El impacto de la pandemia sobre el crimen organizado
El impacto de la pandemia sobre el crimen organizado
Los efectos colaterales de la pandemia del COVID-19 están teniendo profundos impactos en la sociedad y la economía, pero también tendrán influencia en las formas de operación del crimen organizado y los mercados ilícitos. Así lo afirma un informe de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, publicado en el mes de marzo, cuyo título en inglés refiere al impacto de la pandemia sobre el crimen organizado: Crime and Contagion: The impact of a pandemic on organized crime.
El informe ha sido generado a partir de información de socios locales de la organización a nivel mundial, considera que la pandemia está cambiando la forma de operar de los actores implicados en el mercado criminal en todo el mundo.
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Mientras los esfuerzos en los países afectados por el coronavirus se enfocan en la respuesta sanitaria, y los efectos de las medidas de contención en la economía, la pandemia podría haber reducido algunas actividades del crimen organizado y generado oportunidades para otras de nueva generación.
Además, la reasignación de recursos públicos como respuesta al virus incluye a las fuerzas de seguridad para medidas de contención, algunos casos de cuarentena se encuentran bajo vigilancia policial en Guatemala, por ejemplo.
Estos son los principales hallazgos del informe:
El desafío emergente
Está claro que la principal preocupación de los responsables políticos se basa en la salud pública, pero las implicaciones colaterales en materia social, económica y de seguridad son cada vez más urgentes. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha advertido la certeza de una recesión económica de dimensiones históricas.
Las implicaciones en materia de gobernabilidad y en la evolución de las actividades ilícitas serán profundas. El cierre de fronteras tiene un impacto inmediato en algunas actividades ilícitas, deteniéndolas o reduciéndolas. Pero los grupos criminales podrían estar aprovechando la confusión e incertidumbre sobre una nueva demanda de bienes y servicios ilícitos.
El informe de la Global Initiative llama la atención sobre hechos puntuales, como que en aquellos países donde el crimen organizado tiene infiltrado el sistema de salud, los recursos para salvar vidas son desviados y aprovechados para ganancias ilícitas, debilitando así la respuesta de los Estados.
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La limitación de la libre circulación de las personas ha sido una prioridad de los gobiernos para reducir la propagación del virus. Las fuerzas de seguridad (policíacas y militares) se han convertido en el rostro de esa política. Sin embargo, el nivel de legitimidad en cada país determinará el poder de hacer cumplir la orden. En tanto, los sistemas de justicia abarrotados en el cumplimiento de su mandato, ahora deben conocer también los casos relacionados al incumplimiento de las medidas de distanciamiento social. En otras palabras, la crisis está obligando a reenfocar la orientación fundamental del sistema de seguridad y justicia, y eso tendrá implicaciones en el corto y en largo plazo.
El informe identifica las principales áreas que serán afectadas por la pandemia en relación con las actividades del crimen organizado:
A) Cuarentena criminal: Restricciones para el crimen organizado
Las limitaciones en viajes y la libre circulación de las personas han tenido un efecto directo en las actividades económicas y el comercio internacional, lo cual también ha significado un freno a las actividades del crimen organizado.
Sin embargo, las actividades ilícitas se reconstruirán con viejas y nuevas demandas de ese mercado. Las medidas de distanciamiento social y cuarentenas han generado, por ejemplo, fuertes reducciones en crímenes violentos vinculados a las actividades del crimen organizado.
En México, después de las medidas de distanciamiento social, las tasas de homicidios cayeron de un promedio nacional de 81 diarios a 54, pero rápidamente volvieron a los niveles normales. Es muy pronto para identificar el impacto a largo plazo que las tasas de violencia podrían tener, en tanto, sí se puede afirmar que las restricciones a la libertad de movimiento también tienen un efecto en las actividades de los grupos criminales.
