyectos de palma en nueve países de Asia, África y América Latina, con una inversión total de USD $272 millones. Y, ¡vaya sorpresa! En ese mismo periodo se duplicó el comercio mundial del aceite de palma, pasando de ser un aceite «duro» de uso industrial —por su dificultad para extraerlo y refinarlo en comparación con otros— a sustituir a diversos aceites vegetales aceptados por la industria alimentaria, como el de soya (1).
Si la caña de azúcar, con sus plantaciones de esclavos fue «la hija predilecta del capitalismo» colonial y postcolonial, la palma de aceite se convirtió en la hija predilecta del capitalismo industrial. Así, bajo regímenes de precarización y dependencia —pero con la promesa de salir del atraso y la pobreza—, la gente del campo paga los costos sociales y ambientales mientras los industriales se llevan las ganancias.
En México, el llamado Proyecto de Desarrollo Agropecuario del Trópico Húmedo (PRODERITH I) se inició en 1972, pero no fue sino hasta 1978 que el Banco Mundial aprobó el préstamo 1553-ME por USD $56 millones para el establecimiento de una plantación experimental y piloto de palma de aceite de 1,000 a 2,000 hectáreas junto con una planta extractora.
La trampa neoliberal
Cuando Jerónimo llegó a vivir al Valle del Tulijá en 1995 las palmas de aceite no eran un problema en Chiapas, eran pocas las hectáreas cultivadas y, además, había mucha agua. Domesticar ese terreno inundable requirió paciencia y trabajo duro para sembrar y tener a sus animales. Treinta años después las palmas lo acorralan. Miles de familias campesinas y ganaderas se vieron tentadas por la promesa gubernamental de «hacerse ricas» con un cultivo «fácil» y «rentable». Otras personas sencillamente no tuvieron más alternativa.
Varias de las familias campesinas que llegaron a vivir a la actual zona palmera lo hicieron alentadas por el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el primer movimiento organizado antineoliberal de la historia. Una guerrilla indígena que denunció la desigualdad, el racismo y la opresión estructurales en México el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, México y Canadá.
El movimiento detonó una ola de recuperaciones agrarias por parte de diversos pueblos originarios, organizaciones gremiales y campesinas que llevaban años construyendo una oposición a los cacicazgos históricos y las violencias paramilitares en Chiapas. Con el fin de reducir las tensiones políticas generadas por el levantamiento del EZLN que, dicho sea de paso, resonaba fuertemente en una población históricamente empobrecida, racializada y oprimida, el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo —quien consolidó el neoliberalismo en México— convenció a los terratenientes que vendieran y le otorgó a la gente del campo créditos para adquirir la tierra a treinta años sin intereses (2).
Por otra parte, se crearon fideicomisos que, a través de la entrega indiscriminada de recursos y el financiamiento de proyectos productivos, buscaban desarticular a los diversos movimientos sociales y posibles bases de apoyo de los grupos zapatistas. Esta oleada de estímulos para el «desarrollo» del campo atrajo aún a más personas con la ilusión de adquirir tierras propias para conformar ejidos (figura legal en México de tierras comunitarias) y ver resueltas sus demandas históricas.
«Estas tierras nos las dieron como parte de un fideicomiso. No son grandes, son muy pequeños apenas 3,6 hectáreas a cada campesino», recuerda Nicolás Arcos, quien pertenecía a la Central Unitaria de Trabajadores. Los engañaron, les dieron tierras bajas e inundables. «No se podía sembrar frijol ni se podía sembrar maíz, ni otra cosa. Porque se pudría la semilla. Entonces, el líder nos dice que nos van a traer un proyecto». Ese proyecto fue la palma africana. El gobierno les regaló las plantas y les prometió que luego de tres años una empresa les compraría la producción. Pero las empresas —y sus promesas— tardaron en llegar.
La respuesta empresarial
Sus fundadores lo han repetido en suficientes ocasiones: «Fondo Chiapas es la respuesta del empresariado al levantamiento zapatista». La empresa fue fundada en 1993 con el nombre de Fondo Jalisco, en Guadalajara, una de las tres ciudades más importantes de México, ubicada en el centro occidente del país, en el estado de Jalisco, reconocido por ser una potencia agrícola e industrial. Pero también por su conservadurismo religioso, su clasismo, racismo y sus grupos de ultraderecha.
