«No quiero recoger cadáveres entre la tierra» 70 familias q’eqchi’ viven en zona de peligro
«No quiero recoger cadáveres entre la tierra» 70 familias q’eqchi’ viven en zona de peligro
Los habitantes del parcelamiento San Pablo, en Panzós, Alta Verapaz, viven en una ladera que se desmorona y están en riesgo de morir soterrados. A pesar de que el caso ya es de conocimiento gubernamental, no hay acciones inmediatas. La Conred engavetó el caso por dos años. La municipalidad se declara incapaz de resolver. Ante esta situación, la población se dividió. Un grupo ocupó las planicies de una finca y otro resolvió quedarse en la zona de peligro. El Estado de Guatemala sigue lejos de una institucionalidad efectiva para prevenir los desastres y proteger a los más vulnerables.
Margarita y Angustia son dos mujeres q’eqchi’ supervivientes de un deslizamiento de tierra. Sus decisiones después de la tragedia ejemplifican las opciones limitadas que tienen las poblaciones vulnerables a los desastres. Margarita y un grupo de vecinos decidieron permanecer en la zona de peligro, aunque eso implica vivir con miedo. Angustia y otras familias eligieron escapar y ocuparon los terrenos de una finca ubicada en las planicies del municipio de Panzós.
[No te pierdas cada martes en tu correo el boletín «Radar Político» donde te explicamos cómo va el país. Suscríbete aquí]
En sus historias confluyen varios males: la negación del derecho al desarrollo, una situación que potencia su vulnerabilidad ante los eventos naturales y la ausencia de un sistema de prevención de riesgos. Un panorama desolador para un país que encabeza los indicadores de riesgo en el continente, según las mediciones de la Comisión Europea y en donde 311 de los 340 municipios están en riesgo muy alto ante eventos como deslizamientos e inundaciones, según el Índice de para la Gestión del Riesgo –INFORM.
Margarita tiene 56 años y, en sus últimos dos cumpleaños, no ha hecho sino recordar la noche del desastre acaecido en julio de 2022. Sus recuerdos son claros. «Tronaba. Bum, bum, se escuchaba. Un derrumbe fue a las 10 de la noche y el otro a la una de la mañana. Todo se llenó de agua y se cayó la tierra sobre la casa». Su vivienda tenía columnas de concreto, una rareza en este lugar. Perdió su cama, los recuerdos, unos cuantos muebles, la ropa, los papeles de identificación, todo quedó entre el pesado lodo. Las tablas y las láminas con las que estaba fabricada su pequeña casa quedaron destruidas. Era el fruto de una vida de trabajo.
Aquella noche y hasta la madrugada, los integrantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) tuvieron que asistir a 13 familias que perdieron su propiedad. Margarita, su esposo y su hijo de 16 años, salieron de la zona de desastre hacia la escuela para refugiarse. Permanecieron en ese lugar durante dos semanas, después buscaron la forma de seguir con su vida.
Todos los días agradece por la vida, pero es inevitable la tristeza por la situación en la que se encuentra. Vive en la casa de su hijo que trabaja fuera del municipio, pero no es su propiedad. «¿A dónde más me voy a ir si no hay dónde, ni hay pisto? Vieras, cuando llueve, son chorros de agua, me da miedo», dice en español, su segundo idioma.
[relacionadapzp1]
Su esposo tiene 60 años, una edad en la que las oportunidades laborales para el trabajo en el campo se reducen. Margarita tiene que enfrentarse al miedo todos los días. A diario tiene que caminar 10 minutos para llegar a la máquina de nixtamal, en donde se convierte el maíz en masa para tortillas. A su paso, se encuentra con los restos de su casa. Con sandalias, recorre caminos estrechos y accidentados. En época de lluvia, un mal paso puede llevarla al abismo.
En San Pablo se camina por veredas que los pobladores construyeron y en donde solo puede pasar una persona a la vez. En algún punto, hay que enfrentarse a declives pronunciados, ascensos, espacios donde apenas caben los dos pies juntos. Margarita es ágil. Se mueve con rapidez y ha memorizado los puntos donde puede apoyar los pies.
Le preocupa su vida, pero también la de su mamá de 82 años que ya no puede caminar y depende por completo de ella. Después de la tragedia, Margarita le pidió a su esposo que la llevara cargada desde una casa con mayor riesgo hasta donde vive ahora. Pero, si ocurre una nueva tragedia, «¿cómo vamos a sacarla?» se pregunta.
