Jimmy Morales profundiza su antiproyecto: acusa a la ONU y pide auditar a Cicig

La de ayer fue una disertación que llevaba la misma estructura de 2018, una breve rendición de cuentas que presentaba cifras de logros de su gobierno, para luego convertirse en un listado de acusaciones contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). Otras dos instancias de Naciones Unidas también recibieron críticas: a la Secretaría General la acusó de polarizar Guatemala, y a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh) le restringió la posibilidad de investigar la muerte de tres soldados en Semuy II, El Estor, Izabal.

Desde el mismo podio en el que líderes mundiales han pronunciado discursos, Jimmy Morales se aplaudió a sí mismo: subrayó que ha sido su gobierno el que ha elaborado el censo de población y vivienda, dijo estar preocupado por la migración, y explicó cómo las 196 biobardas artesanales serán el «invento y legado» de Guatemala para la humanidad en la lucha contra la contaminación de afluentes. También aprovechó unas líneas para hacer lobby en favor de Taiwán, un histórico prestamista de Guatemala, asiduo contribuyente para la construcción de carreteras (entre ellas la CA9 o ruta al Atlántico), que se ve amenazado por la estrategia de Pekín para restarle aliados. ­­

La otra mitad del discurso dejó de lado las noticias positivas y se convirtió en una caja de resonancia a la nueva comisión del Congreso de la República para investigar a la Cicig que, según el diputado Felipe Alejos (acusado por el Ministerio Público tras un audio que lo vinculaba en un caso de defraudación fiscal) se convirtió en “una estructura criminal que operó en nuestro país” y ahora deberá “conocerse la verdad”.

Sintonía entre Jimmy y el Congreso

Fueron cerca de 15 minutos en los que Morales, frente a representantes del mundo, lanzó una diatriba contra Iván Velásquez, el exjefe de la misión de Naciones Unidas que durante 12 años (2007-2019) logró más de 400 condenas, presentó más de 120 casos de alto impacto, presentó casi cien solicitudes de antejuicio (la mayoría contra diputados, muchos de la actual legislatura), e identificó 70 estructuras criminales de alta complejidad, según su último informe de labores.

Sin la contención diplomática que se maneja en estos ambientes, Jimmy Morales colocó a Antonio Guterres, el secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como el responsable de la división en Guatemala. Con tono de voz enérgico, dedo índice alzado, gesticulación pronunciada, dijo: «…la Secretaría General de este alto organismo multilateral polarizó a la sociedad guatemalteca a través de la Cicig».

Y siguió: «Dicha Comisión vulneró los principios de soberanía nacional; no respetó las leyes de nuestro país; socavó la autonomía institucional; puso en riesgo la paz social y desafío la gobernabilidad de la nación. Pero lo más triste y preocupante, es que lo hizo con el consentimiento de las Naciones Unidas».

Si en 2018 Jimmy Morales usó el estrado de la ONU para quejarse de la «indiferencia y pasividad» de su Secretario General, hoy fue más allá del reclamo: «…las consecuencias de lo actuado por esta comisión deben ser investigadas a fondo», porque «bajo la conducción del señor Iván Velásquez Gómez, dicha comisión utilizó la imagen de las Naciones Unidas con fines políticos». Esta última frase también fue utilizada por el diputado Alejos cuando defendió la creación de la comisión del Congreso que investigará a Cicig.

El antiproyecto de Jimmy

En agosto pasado, Plaza Pública publicó un reportaje en el que analistas y actores políticos identificaban los elementos de los antiproyectos del Presidente Morales y sus aliados, un listado de acciones tomadas para impulsar el retroceso en la democracia durante los tres años y medio del gobierno actual.

Las acciones incluyen entre otras, el entorpecimiento de la profesionalización de la Policía Nacional Civil (PNC) tras el nombramiento del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quien despidió a personal formado por años y reacomodó el organigrama de la PNC sin mostrar criterios de análisis criminal, y anuló la cooperación en allanamientos de Cicig.

