Lejos de cumplir 18 de 23 indicadores que la OMS sugiere para reabrir

El número efectivo de reproducción calcula a cuántas personas contagia un portador del COVID19. Varía por las medidas de restricción y de distanciamiento social. Antonio Paredes, coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, aseguró que a inicios de junio el número efectivo de reproducción en Guatemala era de 1.7. Tres meses después no han actualizado el dato. Pedro Morales Almazán hizo una estimación con la información disponible. «El cálculo de este número es muy complicado y depende de los datos que se tienen a la mano», dijo Morales. Él usó los números de casos positivos, recuperados y muertos diarios para estimarlo. «Si se quisiera calcular este número de manera adecuada se necesita la información del rastreo de contactos», afirmó. Según Morales, Guatemala puede estar cerca, pero todavía más de 1: Cada persona contagiada infecta a otra. «Hubo un repunte a mediados de mayo, pero la tendencia es a la baja». «Esta es como una carrera de relevos», subrayó. «Si el número efectivo de reproducción se queda en 1 no es suficiente porque todos los días veremos la misma cantidad de casos. La idea es llevarlo lo más cercano a 0».

La semana del 27 de julio al 2 de agosto se tamizó la mayor cantidad de casos (22,651). Durante las dos últimas de agosto (del 17 al 31) y la primera de septiembre (del 1 al 6) se tamizaron 42,057, entre 0.63 y 0.96 por cada mil habitantes a la semana. Se identificaron 15,164 positivos: entre el 35% y 37% por semana. «Estos datos obvian los no diagnosticados, lo que nos puede estar dando una falsa sensación de alivio», dijo Pedro Morales Almazán. «En Guatemala se puede estar saturando el sistema de detección. Quizá lo que vemos como una meseta es que el pico se está elevando tanto que no podemos verlo», aseguró. «Más que la cantidad de pruebas, importa bastante a quiénes se les hace», dijo el epidemiólogo Kevin Martínez Folgar. «Sorprende que casi la mitad del total de pruebas es del sector privado. Esto preocupa porque Guatemala es una sociedad desigual en donde muy poca gente tiene acceso a este tipo de servicios», afirmó. La diputada Lucrecia Hernández Mack, de Semilla, confirmó estos datos. Obtuvo un informe sobre la cantidad de pruebas que se realizaron del 20 de julio al 2 de agosto. El reporte señala que el 48% de las pruebas se hicieron en el sector privado. Además, el 71% era de antígeno, un tipo de prueba arroja hasta un 35% de falsos negativos. «Cada negativo en una prueba de antígeno se debe confirmar con una prueba PCR (más certera para detectar el COVID19), pero no sabemos en cuántos casos se hace esta doble confirmación», aseguró la diputada. Según el Laboratorio de Datos, al 12 de agosto, hicieron 104,930 pruebas de antígeno, el 55.37%. «En los últimos días de agosto representan hasta el 72%», dijo Óscar Chávez, de esta organización. Antonio Paredes, coordinador de Vigilancia Epidemiológica, aseguró que, aunque la guía del Ministerio de Salud recomienda que por cada resultado negativo en una prueba de antígeno se debe confirmar con PCR, no pueden obligar a los laboratorios privados a que lo hagan. Hasta ahora hay 109 laboratorios privados autorizados por el Ministerio de Salud para realizar pruebas.

Este indicador alude a la posibilidad del MSPAS de identificar la fuente de infección de 8 de cada 10 casos de COVID19. Al 6 de septiembre, cuando se reportan 8,382 casos activos, implicaría conocer cómo se infectaron, al menos 6,706 personas. Antonio Paredes, del Ministerio de Salud, aseguró que por la etapa en la que se encuentra la epidemia es muy difícil detectar conglomerados. «Eso era posible al inicio, cuando podíamos identificar que el brote se daba en una familia o en lugar de trabajo. Ahora estamos en una etapa de brotes comunitarios», dijo. El epidemiólogo Kevin Martínez Folgar dijo que este indicador depende de la capacidad de rastreo de los casos. «Si solo tenemos casos aislados que no sabemos de dónde vinieron, probablemente sean comunitarios que vienen de pacientes asintomáticos», dijo. Conocer el foco de infección es importante para detener la epidemia. «De lo contrario», aseguró Martínez Folgar, «los casos serán como poporopos. Nos explotarán por todos lados sin saber de dónde vienen».

