COVID19 El plan de apoyo económico, en 5 puntos

La jornada no solo fue intensa, sino también extensa. A las 4 de la mañana, los diputados terminaron de revisar iniciativas y enmiendas para hacerle frente al impacto económico del COVID19. El nuevo decreto, diseñado por el Ejecutivo de Giammattei, establece una serie de medidas para garantizar que un amplio sector de la población reciba dinero del erario público.

Podrán beneficiarse en los próximos meses las familias pobres, los trabajadores del sector privado suspendidos durante el estado de Calamidad y las MiPymes.

La iniciativa requiere de una cuantiosa suma de dinero (casi 2% del producto interno bruto) que no se contempló en el Presupuesto General de la Nación: Q11,000 millones de quetzales que se destinarán a transferencias directas, subsidios a trabajadores y préstamos.

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Los cuatro puntos más importantes del plan de recuperación económica son estos:

1. Se crea el Fondo Bono Familia para entregar Q1,000 mensuales a dos millones de familias durante los próximos tres meses. El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) definirá cómo se eligen los receptores del dinero.

El Congreso ya fijó prioridades: “las personas en pobreza, madres solteras u hogares monoparentales, adultos mayores, personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas y degenerativas, y las familias con niños o niñas en estado de desnutrición”.

Para ejecutar estas transferencias, se utilizarán los bancos del sistema. El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, aseguró que el DPI podría convertirse en una tarjeta de débito para que las familias pudieran obtener el dinero.

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En esta política lo crucial es establecer mecanismos ágiles y eficientes para que las personas que lo necesitan obtengan el dinero. Este es el criterio de Hugo Maúl, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

“Se necesitan mecanismos de control y fiscalización para garantizar la transparencia en la entrega de estos recursos”, afirmó. “El problema es que el gobierno de Giammattei recibió un Mides muy debilitado y que se ha dedicado a programas clientelares. No creo que esta institución tenga la capacidad de respuesta que se necesita en estos momentos de crisis”, dijo Maúl.

Esta perspectiva la comparte Carmen Rosa de León, del Pacto Ciudadano, una alianza integrada por varias organizaciones de la sociedad civil. “Hemos visto el carácter clientelar del Mides durante los últimos dos gobiernos. Para elaborar la lista de las familias que podrán beneficiarse con las transferencias es necesario utilizar los datos del último censo y los mapas de pobreza que han elaborado universidades, centros de investigación y agencias de cooperación”, afirmó.

Además, aseguró que no es suficiente dejar en manos de la Contraloría General de Cuentas la fiscalización de estos recursos. “Es necesario instalar una comisión multisectorial con la participación del Gobierno, sector privado y organizaciones sociales para verificar que el dinero esté llegando a las familias con necesidad”, dijo.

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2. Se entregan Q75 diarios a los trabajadores del sector privado cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos por la emergencia. Para esto se creará el Fondo para la protección del empleo, con Q2,000 millones.

A pesar de que varios sectores habían propuesto que cualquier tipo de apoyo a los trabajadores se hiciera a través del IGSS, este fondo lo ejecutará el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), “bajo los lineamientos del Ministerio de Economía en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social”, según la ley.

Carmen Rosa de León, del Pacto Ciudadano, asegura que era más viable que los fondos se ejecutaran a través del Seguro Social. “No se trata de echar mano de las reservas del IGSS, sino de utilizar sus mecanismos, que son los mejores, para realizar los pagos a los trabajadores”, dijo.  

Para Hugo Maúl el IGSS también es la institución más apta para ejecutar los fondos. “Eso representaría un ahorro tanto para el Estado como para el sector patronal. Tal como quedó ahora, el Mineco deberá generar capacidades desde cero”, afirmó. 

De León agregó que hizo falta garantizar el vínculo entre los trabajadores suspendidos y las empresas o, de lo contrario, se tendrán altas tasas de desempleo en los próximos meses.

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3. Se concederán créditos con condiciones blandas para MiPymes, comerciantes y profesionales individuales por un monto máximo de Q250,000. Esta disposición, según la normativa, tiene como objetivo “financiar capital de trabajo y la continuidad en las operaciones del negocio”.

Para estos préstamos, se creó el Fondo de Crédito para Capital de Trabajo por un monto de Q3,000 millones, cuya ejecución estará a cargo del Crédito Hipotecario Nacional.

En Guatemala las MiPymes ofrecen la mayor parte de los puestos de trabajo en el país. Según el Mineco absorben al 80% de los empleados y su contribución al producto interno bruto es del 40%. Al mismo tiempo, son las que podrían resultar más dañadas por la crisis, ya que suelen tener menos acceso al crédito y menos liquidez. 

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Carmen Rosa de León asegura que otorgar préstamos a las MiPymes es necesario, pero insuficiente, ya que no solo se trata de garantizar el capital para las empresas sino también de asegurar la venta de sus productos.