Para llegar a esta comunidad hay que ascender 20 o 30 minutos a pie desde la carretera asfaltada. El trayecto inicia en el kilómetro 257 de la ruta que conduce de la aldea Telemán, hacia el centro municipal de Panzós. El tiempo de caminata depende de las condiciones físicas de quien hace el trayecto. Hay niños que pueden demorar más de 30 minutos en subir hasta la escuela, que se ubica en la cúspide de la ladera.
Durante nueve meses al año, los hijos de quienes no quisieron quedarse en la zona de peligro deben subir a la única escuela en donde pueden recibir educación. Esos niños forman parte del grupo de familias que se instalaron en una finca a la orilla de la carretera principal. El terreno es una planicie y aquí las personas lucen más felices.
Varios vecinos de San Pablo y de otras comunidades se organizaron para ubicarse en este lugar al que han llamado «20 de octubre», pero no en honor a la revolución de 1944. Por casualidad, fue en esa fecha en que se concretó la organización comunitaria para exigir su derecho a tierras. Son personas desplazadas, aunque también llevan la carga de ser llamados usurpadores porque se instalaron en una propiedad privada que desde hace años no está en uso.
[frasepzp1]
Es un día de junio. Angustia Ax Cuz, trabaja en la limpieza del maíz recién cosechado. A media mañana ya ha desgranado las mazorcas. El maíz lleva varias horas al aire libre por el proceso de secado y lo cierne para limpiarlo y empacarlo. Es una trabajadora del campo, de 32 años, esposa y madre de tres hijas que quiere que esta finca sea su hogar permanente. Tiene claro el sueño comunitario, familiar y personal. «Luchamos por la tierra, sueño con que aquí pongan una escuela, que tengamos agua potable y podamos salir adelante. Queremos estar en esta tierra con nuestros hijos, ya no deambular. Quisiera una casa grande, una familia alegre». Esperan que el Comité de Unidad Campesina les ayude a contactar con el gobierno de Bernardo Arévalo para negociar y comprar la propiedad.
Rodeada de otras mujeres que trabajan en la cosecha y de los animales de patio que pasean entre las personas, Angustia piensa en sus hijas de 17 y 14 años, que tuvieron que abandonar los estudios para poder trabajar y ayudar a la familia. Un destino que les urge cambiar.
Una petición que tardó dos años en ser respondida
La historia de San Pablo está conectada con la ausencia de desarrollo humano. Todos en este lugar trabajan, pero son pobres, viven en casas con suelo de tierra, paredes de tablas, techos de lámina, con limitado acceso a la educación y la salud. A esto hay que sumar que viven en zona de riesgo.
Uno de los factores que explica por qué se encuentran en esta situación es la negación del acceso a la tierra para la población maya q’eqchi’. La zona del Valle del Polochic está marcada por las luchas indígenas por el acceso a la propiedad. La precariedad se agrava porque en la región hay alta incidencia de inundaciones y deslizamientos de tierras. Y, a falta de opciones, poblaciones como San Pablo se ven empujadas a instalarse en espacios riesgosos.
Efraín Félix Caal, quien es el coordinador del Cocode y de la recién creada Coordinadora Local para la Reducción de Desastres (Colred), cuenta que esta ladera fue habitada por necesidad. Su padre era parte de los 16 adultos mayores que recibieron el terreno como pago por sus años de trabajo.
«El patrón no les quiso dar dinero, sino la tierra para pagarles», señala Félix. De los 16 beneficiarios, sólo tres se quedaron para habitar el lugar, entre ellos el padre de Félix. Los demás vendieron sus terrenos y así fue como esta ladera se empezó a poblar. Actualmente, hay 70 familias en este territorio. El 14 de julio de 2022, Félix pensó, «no quiero recoger cadáveres entre la tierra». Se imaginó en el acto de excavar para sacar muertos aplastados por el lodo y se asustó.
Ese día escribió una petición a Óscar Estuardo Cossío Cámara, secretario Ejecutivo de la Conred del gobierno de Alejandro Giammattei, para pedirle que enviara a los técnicos a evaluar la situación de San Pablo y buscar soluciones.
«(…) Somos familias que habitamos en viviendas construidas en terrenos quebrados, inestables, con muchos deslizamientos, derrumbes, hundimientos y lodos por exceso de la lluvia… Nos preocupa que durante este invierno pueda presentarse un deslave y queden soterradas viviendas y haya pérdidas humanas. Por lo anterior, a usted solicitamos su apoyo en enviar un equipo profesional de ingenieros para que realicen una evaluación general de nuestro parcelamiento, para determinar si es recomendable continuar habitando este lugar (sic)».