Fue así como a las 10 horas del 9 de octubre de 1995 el «Fondo de inversiones de Jalisco» cambió de nombre a «Fondo Chiapas S.A. de C.V. Sociedad de Inversión de Capitales»; también cambió de ciudad y radicó su dirección en Tuxtla Gutiérrez (capital del estado de Chiapas). También pasó en las manos de unos pocos empresarios locales a ser propiedad en 39,91% del gobierno de Chiapas, 9,09% del banco estatal Nacional Financiera y el restante —en partes iguales de 8,5%— para diversos integrantes de la oligarquía mexicana.
De acuerdo con el director general de Fondo Chiapas, Gustavo González Padilla, el proyecto fue una iniciativa de Eduardo Robledo Rincón —entonces candidato a gobernador del estado por el el PRI, partido hegemónico que gobernó México durante setenta y un años—. Con lo cual la clase política y empresarial cerraron filas en contra de la reivindicación de derechos que exigía el Ejército Zapatista; y, con el pretexto de frenar una nueva ola revolucionaria que tomará fuerza en algunos de los estados más empobrecidos del país, encontraron la manera de ganar dinero a costa de —sostener— la pobreza.
Como buen candidato priista en ese entonces, Robledo Rincón era mandatario virtual y como todos ganó las elecciones, solo que el EZLN condicionó su renuncia —acusando fraude electoral— para iniciar las negociaciones de paz. Robledo fue enviado como embajador a Argentina y en 1999 fue nombrado al frente de la Secretaría de la Reforma Agraria.
Entre quienes constituyeron el Fondo Chiapas se destacan empresas, conglomerados económicos y personalidades de todo el país. Por ejemplo, está uno de los grupos favoritos de los rescates financieros de los gobiernos neoliberales, el Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) de Jorge Ballesteros, salvado de la quiebra en el llamado rescate carretero y en cuyo consejo de administración se encontraba Valentín Díez Morodo, de la poderosa cervecera Grupo Modelo que a su vez es propietaria de la Promotora e Inmobiliaria Cuyd, accionista del Fondo Chiapas.
Entre los grupos financieros se encuentra Banca Serfin (hoy banco Santander) representado en aquel entonces por Adrián Sada; Bancrecer (actualmente Banorte) para esa fecha propiedad de Roberto Alcántara Rojas bajo cuya administración entro en concurso mercantil en 1999 con un costo millonario para el gobierno mexicano. De manera más reciente se sumaron Grupo Financiero Banorte, propiedad de Carlos Hank González, descendiente de una de las dinastías político-empresariales con mayor poder en México: su padre Carlos Hank Rhon también fue miembro de consejo del GMD.
La cabeza del Fondo Chiapas y uno de sus rostros visibles fue Enrique Molina Sobrino, fundador del Grupo Embotellador Mexicano (Gemex), empresa que dio origen a PepsiCo de México y que Molina vendió en 2002. Al igual que los banqueros antes mencionados, Molina fue favorecido durante la ola privatizadora del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), lo que le permitió crear el Consorcio Azucarero Escorpión (Caze), uno de los más importantes del ramo y que ha estado involucrado en varios escándalos por presuntos actos de corrupción.
Otro personaje clave que ha participado de este Fondo es Alfonso Romo Garza, a través de Grupo Pulsar. Entre 1998 y 2000, antes de cumplir cincuenta años, Romo fue considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos de México, luego de vender su cigarrera a la British American Tobacco, y apostarle todo a Seminis, empresa que llegó a controlar el 22% del mercado internacional de semillas modificadas genéticamente.
Sin embargo, el negocio de los alimentos genéticamente modificados no tomó el rumbo que él esperaba y vendió Seminis a la empresa Monsanto (hoy Bayer). Aún así, Agromod, su empresa de agrobioingeniería, es un jugador importante del sector (en el continente), sobre todo en materia de papaya, agave y café. De hecho, esta fue la empresa que en 2011 desarrolló las plantas de café robusta para el plan Nescafé en México, del que es intermediario Agroindustrias Unidas de México, matriz de la planta extractora de aceite de palma Agroforestal Uumbal.