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El informe cita como ejemplo la reducción de las exportaciones chinas, lo cual estaría restando ingresos a grupos criminales: China es una de las principales fuentes de mercancías falsificadas e ilícitas a nivel mundial. Otro ejemplo es la producción de metanfetaminas por parte de cárteles mexicanos -profundamente implicados en el ingreso de opioides (como el fentanilo) al mercado estadounidense- que se ve afectado por la dificultad de obtener precursores químicos de China.
Por otra parte, los bloqueos extensivos y el cierre de fronteras dificultarán las actividades de los traficantes de personas. Éstos podrían intentar capitalizar la desesperación de los migrantes varados antes de llegar a sus destinos finales, aumentando los precios a medida que transportarlos se vuelve más difícil. También podrían modificar las rutas del tráfico ilícito de personas en búsqueda de unas más clandestinas, lo que implica mayores riesgos para los migrantes.
¿Y el suministro de drogas callejero? Los reportes iniciales a los que tuvo acceso la Global Iniciative sugieren que, en los países europeos bajo políticas de distanciamiento social y cuarentena, las líneas de suministro han sido interrumpidas. En algunos países de África los precios de la heroína están aumentando a medida que disminuye su pureza por la dificultad de contrabando de drogas en la región.
Otra industria criminal que sentirá los efectos será la relacionada con extorsiones. A medida que empresas locales cierren y el comercio se vea perjudicado económicamente, la capacidad de grupos extorsionistas se verá frustrada.
B) Contención del virus y la escalada de actividades criminales
La pandemia ha puesto a las instituciones estatales bajo presiones sin precedentes, pues las consecuencias afectan la economía, presionan al sistema de salud y requieren de toma de decisiones políticas inmediatas.
Además, con el sistema de seguridad enfocado en eventos asociados a la crisis, se ha generado una ventana de oportunidad para los grupos criminales. En la producción de drogas, por ejemplo en Albania, la policía está enfocada en hacer cumplir la cuarentena, cuando marzo y abril son los meses de temporada de cultivo de cannabis. Con las fuerzas de seguridad enfocadas en otras tareas, el Estado no tiene la capacidad de prevenir los cultivos ilegales de drogas, lo cual elevará la producción para el verano.
Otro ejemplo de las oportunidades para los grupos criminales podría visualizarse con el caso de Colombia, uno de los principales productores de cocaína del mundo, que ha cerrado fronteras para evitar la propagación del virus. Sin embargo, los grupos criminales que operan en las fronteras podrían explotar cientos de cruces subterráneos para contrabando de mercancías y tráfico ilícito de personas. El informe indica que en Colombia también se ha reportado el aprovechamiento de la atención pública sobre la pandemia para que los asesinatos de activistas pasen desapercibidos.
C) Infiltración del sistema de salud, aprovechar la crisis
Organizaciones criminales infiltradas en el sector salud han identificado rápidamente las oportunidades de explotar la crisis -aprovechando la alta demanda de insumos médicos, la desinformación y confusión general- para vender productos falsificados o sin las licencias respectivas, así como con el contrabando de suministros.
Las estafas digitales también han proliferado, el mundo en línea se ha convertido en el principal medio de interacción para quienes están confinados en sus hogares. Los delincuentes explotan el miedo para defraudar a las personas.
En algunos países como Irán, Ucrania y Azerbaiyán, las autoridades incluso han interceptado los intentos de contrabando de existencias de mascarillas médicas y desinfectante de manos; en Italia han confiscado mascarillas falsificadas; y en el mercado negro digital cientos de sitios publican la venta de mascarillas que podrían ser ilegítimas o inexistentes.
Como respuesta, en marzo de 2020 la INTERPOL coordinó una operación con la participación de 90 países, la “Operación Pangea”, para responder de manera colectiva contra el mercado digital ilícito de medicinas y productos médicos. Se lograron 121 arrestos en todo el mundo y se incautó producto farmacéutico potencialmente peligroso por el valor de 14 millones de dólares. Ese es un primer indicador de la escala de especulación en línea relacionada con la pandemia, la Operación Pangea arrojó más resultados que los obtenidos en operativos similares antes del brote.
