Cómo los fiscales que intentaron anular las elecciones y magistrados señalados compiten por las salas de Apelaciones
Cómo los fiscales que intentaron anular las elecciones y magistrados señalados compiten por las salas de Apelaciones
Entre los candidatos a la Corte de Apelaciones no sólo hay fiscales acusados de encabezar los casos que buscaban anular los resultados electorales de 2023 y cuestionados por criminalizar a operadores de justicia, también abogados y magistrados actuales acusados de actos corruptos.
Una tabla de gradación «deficiente» no obliga a una mala elección de magistrados, dice el exfuncionario judicial salvadoreño Sidney Blanco, integrante del grupo de expertos que observa la selección de cortes de justicia en Guatemala. Asegura que hay un elemento que no tuvo ponderación en este proceso, pero que los comisionados de postulación deben tomar en cuenta para conformar las nóminas.
«Si a mí me dices “¿qué vale más? ¿Un doctor que su trayectoria no es tan ética, o un licenciado que no ha podido estudiar un posgrado pero que tiene una ética intachable?” Claro, yo preferiría este segundo porque es una garantía. Sabemos que el que se ha preparado profesionalmente tiene su reconocimiento, pero aquí, en donde está en juego un comportamiento ético, no debemos despreciar este requisito», sostiene Blanco.
Las declaraciones del exmagistrado de El Salvador cobran mayor relevancia después de que el actual proceso de selección de cortes de justicia en Guatemala estuvo marcado por la aprobación apresurada de perfiles y tablas de calificación, lo cual provocó que varios de los funcionarios o exfuncionarios señalados de actos corruptos, como los fiscales que intentaron anular los resultados electorales en 2023, hoy estén cerca de ser electos como magistrados de Apelaciones.
El caso del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, el fiscal que aseguró el año pasado que los resultados electorales «deberían anularse», es uno de los que más genera críticas entre la población y organizaciones sociales que siguen el proceso de selección.
Sobre Curruchiche, quien busca ser magistrado de Apelaciones, pesan varios cuestionamientos. Desde las sanciones internacionales por «debilitar» la ya endeble democracia guatemalteca, hasta una sanción administrativa que, según información a la que tuvo acceso Plaza Pública, se le impuso en 2019. Pero de la cual no se pueden observar registros, pues el fiscal omitió incluir la constancia de antecedentes disciplinarios, en el expediente que llevó a la Comisión de Postulación.
Además del jefe de la Feci, otros fiscales que encabezaron los casos que inició el MP para alimentar el discurso de «fraude electoral» en 2023 también pueden ser incluidos en la nómina final que se entregará al Congreso.
Manuel Antonio Aldana Paiz y Marylin Solange Castillo Castillo, son los investigadores que impulsaron el caso por la supuesta sobrevaloración del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) que adquirió el tribunal electoral el año pasado por 148.4 millones de quetzales.
Además de ellos, hay otros fiscales y abogados acusados de corrupción y que también buscan ser magistrados:
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Instrumentos para los poderes ocultos
A decir del exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, en el exilio desde 2021 cuando fue destituido por la actual jefa del MP Consuelo Porras, la postulación de figuras como Curruchiche, o la de Abdi Ariel Guerra Guzmán, casado con Wendy Liseth Contreras Porras, sobrina de Porras, en un país con un sistema de justicia «normal» se interpretaría como un aspecto de superación personal.
Sin embargo, el caso de Guatemala es diametralmente opuesto, según Sandoval. Pues lo relevante de estos actores estriba en lo «utilitaria» que puede ser su posición.
«El actual jefe de la Feci es más útil para la mafia o el “pacto de corruptos”, o como se le denomina, seguir realizando acciones como jefe de la Feci, que estar en una sala de la Corte de Apelaciones donde su posibilidad de maniobrar de alguna manera se diluye, porque las salas son tribunales colegiados, están con otros magistrados y existe gran cantidad de salas de la Corte de Apelaciones a lo largo del país», sostiene el exfiscal, quien en 2014 y 2019 investigó las redes paralelas al proceso de selección de magistrados en Guatemala.
La abogada Mónica Leonardo, consultora independiente en temas legales, considera que estas postulaciones tienen la connotación de un sistema corrompido y viciado en el que figuras como Curruchiche son piezas intercambiables cuyos movimientos difícilmente alteran su funcionamiento.
«Creería que es una oportunidad que están tomando para encontrar nuevos espacios de influencia y de incidencia dentro del sistema de justicia [...] Habrá otros (fiscales) dentro del Ministerio Público que puedan cumplir su función y si él ocupa una magistratura, pues estaría una nueva persona en avanzada el pacto de corruptos instalándose en esa nueva Corte de Apelaciones», asegura Leonardo.
A la reelección
Entre los candidatos a la reelección en la Corte de Apelaciones con perfil cuestionado hay figuras como la de Edgar José López Espaillat, magistrado suplente de la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En 2019, la Feci de Juan Francisco Sandoval anunció una investigación contra López, tras una publicación de Con Criterio en la que se expuso la grabación de una conversación entre el entonces juez y el exsecretario privado de la Presidencia Gustavo Alejos Cámbara.
De acuerdo con Prensa Libre, el magistrado y Gustavo Alejos habrían urdido un plan para que Alejos saliera de prisión. Plaza Pública preguntó al departamento de comunicación del MP sobre el avance de esta investigación, pero no se obtuvo ninguna respuesta pese a tres semanas de espera.
Un caso paradigmático en los procesos de postulación en Guatemala es el del magistrado Edwin Albino Martínez Escobar, vocal II en el Tribunal de Segunda Instancia de Cuenta y de Conflictos de Jurisdicción de Guatemala.
Dentro del expediente 371-2015 hay una amonestación escrita contra Martínez por «recibir dinero y/o dádivas de alguna parte para dictar favorablemente» cuando era magistrado de la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa.
La organización Fads presentó una tacha contra el funcionario por esta sanción; sin embargo, los integrantes de la postuladora presidida por el rector de la Universidad Internaciones, Raúl Arévalo, rechazó el veto por considerar que la sanción ya se encuentra sin vigencia, pese a que es considerada como una «falta gravísima» y amerita una destitución.
Además del impedimento contra el magistrado, por supuestamente haber recibido un soborno, Martínez es integrante de la Comisión de Postulación que nominará candidatos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y según el Movimiento Pro Justicia, está vinculado al magistrado constitucional Néster Vásquez, uno de los operadores paralelos más visibles en el actual proceso de selección de cortes de justicia.
El asunto del magistrado Martínez reúne muchos de los males del sistema de justicia en Guatemala: un personaje presuntamente vinculado a poderes fácticos, acusado de actos corruptos y con conflicto de intereses por ser juez y parte en la elección.
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