En Honduras preocupa más sobrevivir al narcotráfico que el “narcogobierno”
En Honduras preocupa más sobrevivir al narcotráfico que el “narcogobierno”
Por centroamérica circuló un video que retrata el soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial de Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Xiomara Castro, y las fotografías de José Manuel Zelaya (sobrino de la Presidenta) con el ministro venezolano Vladimir Padrino, acusado de narcotráfico por Estados Unidos. Confirmó los vínculos del gobierno con el narco,aunque para el ciudadano de a pie son otras sus preocupaciones.
La condena a 45 años de cárcel en Estados Unidos del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), es el prólogo de la historia que se escribe en su país. Una donde el narcotráfico es tan obvio que no puede ignorarse. Esa papa caliente –si no es que brasa– está en manos del gobierno de turno.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó a su canciller, Enrique Reina, denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos el pasado 28 de agosto. La respuesta a declaraciones de la embajadora estadounidense, Laura Dogu: «fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante».
El 3 de septiembre, a través de cadena nacional la mandataria catalogó las declaraciones de Dogu como «amenazas».
Contexto: El ahora exministro de Defensa, sobrino de José Manuel Zelaya y de la presidenta Castro, aparece en unas fotografías con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, a quien Estados Unidos acusa de narcotraficante. Zelaya alegó que su visita atendía la invitación a los IV Juegos Mundiales de Cadetes en agosto, en Caracas.
Castro señaló de «intolerable» la injerencia y el intervencionismo estadounidense, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada.
El viernes 30 de agosto, el Consejo de Defensa se reunió tras una convocatoria de Castro para discutir «crimen organizado y narcotráfico». La sesión concluyó en respaldar «con firmeza la postura de la presidenta», respecto a la denuncia del tratado.
El 31 de agosto renunció Carlos Zelaya, exdiputado del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta; el lunes 2 de septiembre lo oficializó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Luego renunció el hijo del exdiputado, José Manuel Zelaya, ahora exministro de Defensa. Fue nombrada en ese puesto la precandidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien a inicios del gobierno de Castro fungió como ministra de Finanzas y antes de eso como consejera del CNE, justo cuando Libre ganó las elecciones generales de 2021.
El 3 de agosto, el medio internacional Insight Crime publicó videos de 2013 donde aparece Carlos Zelaya reunido con Devis Leonel Maradiaga, Carlos «Negro» Lobo, Ramón Matta Waldurraga y Héctor, Don H, Fernández Rosa (todos condenados por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York). Negociaban un supuesto soborno de 650,000 dólares para la campaña presidencial del expresidente, Manuel Zelaya Rosales. «La mitad para el comandante», dijo Carlos Zelaya refiriéndose al esposo de la actual presidenta, Xiomara Castro.
En cadena nacional comparecieron la presidenta y los ministros de Seguridad y Defensa. Leyeron un listado de casos cerrados y abiertos de personas vinculadas al narcotráfico en Honduras, sin embargo, solo mencionó personas de partidos de oposición. Ignoró los videos que horas antes habían sido publicados.
«El narco en Honduras no es algo atribuible solamente al exmandatario Juan Orlando Hernández». Quien habla es Henry Salinas, abogado penalista. Agrega: «también afecta a su partido (el Partido Nacional); de manera directa, el juez Kevin Castel (quien llevó el caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York) que lo nombró como una estructura del crimen organizado».
También el partido de la presidenta, el Partido Libertad y Refundación, señala Salinas. «La sociedad hondureña sabe del vínculo de la clase política con el narcotráfico». La percepción internacional queda «en que tenemos servidores públicos al servicio del crimen organizado y esto es lesivo para el país». El financiamiento de campañas electorales es solo un indicio, dijo.
Lo que comprueba este video es que el crimen organizado está en todas las esferas y ha abarcado a todos los partidos políticos, opina una abogada especialista en políticas anticorrupción que prefiere mantenerse anónimo. La sociedad hondureña sabe que JOH no fue el único alto funcionario involucrado en el narcotráfico. «La población en general cree que hay redes de corrupción inmersas en las instituciones públicas», señala.
La analista recalca la necesidad de mejorar la política de persecución criminal y la urgencia de depurar la clase política. «Cuando los partidos políticos se ven infiltrados por el crimen organizado, las instituciones del Estado pierden legitimidad y capacidad de gobernar con justicia. Las leyes se aplican de manera desigual, protegiendo a los poderosos y castigando a los ciudadanos comunes».
Implicaciones de denunciar el tratado
El tratado de extradición faculta a cualquiera de las partes a dar por terminado el convenio, pero debe notificar su retiro a la otra parte con seis meses de anticipación. La abogada internacionalista, Jimena Bonilla, lo explica así: «si contemplado ese tiempo no se denuncia, hay una violación al tratado internacional y el otro Estado puede tomar medidas contra el Estado que incumplió (...) Por ejemplo, cerrar la embajada como medida de retorsión (uso de la fuerza en derecho internacional) o sanciones económicas».
Bonilla agrega que «esta situación es complicada porque Estados Unidos es el principal socio comercial de Honduras». Al país no le conviene ese rompimiento de relaciones diplomáticas.
En marzo de 2023, el asesor presidencial, expresidente de la nación y coordinador del partido Libre, Manuel Zelaya Rosales, aseguró reiteradamente que no había «ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición». Sin embargo, fue justo lo que el gobierno de Libre hizo ante señalamientos que ligan a la familia Zelaya con el narcotráfico.
