Una madre ocho años antes y después de la justicia en el caso Hogar Seguro
Una madre ocho años antes y después de la justicia en el caso Hogar Seguro
María del Carmen Urías pasó ocho años remando contra la marea para hacerle justicia a su hija Mayra, una de las 41 víctimas del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Hace ocho años María del Carmen Urías era sostenida por sus hijas, derrumbada, lloraba frente a las instalaciones del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Apenas supo de la tragedia ―que para la mañana del 8 de marzo de 2017 el país no había dimensionado― corrió para buscar a su pequeña, Mayra Haydée Chután Urías de 16 años recién cumplidos.
La madre pasó todo el día afuera del Hogar Seguro, gritaba para saber si Mayra estaba entre los cuerpos de las niñas que eran sacadas del lugar. El día siguiente se le fue entrando y saliendo de diferentes instituciones, ninguna confirmaba si Mayra murió dentro del aula donde el fuego ardió.
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El sepelio de su hija fue uno de los primeros entre las 41 víctimas, la familia pudo reclamarla, finalmente, en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) porque compararon muestras de sangre, el 80 por ciento de su cuerpo Para otras el proceso fue más largo pues estaban irreconocibles o totalmente calcinadas. Días después, en la primera audiencia, María del Carmen diría a la prensa que esa imagen fue dolorosa, pero prefería guardarla así para luchar por ella.
Cuarenta y ocho horas después del incendio, María del Carmen Urías ysu esposo Moisés Chután velaban a su hija sentados en la esquina de una iglesia evangélica ubicada en la zona 24, a diez kilómetros de la Ciudad de Guatemala. En medio de sillas de plástico y algunas coronas de flores estaba el féretro blanco con los restos de Mayra, a quien su familia llamaba «la Sapito» por su personalidad hiperactiva.
La de Mayra fue la segunda tragedia familiar ese año. Siete meses antes del incendio, uno de los hijos mayores fue asesinado por no pagar una extorsión. En la iglesia las lágrimas de la madre eran incontables, por momentos se desmayaba, caía a los brazos de sus otras hijas, llevaba días sin dormir.
El lamento de María del Carmen era más pesado cuando recordaba que el mismo día en que enterró a Mayra, recibió una llamada del juzgado de la niñez para notificarle que en una semana sería la audiencia para recuperar su custodia. Es decir, si continuaba en el Hogar Seguro era por un proceso de protección y abrigo estatal que estaba retrasado, como en el caso de muchas de las otras víctimas.
Ninguna estaba ahí por infringir la ley.
Entre la tristeza, la desesperación y la soledad, María del Carmen y su hija, Estela Chután, pasaron ocho años buscando justicia para Mayra. Iniciaron sin saber cuándo terminarían. La madre empezó esta batalla con el corazón en la mano —como declaró al inicio— y concluyó después de 120 audiencias más enferma, más grande, más cansada y «tal vez más tranquila, pero no es suficiente».
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Testigas de imágenes imborrables
Mientras apenas empezaba la investigación, María del Carmen y Estela llegaron a la primera audiencia, la que se realizó el 4 de abril de 2017, a casi un mes del incendio.
Estaban allí porque creían que el fuego no fue un accidente y que se tenían que investigar los abusos que las jóvenes albergadas como Mayra habían denunciado.
Estar allí también implicó presenciar imágenes que hubieran preferido no ver, pero que no quieren olvidar. Fueron de las primeras familias en estar frente a las crudas fotografías de cómo los cuerpos de socorro encontraron a las niñas apiladas dentro del aula.
«Aunque me duela y me coma el alma por dentro recordar cómo la vi, quiero tener esas imágenes en mi cabeza porque así lucharé con el corazón en la mano para que se haga justicia», dijo María del Carmen a periodistas en abril de 2017, el día de la primera audiencia. Desde entonces junto a otras madres, familiares de víctimas y sobrevivientes, fueron respaldadas por organizaciones que las acompañaron en las audiencias y en procesos de atención médica y psicológica.
Estuvieron allí cuando un juez ordenó enviar a prisión a ocho exfuncionarios para iniciar la investigación formal.
Estuvieron allí cuando la prensa llenaba la sala de audiencias y cuando no había nadie más que ellas y otras madres prestando atención a las excusas de sindicados y jueces para detener el caso.