Según Edwin Asturias, director de la Coprecovid, existe la probabilidad de que las muertes por COVID19 no disminuyan. La semana del 6 al 12 de julio Guatemala reportó la mayor cantidad de muertes (326). Sin embargo, a partir de esa semana la tendencia a la baja es sostenida. Sin embargo, en las últimas tres semanas, del 17 de agosto al 6 de septiembre los fallecidos por COVID19, según el tablero de la Coprecovid, son 121, 104 y 67. Karin Slowing, de Laboratorio de Datos, dijo que esta información puede desfigurar la realidad. «Estoy convencida de que la reducción de los muertos reportados por el Ministerio de Salud está relacionada con el cambio de definición que hicieron de fallecido registrado», aseguró, y añadió que hay deficiencias en el registro de las causas de las muertes. «No se cuentan todas las muertes por COVID19, simplemente reportan como oficiales las que tienen resultados de pruebas en un espacio controlado como hospitales», dijo.

Edwin Asturias, director de la Coprecovid, informó que desde inicios de agosto disminuyó la ocupación de camas para pacientes con COVID19. Mientras en julio estuvo, oficialmente, entre el 50% y el 60%, ahora es del 40%. En su informe del 7 de agosto (el más reciente), la Coprecovid mostró porcentajes de ocupación bajos para pacientes leves y moderados, pero en varios departamentos los intensivos estaban saturados. En Izabal, Retalhuleu, Sacatepéquez, Sololá, Suchitepéquez y Zacapa tenían ocupadas todas las camas para pacientes críticos. Zulma Calderón, defensora de la Salud de la PDH, aseguró que la ocupación ha disminuido, pero los intensivos continúan saturados. «En los hospitales que visitamos, observamos que la ocupación de camas de cuidados moderados está entre 60% y 75%», dijo. La diputada Lucrecia Hernández, que realizó una verificación en varios hospitales del país, aseguró que en la región central del país pareciera que hay una reducción de casos. «Llegan menos personas, pero más graves. Es posible que los más leves se queden en casa», dijo. «La sospecha es que el aumento se esté dando en otros departamentos, pero sin darnos cuenta, porque hay menos acceso a laboratorios y las personas buscan menos la atención médica», afirmó Hernández. Karin Slowing criticó que no haya ningún reporte del Ministerio de Salud sobre los patrones de flujo de pacientes en los hospitales y afirmó que ante las denuncias de los médicos sobre la saturación en los hospitales la gente podría estar optando por tratarse en casa.

Laboratorio de Datos analizó el exceso de mortalidad por neumonía a partir de los datos del Renap. No todas las personas que mueren por esta enfermedad respiratoria tenían COVID19, pero a partir del inicio de la pandemia se incrementaron los casos en Guatemala. «Entre enero y febrero de 2020 había entre 30 y 40 personas fallecidas cada día por neumonía. Pero en julio eran entre 60 y 70. El 11 de julio, se dio el pico más alto, con 81», dijo Óscar Chávez. A partir del 15 de julio las muertes por neumonía tienden a la baja. En la última semana de ese mes el promedio fue de 33 diarios. Chávez dijo que para tener certeza sobre el número de muertes por neumonía durante las últimas semanas de julio y en agosto es necesario esperar por lo menos un mes más. «En Guatemala hay un atraso en el registro de los fallecimientos», afirmó.