Las redes de las palmeras
«Yo le regalo a la gente grande la leña, pero a quienes siembran palma ni se las vendo», me cuenta Jerónimo mientras desayuna unos huevos que pusieron sus gallinas, los acompaña con tortillas recién hechas por su esposa con el maíz que ambos cultivan. La papaya y el plátano también salieron de su terreno que hoy día es un oasis en medio del desierto verde que conforma el monocultivo de palma africana.
La harina para el pan casero y el café lo compran con lo que sacan de la venta de plantas medicinales y la fruta que crece en su terreno.
Sus vecinos, que deforestaron para sembrar palma, ya no tienen donde recoger leña para cocinar —en las comunidades de la selva no hay servicios públicos, no llega el gas, ni la electricidad, no hay agua corriente, ni drenaje—. Buena parte de lo que comen lo tienen que comprar empaquetado en la tienda —porque lo que sí llega son sodas (gaseosas) y alimentos ultraprocesados—. «Yo documenté que hubo hambre en la región de Tulijá cuando bajaron los precios de la palma. No lo dicen mucho, pero pasaron hambre» cuenta el investigador de la Universidad intercultural de Chiapas, León Ávila.
Las raíces de las palmas de aceite crecen hacia los costados y hacia lo profundo creando un tejido que impide que crezca cualquier otra planta y absorbiendo toda el agua. Jerónimo y su familia se salvan por la cercanía de su terreno con el río. Pero en otras poblaciones la situación es dramática, no solo en términos de escasez de agua, sino de otras violencias. Por ejemplo, para obtener agua para cocinar o lavar, las mujeres ahora deben caminar varios kilómetros para llegar al río y, en esta ruta, es necesario rodear las plantaciones porque en algunas no las dejan cruzar y en otras son acosadas sexualmente por los vigilantes y los técnicos que trabajan la palma.
Conforme uno se adentra en los plantíos el bullicio de la selva desaparece. «Donde está la palma, no se van los animales para allá. No, ahí no, ahí está silencio» dice Jerónimo mientras señala un hormiguillo rojo al que le han trozado a machetazos algunas raíces: «Este es el árbol que canta. Lo están matando para sembrar palma. De este se hace la marimba, que es el instrumento tradicional de los cuatro estados donde se cultiva palma de aceite en México: Chiapas, Campeche, Tabasco y Veracruz. Las afectaciones no solo son ambientales y sociales, sino también culturales.
Pura Vida, Pura Palma
La Elaeis guineensis es originaria de África Occidental, por ello también se le conoce como palma africana, sin embargo, la industria prefiere evitar este segundo nombre para que no se destaque su condición de especie invasora. En México, existe evidencia hemerográfica de que a inicios de la década de 1940 se intentó el cultivo de esta palma en las costas de Jalisco. Sin embargo, el consenso académico reporta la primera plantación de Elaeis guineensis en 1948 en Veracruz, en terrenos de Miguel Alemán, quien era el presidente del país.
Todo indica que las primeras plantas llegaron a México desde Costa Rica traídas por la United Fruit Company (3), la renombrada empresa bananera que por décadas ha sido vinculada con la usurpación y acaparamiento de tierras, desplazamiento forzado, masacres y golpes de Estado en América Latina. Una tendencia que ha acompañado a la palma africana en el continente americano en países como Colombia, Honduras, Perú, Guatemala y Ecuador.
Procedentes de algunos de estos países llegaron a México industriales con experiencia en el manejo de la palma de aceite y de los conflictos socioambientales generados por su monocultivo. Por ejemplo, en 2004 arribaron los hermanos Alejandro González May y Carlos Alfredo González May, originarios de Costa Rica y dueños de Grupo Numar —también conocido como Palma Tica—, una empresa dueña de la tercera parte de la superficie cultivada de palma en ese país. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales calificó las acciones del Grupo Numar como una «agresiva campaña de compra de fincas» y de deforestación de bosques.
En México dicha empresa cambió de nombre a Palmeras Oleaginosas del Sur (2014) y, en 2015, fue sancionada cuando la Profepa le suspendió una plantación por dañar 107 hectáreas de selva y realizar actividades de cambio de uso de suelo sin la autorización correspondiente. Unos años más tarde, a finales de 2017, las autoridades aseguraron (incautaron) dos predios y un año después se le impuso una multa irrisoria de MXN $3,752,500 (US$205,000) por deforestar la selva y establecer plantaciones ilegales de palma de aceite.
