Reflejo del desastre institucional

Sin embargo, en nada se siente más y duele más el aniquilamiento de un Estado eficiente, como nos pasa con el tema de seguridad y justicia que tiene que ver, desde luego, con el control esencial que se debe mantener sobre los centros de reclusión donde los delincuentes tienen que cumplir sus penas. La idea de los ideólogos del liberalismo era quitarle al Estado las facultades para entrometerse en la esfera privada, pero fue tan consistente la crítica, tan despiadado el ataque, que se terminó por castrar a toda la institucionalidad sin reparar en que tarde o temprano seríamos, todos, víctimas de la anarquía pregonada con aires de suficiencia.
 
 Fue tan brutal el ataque y contundentes los logros, que hoy en día no podemos hablar técnicamente de una privatización de las cárceles, porque las mismas siguen siendo financiadas y mantenidas con el Presupuesto General de la Nación, pero en su administración y control no tiene vela ningún funcionario público porque resulta que son los reclusos los que ejercen el poder absoluto sobre todo lo que pasa y lo que no pasa en cada uno de los centros de detención.
 
 Aquella paja que nos dieron después del ataque a Pavón, cuando se dijo que la matazón de presos había sido para rescatar los presidios del control que sobre ellos ejercían los internos, se ha demostrado totalmente falsa con el correr del tiempo porque la muerte de los capos de entonces no cambió nada. Si acaso, a los capos de aquella época que murieron en circunstancias tan cuestionables, fueron cambiados por otros que, conociendo el oficio, han salido corregidos y aumentados.
 
 El control del poder judicial ha sido asumido por los grupos que saben cómo moverse para controlar el Colegio de Abogados y para controlar las facultades de derecho de las distintas universidades. La labor de fiscalía depende de lo que en el futuro inmediato decidan las comisiones de postulación que ya empiezan a estructurarse tras bambalinas y no existe en realidad una política policial de prevención del delito como se puede corroborar todos los días, tristemente, con la impune actividad de delincuentes que demarcan su territorio y lo controlan para realizar hechos ilícitos todos los días hábiles del año en los mismos lugares sin que ninguna autoridad se moleste en hacer acto de presencia.
 
 Si eso pasa con la seguridad y la justicia, que se supone eran las áreas que aún los más duros libertarios le dejaban al Estado como zona de competencia, ya nos podemos imaginar cómo anda el resto de ese Estado y sus instituciones, secuestradas todas por distintas formas de crimen organizado (aunque sea de cuello blanco y enyuquillado), que medran con las más variadas y sofisticadas formas de corrupción. El Estado de hoy, fallido para lo que son sus fines naturales, cumple a la perfección con el fin de repartir los fondos públicos para quienes contratan obra pública o le venden bienes y servicios a las dependencias estatales, autónomas y descentralizadas.
 
 Presidios es el paradigma de la descomposición institucional que vivimos pero no es, ni por asomo, un caso aislado o especial. Ni siquiera en el más audaz de sus sueños, los enemigos del Estado hubieran imaginado cuán fácil les sería aniquilarlo en Guatemala, con la complicidad dedicada y efectiva de los especialistas en la piñatización de los recursos públicos.

* Publicado originalmente en La Hora, 26 de febrero.