Este indicador tiene que ver con la situación del Sistema de Salud en Guatemala. «Es uno de los mayores retos que tiene el país», afirmó la defensora de la Salud, Zulma Calderón. Medirlo implica tomar en cuenta los recursos que se han asignado para infraestructura, insumos y personal en centros de salud y hospitales. «No podemos decir que el Estado garantiza el mismo nivel de respuesta a un paciente de la ciudad de Guatemala a cualquiera que se encuentra el interior», dijo Calderón. La diputada Lucrecia Hernández, de Semilla, afirmó que una de las preocupaciones más grandes es que no se cuenta con información certera de lo que está pasando en los hospitales departamentales. «No es fácil que las personas lleguen a los hospitales nacionales. Además, nos enfrentamos a un problema de gestión para dotar de escafandras y ventiladores para enviar a los departamentos», dijo. Otro de los problemas es la falta de medicamentos, que afecta ya a los hospitales que se encuentran en la capital. «Pero el problema más importante es que no hay especialistas suficientes. Un ejemplo es que en el Hospital del Parque de la Industria se recurrió a médicos que hacen su práctica supervisada», afirmó Hernández. La diputada afirmó que en el Parque de la Industria hay 48 camas de cuidados intensivos, pero solo 24 cuentan con ventiladores. En el caso del hospital de Zacapa no hay especialistas que hagan funcionar las camas de cuidados intensivos. «Aunque haya dinero, si no se tiene equipo, medicamentos y recurso humano, es difícil que todos los pacientes reciban la atención que establecen los protocolos», dijo.

Una de las primeras disposiciones del Gobierno frente a la emergencia fue cerrar las consultas externas en los hospitales nacionales. Esta medida se mantiene y afecta a pacientes con enfermedades crónicas. «Los pacientes renales, con VIH o con cáncer no son atendidos. Es un daño colateral», dijo Zulma Calderón, de la PDH. Cada semana reciben entre 3 y 5 denuncias de personas con cáncer que no reciben atención. Esto está creando un bolsón de pacientes. «Cuando baje la atención por COVID19 podrán aumentar otras enfermedades crónicas. En el Hospital San Juan, por ejemplo, las emergencias se mantienen llenas por otras situaciones ajenas al COVID19», dijo la diputada Lucrecia Hernández. «Enfrentaremos problemas como enfermedades renales y cáncer no detectadas a tiempo», afirmó.

Según Laboratorio de Datos antes de la pandemia, entre enero y febrero, morían entre 65 y 75 personas en los hospitales. Con el inicio de la epidemia, el cierre de la consulta externa y la priorización de pacientes con COVID19, la mortalidad intrahospitalaria por otras enfermedades bajó a partir de la primera semana de marzo, con alrededor de 55 casos diarios. Sin embargo, a partir de la segunda quincena de ese mes y durante junio y julio el número de muertes diarias fue entre 50 y 60. Todavía no se cuentan con datos de agosto para verificar la mortalidad intrahospitalaria por otras enfermedades diferentes al COVID19.

Al inicio de la emergencia, se aprobaron ajustes presupuestarios para que el Ministerio de Salud tuviera fondos para enfrentar la pandemia. La ejecución es baja. Según el Ministerio de Finanzas, apenas se ha usado el 8% de los 370 millones que se aprobaron para ventiladores, pruebas de COVID19, equipo y trajes y materiales de protección. No se ha ejecutado nada de los 30 millones para infraestructura de salud y solo el 29% de los Q800 millones para la remodelación de hospitales. Edwin Asturias, director de la Coprecovid, solicitó 15,000 mil millones para el Ministerio de Salud en el presupuesto 2021. La diputada Lucrecia Hernández Mack dijo que el monto propuesto por Asturias tiene coherencia con la recomendación de la Organización Panamericana de Salud: el gasto en salud debe ser del 6% del PIB para garantizar la cobertura universal. «Pero no se puede pedir así nomás el dinero. No tendremos la recaudación tributaria para alcanzar este monto. Además, se ahogará al Ministerio de Salud porque no tiene las capacidades para ejecutarlo. Ni siquiera sabría en qué gastarlo», dijo Hernández. «La ampliación debe ser con base en una política de salud a largo plazo y de manera gradual», reiteró. En Guatemala también es difícil incrementar las posibilidades de atención médica por la falta de personal. «Se pueden construir hospitales y camas, pero el equipo humano no se puede hacer en un mes», dijo Kevin Martínez Folgar. «El país está limitado a su capacidad humana. No hay condiciones dignas para que los médicos hagan su trabajo», afirmó.