A lo anterior se suman otras acciones como la emisión de un acuerdo en el Congreso para reducir el presupuesto de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH) por Q30 millones, aunque luego la Corte de Constitucionalidad falló en favor de la PDH, hasta hace una semana el Ministerio de Finanzas no trasladaba los fondos asignados; la presencia militar con el desfile de las Jeeps J-8 frente a la Embajada de Estados Unidos; y la criminalización de activistas, convirtió a Jimmy Morales en “el principal alfil promotor de la desarticulación de democracia y Derechos Humanos del país”, según palabras del exsecretario del Ministerio Público, Javier Monterroso.

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Hay dos preguntas. La primera ¿Existe realmente un proyecto de gobierno que articula todas estas contra acciones? A juicio de los analistas consultados, sí. Sandra Morán, diputada, elaboró un listado de reformas que reflejan un espíritu antidemocrático claramente impulsado por el gobierno de Jimmy Morales y sus aliados en el Congreso.

La segunda pregunta no tenía respuesta clara cuando se publicó el artículo: ¿Hasta dónde llegará este antiproyecto? Ayer, con la concordancia entre el discurso en la ONU y los argumentos de los diputados que avalaron la comisión para investigar a la Cicig, se dio otro paso.

¿De quién es la culpa?

Un día antes de la presentación de Morales en la ONU, el Congreso de Guatemala aprobó la formación de una comisión cuyo objetivo final es iniciar procesos judiciales en contra de Velásquez y los empleados locales y extranjeros que tuvo la Comisión. No se detendrá ahí, aseguró Alejos, llegará hasta la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

A pesar de que el convenio de la Cicig establece claramente inmunidad para los funcionarios internacionales, incluso posterior a finalizado el mandato, los diputados justifican que se deben deducir responsabilidades por la vulneración del debido proceso y el principio de inocencia al publicitar los casos a través de conferencias de prensa, y por promover la detención provisional en lugar de la medida sustitutiva.

Con la misma buena dicción que aprendió durante sus años de actor y comediante, Morales indicó en su discurso que han muerto varias personas a causa de Cicig: “Pregunto: ¿Quién es el culpable de esta violación de derechos humanos en Guatemala?”. Para el Presidente la respuesta es clara: Cicig.

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Morales no dice nombres, pero si quisiera mencionar muertes relacionadas a la Comisión, podría recordar al exministro de Finanzas, Pavel Centeno, los médicos Jesús Oliva, Carlos Palma y Erwin Castañeda, o al banquero Flavio Montenegro. El primero disparó y luego se suicidó cuando un grupo de fiscales de MP y CICIG tocaron a su puerta. Buscaban a Ronald García Navarijo, acusado por defraudar al Banco de los Trabajadores, no lo buscaban a él. El médico Oliva se suicidó mientras guardaba prisión preventiva acusado por el caso Negociantes de la Salud; el médico Carlos Palma sufrió un infarto un día antes de conocer si sería enviado a juicio; Erwin Castañeda ingirió pastillas y alcohol en prisón, fue encontrado aún con vida pero falleció a su ingreso al hospital. Antes de su muerte, familiares de los acusados hicieron una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia para acelerar el proceso, Oliva presentaba síntomas de depresión severa y el juez a cargo le negó en reiteradas veces la medida sustitutiva; Palma y Castañeda desmejoraron desde que fueron capturados. En cuanto al banquero, murió de causas naturales. Estaba fuera de la cárcel por solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

¿Quién es el culpable de que se violen los derechos humanos de los acusados al demorar tantos meses que den su primera declaración? Por ley, la responsabilidad del cuidado de la salud de los privados de libertad recae sobre el Sistema Penitenciario, y los tiempos de las audiencias los decide el juez o Tribunal a cargo, no Cicig.

En su último informe de labores, la Comisión indicó que el 70% de los sindicados goza de medidas sustitutivas.

Un mensaje para Iván Velásquez

Morales se empecinó en sacar a la Cicig del país luego de que surgió el caso por corrupción contra su hermano Sammy y su hijo José Manuel Morales en 2017. El gobernante ha sostenido que ese proceso, que terminó apenas en agosto pasado con la absolución de ambos, fue una persecución política de Velásquez y la exfiscal Thelma Aldana.

