En el aislamiento Pacheco y Chaclán se consuelan en la Biblia, aseguran que siguen en resistencia
En el aislamiento Pacheco y Chaclán se consuelan en la Biblia, aseguran que siguen en resistencia
Llevan más de cien días encarcelados los líderes indígenas que, en 2023, protagonizaron las protestas para exigir que se respetaran los resultados de las elecciones presidenciales. En ese tiempo el Ministerio Público (MP) detuvo a dos dirigentes más. Las organizaciones indígenas denuncian ser el nuevo objetivo de la criminalización del sistema judicial.
Luis Pacheco es católico y Héctor Chaclán evangélico. Aunque nacieron en la cabecera del departamento de Totonicapán, no se conocieron hasta 2023, cuando fueron electos en asambleas comunitarias como presidente y tesorero de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, una organización con más de 204 años de historia que llama a sus vecinos a servir a la comunidad.
Junto a docenas de líderes indígenas fueron los rostros visibles de las protestas nacionales de finales de 2023. Pedían respetar los resultados de las elecciones generales, un llamado al que se sumaron miles de guatemaltecos. Aunque desde entonces el MP de la fiscal general, Consuelo Porras enviaba mensajes de posible persecución penal, les era difícil imaginar que un año después volverían a encontrarse, esta vez aislados en la pequeña celda de una cárcel militar. En la reclusión se mantienen firmes en su inocencia y encuentran consuelo en leer la Biblia y encontrar en las historias cristianas referencias a líderes que, como ellos, también fueron perseguidos.
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Ambos fueron capturados el 23 de abril de 2025 y al cierre de esta nota llevaban más de cuatro meses privados de libertad.
La vida tras las rejas
Entre octubre de 2023 y el 14 de enero de 2024, las autoridades indígenas instalaron el Plantón por la Resistencia frente a la sede central del MP, institución que insistía en un fraude que hasta ahora no ha sido comprobado en tribunales y que es rechazado por organizaciones nacionales e internacionales que fiscalizaron el proceso electoral. La protesta fue la medida de presión para garantizar la transmisión de mando presidencial entre el expresidente Alejandro Giammattei y su sucesor electo Bernardo Arévalo.
Las manifestaciones surtieron efecto y detonaron el Paro Nacional que llevó a las autoridades indígenas a ser parte de una mesa de negociación con el Ministerio de Gobernación, la Procuraduría de Derechos Humanos y empresarios aglutinados en el Cacif (Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras), —Pacheco y Chaclán fueron protagonistas en estas conversaciones— y ocurrió el traspaso de mando más demorado de los últimos años, en la madrugada del 15 de enero.
Desde entonces el MP no ha descansado, continúa alegando fraude y la Fiscalía contra el Crimen Organizado señala a Chaclán y Pacheco por asociación ilícita y terrorismo.
Plaza Pública los entrevistó en la prisión militar Mariscal Zavala, dentro de una pequeña oficina ubicada al fondo del recinto carcelario, custodiada por agentes y guardias del Sistema Penitenciario que estuvieron alrededor mientras ambos hablaban con los periodistas. Los líderes indígenas estaban sentados en sillas de plástico rodeados de sus abogados. Tenían apariencia serena, parecían curiosos, con ánimo de hablar y ser escuchados.
En esta prisión están recluidos en una celda de 2x3 metros de paredes y una puerta cerrada. Pasan las largas horas de aislamiento entre lecturas de versículos bíblicos y algunos documentos judiciales. Leen por separado y luego analizan juntos. Pacheco dice que Chaclán es el experto. Él responde que «si le tocan esa tecla» puede pasar horas hablando de la Biblia.
«Quisiéramos entender ¿cuál fue el error al defender la democracia? Para todos los partidos lo defendió el pueblo indígena. Esto no debería pasar, menos con un gobierno que se sirvió de esto», reclamó Pacheco, quien contó que este es un tema que se repite en sus conversaciones y todavía no tiene una respuesta.
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La persecución contra las autoridades indígenas ha levantado indignación nacional e internacional. A la lista de críticas contra su gestión, el MP de la Fiscal Porras suma señalamientos de colectivos sociales de «criminalizar la protesta y la organización comunitaria que defendió la democracia».
Tras más de cuatro meses en prisión preventiva, el MP no ha presentado las conclusiones de la investigación por el supuesto daño social causado por las protestas, como denunció el fiscal regional Dimas Jiménez en la conferencia de prensa del 23 de abril de 2025, cuando presentó el caso, tampoco las evidencias de que ambos sean «terroristas».
«Yo quiero gritar al viento que soy inocente pero es tarea de ellos (el MP) demostrar que supuestamente somos terroristas», dijo Chaclán entre orgullo, frustración y los guardias que lo vigilan.
«Arévalo no nos debe nada»
El 25 de abril de 2023, Pacheco y Chaclán fueron ligados a proceso en una audiencia bajo reserva por dos delitos: terrorismo y obstaculización a la acción penal. Fue la jueza Carol Patricia Flores quien los envió a prisión preventiva en Mariscal Zavala, donde también están privados de libertad el periodista José Rubén Zamora y el exfiscal Stuardo Campo.
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Desde allí lejos parecen los días en que dirigían las protestas en favor de la transición electoral portando sus varas de autoridad, el bastón con hilos de colores que representa el liderazgo entre los pueblos indígenas. Ambos insisten en recordar que dirigieron las manifestaciones porque era su mandato comunitario, que no fueron decisiones personales ni acciones para beneficiar a un partido, sino un reflejo del sentir de las comunidades que buscaban el respeto a la democracia.