Estuvieron allí cuando la jueza Ingrid Cifuentes condenó a seis de esos exfuncionarios y ordenó medidas de reparación para que una tragedia así no vuelva a ocurrir.
La resolución tras 8 años de impunidad
El juicio contra siete exfuncionarios (la octava era Anahí Keller, exSubSecretaria de Bienestar Social, quedó fuera por una orden de la Corte de Constitucionalidad), fue uno de los más largos en la historia reciente de Guatemala. Inició el 10 de enero de 2024, luego de casi siete años de impunidad marcada por amparos, recusaciones, apelaciones y excusas como una bocina rota para evitar que el caso avanzara.
Se realizaron 120 audiencias en las que la jueza Cifuentes escuchó a decenas de testigos, peritos en diferentes ramas, revisó más de mil documentos y observó material audiovisual que explicaba cada rincón del hogar y cada detalle conocido de cómo se desarrollaron los hechos.
Dividió lo que pasó en tres fases: la del inicio de las protestas de las niñas y adolescentes dentro del hogar y su salida del recinto; la de la reubicación de las menores de edad de parte de la Policía Nacional Civil y las acciones que tomaron u omitieron las autoridades a cargo de ellas; y por último, la orden de encerrarlas en un aula de clases donde ninguna tenía ni un metro de espacio para moverse y donde se desató el incendio.
Entre todas las pruebas resaltaron los testimonios de las niñas que sobrevivieron. Aunque las evidencias eran contundentes, también hubo un mal manejo de la investigación, dijo la jueza, quien ordenó al Ministerio Público investigar por qué ocho de las declaraciones de las sobrevivientes que se recibieron como anticipos de prueba no fueron audibles. Señaló que con eso se perdió información valiosa. Esto podría implicar a trabajadores del Organismo Judicial a cargo de verificar en cada audiencia la calidad del audio y las grabaciones.
«Que se quemen…»
El pasado 12 de agosto de 2025, en una resolución que duró casi tres horas, la jueza Cifuentes hizo una reconstrucción de los hechos con base en las pruebas que recibió. La sala de audiencias estaba abarrotada. Por un lado, las decenas de periodistas tomaban nota y, por otro, voluntarias, abogadas y psicólogas sostenían de las manos a las sobrevivientes del fuego, ahora mujeres jóvenes, y a madres y hermanas de las niñas que fallecieron.
Allí estaban María del Carmen y su hija Estela, en silencio, con lágrimas en los ojos, prestando atención. La sentencia tardó mucho en llegar, mientras tanto avanzó el tiempo, las dificultades, la pobreza y enfermedades de la familia.
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Uno de los momentos más emotivos de la resolución fue cuando la jueza Cifuentes dijo que, según testigos, la entonces subinspectora de la Policía Nacional Civil, Lucinda Marroquín, a cargo de las niñas encerradas en esa aula, fue advertida del humo que salía y le pidieron que abriera, su respuesta fue: «que se quemen esas hijas de la gran puta». Entre el público se escucharon murmullos de indignación y tristeza. María del Carmen y su hija Estela se abrazaron y cerraron los ojos.
Ese día y por primera vez una instancia judicial le daba la razón a las niñas, en el Hogar Seguro se reportaron abusos que no fueron investigados a tiempo, las y los menores de edad allí resguardados vivían entre precariedades, falta de alimentación adecuada y un entorno insalubre. La cúspide de estas denuncias fue el manejo que hicieron las autoridades de los hechos ocurridos ese 8 de marzo.
Finalmente, llegó la sentencia: seis exfuncionarios fueron condenados a penas de cárcel que van de los 6 a los 25 años, y uno de ellos fue absuelto, Harold Flores, exprocurador de la niñez de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Sin embargo, pese a las condenas, ningún exfuncionario irá a prisión a corto plazo.
El abogado Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, explicó que debido a que todos los acusados cuentan con arresto domiciliario, deberán cumplir las penas de cárcel hasta que la sentencia quede en firme, un proceso que podrá tardar años ya que se anticipan apelaciones y amparos que pueden llegar hasta la Corte de Constitucionalidad.
Además de esto, la jueza ordenó una serie de investigaciones, entre las que resalta una contra el expresidente Jimmy Morales y su exasesor Carlos Beltetón.
