Arzú, Quiñónez y los unionistas usaron TuMuni para financiar sus campañas, según el MP y Cicig

«Fueron mensajes escuetos, sin nombres ni lugares», asegura una fuente vinculada al equipo de comunicación de la campaña electoral del alcalde Ricardo Quiñonez. Es decir, les advirtieron que «algo fuerte venía», pero no les proporcionaron detalles, nombres, casos, lugares, nada que les permitiera evitar las capturas de Luis Pedro Villanueva Mirón, concejal tercero de la comuna, y Héctor Cifuentes Mendoza, secretario general de la municipalidad y directivo del partido Unionista.

Una minuciosa investigación iniciada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Cicig hace más de dos años determinó que los detenidos, junto a seis personas más, entre ellas el fallecido alcalde Álvaro Arzú Irigoyen, a quien identificaban como «Alfa 1»; el actual jefe edil, Ricardo Quiñónez Lemus; y el ministro de Finanzas, Víctor Manuel Martínez Ruiz, exconcejal, habían dirigido una estructura político-criminal que utilizó los recursos de la municipalidad capitalina para realizar «campaña electoral permanente» a favor del partido Unionista, con el objetivo de «perpetuarse en el poder».

Además de la detención, en sus residencias, de Villanueva Mirón y Cifuentes Mendoza, la Fiscalía solicitó que se retire la inmunidad al alcalde Quiñónez, que aspira a reelegirse el próximo domingo, y del ministro Martínez, que se postula a concejal primero. También pidió al juzgado que cite a una audiencia de primera declaración a los funcionarios ediles Pedro Ruano Roldán, Luisa María Silva Salas y Carlos Alejandro Miranda.

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Según la acusación del Ministerio Público y la Cicig, los señalados utilizaron recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana para financiar las campañas electorales del partido Unionista en las elecciones de 2011 y 2015, así como realizar actividades proselitistas permanentes a favor de esa agrupación. El FAPU, como se le conoce por sus siglas, es uno de los tres fideicomisos millonarios creados por Álvaro Arzú para administrar los recursos de la municipalidad. Según la acusación, las estructuras encargadas de estas tareas eran dirigidas por los funcionarios señalados e integradas en su mayoría por empleados de la comuna.

La estrategia para la captación de votos, técnicas electorales y proselitistas a favor del partido Unionista fue desarrollada por el consultor mexicano Jesús Gómez Espejel, a quien le pagaron 983 mil quetzales, que salieron de las arcas ediles.

«El partido Unionista, sin control de ningún tipo, como se observó en la investigación, se mantuvo en permanente campaña electoral, utilizando fondos, infraestructura y personal de la municipalidad de Guatemala», señaló la Cicig.

Según la acusación, el esquema empleado fue un engañoso sistema de facturas falsas por diversos servicios, y el comité técnico del fideicomiso avaló los gastos. Los integrantes del comité eran, asimismo, altos funcionarios de la municipalidad y en ambas elecciones participaron como candidatos de la corporación edil del partido Unionista.

«Ellos mismos autorizaban sus gastos de campaña electoral», agregó la Comisión.

Los fideicomisos de la municipalidad, que al igual que otros proyectos que se financian con recursos aportados por la cooperación internacional, son administrados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se ha negado a otorgar información detallada sobre el manejo de los recursos alegando no tener obligación de hacerlo por ser un ente internacional.

La Fiscalía y la Cicig advirtieron que la investigación sigue en marcha, y que la misma puede alcanzar a otras personas que hayan tenido algún nivel de responsabilidad en la desviación de los recursos financieros de la comuna.

Los siete señalados el viernes son sindicados de los delitos de financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado.

Justicia en tiempos de elecciones

El alcalde Quiñónez hizo pública la información que desde el Ministerio Público les habían filtrado sobre las diligencias judiciales que se realizarían horas después durante un recorrido anoche en la zona 11 de la capital. Su tono era nervioso y molesto: «Hace unos momentos nos han traído una noticia que no está confirmada. Una noticia que tiene que ver con que el día de mañana se tomen acciones judiciales en contra de la municipalidad de Guatemala, en contra de funcionarios y en contra de personas que me apoyan.» La comuna lo difundió a través de sus redes sociales.