«Lo único que se hizo en este momento fue una manifestación pacífica, no hubo atentados ni amenazas ni intimidaciones. Esto es un acto de racismo porque están atentando contra el pueblo indígena, aquí puede haber cualquier persona de comunidades originarias», señaló Chaclán.
El golpe de su captura no solo impactó en los 48 Cantones. Luego de ganar las elecciones de 2023, Bernardo Arévalo recibió un histórico apoyo de los pueblos indígenas para proteger su llegada al poder y al asumir el cargo se comprometió a crear una agenda de trabajo conjunta con los representantes de las autoridades mayas, xinkas y garífunas, que se tradujo en reuniones mensuales en el Palacio Nacional. El 22 de agosto de 2024, Pacheco fue nombrado viceministro de Energía y Minas, cargo que está congelado mientras dure el proceso penal.
«Este es un golpe contra el pueblo digno de Guatemala. Los (diputados del Congreso) tienen en sus manos la posibilidad de impedir que esta gavilla de criminales siga actuando impunemente», dijo Arévalo el día de la captura, rodeado de docenas de autoridades indígenas. Sin embargo, sus palabras no tuvieron eco en el Legislativo, en la Fiscalía o en las Cortes.
Pese a eso, ambos enfatizan que el Arévalo no les debe nada, sino que lo que buscaron fue un respeto a la democracia, más allá de defender partidos políticos.
«Ni el gobierno tiene un compromiso con nosotros, ni nosotros tenemos un compromiso con el gobierno, eso no existió ni va a exigir, solo pedimos que ejerzan su rol como corresponde», dijo Chaclán.
Además de atravesar uno de los grandes apoyos del gobierno, otras organizaciones sociales también resienten las acciones del MP en contra de los líderes indígenas. El pasado 26 de agosto, entidades sociales exigieron la libertad de Pacheco y Chaclán en una conferencia frente a la Corte Suprema de Justicia. El sistema les respondió dos días después con la captura de otro líder comunitario: Esteban Toc, exvicealcalde indígena de Sololá que también participó en las protestas de 2023. Toc se dirigía a recibir un tratamiento médico cuando fue detenido. Una semana antes también fue capturado Leocadio Juracán, exdiputado y dirigente del Comité Campesino del Altiplano (CDA), señalado de supuesta usurpación de tierras.
«Este tipo de represión viene de años y se materializa en el sistema judicial, no somos los primeros y sabemos que no seremos los últimos. Esta es una forma de reprimir al pueblo», dijo Pacheco en la entrevista.
Según el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) durante el Conflicto Armado Interno la represión selectiva de líderes sociales fue una estrategia utilizada para «desarticular los procesos organizativos considerados como amenaza para el Estado». Aunque las tácticas parecen haber cambiado, hay imágenes que se repiten.
El día de su detención ambos fueron trasladados a la Torre de Tribunales en una camioneta blanca, y aunque el Ministerio de Gobernación le restó importancia, organizaciones de derechos humanos cuestionaron el uso debido a que la «panel blanca» es considerada un símbolo de represión de los años 80, cuando en Guatemala así se desaparecía a personas consideradas enemigas del Estado.
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«La tristeza invade nuestro corazón. ¿Por qué nos fuimos en una panel blanca, por qué no se usó una patrulla normal? Se nos acusa de estos delitos sin sentido, no tenemos ningún perfil lógico de terroristas, no nos conocíamos antes del 2023, no tenemos historial criminal, nunca tocamos un arma», contó Chaclán.
Mientras esperan que el caso avance, se mantienen en aislamiento en la cárcel Mariscal Zavala. Ambos cuentan que para pasar las horas han encontrado consuelo en la lectura de la Biblia y en profundizar en las parábolas cristianas. Pueden hablar ampliamente de esto porque la información de su proceso penal llega a cuentagotas. El proceso fue declarado bajo reserva, lo que impidió el acceso de la prensa a las audiencias y limitó el conocimiento de la información disponible.
«Por ejemplo la historia de Moisés y el Éxodo nos está enseñando que esto ha pasado siempre, la persecución de los pueblos marginados y desamparados, pero que también hay la dignidad en cargar la cruz», dijo Chaclán. Ambos sonríen cuando hablan de las historias bíblicas y cuentan que la fe los fortalece en el aislamiento. Pacheco escucha con atención a Chaclán, a quien se le ilumina el rostro cuando cuenta que los seguidores de Moisés atravesaron el desierto en busca de una mejor vida, allí se ve reflejado, relató.
Para Pacheco, una de las partes más difíciles de enfrentar en este proceso ha sido que su familia tenga que viajar cada semana desde Totonicapán y encontrar las palabras para explicarle a sus hijos menores de 10 años por qué su padre está en prisión.
«Me acusan de algo que no soy, un tipo de persona que no soy. Es un honor haber servido a mi pueblo, haber servido a las autoridades. Yo les digo a mis hijos —ustedes tienen un héroe sin capa— y para mí es duro verlos venir y partir, pero es necesario pasar esta etapa para hacer cambios. Tengo la esperanza de que un día regresemos todos juntos», dijo.
El caso de Pacheco y Chaclán no es el primero de criminalización de autoridades indígenas y tampoco ha sido el último, sin embargo, ocurre en un contexto político de reacomodo del poder en Guatemala.
«Todavía estamos en resistencia porque estamos aquí por un servicio al pueblo», cerró Pacheco.
Al terminar la entrevista, ambos fueron escoltados a su celda por guardias y personal del Sistema Penitenciario. Los acompañaron sus abogados, quienes se despidieron a pocos metros de la bartolina donde llevan más de cien días en aislamiento.
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