Antonio Paredes, coordinador de Vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud, aseguró que en todos los hospitales a cargo del Ministerio de Salud se cuenta con equipos para el control de infecciones. Sin embargo, esta función se distribuye entre el personal hospitalario y hace falta personal específico. «Debemos fortalecer esta capacidad en los centros de salud», asegura Paredes.

Paredes aseguró que las pruebas se distribuyen de acuerdo con la necesidad de cada departamento. Según un reporte del Ministerio de Salud del 1 al 26 de agosto se repartieron 125,000 pruebas de antígeno en todo el país. Casi 71,000 (el 57%) en el departamento de Guatemala. También se distribuyeron 8,279 pruebas PCR. La mayoría en Guatemala (18.58%) y Chiquimula (16%). Zulma Calderón, defensora de la Salud de la PDH, aseguró que verificaron que las pruebas de COVID19 todavía no se encuentran en todos los centros de atención de salud. Mientras que la diputada Lucrecia Hernández Mack, de Semilla, dijo que verificaron que el Ministerio de Salud ya distribuyó las pruebas a nivel departamental. «Sin embargo, hace falta que lleguen a los centros de salud de las municipalidades. Si no llegan al ámbito más local no sirve de nada», afirmó.

A pesar de que todos los centros de atención deben contar con un área específica en muchos lugares los espacios no son los adecuados. «Se ha debido adaptar lo que se tiene, a veces con tablas», dijo Zulma Calderón, de la PDH. Antonio Paredes, del Ministerio de Salud, dijo que en todos los hospitales hay espacios aislados para atender casos de COVID19. «A veces son muy pequeños, con una o dos camas, pero todos tienen», afirmó.

La notificación de los nuevos casos requiere un sistema de información activo las 24 horas en todo el país. «Implica un sistema informático robusto y descentralizado en el que cada centro de atención pudiera trasladar los datos de los pacientes en tiempo real», dice el epidemiólogo Kevin Martínez Folgar. «Pero en Guatemala ni siquiera tenemos cobertura de Internet en todo el país. Debemos recurrir a reportes en papel», afirmó. De hecho, el sistema puesto al público para brindar datos sobre la situación de la pandemia ha presentado varios ajustes. Una de las primeras acciones de las nuevas autoridades del Ministerio de Salud fue realizar una auditoría sobre el sistema de datos que se implementó durante la administración de Hugo Monroy. La última actualización de los datos fue en agosto. El Ministerio de Salud informó que por un error se tenían contabilizados 2,630 casos activos de más. De 11,760 pasamos a 9,130.

Antonio Paredes, coordinador de Vigilancia Epidemiológica, dijo que a partir de junio empezaron a registrar los casos en una plataforma que permite mantener la información actualizada. Sin embargo, la principal dificultad es el uso de la ficha de vigilancia y su ingreso a las plataformas virtuales. «Tenemos un rezago del 30% de las fichas que se generaron antes de instalar esta herramienta», afirmó. El epidemiólogo Kevin Martínez Folgar asegura que Guatemala tiene una deficiente inteligencia epidemiológica. «Guatemala nunca había priorizado el personal de epidemiología, por lo que tenemos dificultades para identificar y registrar los casos», dijo.

Esto también depende del personal de epidemiología y de la capacidad de rastreo de los casos. Kevin Martínez Folgar asegura que, aunque la enfermedad afecta a personas mayores de 60 años o con comorbilidades, en Guatemala se debe considerar la pobreza como una situación de vulnerabilidad. «Las personas que no cuentan con una refrigeradora, por ejemplo, deben salir más veces a la calle para comprar comida», afirma. De hecho, en Guatemala la pandemia está afectando fuerte a la población joven. La tasa de mortalidad en personas entre 20 y 39 años es alta en comparación con otros países de la región. «Hay desigualdades sociales y económicas que dejan a los pobres más expuestos frente a la pandemia», dice Folgar. «Problemas de alimentación y de poco acceso a los servicios de salud hacen que en este sector de la población se concentren comorbilidades como hipertensión o diabetes. Las enfermedades crónicas se presentan en las personas no porque les toca, sino porque hay factores que las pusieron en esa situación». El Ministerio de Salud considera vulnerables a mujeres embarazadas, trabajadores de salud, y personas con enfermedades crónicas.