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En algunos países, el crimen organizado se ha infiltrado durante mucho tiempo en las cadenas de suministro médico y en los sistemas de salud. A ello se suma la corrupción, el mayor desafío que seguirá afectando la capacidad de los estados para responder de manera efectiva a la pandemia. El informe comenta la situación en Italia, uno de los países con las tasas de contagio y muertes más altas relacionadas con el coronavirus, donde hay una histórica penetración del crimen organizado en el sistema de salud público y privado: La Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en Nápoles, y la Ndrangheta en Calabria.
Su posicionamiento en puestos clave de la administración de hospitales y departamentos de salud, les ha permitido desviar las inversiones para equipo y suministros esenciales, influir en las adquisiciones, acuerdos comerciales y procesos de reclutamiento en el sistema de salud. «La mafia es como el coronavirus, te atrapa donde quiera que estés», declaró el portavoz del viceministro de Salud italiano, Sergio Nazzaro, a los autores del informe. La pandemia, con la creciente demanda y los recursos limitados, crea las condiciones perfectas para que la corrupción empeore.
Los productos farmacéuticos falsificados, de calidad inferior o de contrabando, son los problemas comerciales más agudos para la industria. El valor de esas actividades criminales se calcula en 431 millones de dólares estadounidenses anuales, lo cual también representa una amenaza a la salud pública, particularmente de aquellos más vulnerables. Esos medicamentos que no cumplen con los estándares pueden empeorar las condiciones de las personas enfermas, dificultar diagnósticos precisos, acelerar la propagación de enfermedades transmisibles, reducir la confianza en las instituciones y, en última instancia, matar a las personas.
En México se ha detectado que hasta seis de cada diez productos médicos son falsificados, caducados o robados. El Cartel de Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más violentas, promueve la producción de drogas y obliga a muchas farmacias pequeñas y medianas a venderlas, principalmente en Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
D) Cuarentena, una oportunidad para la escalada del crimen digital
El crimen digital o se ha convertido en una zona de riesgo al punto que podría tener implicaciones a largo plazo para el crecimiento de los mercados ilícitos. Se estima que las víctimas de estafas ya han perdido millones de dólares. Además, se ha detectado una serie de estafas de pishing relacionadas con el coronavirus, mediante las cuales los suplantan fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud para difundir malware o recolectar información personal. Es por ello que la INTERPOL ha emitido una serie de alertas.
La imposibilidad de salir de las casas provoca mayor exposición a fuentes ilícitas de comercio electrónico. En 2018, una muestra aleatoria de compras en línea realizada por la oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos detectó un 43% de artículos falsos.
Una cuarentena prolongada también puede incentivar la industria del sexo en línea, alimentando la demanda de explotación sexual y drogas. En materia de explotación sexual infantil se desarrolla un suministro inmediato a medida que los niños no asisten al colegio y los grupos criminales, así como las familias de escasos recursos, buscan nuevas fuentes de ingresos. El FBI ha emitido alertas sobre depredadores sexuales debido a que los menores pasan mucho tiempo en línea durante la cuarentena.
En otro aspecto, según reportes que cita el informe, Corea del Norte e Irán (considerados centros de economía ilícita y agentes activos en la economía criminal global) están buscando soluciones para aliviar las dificultades económicas, para lograrlo podrían recurrir al delito cibernético como una alternativa.
E) Grupos vulnerables, los más expuestos
La respuesta humanitaria a la pandemia provocada por el COVID-19 debe considerar las economías ilícitas, a menudo los grupos que dependen de éstas para sobrevivir corren el riesgo de victimización criminal o no tienen acceso a los sistemas de salud u otros mecanismos de protección. El informe advierte que los centros de detención de migrantes en Libia, por ejemplo, son una bomba de tiempo debido a las condiciones de hacinamiento y falta de higiene en los mismos, convirtiendo así a los migrantes en grupos extremadamente vulnerables al virus.