[frasepzp2]
El alcalde de aquel momento, Ernesto Ramírez, secundó y envió una misiva a Conred el 18 de julio. A este documento le dieron trámite. No se sabe en qué fecha precisa se hizo la visita de campo, pero el documento REF. DMI 555-2023 muestra que fue hasta 2023 cuando ocurrió la inspección.
El informe, al que tuvo acceso Plaza Pública, consta de 10 páginas. Tiene imágenes satelitales de Google Earth Pro, de dron y fotos de planos abiertos de la comunidad, con explicaciones sobre el terreno y las razones por las que se desliza. El terreno de San Pablo es rocoso y arcilloso. En algunos puntos tiene pendientes de 25 a 35 grados de inclinación y de 35 a 42 grados en otros. Los técnicos indicaron que San Pablo limita con una zona montañosa y que está asentado sobre una cúspide o cresta conectada con laderas abruptas.
Es un terreno que ha sido manipulado para la ubicación de las viviendas, que no tiene por dónde expulsar el agua de lluvia o de uso familiar, que ha sido deforestado y que tiene muchas pendientes. En conclusión, no debería ser habitado. Por ello, la Conred les recomendó la reubicación. También sugirió evitar la manipulación del terreno, ni siquiera para instalar muros de contención, porque aunque no lo parezca, el riesgo está activo. También sugirieron reforestar y evitar que más terrenos sean usados para fines agrícolas.
El informe no llegó a las manos del alcalde Ernesto Ramírez, quien dejó el cargo el 14 de enero de 2024. Tampoco tuvo noticias Efraín Félix, el líder comunitario que inició la gestión. David Monterroso, actual director de Mitigación de la Conred, reveló que las autoridades del gobierno de Alejandro Giammattei no entregaron oficialmente este y muchos más informes. La Conred no confirmó la cantidad de expedientes que quedaron archivados, pero detalló que los responsables de gestionar estos reportes eran César Micheo, director de Mitigación, Thylma Chamarro, segunda a cargo. Y como superior, Walter Monroy, quien fungió como subsecretario de Gestión de Reducción del Riesgo de la Conred durante la administración de Oscar Estuardo Cossío Cámara, un general retirado del Ejército.
A pesar de la existencia de este informe tan determinante y de lo grave de la omisión, las autoridades actuales no han informado qué acciones tomarán. No han dicho si denunciarán a las anteriores autoridades por incumplir con sus deberes, ya que este no es el único caso que han identificado.
Bajo el mando de David Monterroso, director de Mitigación, el personal de Conred rescató el informe de San Pablo, lo validó y, entre octubre y noviembre, lo entregó al alcalde actual de Panzós, Jorge Choc Ac; a Efraín Félix, el líder comunitario, así como a la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz, para que pueda dar el seguimiento a las instalaciones de la escuela.
[relacionadapzp2]
La Conred deja en manos de los propios miembros de la comunidad y la alcaldía la solución a una situación de riesgo porque es la ruta que manda la ley de Conred y la de los Consejos de Desarrollo.
Monterroso dice que le corresponde al alcalde gestionar los siguientes pasos, porque como autoridad local «puede gestionar la instalación de una mesa de recuperación hasta escalar las gestiones al siguiente nivel jerárquico, en donde la competencia se traslada a la gobernadora a través del Consejo Departamental de Desarrollo».
Sin embargo, el exsecretario de Conred y consultor en gestión de proyectos, Alejandro Maldonado, apuntó a que la Conred puede hacer más. «Su función va más allá de emitir un informe y trasladarlo. Deben ofrecer apoyo técnico y científico a las comunidades y los alcaldes».
Una deuda con la prevención
Efraín Félix se queja de la falta de respuesta de las autoridades. «Ni de arriba, ni de aquí (recibe soluciones). Por gusto tenemos autoridad, porque no ayudan», reclama. Tiene signos de cansancio. Además de ser el coordinador del Cocode, suma a su trabajo voluntario el ser el encargado de la Colred, es decir la Coordinadora Local para la Reducción de Desastres.
Como parte de la autoridad que tiene, solicitó a la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) que dirige el alcalde Jorge Choc, las gestiones para llegar al presidente y buscar una solución. Se comunicó con la empresa Energuate, que surte el servicio eléctrico al sector, para que movieran un poste de energía que se ubica frente a tres viviendas y las pone en riesgo al momento de un deslave, pero no logró su cometido. «No ven la necesidad de la gente. Si usted tuviera su casa bajo este poste, ¿qué pensaría cuando empiece a tronar y llover?», cuestiona.