Después de estas sanciones la empresa optó por cambiar de razón social. Ahora, bajo el nombre de Palmosur, opera una planta extractora en la zona de Palenque, en el estado de Chiapas. De acuerdo con el Registro Público de Comercio esta empresa ha contado con los servicios jurídicos de representación legal del despacho mexicano Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, del cual, su socio director Horacio María De Uriarte Flores ha sido también accionista de Palma Tica.
Por otro lado, uno de los asociados del despacho, Patricio Danel González, fundó en el Reino Unido —con apenas veintitrés años de edad—, la empresa Quiet Water MX LTD, que se mantuvo como una dormant account, esto es una empresa sin operaciones, hasta que le fue vendida en 2024 a Jorge Esteve Recolons, dueño de Agroforestal Uumbal —propietaria de una de las tres extractoras de aceite palma de Palenque— y cabeza de Ecom International, el gigante comercializador de café, azúcar y cacao.
Las familias chapinas
Mientras que México produce 240,000 toneladas de aceite de palma al año, Guatemala superó el millón en 2022. Desde ese país han invertido en México el grupo guatemalteco Arriola Torrebiarte, que tiene inversiones de palma africana en el sur del estado de Chiapas —en la región del Soconusco, una zona cuya área selvática es rica en biodiversidad—, desde finales de la década de 1990, conjuntamente con la empresa mexicana Propalma, conocida como Oleosur, propietaria de la planta extractora de Acapetahua y de la refinería de aceite de palma africana ubicada en la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos.
Como socios mexicanos del conglomerado de empresas palmeras vinculadas a Oleosur y que incluyen Plantaciones del Soconusco, Grupo Apol y Promoción e Industrialización y Promoción de Palma, está la familia Terrones López, que opera el puerto de Altamira y donde destaca Víctor Manuel Terrones, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, que aglutina a los grandes grupos y familias industriales de México.
Las familias de las élites económicas tienden a invertir con otras de su clase o a casarse entre ellas para mantener sus posiciones dentro de la oligarquía, este fenómeno es una constante en todo el mundo. Gracias a autoras como Marta Elena Casaús, Paul Dosal y Alejandra Colom, entre otras, Guatemala es el país pionero en América Latina en estudiar a fondo a las veintidós familias que componen su élites y sus inversiones.
El trabajo de las mencionadas ha permitido conocer los vínculos familiares y empresariales que unen a los accionistas guatemaltecos de Oleosur, José María Köng Serra, con Juan Miguel Torrebiarte L. y José Miguel Enrique Arriola Fuxet, este último, también accionista de Aceites Sustentables de Palma y Palmas de Comillas, filiales de Fondo Chiapas.
El combo guatemalteco de este conglomerado lo cierran Juan Estuardo Maegli Novella y Carmen María Torrebiarte Benefort, emparentados entre sí vía la familia Novella Torrebiarte dueña del monopolio cementero de aquel país y con una de las ramas familiares del expresidente de Guatemala Óscar Berger, quien en 2006 anunció un «Plan Marshall» que «consistía fundamentalmente en el fomento del cultivo de la palma africana y la construcción de la carretera de la Franja Transversal del Norte» que atraviesa la zona palmera del país y termina en el municipio Gracias a Dios, en la frontera con Chiapas.
En abril de 2024 Carmen María Torrebiarte se convirtió en la primera mujer presidenta del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, el temido Cacif, donde confluyen las familias más poderosas del país, responsables de poner y quitar presidentes, si es preciso, por la vía del golpe de estado.
Una investigación periodística del medio El Faro publicada en 2013 ya había revelado la participación de empresarios del Cacif en el genocidio contra la etnia ixil y, en los últimos años, se les señala por estar detrás de la persecución política en contra de personas periodistas, defensoras de derechos humanos y fiscales anticorrupción que ha generado lo que se conoce como «el nuevo exilio guatemalteco».
Otra empresa guatemalteca vinculada con la palma de aceite en México es Grupo Hame, propiedad de Hugo Alberto Molina Botrán, quien ha tejido en el país una red de empresas y accionistas que incluyen a Ernesto Godoy Chuy directivo de su filial peruana Agrokasa Holdings. Así como a Manuel de Jesús Elías Higeros, multado en 2016 por fraude fiscal en Guatemala. Ambos personajes aparecen como propietarios de la planta extractora Palmas de Candelaria, ubicada en el estado de Campeche.