Según el coordinador de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, Antonio Paredes, todos los hospitales recibieron instrucciones de cómo notificar el fallecimiento de casos confirmados o sospechosos de COVID19. «Estos datos se reciben cada 24 horas y semanalmente se hace una revisión con los informes que nos traslada el Renap», afirma. Sin embargo, los datos de mortalidad no siempre coinciden entre el Renap y el Ministerio de Salud. Además, según Óscar Chávez, de Laboratorio de Datos, hay atraso en el registro de defunciones fuera de los hospitales y en las áreas rurales.

Antonio Paredes, coordinador de Vigilancia Epidemiológica, afirma que todos los laboratorios del país, públicos y privados, notifican a diario la cantidad y resultados de las pruebas que realizan. Karin Slowing, de Laboratorio de Datos, aseguró que nunca han visto las hojas de control diario de los laboratorios. «Si el registro existe no es público», dijo.

Paredes sostuvo que los equipos de respuesta rápida están integrados y funcionan en todos los centros de salud y hospitales del país desde antes de la pandemia. «Se activan ante cualquier evento de salud que ponga en riesgo la salud de la población», afirmó. Lo corroboró Zulma Calderón, de la PDH.

El cumplimiento de los indicadores 20, 21 y 22 requiere de un sistema de rastreo de contactos de personas contagiadas. En Guatemala, cada día se reportan alrededor de 900 casos nuevos, lo que implica 13,500 cada quince días. Si cada una de esas personas tuvo contacto con tres personas, el número llega a 40,500 personas. El 80% es 32,400 y el 90% 36,450. El Ministerio de Salud lanzó el pasado 13 de agosto la Estrategia Nacional de Rastreo de Casos y Contactos. Ahora opera como un plan piloto en el municipio de Guatemala. Consiste en un call center desde el que se hacen visitas a domicilios o llamadas a contactos de personas contagiadas para recolectar información. Se espera contar al final del año con 3,500 rastreadores y la meta es un rastreador por cada 5,000 habitantes. Antonio Paredes dijo que el plan piloto funciona con 8 rastreadores de la Municipalidad de Guatemala, pero que el trabajo se complementa con personal del Ministerio de Salud. Kevin Martínez Folgar sostuvo que el rastreo de casos sospechosos y de contactos puede realizarse por teléfono. «Se podría recontratar a todas las personas que participaron en el Censo porque su trabajo implica pasar encuestas. Deben ser capacitadas para trasladar el mensaje a personas con probabilidad de tener COVID19 para que se realicen la prueba y se aíslen. Para esto no se necesita ir a las viviendas, basta con una llamada si es que tiene este servicio», dijo. La estrategia del Ministerio de Salud requiere coordinar con las municipalidades. Sin embargo, hay capacidades desiguales, lo que implica que el rastreo no sea efectivo en todo el país. «No veo que sea fácil implementar la misma estrategia que en la ciudad de Guatemala», afirmó la diputada Lucrecia Hernández. «Para cumplir con esta tarea, cada alcalde debe tener liderazgo político y también es importante determinar qué municipios sí desean que se detecten casos. Un incremento implica mayores restricciones», agregó. Las personas consultadas consideran que el enfoque de rastreo municipal es el más adecuado.

