La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ve peligro en la forma en la que las Comisiones de Postulación para cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ) pretenden elegir a los nuevos magistrados del Poder Judicial. Los grupos de interés que orbitan alrededor de estos cuerpos colegiados, incluidos operadores del crimen organizado, están teniendo éxito en su intención de incluir en las listas de aspirantes que las comisiones preparan, a abogados que pueden ser favorables a sus intereses, advirtió el jefe de esa comisión de las Naciones Unidas, el fiscal colombiano Iván Velásquez.
De ahí que haya apelado a la sensatez de los miembros de las Comisiones de Postulación para que detengan el “viciado” proceso de selección, y aunque se amplíen los plazos y se prolonguen las fechas establecidas para el cambio de autoridades judiciales, se tomen el tiempo que sea necesario para corregir los errores en que se haya incurrido. “Lo hacemos con el mayor respeto por la institucionalidad del país, con el único propósito de contribuir a la construcción de un sistema de justicia independiente, imparcial, idóneo, apto para enfrentar el incremento siempre ascendente del crimen organizado”, dijo, diplomático, Velásquez durante una conferencia de prensa en martes 16 de septiembre.
El artículo 71 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que ningún magistrado o juez en funciones puede dejar su cargo hasta que se presente su sucesor, sustenta la petición de la Cicig. Los once amparos y cuatro acciones de inconstitucionalidad que diversos sectores han presentado ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del proceso, también conceden tiempo a las comisiones para aceptar la sugerencia, debido a que aún no han sido resueltos.
“Un retraso es preferible” a tener durante los próximos cinco años a magistrados “no idóneos” que harían daño al sistema de justicia y al estado democrático de derecho, justificó Velásquez.
Entre los vicios visibles que según la Cicig se han observado en el proceso destacan los cambios arbitrarios que los comisionados han hecho al cronograma inicial, el intento de vedar el acceso a la prensa y a los representantes de las organizaciones interesadas en fiscalizar el trabajo de las comisiones, la poca fluidez en el acceso ciudadano a la información, las deficiencias en las tablas de gradación en base a las cuales se evalúa a las candidatos, los inadecuados perfiles de los aspirantes y la falta de completos registros de las votaciones de los comisionados. Entre los no visibles, pero sí perceptibles, se señalaron la influencia de los grupos paralelos que “negocian” cuotas de magistrados, dentro y fuera de la instancia de las Comisiones de Postulación.
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La Cicig aún no concluye las investigaciones que los comisionados solicitaron sobre los aspirantes a magistrados. “Están en marcha”, explicó Velásquez. Sin embargo, adelantó, han encontrado “evidencias” aún no confirmadas de posible enriquecimiento ilícito de algunos de los candidatos. Como ejemplos citó los casos de los jueces Jisela Reinoso y Adrián Rodríguez, titulares del juzgado Cuarto Penal y Séptimo Penal, respectivamente, quienes ostentan bienes que superan sus ingresos nominales. También mencionó al juez de la Sala Primera de Apelaciones, Walter Villatoro, como sospechoso de tráfico de influencias; y al magistrado de la CSJ, Erick Álvarez, quien busca su reelección, por supuestas irregularidades durante su gestión.
Para transparentar el proceso la Cicig pidió a los comisionados que exija a los aspirantes que presenten una acreditación de su estado patrimonial vigente, que consignen con documentos su idoneidad y capacidad como abogados litigantes, magistrados o jueces; y que la evaluación de expedientes se realice con una metodología verificable y abierta a la auditoría social. Y para el momento cúspide de la elección, que acaten la resolución de la CC de fecha 13 de junio, en la cual se manda a que los postuladores emitan su voto a viva voz y justifiquen su decisión de manera pública.
Los aspirantes, señaló Velásquez, deben “demostrar ante los postuladores su experiencia, su sabiduría para resolver conflictos, sus conocimientos, sus habilidades para el manejo de situaciones críticas, su criterio”, precisó el jefe de la Cicig.
La petición de la Cicig llegó dos días antes de que las Comisiones de Postulación, según sus respectivos cronogramas, procedan a elegir a los candidatos que integrarán las nóminas de aspirantes que serán enviadas al Congreso: la de magistrados a la CSJ estaba prevista para el 18 y 20 de septiembre, y la de cortes de Apelaciones para lunes 22 de septiembre.