La historia empresarial de grupo Hame en Guatemala no se puede contar sin hablar del ecocidio del río La Pasión, en Sayaxché, Petén. Allí se registró la muerte masiva de peces y otras especies que habitaban su cauce en 2015. La responsable es una empresa del grupo, que desde su nombre induce al engaño: Reforestadora de Palma del Petén, S.A (REPSA). Y acá resulta necesario aclarar que esta es el eufemismo más utilizadó por las empresas palmeras del mundo para que su voracidad agroindustrial sea recibida con beneplácito por la sociedad: sembrar un monocultivo no es reforestar.
De acuerdo con una investigación de Mongabay, realizada en 2021, hasta ese año las denuncias y casos abiertos contra empresas palmicultoras en Guatemala sumaban cuarenta y ocho procesos, de las cuales trece estaban vinculadas con Grupo Hame o alguna de sus filiales —de todas, apenas dos terminaron con sanciones económicas—.
El amigo del poder
Mohammad Yusuf Amdani Bai, dueño de Grupo Karims lo tiene claro: «El nearshoring empieza y termina en México». Por eso este empresario nacido en Pakistán y naturalizado hondureño ha puesto pie en México desde 1999 para extender su negocio de palma de aceite que, junto con el textil, es la base de una fortuna que lo ubica como uno de los hombres más ricos de Honduras y de Centroamérica.
Si en Honduras Yusuf es reconocido por ser asiduo al poder e incluso se le señaló de financiar las campañas electorales del expresidente Juan Orlando Hernández —preso en Estados Unidos desde 2022 por tráfico de drogas—, en México sus vínculos lo han llevado a fundar negocios con gente muy cercana a la política a través de una complicada red de empresas operadas por su gente de confianza.
De acuerdo al registro comercial de México, Amdani Bai es propietario de las empresas Campeche Holdings SA de CV y de Desarrollo Agroindustrial de Campeche, y en este caso, como en los anteriores, también se entretejen estrechos vínculos entre el empresariado, los políticos locales y regionales. Alfredo Flores Ríos ha sido administrador de las dos empresas mencionadas de México Amdami Bai, al igual que de Campeche Oil Mill, Palma Real del Sureste y Gez Grupo de Negocios Empresariales del Sureste —esta última es propiedad de Luis Antonio Espinosa Campos a quien el columnista Mario Maldonado señala de ser el contador de Gabriel Moreno Cárdenas, hermano del exgobernador de Campeche e impulsor de la palma Alejandro Moreno Cárdenas, cuyo secretario de agricultura también es un prominente empresario palmero—.
La relación con el exgobernador ha sido más que cordial. El periodista Daniel Sánchez demostró con las bitácoras de vuelo de un jet privado propiedad del estado de Campeche, que la aeronave ha realizado varios vuelos a Honduras, principalmente a San Pedro Sula, donde reside Yusuf Amdani.
En 2018 una investigación periodística reveló que la empresa Palma Real, que ha sido dirigida por Carlos Enrique Soberanis, CFO de grupo Karims, «destruyó cientos de hectáreas de selva y construye un sistema de riego para plantar palma africana en la zona de influencia del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos». Lo sospechoso fue que el delegado de la Profepa, Luis Enrique Mena Calderón —y quien dejó pasar las irregularidades— es primo de Alejandro Moreno.
En 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Mohammad Yusuf Amdani Bai en la llamada Lista Engel de «actores corruptos», acusándolo de sobornos a funcionarios hondureños para obtener beneficios empresariales. Esto podría constituir una constante en su forma de hacer negocios, que parece depender no solo de la rentabilidad de los mismos sino de su redes y capacidad de influencia dentro de las clases políticas.
Nunca pierden
Hace treinta años que los esfuerzos de gente como McNamara por imponer un modelo de capitalismo neoliberal —con Estados Unidos como potencia hegemónica— parecían concretarse con el TLCAN. Hace treinta años que la población indígena del EZLN les echó a perder la fiesta al grito de «¡Ya basta», y se levantó en armas porque les oprimía el ciclo de «explotación, despojo, desprecio y represión», que proponía el nuevo orden. Porque para ellas y ellos este nuevo orden era igual al el viejo y al anterior a este.