Según declaraciones en el juicio, el día de la protesta de las niñas, Beltetón se presentó al Hogar Seguro y cuando la policía se preparaba para retirarse del lugar, llamó desde su celular a Morales y le pasó el teléfono al agente policial a cargo, a quien le habría ordenado que se quedara en el área y que enviara a cien efectivos más. Esto es relevante por dos cosas: la jueza dijo que se observó un uso desproporcionado de la fuerza pública contra niñas, niños y adolescentes que no tenían ningún conflicto con la ley penal; y porque según declaró Nery Ramos, actual presidente del Congreso de la República y entonces director de la PNC, eso implicó saltarse el mando dentro de la institución.
A estos llamados a investigar se suma la orden de la jueza de indagar por qué los análisis al cuerpo de las fallecidas mostraron diferentes tipos de drogas y medicamentos fuertes. Sobre esto, el abogado Pérez explica que hay rastros de drogas suministradas antes del incendio.
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«Nada nunca será suficiente»
Tras escuchar la sentencia María del Carmen, como todos estos años, se quedó a esperar al resto de madres, sobrevivientes y compañeras para dirigirse a la Plaza Central de la Ciudad de Guatemala, también conocida como La Plaza de las Niñas porque allí se instaló un altar con 41 cruces para recordar la vida de las víctimas del incendio. Allí fue parte de una ceremonia para conmemorar el camino hasta el final del juicio. Con fuego, flores y velas de colores, las madres repasaron los nombres de quienes fallecieron, al mismo tiempo que reflexionaban, se abrazaban y cantaban melodías sobre la búsqueda de justicia.
«Estoy con cólera y tristeza porque ya recorrimos ocho años de lucha y no se vio ningún cambio hasta hoy. Estamos molestas porque cómo es eso de que ellos son responsables de las muertes de las niñas y les dieron pocos años de cárcel», dijo María del Carmen molesta.
También recordó que meses después de la tragedia, el entonces presidente Jimmy Morales se reunió con madres de las fallecidas para decirles que habría justicia. En ese momento no sabían de la llamada ni de la orden que él dio.
«¿Dónde está esa justicia que él dijo? Él también tiene que venir a los tribunales y pagar por todo lo que hizo. Me da un poco de paz la orden de que lo van a investigar», señaló la madre.
No hubo un pronunciamiento oficial ni explicación de parte del exgobernante, como sí lo ha hecho en otras ocasiones. Por su parte, el Ministerio Público informó y celebró la sentencia a través de sus redes sociales, pero no mencionó en ningún momento a Morales ni las acciones que tomarán.
«Me quedo un poco tranquila pero no es suficiente, me puse un poco mal allá adentro (de la sala de audiencias) al recordar a todas las niñas y ver a las que sobrevivieron con sus cicatrices de quemaduras. He pasado enfermedades pero acá seguimos», cerró María del Carmen.
Un museo y que se dignifique a las niñas como reparación
En medio de la sentencia agridulce también hubo órdenes para reparar el daño causado.
En la audiencia de reparación digna que se realizó a puerta cerrada, Cifuentes ordenó al Estado que construya un hospital especializado para atender a la niñez víctima de quemaduras, además de crear dentro del Ministerio de Salud una unidad que atienda a las necesidades de salud física y psicológica de las sobrevivientes y sus familias.
También se ordenó que se revisen los protocolos de atención a la niñez de los funcionarios que laboran en hogares de abrigo y que se capacite a agentes de la Policía Nacional Civil.
Dentro de las medidas para que la tragedia no se olvide ni se repita, también se encuentra la orden para que el presidente del país pida una disculpa pública a las sobrevivientes y familiares de las víctimas y acepte que el incendio fue responsabilidad del Estado. Al mismo tiempo que esta disculpa dignifique el nombre de las niñas y reconozca que nunca tuvieron conflicto con la ley penal debido a que han sido estigmatizadas por su origen y las razones que las llevaron al hogar. También que el aula donde ocurrió el incendio sea convertida en un museo para recordar lo que ocurrió y llamar a que nunca se repita.
Además, la jueza ordenó a la Municipalidad de Guatemala que declare la Plaza de las Niñas como un lugar conmemorativo de esta tragedia y que lo proteja para que ninguna autoridad o persona particular lo remueva o dañe.
Hasta el momento no hay certeza sobre las acciones que tomará el Ministerio Público de Consuelo Porras respecto a las investigaciones que debe iniciar.
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