Luego agregó el matiz electoral: «Si eso se llega a dar, es lamentable que en un proceso electoral como el que estamos viviendo hoy, a 72 horas de que se llegue a la votación, se tomen acciones de este tipo, por personas que malintencionadamente buscan mover el resultado de la elección a través de acciones que son repudiables, acciones que no en el proceso electoral y la democracia de nuestro país, no ayudan ni llevan un objetivo ni un propósito positivo».

Ni la oficina de comunicación de la municipalidad ni el alcalde ni ningún funcionario edil informaron sobre el origen de la información que recibieron advirtiéndoles de las diligencias judiciales ni la identidad de los «amigos» que se las hizo llegar. El jefe interino de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Andrei González, dijo a los reporteros que realizará una investigación interna para establecer quién o quiénes filtraron la información.

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Al mediodía del viernes, Quiñónez participó en una reunión del Consejo Municipal de Desarrollo, en donde pronunció un mensaje en el que, además de solidarizarse con los detenidos, a quienes calificó de «profesionales intachables», insistió en que las diligencias judiciales realizadas 48 horas antes de las elecciones, evidencian que «se está utilizando de manera irregular la estructura judicial para afectar la campaña electoral, no sabemos si en beneficio de candidatos o de intereses».

El Ministerio Público y la Cicig negaron que la presentación de este caso se busque perjudicar a Quiñónez y al partido Unionista en las elecciones del próximo domingo. Lo cierto es que la acusación, a menos 48 horas de las votaciones, ha puestos nerviosos a los candidatos y los responsables de la campaña del partido Unionista.

La última encuesta sobre la intención de voto para la municipalidad capitalina, publicada el pasado 12 de junio elaborada por la firma Cid Gallup, otorga ventaja a Quiñónez, con el 32,7 % de la preferencia de los electores, seguido por Roberto González, del partido Creo con el 29,8 %, lo que analistas interpretan como un «empate técnico».

Desde que estalló el caso «Caja de Pandora», en septiembre de 2017, y el posterior fallecimiento del alcalde y máximo líder del partido Unionista, Álvaro Arzú, el «Alfa 1» de la comuna, «se empezó a sentir una sensación de miedo dentro de la muni», confía una empleada de mediano rango. «El miedo por perder las elecciones nunca lo habían sentido antes; pero no es solo por perder, sino por todo lo que pueden encontrar» las nuevas autoridades ediles y los investigadores de la fiscalía, agregó la fuente sin ahondar en detalles.

En las elecciones actuales, la estrategia de campaña para la reelección es la misma que en los procesos anteriores: vincular el trabajo de las alcaldías auxiliares de zona con el proselitismo permanente y con el apoyo obligado de los empleados ediles; el apoyo de los medios de comunicación del grupo Albavisión; y el inicio de proyectos de infraestructura (pasos a desnivel, jardinización, bacheo de calles) en los meses cercanos a la campaña.

La diferencia es que Quiñónez no es Arzú, y que, aunque los unionistas han encabezado la cruzada para deshacerse de la Cicig y evitar la continuación de sus investigaciones, la Comisión, aunque débil, no ha dejado de hurgar en las entrañas de Tu Muni.

La estrategia de campaña dirigida por Hugo Peña, y un equipo de expertos mexicanos que desde principios de año trabajan en mantener a Quiñónez y unionistas en el Palacio de la Loba, corre el peligro de fracasar. Peña fue asesor de comunicación electoral de Alfonso Portillo y Zury Ríos Sosa en campañas pasada; ahora es asalariado de la comuna y candidato a diputado por el partido Unionista.  

Lo que no se conoce aún es si al igual que en las dos campañas anteriores, como lo asegura el Ministerio Público y la Cicig, esta vez también utilizaron recursos de la comuna para financiar la campaña.