El cumplimiento de los indicadores 20, 21 y 22 requiere de un sistema de rastreo de contactos de personas contagiadas. En Guatemala, cada día se reportan alrededor de 900 casos nuevos, lo que implica 13,500 cada quince días. Si cada una de esas personas tuvo contacto con tres personas, el número llega a 40,500 personas. El 80% es 32,400 y el 90% 36,450. El Ministerio de Salud lanzó el pasado 13 de agosto la Estrategia Nacional de Rastreo de Casos y Contactos. Ahora opera como un plan piloto en el municipio de Guatemala. Consiste en un call center desde el que se hacen visitas a domicilios o llamadas a contactos de personas contagiadas para recolectar información. Se espera contar al final del año con 3,500 rastreadores y la meta es un rastreador por cada 5,000 habitantes. Antonio Paredes dijo que el plan piloto funciona con 8 rastreadores de la Municipalidad de Guatemala, pero que el trabajo se complementa con personal del Ministerio de Salud. Kevin Martínez Folgar sostuvo que el rastreo de casos sospechosos y de contactos puede realizarse por teléfono. «Se podría recontratar a todas las personas que participaron en el Censo porque su trabajo implica pasar encuestas. Deben ser capacitadas para trasladar el mensaje a personas con probabilidad de tener COVID19 para que se realicen la prueba y se aíslen. Para esto no se necesita ir a las viviendas, basta con una llamada si es que tiene este servicio», dijo. La estrategia del Ministerio de Salud requiere coordinar con las municipalidades. Sin embargo, hay capacidades desiguales, lo que implica que el rastreo no sea efectivo en todo el país. «No veo que sea fácil implementar la misma estrategia que en la ciudad de Guatemala», afirmó la diputada Lucrecia Hernández. «Para cumplir con esta tarea, cada alcalde debe tener liderazgo político y también es importante determinar qué municipios sí desean que se detecten casos. Un incremento implica mayores restricciones», agregó. Las personas consultadas consideran que el enfoque de rastreo municipal es el más adecuado.

El cumplimiento de los indicadores 20, 21 y 22 requiere de un sistema de rastreo de contactos de personas contagiadas. En Guatemala, cada día se reportan alrededor de 900 casos nuevos, lo que implica 13,500 cada quince días. Si cada una de esas personas tuvo contacto con tres personas, el número llega a 40,500 personas. El 80% es 32,400 y el 90% 36,450. El Ministerio de Salud lanzó el pasado 13 de agosto la Estrategia Nacional de Rastreo de Casos y Contactos. Ahora opera como un plan piloto en el municipio de Guatemala. Consiste en un call center desde el que se hacen visitas a domicilios o llamadas a contactos de personas contagiadas para recolectar información. Se espera contar al final del año con 3,500 rastreadores y la meta es un rastreador por cada 5,000 habitantes. Antonio Paredes dijo que el plan piloto funciona con 8 rastreadores de la Municipalidad de Guatemala, pero que el trabajo se complementa con personal del Ministerio de Salud. Kevin Martínez Folgar sostuvo que el rastreo de casos sospechosos y de contactos puede realizarse por teléfono. «Se podría recontratar a todas las personas que participaron en el Censo porque su trabajo implica pasar encuestas. Deben ser capacitadas para trasladar el mensaje a personas con probabilidad de tener COVID19 para que se realicen la prueba y se aíslen. Para esto no se necesita ir a las viviendas, basta con una llamada si es que tiene este servicio», dijo. La estrategia del Ministerio de Salud requiere coordinar con las municipalidades. Sin embargo, hay capacidades desiguales, lo que implica que el rastreo no sea efectivo en todo el país. «No veo que sea fácil implementar la misma estrategia que en la ciudad de Guatemala», afirmó la diputada Lucrecia Hernández. «Para cumplir con esta tarea, cada alcalde debe tener liderazgo político y también es importante determinar qué municipios sí desean que se detecten casos. Un incremento implica mayores restricciones», agregó. Las personas consultadas consideran que el enfoque de rastreo municipal es el más adecuado.

Una de las deficiencias más importantes que se evidenció durante la emergencia es la capacidad de Guatemala para la obtener información. De hecho, además de los datos que presenta el tablero (casos, pruebas y fallecidos) faltan otros relacionados con la situación de la pandemia, como las comorbilidades de la población. «Es preocupante porque no se tiene un andamiaje para recolectar y procesar información. Las decisiones frente a la pandemia se deben de tomar con base en ciencia y datos y no en sentimientos», comentó el matemático Pedro Morales Almazán.