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La situación actual, debido al aislamiento en todo el mundo, también puede provocar mayores dificultades en la identificación de víctimas de trata de personas. Asimismo, a medida que las consecuencias en la economía se vuelven más pronunciadas, las familias se ven arrinconadas a soportar estas condiciones, como consecuencia podría incrementarse el trabajo y/o la explotación infantil. El monitoreo y las acciones de intervención para prevenir delincuencia juvenil también se dificulta a medida que maestros, líderes comunitarios, trabajadores sociales y otros contactos locales están aislados en cuarentena. Las personas dependientes de drogas ilícitas también enfrentarán un escenario de mayor vulnerabilidad a medida que el mercado sea bloqueado, obligándoles al uso de drogas más económicas o accesibles: Los entornos de uso de heroína son a menudo espacios de confinamiento, ideales para la transmisión del coronavirus.
Es probable que ocurran muertes e infecciones adicionales entre población vulnerable, que no podrá ser atendidas por la saturación de los sistemas de salud por casos de coronavirus.
F) La pandemia, sobrecarga institucional
Los epicentros de la pandemia en Europa pueden ser referencia para otros países que enfrentarán el problema en tiempos posteriores. En Italia, la policía, Carabinerosy militares, fueron encomendados a monitorear las calles y fronteras. En todo el país, los ciudadanos requieren autorización firmada para abandonar sus hogares y las instituciones de seguridad deben hacer cumplir esas medidas. Francia y España implementaron medidas similares. Las sanciones incluyen multas o prisión por tres meses en Italia. Los países que implementaron medidas de distanciamiento social sin sanciones al incumplimiento, como en Suiza, están recurriendo a la policía para obligar a los ciudadanos a cumplir las órdenes. Algunos gobiernos están aprovechando herramientas de vigilancia policial desarrolladas para labores antiterroristas para contener el virus en las poblaciones.
Según las organizaciones que supervisan el goce de derechos digitales durante la pandemia, diez países, incluidos China, Irán y Alemania, han comenzado a implementar medidas de este tipo en un intento por rastrear, por medio de la tecnología, la propagación del virus. La advertencia gira en torno a nuevos poderes sin los controles y equilibrios apropiados por parte de los estados contra los ciudadanos, lo que podría provocar un nuevo y autoritario «estado de vigilancia de la salud».
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Todos los recursos policíacos están enfocados en medidas de contención inmediata de la propagación de la pandemia, disminuyendo los recursos disponibles para funciones de la seguridad, al punto que las investigaciones policíacas incluso de crímenes de alto impacto podrían detenerse a medida que se acelera el brote de coronavirus.
Las cortes, además, están cerradas o cuentan con el personal indispensable para seguir operando en varios países, lo cual dificulta el derecho a la justicia. Éste sólo podrá garantizarse con arreglos para que los tribunales operen de manera remota con ayuda de la tecnología.
La falta de acceso a la atención médica, el hacinamiento y las condiciones insalubres hacen que las poblaciones carcelarias sean vulnerables a las afecciones. En Wuham, China, más de 800 prisioneros fueron reportados infectados por el virus. El miedo al virus puede ser otra variable para disturbios y violencia en las cárceles.
La legitimidad de las fuerzas de seguridad es una variable vital en la ecuación, ya que se convierten en el rostro de las decisiones políticas. En Italia, el nivel de confianza en las instituciones públicas, particularmente en aquellas regiones donde la influencia de la mafia es mayor, es históricamente bajo. Como consecuencia, muchas personas desconfiaron inicialmente de la alarma del gobierno sobre el virus y se mostraron reacias a seguir las medidas de distanciamiento social.
