Ha logrado reducir la impunidad en delitos contra la vida en el área metropolitana. Según la Fundación Mack, bajó de 95 por ciento a 72 por ciento. Es altísimo todavía, pero bajó 23 por ciento en tres años. Hace tres años había una lista de 19 capos del narcotráfico intocables. Se capturó a 15 de ellos. Más de lo que hicieron las administraciones en los últimos 20 años. Aunque esto no esconde grandes fracasos, como el caso de la masacre de Totonicapán, en la que el Ministerio de la Defensa asesinó a ocho manifestantes y en la que el MP no pudo demostrar autorías en la primera fase del juicio.
En la corrupción en los egresos del Estado se está desmantelando la red clientelar que tiene tantos años como el período democrático, la de Arnoldo Medrano, que decide en parte a los presidentes de la República. Nadie tampoco la había tocado antes. Claro, faltan muchísimos casos de corrupción a nivel nacional, pero algo es algo. En la corrupción en los ingresos del Estado llevó a cabo el caso de defraudación fiscal de la empresa Alka-Wenker, con muchos empresarios de la élite capturados.
En el peor delito del país, el más importante de perseguir, que es la violencia contra las mujeres, los resultados son dispares. Por una parte hubo fracasos como la justicia en el caso de Cristina Siekavizza (y tantos otros). Por otra parte hubo avances como la captura de la banda de violadores de la Roosevelt. O la captura de la estructura de tráfico de mujeres de la que era parte el hijo del presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, del magistrado César Barrientos Pellecer. Es el magistrado, por cierto, que puede tener más simpatía con la labor de la Fiscalía General. Y ni el MP y el magistrado impidieron el avance de la justicia contra su propio hijo.
¿No es acaso eso lo que anhelamos? ¿Que los funcionarios públicos, y las personas públicas, persigamos y acusemos a quienes podamos comprobar que cometen delitos, independientemente de si son nuestros familiares, nuestros amigos o nuestros ídolos? Todo en aras una sociedad en la que todos tengamos la certeza del castigo cuando alguien comete un delito, sin importar si tiene poder o no lo tiene.
Su administración no es perfecta, pero es por mucho una de las mejores y más eficientes que ha tenido el Estado. El detalle es que tampoco tuvo miramientos políticos a la hora de juzgar el delito más deleznable, el de genocidio, y eso es algo que no le perdonan los poderosos. Pero tener a una fiscal y un equipo independientes es lo mejor que le podría pasar a una sociedad en desarrollo. Y cualquier país estaría suplicándole que volvieran a postularse, mejorando algunos aspectos, pero siguiendo con el centro de su trabajo. ¿Qué esperamos como sociedad para pedírselos?
* Publicado en elPeriódico, 6 de agosto.
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