Lo que pide este líder comunitario es prevenir muertes, daños físicos y materiales. Su visión coincide con lo que promueve el Marco de Sendai, un instrumento internacional del año 2015, que presenta siete metas que los países deben cumplir hacia 2030 para reducir el riesgo de desastres.
Estas metas implican disminuir la mortandad, el número de personas afectadas, las pérdidas económicas por desastres. Reducir los daños en infraestructura vital, crear estrategias de reducción del riesgo a nivel nacional y local, mejorar los mecanismos de apoyo internacional y aumentar la disponibilidad de sistemas de alerta temprana.
La Conred no está preparada para la prevención, sino que está enfocada en la atención de las emergencias. Lo dijo a Plaza Pública la subsecretaria de Gestión para la Reducción del Riesgo, María Ángela Leal. Lo confirma la situación de abandono institucional en la que se encuentra San Pablo.
En 2022, las autoridades de Conred, las mismas que engavetaron el diagnóstico técnico de San Pablo, presentaron un informe voluntario para informar del cumplimiento de las metas del Marco de Sendai. Destacaron la creación de un Marco Nacional de Recuperación, el establecimiento de Instancias Municipales de Gestión Integral de Riesgo de Desastres, la adquisición de seguros ante pérdidas y daños, el aumento de sedes de Conred.
Aseguraron que habían fortalecido la gobernanza del riesgo a nivel municipal, pero en Panzós están lejos de tener las herramientas y recursos para atender las necesidades de la población. El alcalde, Jorge Choc, dijo que no tiene recursos para ayudar a las comunidades.
Aunque su municipio padece todos los años por inundaciones debido al desbordamiento del río Polochic y cientos de personas están en riesgo de quedar atrapadas, o de morir mientras cruzan el río para ponerse a salvo, no tiene recursos ni para comprar las lanchas para trasladarlos en momentos de emergencia. Tampoco tiene forma de resolver la reubicación de las 70 familias de San Pablo, ni para instalar tuberías para canalizar las aguas pluviales y residuales de los hogares.
Efraín Félix dice que sólo han recibido charlas para identificar el riesgo y ponerse a salvo durante una emergencia. No es menos importante que la población esté informada sobre cómo identificar riesgos y evacuar pero, dos años después del deslave, no hay más acciones.
Panzós no tiene plan de ordenamiento territorial y la comunidad no tiene instrumentos técnicos para determinar el riesgo en temporada de lluvias o sequía. En el informe de 2022 de la Conred sobre el Marco de Sendai reconocieron que necesitaban trabajar más para la «reducción de los riesgos recurrentes», entre ellos las inundaciones y deslizamientos.
Esos dos fenómenos aparecen destacados como los que más han afectado al país de 1998 a 2015, de acuerdo con la herramienta DesInventar, que realiza inventarios de desastres a nivel mundial y pertenece a la Oficina de las Naciones Unidas para el Riesgo de Desastres (UNRR en inglés).
Según ese informe, los deslizamientos de tierra han provocado 1,200 muertes en menos de dos décadas y pérdidas económicas por 18 millones de dólares. La Conred expuso en 2022, en el informe voluntario sobre el Marco de Sendai, que el impacto de los desastres más recientes, en términos de pérdidas, se asemeja a los eventos ocurridos hace más de dos décadas. La administración de Óscar Estuardo Cossío Cámara, quien fungió como secretario de Conred durante el gobierno de Alejandro Giammattei lo presentó como un logro, aunque es una tragedia.
En Guatemala no se terminan de reparar los daños que dejó una calamidad cuando ya hay una nueva que atender. Después del huracán Mitch, que devastó al país en 1998, han ocurrido otros desastres. El derrumbe de Panabaj, Santiago Atitlán, en 2005; el alud en la comunidad El Cambray, en Santa Catarina Pinula, en 2015. La explosión del volcán de fuego en 2018 y, entre otros, el alud de la aldea Quejá, en San Cristóbal Verapaz en 2020, durante las tormentas Eta e Iota.
A Efraín Félix, el líder comunitario de San Pablo le aterra pensar que podría estar en ese listado. Por eso no para de exigir atención. Mientras la maquinaria gubernamental se activa, esta comunidad agradece porque concluyó la temporada de ciclones del Atlántico. Este año, al menos, sobrevivieron.
Más de este autor