“No se atiende a los pequeños productores del área rural. Si no se garantiza la producción y venta de alimentos, tendremos un problema mayor de desnutrición”, afirmó.

El Congreso enmendó la iniciativa que presentó el Gobierno para la ejecución del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo: Se trasladarán Q270 millones al INDE para ampliar la tarifa social a los hogares que tengan un consumo menor de 300 kw por mes.

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4. Las medidas que establece este plan de recuperación económica requieren de una ampliación de Q11 mil millones al Presupuesto Nacional. Para ello se recurrirá a deuda pública.

Como una medida excepcional, el Congreso autorizó la emisión de Bonos del Tesoro que serán adquiridos por el Banco de Guatemala (Banguat). La Constitución lo permite solo en casos de catástrofes o desastres públicos. Esto para evitar el aumento de precios o inflación, ya que los préstamos del Banguat implican la impresión de dinero sin respaldo en la riqueza real del país.

“El monto de este préstamo no representa un peligro inflacionario, tomando en cuenta la cantidad de dinero que maneja la población guatemalteca”, aseguró Hugo Maúl, del CIEN. “Sin embargo, no se puede recurrir a este mecanismo a cada momento”, enfatizó.

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5. El Congreso también aprobó el Decreto 15-2020, que incluye medidas adicionales para atender el impacto económico por el COVID19. Prohíbe la suspensión de los servicios de agua, cable, energía eléctrica, teléfono e internet a partir del estado de Calamidad, e impide aplicar cargos por moras, intereses o cargos administrativos.

La normativa establece la posibilidad de suscribir convenios de pago entre las empresas y los usuarios que no puedan pagar sus facturas. Además, faculta al CHN a otorgar préstamos a las empresas que prestan servicios de agua y cable para cubrir los montos de los pagos diferidos.

Para Hugo Maúl, del CIEN, estas medidas no son coherentes con el plan de reactivación económica. “El objetivo de las transferencias y créditos es que las personas tengan dinero para hacerle frente a este tipo de gastos”, aseguró el analista.

“Si se legaliza no pagar los servicios, se afecta el flujo de caja de las empresas y eso repercute en sus operaciones. Además, les puede ocasionar problemas en su funcionamiento y en su capacidad de pago de préstamos, lo que generaría un problema mayor en el sistema financiero”, dijo Maúl.

El analista considera llamativo que se permitan convenios de pago para empresas de cable. “Esta decisión es sospechosa si pensamos en los posibles vínculos entre los diputados distritales y este tipo de empresas”, afirmó.

Pero a juicio de Carmen Rosa de León, del Pacto Ciudadano, la posibilidad de suspender el pago de servicios es una medida que atiende las preocupaciones de las poblaciones urbanas y evitaría manifestaciones de descontento.

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Otras propuestas

El impacto económico de las medidas de prevención y supresión del COVID19, que comprende la suspensión de actividades laborales, es motivo de preocupación para varios sectores.

Al menos cinco iniciativas se presentaron desde la sociedad civil para atender la crisis. Organizaciones sociales, cámaras empresariales y centros de pensamiento formularon propuestas sobre las medidas que podía tomar el Gobierno.

Las iniciativas tienen varios elementos en común. Contemplan las transferencias a familias en situación de vulnerabilidad, prórroga en el pago de impuestos y de servicios, creación de fondos para préstamos para MiPymes y adquisición de deuda pública para la implementación del plan.

Pero también hay diferencias sustanciales que tienen que ver con la participación del Estado y los mecanismos de financiamiento.

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Podemos identificar dos grupos:

1. Propuestas de las patronales

Cacif, Agexport y el sector turístico proponen suspender, por medio del IGSS, a trabajadores que no pueden realizar trabajo desde casa, eliminar o diferir el pago de impuestos, aprobar créditos con medidas blandas e implementar jornadas de trabajo de tiempo parcial.

La estrategia de financiamiento es la emisión de Bonos del Tesoro para que se adquieran en el mercado nacional. Así, la idea es que el Gobierno se endeudara con los bancos comerciales, que tienen representación gremial en Cacif.

Tanto Agexport como el sector turístico proponen créditos para MiPymes y trabajadores y productores independientes.

Por su parte Cacif solicita agilizar la devolución del crédito fiscal y resolver los casos que han sido judicializados.

2. Propuestas del sector social

El Instituto centroamericano de ciencias fiscales propone universalizar los servicios de salud durante la crisis para que los hospitales privados atiendan a las personas con COVID19, incrementar el monto y la cobertura de las transferencias, establecer una política de control de precios e inventarios de productos y prohibir amnistías tributarias.

El Pacto Ciudadano también propone las transferencias a familias en situación de vulnerabilidad, una política pública para la compra y distribución de granos básicos y otros alimentos, así como garantizar la atención de las economías locales.

Estas propuestas también sugieren la deuda pública o la venta de Bonos del Tesoro, pero al Banco de Guatemala.