Pasaron años desde que el gobierno, los empresarios y la cooperación internacional con sus fideicomisos, les vendieron las tierras donde se pudría todo por exceso de agua y les regalaron las palmas africanas con la promesa de prosperidad. Tras recorrer tres estados palmeros vimos que la tierra, las palmas y las promesas se están secado.
El ciclo que denunció el EZLN sigue su marcha. La gente del campo cayó en una nueva trampa de explotación con la palma africana. Desde hace décadas la industria palmera mundial acapara tierras despojándoles del territorio; a los agricultores menos productivos les desprecian la cosecha dejándoles en una situación de vulnerabilidad; y si se quejan, habrá represión.
El círculo del despojo continúa vigente y mientras las investigaciones en contra de los conglomerados agroindustriales sigan dormidas en tribunales nacionales e internacionales —la gran excepción es el caso de Chiquita Brands en Colombia—, la mayoría de las comunidades campesinas permanecen empobrecidas y sometidas a estados, políticos y un empresariado que las considera mano de obra barata y prescindible.
«No sé por qué, como que la palma es enemigo de los animales. No lo comen la fruta. Solo el chombo ¿lo conoce el chombo? Sí, el zopilote que dicen». Explica Jerónimo, mientras abre una guanábana que los loros han tirado. «Acá en este lugarcito hay animales todavía, gracias a Dios que siguen viviendo todavía, porque hay en otros comunidades, donde a veces ya no hay animales. Ya no hay nada ahí. Por eso es importante nuestra lucha junto con los seres vivos en la naturaleza».
A principios de noviembre de 2025 solicitamos a la Profepa el estatus de las clausuras a las plantas extractoras. En un correo contestaron: «La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) levantó las clausuras impuestas a las plantas extractoras de palma de aceite, toda vez que acreditaron el cumplimiento de las medidas correctivas impuestas, entre ellas la construcción de celdas de confinamiento, la limpieza de lodos y la instalación de medidores. Dos de las plantas continúan con un proceso administrativo en curso, toda vez que aún no han presentado su título de concesión de agua».
En el mundo solo hay dos tipos de monocultivo, los que ya afectaron al medio ambiente y los que lo van a afectar, principalmente porque requieren grandes cantidades de agrotóxicos y eliminan cualquier otro tipo de vegetación. Además, que haya sucedido no impide que vuelva a suceder. Por ello las sanciones y multas serán insuficientes si las ganancias económicas y las ventajas competitivas de evadir las normas les superan.
La revista The Lancet señaló que en 2023 la industria de ultraprocesados tuvo ventas anuales por USD $1.9 billones (4). Para comparar, el PIB de México —la segunda economía de América Latina— en ese mismo periodo fue de USD $1,7 billones y el de Colombia —el principal productor de aceite de palma en la región— fue de USD $366 mil millones.
Con esa cantidad de recursos las corporaciones globales de ultraprocesados y sus cadenas de suministros han construido un poder político que les permite influir en decisiones gubernamentales, moldear debates públicos y bloquear regulaciones mediante cabildeo, litigios, campañas mediáticas e incluso la fabricación de duda científica.
En 1961, en su famoso discurso de despedida, el presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower advirtió del peligro de lo que llamó el «complejo industrial militar». A la par estaba creciendo un complejo industrial alimentario que resultó mucho más peligroso y con tanto poder como el otro, pero inadvertido, porque si bien cualquiera siente miedo al tener un arma en frente, ¿quién va a desconfiar de una galletita?
Referencias:
- (1) Request from Norway for IBRD Views on the Integrated Program for Commodities. Development Policy - Commodities - Palm Oil - June 1976 – November 1976, Folder ID 30124838. World Bank Group Archives, Washington, D.C., United States.
- (2) Enemigos íntimos. Terratenientes, poder y violencia en Chiapas / Aaron Bobrow-Strain.— Primera edición. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: unam: cimsur/conaculta: coneculta/ unach/ unicach/unich/cocytech/, 2015.
- (3) Antonio Castellanos Navarrete. Fronteras de aceite: Hegemonía de la palma africana en Chiapas. UNAM, 2024.
- (4) En español un billón se refiere a un millón de millones esto es un 1 seguido de 12 ceros, en la fuente original en inglés lo encontrarán como «trillion».
***
Este reportaje ha sido financiado como parte del Bertha Challenge 2025. Para saber más sobre este proyecto da clic aquí.
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