Por esa razón, dijo que el comisionado «convirtió la persecución penal en una herramienta de persecución selectiva y acoso político”.

El enfrentamiento contra Velásquez incluyó un intento por expulsarlo y otro por impedirle el ingreso al país. El primero en 2017 y el otro en 2018. Ambos, bloqueados por amparos que resolvió la Corte de Constitucionalidad.

A través de su canciller, Sandra Jovel, el presidente Morales buscó que la ONU desconociera al Comisionado. Apoyó el cabildeo de los detractores de la Comisión ante congresistas y senadores estadounidenses para que se le retirara el apoyo económico. Después de picar tanto contra el mismo objetivo, consiguió el respaldo para no renovarle el mandato, el cual concluyó a inicios de septiembre pasado.

El presidente aseguró en la ONU que los casos que inició la Comisión seguirán su curso, una aclaración que sirvió para justificar otra crítica para Velásquez, a quien llamó desleal por poner en mal al país a nivel internacional.

«La poca moral y bajo profesionalismo del ex comisionado lo llevaron a cometer una serie de acciones que los buenos guatemaltecos no estamos dispuestos a tolerar, ni a olvidar. Su ambición de poder lo hizo pasar del ámbito judicial al ámbito político, y lo refrendó, con el apoyo que brindaba públicamente a la exfiscal General Thelma Aldana», dijo.

Para la exfiscal, que fracasó en su intentó por ser candidata presidencial debido a dos denuncias promovidas por diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza y Todos también hubo una alusión: «Y esperamos que muy pronto regrese a Guatemala». La exfiscal reside actualmente en Estados Unidos y ha dicho que no volverá mientras continúe la persecución en su contra, una investigación por la adquisición de un edificio para el Ministerio Público, y otra por la contratación supuestamente anómala del actual decano de la facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. En ambos casos se han girado órdenes de detención en su contra.

De la Cicig a la Oacnudh

La salida de la Cicig no deja tranquilo al mandatario, quien insistió en su discurso en que los países donantes –que permitieron el funcionamiento y la independencia de la Comisión– deben exigir rendición de cuentas del dinero que aportaron. De nuevo, este mismo argumento fue expuesto un día antes para justificar la investigación de Cicig desde el Congreso.

Mientras se mantiene vivo el capítulo de este gobierno contra la Cicig, el presidente Morales, a quien solo le quedan poco menos de cuatro meses, anunció su nuevo proyecto: impedir que la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (Oacnudh) inicie una investigación independiente ante el estado de sitio que decretó el 3 de septiembre en 22 municipios del país, una petición que prohíbe algo que previamente no podía ser real.

Por principio, Oacnudh no realiza investigaciones, solamente reportes. Pese a esta clara limitación, el presidente Morales catalogó el asesinato de los tres militares como “un acto terrorista” y recalcó que la investigación solamente es competencia del Ministerio Público.

El estado de excepción tuvo su origen en el asesinato de tres soldados en Semuy II, un caserío de El Estor, y ha sido cuestionado por su desproporcionalidad tanto por el excomisionado, como por defensores de derechos humanos e integrantes de organizaciones sociales. Iván Velásquez le dijo a Plaza Pública que la muerte de los militares era «un hecho naturalmente grave» pero que el estado de sitio le parecía una medida «desproporcionada si no existía una situación generalizada de afectación del orden público».

Tras casi un mes de haber ordenado el estado de sitio los resultados que el Gobierno ha publicitado con mayor ahínco han sido la destrucción de pequeños sembradíos de coca ubicados a kilómetros del lugar donde ocurrieron los crímenes y el hallazgo de dos laboratorios.

Del actuar de la Oacnudh, dijo que es «otro ejemplo de los abusos que agencias de Naciones Unidas cometen en Guatemala». Al ser consultada, la Oficina del Alto Comisionado aseguró que no tienen comentarios respecto a estas acusaciones.

Para concluir, el Presidente mencionó a Venezuela y su difícil situación política, también hizo un llamado para que la Organización Internacional del Café́ apoye la búsqueda de mejores condiciones, precios y accesos para la producción guatemalteca. Este fue el último mensaje de Jimmy Morales ante la ONU.