G) La posibilidad del desorden social
Una de las preguntas cruciales, sin respuesta aún, es cuál será el efecto de la recesión global, reportada como inevitable en los mercados ilícitos. El informe indica que la experiencia de investigación sobre las dinámicas del crimen organizado en todo el mundo, muestra que las comunidades y los individuos se ven inmersos en economías de mercado negro cuando los medios de vida y las oportunidades legítimas son más escasos o menos lucrativos. Si la crisis de salud se convierte en una crisis económica y social, las personas podrían entrar en desesperación, lo cual puede incrementar riesgos de saqueos y robos en algunos contextos, creando así mercados para grupos criminales que brindan protección.
Las inquietudes abarcan los escenarios en los que las cuarentenas de larga duración provocan que el suministro de alimentos, medicinas y otras necesidades empiecen a escasear, lo cual tiene incluso implicaciones para la legitimidad de las instituciones de la seguridad pública ante la administración de la crisis. La Global Initiative Against Transnational Organized Crime sugiere que en casos extremos, los gobiernos pueden buscar aliados en organizaciones criminales, lo cual las fortalecería en el largo plazo.
En su afán por hacer cumplir las medidas de distanciamiento social en áreas controladas por pandillas, puede llevar a que algunos estados cooperen con grupos criminales. Los líderes de pandillas, con interés en mantener legitimidad local mediante protección de sus comunidades y ser vistos como figuras de poder y estabilidad en la crisis, tienen interés compartido con el gobierno. El resultado es que el gobierno y las fuerzas del orden público están en un vínculo entre la necesidad inmediata de contener el virus, sin importar el costo, y la pérdida de legitimidad y poder estatal a largo plazo.
Virus y crimen organizado: Respuesta política
El anterior análisis sugiere que se requiere de una serie de iniciativas políticas en el área de respuesta al crimen organizado y su interacción con la pandemia. Estas son las siguientes:
- Monitoreo del impacto del virus en la seguridad, particularmente donde las organizaciones criminales buscan obtener ganancias de las oportunidades que surgen de la emergencia.
- Monitoreo activo para prevenir la participación criminal y actuar rápidamente para preservar la legitimidad de las medidas adoptadas.
- Priorizar el enfoque de la actividad delictiva en el sector salud en general y, particularmente, el que se relacione con la adquisición y suministro de insumos médicos falsificados.
- Generar alianzas con medios, así como plataformas de comercio digital y entretenimiento para promover la conciencia y seguridad cibernética, a fin de evitar estafas en línea, productos falsificados y proteger niños y personas vulnerables de explotación.
- Apoyar a grupos de sociedad civil y prestadores de servicios sociales para mantener el monitoreo de menores y adolescentes vulnerables a ser reclutados por grupos criminales locales.
- Atender a grupos vulnerables vinculados a mercados criminales, como adictos a drogas y trabajadoras sexuales, particularmente marginados por la pandemia para el acceso a los servicios de salud.
- Asegurar que las respuestas policiales en el contexto de cuarentenas respondan a los más altos estándares de profesionalismo y que busquen construir el apoyo de la comunidad, así como reducir la legitimidad de grupos criminales.
- Promover incentivos de integridad para funcionarios de control de fronteras y aduanas que enfrentan nuevas demandas, a fin de garantizar una buena gestión y control del movimiento de personas y mercancías.
- Proveer respuestas políticas unificadas a la crisis con el objetivo de lograr una amplia legitimidad para las medidas tomadas, y evitar negociaciones con organizaciones o grupos criminales para lograr el orden local.
- Una pandemia es un problema global y, por lo tanto, no se resolverá sin la cooperación internacional. Los países en desarrollo y los estados donde el orden social y la gobernabilidad son más débiles, serán donde el impacto se marcará más. Contrarrestar esto requerirá asistencia continua para el desarrollo en aras de ofrecer ayuda a grupos vulnerables (por ejemplo, poblaciones de migrantes y refugiados) y áreas urbanas controladas por grupos criminales.
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