En Honduras hay otro instrumento jurídico que regula extradiciones. Este «auto acordado» se adoptó en 2013 y su validez jurídica se mantiene porque regula el proceso de extradición con otros países con los que también ha firmado tratados de ese tipo.
En 2023 se engavetó en el Congreso Nacional un proyecto de ley de extradición que, a juicio de analistas, no es viable en cuestión de rapidez. Las extradiciones regidas por la ley tardarían años; con el auto acordado se completan en meses, como la del expresidente Hernández.
A pesar de que el tratado requiere seis meses de antelación para finalizar el convenio, el gobierno optó por anunciar oficialmente la terminación del mismo. El auto acordado, instrumento que sirve para agilizar las extradiciones, mantiene su vigencia con otros países con los que Honduras ha firmado tratados de extradición.
La familia Zelaya Castro y amigos
«El poder gubernamental ha sido adquirido por una sola familia, al ser electa como presidenta de la república de Honduras la señora Iris Xiomara Castro Sarmiento», denunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su informe de Concentración de Poder de 2023. Su esposo, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales es asesor presidencial. Su hijo, José Manuel Zelaya Castro, secretario privado de la presidenta. Otra hija de la pareja presidencial, Xiomara Hortencia Zelaya Castro es diputada del Congreso Nacional.
«El nepotismo no es nuevo en Honduras, pero la característica que tiene el gobierno de Xiomara Castro es que las posiciones de más alto poder fueron ocupadas por miembros de su familia o personas cercanas a ella», señaló Juan Carlos Aguilar. «Lo podemos ver con su esposo, su hijo, amigos de los hijos de la presidenta, personas de confianza como Rixi que también tiene empleada a su familia, Luis Redondo (...) esto provoca la concentración de poder». Quien habla es el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El núcleo y la familia extendida de la presidenta Castro ocupan cargos dentro de la estructura del Estado. El informe del CNA apuntó también que funcionarios del actual período presidencial también formaron parte del gabinete del expresidente, José Manuel Zelaya Rosales, derrocado por un golpe de Estado en junio de 2009.
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La sobrina de la presidenta, María Alejandra Zelaya Rosales, fungió como directora general de Política Exterior dentro de la Cancillería, ahora es cónsul de Honduras en Pittsburgh, Pensilvania. Harold Efraín Burgos Castro, embajador en la República de China, Taiwán, es sobrino de la mandataria. Su hermana, Olga Doris Castro Sarmiento, es asesora ejecutiva de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras (Covivienda).
Además de los Zelaya Castro, otros núcleos familiares cercanos a la pareja presidencial también ostentan cargos dentro de la administración pública. Tal es el caso de la familia de Rixi Moncada, una persona de confianza para la presidenta; su hija, Marcela Arias Moncada es la embajadora de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Rixi Moncada funge como Ministra de Defensa, es una fuerte contendiente presidencial del Partido Libre para las elecciones 2025.
Por estos lazos sanguíneos que permiten la contratación de funcionarios ignorando los parámetros de idoneidad, «se puede determinar que la familia presidencial ocupa el primer escalón en cuanto a la contratación de personas por vínculos sanguíneos o por afinidad», indicó el CNA.
«La concentración de poder sucedió tan rápido porque Libre aprendió la lección de administraciones pasadas. La coyuntura les ayudó a designar esos cargos de dedo. Además, entraron en un periodo donde se tenían que elegir muchas figuras de alto rango como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales del Ministerio Público y el Procurador General de la República», añadió Aguilar.
Índice de Percepción de la Corrupción
El índice de percepción de la corrupción (IPC) es una herramienta de Transparencia Internacional (TI) que mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en 180 países y territorios de todo el mundo. Honduras está en la posición 154 de 180. Tiene un puntaje de 23, el mismo que Guatemala, Irak, Camboya y Azerbaiyán. Según Transparencia Internacional, desde 2018, 12 países registraron un descenso significativo en las puntuaciones del IPC. Honduras es uno de ellos.
Está próxima a publicarse la Cuenta del Desafío del Milenio (del inglés MCC), una iniciativa creada por el gobierno de Estados Unidos en 2004 para reducir la pobreza a nivel mundial. La Cuenta del Milenio representa acceso a fondos para los países que califican, mismos que podrían invertirse en salud, educación y el agro.
Sin embargo, los analistas no creen que Honduras clasifique para entrar a la Cuenta del Milenio, en 2023 reprobó ocho de veinte indicadores, algunos como control de la corrupción, calidad regulatoria, efectividad del gobierno, imperio de la ley, libertad de información.
Enlace a gráfico de IPC de Honduras: https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/hnd
Para Aguilar, el director de ASJ, «no acceder a la Cuenta del Milenio no representa un gran impacto económico porque no contemplamos contar con ese dinero, pero nos deja en una posición poco atractiva para la inversión extranjera porque no tenemos credibilidad institucional».
La pregunta es, ¿cómo se toman los hondureños estas cifras que desvelan corrupción e impunidad en el país? Según datos del Banco Mundial, el 51.9 % de sus ciudadanos viven en extrema pobreza. Con base en esa estadística, la respuesta es sencilla, según Aguilar: quien no quiere verlo es porque vive en una burbuja.
«La mayoría de los hondureños viven en extrema pobreza, entonces su mente está en el día a día. Piensan en cómo pagar la renta, qué van a comer sus hijos, si alguien se enferma, a dónde podría ir». Interesarse en estos temas como la corrupción, narcotráfico y crimen organizado es un privilegio. «En eso nos fijamos quienes tenemos resueltas esas necesidades diarias».
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